Autor: CuestionesdePolítica

Pese a la crisis zoosanitaria que atraviesa la región ante el avance del Gusano Barrenador, algunos productores insisten en desaparecer protocolos sanitarios con certificación internacional. 

Convocados por el MVZ. Humberto Amador, media docena de productores pecuarios asistió a la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México para exigir la desaparición del protocolo sanitario y propusieron regresar al uso del fierro quemador, aunque no precisaron como se vincularía esto con los registros digitales y con los protocolos internacionales certificados que hoy en día permiten que México exporte no sólo ganado en pie, sino carne a otros países.

Cabe mencionar que si bien existen múltiples retos y problemas a resolver en la trazabilidad del ganado mexicano, su sistema es uno de las más avanzados del mundo con un Padrón Ganadero Nacional, un Registro Electrónico de Movilización y un Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado con más de mil ventanillas de atención a nivel nacional coordinada por los propios ganaderos organizados del país a través de Asociaciones y Uniones Ganaderas, con servidores digitales que manejan bases de datos con seguimiento de información para los propios ganaderos, gobiernos estatales y de SENASICA. 

Autoridades de la Secretaría de Agricultura subrayaron que para 2026, se estima una producción nacional cercana a 2.3 millones de toneladas de carne de res. A ello se suma una oferta adicional de 400,000 toneladas derivada de las más de 1.2 millones de cabezas que, ante el cierre temporal de la frontera con Estados Unidos, permanecen en el mercado nacional en lugar de exportarse. 

Ese volumen equivale al 17% adicional sobre la producción estimada, es decir, 33,300 toneladas extra cada mes durante todo el 2026. En conjunto, México podría disponer de alrededor de 2.7 millones de toneladas, fortaleciendo de manera significativa su capacidad de abasto interno.

Derivado de ello, autoridades de SENASICA señalaron que debilitar la trazabilidad sería condenar la ganadería a salir de los circuitos comerciales internacionales cuando el reto es facilitar la movilización segura del ganado mexicano bajo criterios sanitarios estrictos para combatir el cruce ilegal de ganado por la frontera sur del país y acelerar la reapertura gradual, técnica y segura de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado bovino mexicano en pie.

Más de cinco horas atrapados sobre la carretera federal 54, entre Tabasco y Villanueva, pasaron decenas de civiles mientras personal militar trabajaba en la localización y desactivación de minas terrestres colocadas en la zona. El episodio ocurrió durante una nueva jornada de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en el sureste de Zacatecas y coincidió con el relevo en la comandancia de la 11 Zona Militar.

En medio de ese escenario, el General Isaac Bravo López dejó el mando militar en Guadalupe, Zacatecas, después de un año y tres meses en el cargo. El Ejército lo reubicó a la 41 Zona Militar, en Puerto Vallarta, y en su lugar fue designado el General Brigadier Armando Toscano Yáñez.

El cambio se realizó mientras elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) mantenían operativos en municipios del sur del estado por nuevos choques armados entre La Mayiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La región permanece bajo una disputa constante entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control territorial. La violencia ha provocado desplazamientos de familias, abandono de viviendas y tierras de cultivo, especialmente en comunidades colindantes con Jalisco.

Bravo López había asumido la comandancia el 16 de febrero del año pasado en una ceremonia encabezada por el gobernador David Monreal. Su llegada estuvo acompañada del compromiso de reforzar la seguridad en municipios como Guadalupe, Jalpa, Juchipila, Moyahua, Apozol y Tabasco, considerados puntos estratégicos por su ubicación en la franja sur de Zacatecas.

El relevo ocurre también en un contexto marcado por versiones difundidas en redes sociales y medios locales que relacionan al mando militar con la facción de La Mayiza, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Entre los señalamientos aparece una presunta cercanía con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. A esto se suma la crisis de inseguridad que atraviesa la entidad y las protestas recientes de productores del campo contra el gobierno estatal.

