Autor: CuestionesdePolítica

El Senado de la República dio un paso firme en defensa de los consumidores al aprobar por unanimidad una reforma que pone fin a los cobros automáticos injustificados y a los contratos forzosos en servicios como telefonía, televisión, internet o plataformas digitales de streaming. Con esta medida, ahora será posible cancelar cualquier suscripción en el momento que se desee, sin penalizaciones, cargos extra ni trámites interminables.

Con 91 votos a favor de todas las bancadas, la Cámara Alta avaló la modificación al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La iniciativa, impulsada desde Morena, fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor. Su objetivo central es garantizar que los usuarios tengan la libertad de decidir sobre la permanencia o cancelación de sus servicios, eliminando los obstáculos que antes hacían casi imposible cortar una suscripción sin pagar de más.

La reforma busca erradicar una práctica común: los cobros automáticos que se mantenían activos incluso cuando el usuario ya no utilizaba el servicio. A partir de esta modificación, las empresas estarán obligadas a informar de manera clara si el contrato incluye cargos recurrentes. Desaparecen las letras pequeñas y las cláusulas escondidas que por años han servido para retener a los usuarios sin su consentimiento explícito.

Otro de los puntos clave es que la cancelación deberá realizarse de manera inmediata, por el mismo medio en que se contrató. Si se dio de alta una cuenta o una membresía en línea, podrá darse de baja desde la misma plataforma, con un simple clic y sin necesidad de realizar llamadas, llenar formularios o acudir a sucursales. La medida aplica para todo tipo de servicios digitales, desde telefonía hasta plataformas de entretenimiento o aplicaciones con membresía.

El dictamen también busca equilibrar la relación entre empresas y consumidores, imponiendo reglas más transparentes y accesibles. Las compañías deberán avisar de forma destacada cualquier renovación automática y requerir el consentimiento expreso del usuario antes de aplicarla. De esta forma, se protege el derecho a decidir y se evita que los consumidores sigan pagando por servicios que no desean o no usan.

La reforma representa un cambio significativo en la protección al consumidor en México. Se trata de una respuesta a una queja constante de millones de usuarios: las trabas para cancelar servicios y los cobros que seguían apareciendo mes tras mes sin autorización. Con esta nueva ley, los consumidores tendrán el control de sus suscripciones, poniendo fin a las prácticas abusivas que durante años vulneraron su bolsillo y su libertad de elección.

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

La sesión para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convirtió en una jornada de alta tensión política, marcada por insultos, pancartas y reclamos cruzados entre Morena y la oposición. En medio del caos, la mayoría oficialista logró aprobar en lo general el dictamen con 358 votos a favor y 133 en contra, sin abstenciones.

Todo comenzó la noche del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, subió a tribuna con una camiseta negra que llevaba la frase “Justicia para Manzo” y la foto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado. Con una gran pancarta al frente que marcaba la hora del crimen, el legislador priista responsabilizó al actual gobierno del clima de violencia que vive el país.

Mientras Mancilla hablaba, un grupo de diputados de Morena encabezado por Arturo Ávila irrumpió frente a la tribuna con una enorme lona que decía “Carroñeros MC-PRIAN”, acompañada por las imágenes de los líderes nacionales de la oposición. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir que se retiraran las pancartas, alegando que bloqueaban la visibilidad del orador.

El enfrentamiento verbal escaló. Mancilla respondió con insultos y acusaciones directas, mientras coreaba junto a su bancada “¡Narcodiputados!”. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para calmar los ánimos y pidió retirar los carteles, reconociendo que existía un acuerdo previo para garantizar el orden del debate.

Sin embargo, la tensión no bajó. Desde su curul, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reprochó el lenguaje usado por el priista y exigió respeto hacia las mujeres. Sus palabras provocaron reacciones divididas: aplausos desde la bancada oficialista y más gritos desde la oposición.

La diputada morenista Flor de María Esponda aprovechó su turno para reproducir un video en el que vinculó el inicio de la violencia en México con la estrategia de seguridad implementada en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón. Aseguró que los señalamientos del PRI eran hipócritas y que la tragedia nacional tenía raíces más profundas.

