Marchas y Protestas en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y familias de desaparecidos tomaron las calles de la Ciudad de México y varias otras ciudades del país para realizar actos de concientización, resistencia y lucha. Durante estas manifestaciones, se exigió la localización de las personas desaparecidas.

En este contexto, decenas de personas, miembros del movimiento “Nuestros Desaparecidos en México”, que agrupa a 86 colectivos de diversas partes del país, llevaron a cabo una manifestación en el Ángel de la Independencia. Allí, en las escalinatas del monumento, colocaron fotografías de cientos de desaparecidos y formaron un corazón en el suelo con las palabras “amor”, “verdad”, “esperanza”, “memoria” y “justicia”.

Además, se incluyó la frase “Más de 116 mil desaparecidos” y, con prendas de ropa, escribieron “¿Dónde están?”.

En la Glorieta de las y los Desaparecidos, se han programado actividades desde las 9:00 hasta las 23:30 horas, incluyendo diálogos, talleres, asesorías, presentaciones de libros y una sonidera.

En Veracruz, el Colectivo Unidos por la Paz inauguró un memorial en honor a las víctimas de desaparición forzada en el Parque Ciriaco. Mientras tanto, en Pachuca, Hidalgo, familiares de desaparecidos realizaron protestas, exigiendo mesas de trabajo para conocer el avance de las investigaciones y la identificación de restos óseos que se encuentran en contenedores del servicio médico forense del estado.

En otras ciudades, como Guadalajara y Puebla, también se realizaron diversas actividades, entre ellas marchas y misas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aprovechó este día para hacer un llamado a las autoridades, instándolas a adoptar una agenda que proteja a todas las personas contra la desaparición forzada y a implementar soluciones para las víctimas y sus familias.

En su comunicado, la ONU-DH destacó la importancia de reconocer los derechos de las víctimas y de escuchar sus voces con la atención y empatía que exige su dignidad. Además, identificó diez temas prioritarios para fortalecer, entre ellos la protección efectiva de las personas buscadoras, la mejora de la coordinación entre autoridades y la capacitación del personal judicial.

Actualmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta un total de 115 mil 561 personas en esta situación, de las cuales 104 mil 626 están desaparecidas y 10 mil 935 son consideradas no localizadas. Sin embargo, en diciembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un nuevo censo en el que se eliminó a más de 10 mil personas del registro oficial, lo que ha generado controversia, ya que incluye tanto a víctimas localizadas como a personas que aún están desaparecidas y que, de manera indebida, fueron retiradas del registro.

Ordenan a la SHCP Transparentar Contratos del Software Espía Pegasus

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.