De acuerdo con reportes extraoficiales, este conjunto de factores habría influido en la salida de Bravo López de la 11 Zona Militar. Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha respondido oficialmente a las versiones difundidas ni a las solicitudes de información relacionadas con el caso.

El recorrido aéreo que partió desde Ciudad del Carmen abrió una revisión amplia sobre los principales complejos petroleros de la Sonda de Campeche, en un operativo en el que participaron la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (PEMEX), como parte del seguimiento al derrame de hidrocarburos registrado a inicios de febrero.

Desde la Terminal Aérea de PEMEX en Ciudad del Carmen se trazó la ruta que cubrió los activos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Abkatún-Pol-Chuc y Litoral-Tabasco. El objetivo fue verificar el estado de la zona marina ubicada entre la terminal y el área de producción, tras más de tres meses del incidente inicial.

A lo largo del trayecto, las autoridades ambientales reportaron que no se identificaron nuevas emanaciones en el corredor marítimo inspeccionado y que la infraestructura petrolera mantiene su operación comercial sin afectaciones mayores derivadas del evento de febrero.

Uno de los puntos observados durante el sobrevuelo fue la Chapopotera de Cantarell, donde se detectó la presencia de una embarcación ejecutando labores de dispersión mecánica mediante chorros de agua, técnica aplicada para reducir acumulaciones superficiales de crudo.

En el mismo complejo de Cantarell, así como en el de Abkatún-Pol-Chuc, se registraron formaciones de plumas blanquecinas y plateadas en zonas cercanas a los centros de proceso Akal-C, Akal-B y Batab. Sobre estas observaciones, PEMEX informó a las autoridades regulatorias que dichas manifestaciones corresponden a emanaciones naturales de la chapopotera, descartando que estén relacionadas con nuevos eventos de pérdida de contención en plataformas o instalaciones.

El monitoreo aéreo continuó hacia el activo Litoral-Tabasco, donde en la plataforma Abkatún-D se observó una emisión de humo negro proveniente de un quemador. La condición fue vinculada a un desahogo controlado de gases de hidrocarburos, sin impacto en la operación de la instalación ni presencia de manchas de crudo en el entorno marino.

Al cierre del sobrevuelo, la ASEA reportó que el recorrido no evidenció nuevas fugas en los puntos inspeccionados y que las condiciones observadas se mantuvieron dentro de los parámetros operativos informados por PEMEX durante la verificación conjunta con la Secretaría de Marina.

Una serie de resoluciones disciplinarias que involucran a 11 servidores públicos fue difundida este domingo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con medidas aplicadas en distintas dependencias federales tras procedimientos internos y determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el ámbito de la Guardia Nacional se concentró un bloque de sanciones que afectó a seis elementos. Tres de ellos recibieron una suspensión de 15 días luego de presentar un certificado sin validez. A este grupo se suma un integrante sancionado con el mismo periodo por extraviar equipo táctico. Otro elemento fue suspendido por retirarse del área de servicio sin autorización, mientras que un sexto caso corresponde a un agente sancionado por conducir de manera imprudente una patrulla.

En paralelo, la Secretaría de Cultura informó la suspensión de 15 días contra Alejandro “H”, jefe de departamento de Organización Documental, tras registrarse faltas de índole sexual dentro de su área de trabajo.

El sector salud concentra dos de los casos restantes dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Uno de ellos corresponde a Jorge “C”, médico suspendido por nueve meses debido a omisiones en el diagnóstico y en el tratamiento postoperatorio de un paciente menor de edad que presentaba fractura de cadera.

El otro caso del instituto involucra a Pedro “C”, médico especialista que fue inhabilitado por un año. La resolución fue emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tras una investigación del Órgano Interno de Control del ISSSTE.

El expediente está relacionado con una denuncia presentada por una paciente, quien lo señaló por presuntos tocamientos indebidos durante una consulta realizada en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría, ubicada en Tlatelolco, en la Ciudad de México.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que el servidor público sancionado tiene la posibilidad de impugnar la resolución, mientras que la dependencia señaló que la determinación será defendida con base en evidencia y conforme a derecho.

En conjunto, las medidas abarcan a 11 servidores públicos sancionados entre suspensiones temporales e inhabilitación, distribuidos entre la Guardia Nacional, el ISSSTE y la Secretaría de Cultura.

Durante los primeros meses de 2026, la organización civil Letra Ese ha registrado al menos 24 asesinatos de personas de la diversidad sexogenérica en México, de los cuales 17 habrían sido contra mujeres transgénero, de acuerdo con su Observatorio de Crímenes de Odio.

El monitoreo de estos casos ocurre en un contexto en el que el país no cuenta con un sistema oficial para clasificar y registrar crímenes de odio contra personas LGBT+, una ausencia señalada por organizaciones civiles en el marco del Día Internacional contra la LGBTfobia. Esta carencia, advierten, impide dimensionar con precisión la magnitud de la violencia y se suma a problemas de subregistro, impunidad y deficiencias en las investigaciones.

La organización Letra Ese sostiene su registro a partir de notas de prensa, redes sociales y observatorios locales. En ese marco, su coordinador de investigación, Samuel Jair Martínez, explicó que las variaciones recientes en las cifras deben analizarse con cautela. En 2025 se documentaron 60 asesinatos de personas LGTBI+, frente a 80 en 2024, aunque esa reducción no necesariamente implica una tendencia estable.

“Esto significa que el aparente descenso está sujeto a diferentes dinámicas que podrían aumentar los casos sin aviso previo”, indicó.

El observatorio también ha identificado que las mujeres trans continúan siendo el grupo más afectado por la violencia letal asociada a prejuicios, al concentrar 35 de los 60 homicidios de personas LGBT+ registrados en 2025. En paralelo, Martínez alertó sobre agresiones dirigidas a personas defensoras de derechos humanos LGBT+, con al menos 20 casos documentados en los últimos tres años.

Desde otra perspectiva, Amy Salazar, oficial de Emancipación y Comunicación del programa Identidad Sexual en la organización Balance, subrayó que la violencia no se limita a los asesinatos y suele comenzar en etapas previas que no siempre ingresan en las estadísticas oficiales.

“Las violencias que más nos aquejan son las que vivimos en nuestros espacios más cotidianos”, señaló, al advertir efectos directos en la salud mental. En ese sentido, citó un diagnóstico de la UNAM de 2023 que reporta que casi 80% de hombres trans y personas no binarias presentó ideación suicida, así como 60.7% de mujeres bisexuales y 57.4% de mujeres lesbianas.

“Son violencias que nos llevan a ocultar nuestras identidades, a evitar expresarnos, a modificar nuestra expresión de género”, alertó.

Salazar también señaló prácticas institucionales que afectan el registro de los casos, como la clasificación de transfeminicidios como homicidios o el uso de nombres y pronombres incorrectos en investigaciones. A ello se suman cambios recientes en metodologías federales que dificultan la comparación de datos en el tiempo.

En este contexto, los activistas sostienen que la visibilización de los casos responde a esfuerzos colectivos ante la falta de reconocimiento institucional. “No existen políticas públicas u otros esfuerzos de gran escala en contra de los prejuicios y la prevención de la violencia”, zanjó Martínez.

La llegada de Andy López Beltrán a Chihuahua estuvo acompañada por protestas, consignas contra Morena y momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de la capital del estado, donde simpatizantes y opositores se concentraron este sábado previo a una marcha encabezada por dirigentes del partido.

Entre gritos de “Fuera Morena”, un grupo de manifestantes recibió al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la dirigente morenista Ariadna Montiel, quienes arribaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad para participar en actividades políticas contra la gobernadora Maru Campos.

Al salir de la terminal aérea, López Beltrán evitó hacer declaraciones ante los medios y avanzó rodeado de escoltas, quienes bloquearon el paso de personas y reporteros mientras intentaban abrirle camino. La situación derivó en empujones y forcejeos durante el trayecto hacia la camioneta que los esperaba.

El momento más tenso ocurrió cuando varios inconformes rodearon el vehículo y golpearon la carrocería para impedir que abandonara el lugar. En medio de la presión, Andy López Beltrán abordó rápidamente una camioneta negra y cerró la puerta para retirarse; sin embargo, Ariadna Montiel quedó fuera del vehículo, por lo que tuvieron que abrir nuevamente para permitirle subir.

Los manifestantes mantuvieron las consignas mientras la comitiva intentaba salir del aeropuerto rumbo al centro de la ciudad, donde los dirigentes de Morena tienen previsto encabezar una movilización en contra de la administración estatal.

La salida de los morenistas se realizó entre gritos, empujones y un operativo de seguridad que buscó contener a los asistentes concentrados en el aeropuerto.

La campaña electoral en Coahuila comenzó el 5 de mayo con una candidata que hasta días antes seguía compitiendo en televisión nacional. Ana Valeria “Valery” Carranza de la Rosa, participante de Exatlón México, fue registrada por Movimiento Ciudadano para contender por la diputación local del distrito 9 de Torreón.

La última aparición de la deportista en el reality ocurrió el 26 de abril, menos de dos semanas antes del arranque formal de las campañas en el estado.

En la promoción de su candidatura, Carranza aparece junto a Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de MC. En el mensaje difundido por el partido, la aspirante afirma: “Laguneros, es momento de expulsar al PRI y a los mismos de siempre”.

Según la información entregada ante el Instituto Electoral de Coahuila, la candidata tiene 30 años y experiencia en tochito y fútbol americano. También se identifica como creadora de contenido.

El perfil curricular presentado por Carranza señala además que cuenta con una licenciatura. No obstante, una revisión realizada por Latinus encontró que no existe una cédula profesional registrada a su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas.

La incorporación de figuras provenientes de Exatlón México no es nueva dentro de Movimiento Ciudadano. En 2024, el partido impulsó una candidatura federal de Amancay ‘Macky’ González Franco, quien también formó parte del programa deportivo producido por una empresa turca y transmitido por la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

Actualmente, González Franco ocupa un lugar en la Cámara de Diputados como legisladora de MC. Durante la actual legislatura ha promovido 28 iniciativas relacionadas con justicia, cultura, salud y derechos humanos.

Una placa de acero desplazada dentro de una instalación hidráulica con más de 35 años de antigüedad provocó una megafuga de agua potable en la alcaldía Xochimilco, incidente que dejó afectaciones en 25 viviendas, de acuerdo con autoridades capitalinas.

 

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) movilizó personal al sitio tras recibir reportes ciudadanos sobre un derrame de grandes dimensiones. El flujo salió con tal presión que alcanzó hasta dos metros de altura antes de extenderse hacia calles y domicilios cercanos.

 

José Mario Esparza, titular de Segiagua, explicó que la falla ocurrió cuando una placa metálica se movió de su posición dentro del ducto. “Lo que ocurrió fue que en este punto había una placa de acero que se movió, se dislocó y eso ocasionó el brote de agua. Son instalaciones ya muy viejas, este sitio tiene más de 35 años, esperamos que los trabajos concluyan hoy mismo”, declaró Esparza.

 

Mientras avanzaban las maniobras de reparación, en redes sociales comenzaron a difundirse videos donde se observaba el agua salir de forma descontrolada, formando una especie de fuente sobre la vialidad.

 

El Heroico Cuerpo de Bomberos también participó en la atención de la emergencia. Su titular, Vulcano Cova, publicó imágenes de las labores realizadas por elementos de rescate para auxiliar a las familias afectadas, luego de que el agua ingresara a varios inmuebles.

 

Las autoridades indicaron que, pese a la magnitud del incidente, no habrá suspensión total del suministro en la zona. La dependencia precisó que únicamente se registrará una disminución en la presión habitual mientras concluyen los trabajos de restauración del ducto.

 

La fuga registrada en Xochimilco se convirtió en el segundo incidente de este tipo reportado en la Ciudad de México en menos de una semana. El caso anterior ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, donde otro ducto presentó una ruptura relacionada también con el desgaste de la infraestructura hidráulica.

En Palacio Nacional se registró este jueves la presencia de mandatarios estatales de Morena y partidos aliados en una reunión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que participaron gobernadores en funciones y la representación interina de Sinaloa.

Entre los asistentes estuvieron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el de Puebla, Alejandro Armenta; el de Sonora, Alfonso Durazo; el de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; la de Quintana Roo, Mara Lezama; la de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el de Tabasco, Javier May; y el de Tamaulipas, Américo Villarreal.

A ellos se sumó Yeraldine Bonilla, quien actualmente ocupa el cargo de gobernadora interina de Sinaloa tras la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya ante el Congreso local hace unos días.

La reunión se produjo en un contexto marcado por la difusión, en días recientes, de una acusación formal presentada en un tribunal federal de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa. Los señalamientos los vinculan con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción identificada como “Los Chapitos”.

Según la fiscalía estadounidense, dicha facción habría intervenido en la contienda electoral de junio de 2021 mediante acciones como el secuestro e intimidación de rivales políticos, además del robo de urnas durante la jornada de votación, con el objetivo de favorecer a Rocha Moya en su triunfo para la gubernatura.

En este mismo escenario, funcionarios de Estados Unidos han advertido que podrían continuar las acusaciones contra autoridades mexicanas. El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, junto con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, han planteado la posibilidad de nuevas denuncias en los próximos meses.

Durante una audiencia en el Senado estadounidense, Terrance Cole afirmó: “Ellos son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y llegue a nuestro país. Puedo asegurar que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.

Por separado, algunos de los gobernadores que asistieron a la reunión señalaron que el encuentro tuvo como objetivo la revisión de avances en materia de salud pública y del sistema IMSS Bienestar, sin que se detallaran otros puntos de la agenda tratada en Palacio Nacional.

La estrategia federal de seguridad en Michoacán volvió a concentrarse este jueves en nueve municipios considerados focos de operación criminal. A Morelia llegaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con los titulares de Marina y Defensa, para sostener una reunión privada con autoridades estatales y municipales.

El encuentro se realizó luego de que autoridades federales desplegaran el denominado Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 y atribuido a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A la reunión fueron llamados únicamente los presidentes municipales de Morelia, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Tarímbaro, Hidalgo, Jacona, Zitácuaro y Pátzcuaro, municipios donde tienen presencia grupos como el CJNG, Los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el Cártel de Los Correa, La Familia Michoacana y el Cártel de Acahuato.

García Harfuch arribó a la capital michoacana acompañado por los secretarios de Marina y de la Defensa, Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo. Los funcionarios aterrizaron alrededor de las 08:30 horas en el estadio de béisbol Francisco Villa, ubicado junto a la XXI Zona Militar, a bordo de un helicóptero de la Marina.

En la mesa de seguridad participó también el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como el fiscal estatal Carlos Torres Piña y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Antonio Cruz Medina.

Entre los asistentes destacó Grecia Quiroz García, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. La funcionaria encabeza además el Movimiento del Sombrero, organización política independiente creada por el exalcalde asesinado y desde la cual se impulsa su eventual candidatura al gobierno estatal.

Aunque el encuentro reunió a mandos federales, estatales y municipales, no fue convocado Jaime del Río Salcedo, quien el pasado 1 de mayo asumió como delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán.

Según informó el gobierno estatal, durante la reunión se revisaron los resultados obtenidos por el Plan Michoacán en los nueve municipios incluidos en la estrategia de seguridad federal. La visita de García Harfuch representó su cuarta gira de trabajo en Michoacán para encabezar reuniones relacionadas con seguridad y refuerzo de presencia federal en la entidad.