Tras horas de enfrentamientos verbales, la presidenta Kenia López decretó un receso hasta este miércoles para continuar con la discusión de mil 708 reservas, que deberán resolverse antes de la madrugada del jueves. De acuerdo con la ley, el PEF 2026 debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

La sesión cerró con un Congreso dividido, un ambiente crispado y el recordatorio de que, pese a los desacuerdos, el reloj legislativo sigue corriendo para definir cómo y en qué se gastará el dinero público el próximo año.

El Senado volvió a convertirse en campo de batalla política. Durante la sesión de este martes, un intercambio entre la senadora panista Lilly Téllez y el morenista Gerardo Fernández Noroña encendió los ánimos en el pleno, justo en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Lo que comenzó como un debate sobre la violencia en el país terminó escalando a una confrontación directa que continuó incluso en redes sociales.

La discusión surgió luego de que el Senado guardara un minuto de silencio por el homicidio del alcalde michoacano. Durante su intervención, Téllez criticó la postura del gobierno federal respecto al combate al crimen organizado y cuestionó la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no responder con una “guerra” a los cárteles. Su discurso apuntó contra los legisladores de Morena, a quienes acusó de tolerar la violencia que afecta a los ciudadanos.

Desde su escaño, Fernández Noroña interrumpió la exposición, lo que provocó que Téllez respondiera con insultos, haciendo referencia al reciente viaje del morenista a Palestina, donde participó en una gira diplomática y visitó zonas afectadas por el conflicto armado. El intercambio de palabras tensó el ambiente en la Cámara Alta y marcó uno de los momentos más acalorados del debate.

Ya fuera del recinto, Noroña llevó el enfrentamiento a las redes sociales. Desde su cuenta en X, atribuyó los ataques de la senadora a una supuesta estrategia impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, medio en el que Téllez trabajó antes de iniciar su carrera política. Según el morenista, los señalamientos buscan distraer la atención del adeudo fiscal que, asegura, mantiene el empresario con el gobierno federal.

Noroña también dirigió sus críticas hacia el panista Ricardo Anaya, quien compartió el video del enfrentamiento en sus redes. Lo acusó de utilizar los ataques para beneficiar intereses particulares y de mantener una postura hipócrita ante las tensiones políticas en el Senado.

El episodio entre ambos legisladores se suma a la larga lista de enfrentamientos verbales que han caracterizado las sesiones del Congreso en los últimos meses, en medio de la polarización política y el clima de violencia que atraviesa el país.

Mientras tanto, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate nacional sobre seguridad y justicia. En contraste con las disputas políticas, el Congreso mantiene en la agenda la discusión sobre cómo responder a la escalada de violencia sin agravar la crisis de seguridad que afecta a México.

Han pasado más de tres semanas desde que el río Cazones se desbordó y dejó bajo el agua a varias colonias de Poza Rica. Desde entonces, la vida no ha vuelto a la normalidad. Este lunes, decenas de damnificados volvieron a las calles, cansados de esperar ayuda que no llega. Cerraron el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, una de las arterias principales de la ciudad, para exigir al gobierno municipal y estatal una respuesta real ante la emergencia que sigue afectando a cientos de familias.

La protesta surgió principalmente en el fraccionamiento Las Gaviotas, una de las zonas más afectadas por las inundaciones del 10 de octubre. Los vecinos denunciaron que, a pesar del paso de los días, las calles continúan llenas de basura, los drenajes siguen colapsados y el lodo permanece dentro de sus casas. Aseguran que el ayuntamiento, encabezado por el morenista Fernando Remes Garza, no ha cumplido con las labores básicas de limpieza ni ha enviado maquinaria suficiente para atender la emergencia.

Durante más de tres horas, los manifestantes bloquearon el tráfico vehicular como medida de presión. Finalmente, decidieron liberar la vialidad tras recibir la promesa de que los trabajos de desazolve y limpieza se agilizarían, aunque advirtieron que volverán a cerrar si la situación no mejora en los próximos días. En la zona participaron también habitantes de Poza de Cuero y La Rueda, quienes se unieron al reclamo colectivo por la falta de atención.

En medio del conflicto, el regidor Javier Romero Pérez, comisionado en Drenaje y Alcantarillado, intentó dialogar con los inconformes. Reconoció que el ayuntamiento sólo ha dispuesto de dos máquinas para las labores de limpieza, concentradas en las colonias Independencia y Palma Sola. Prometió la llegada de doce camiones adicionales para continuar con el desazolve, aunque responsabilizó del retraso a la intervención de distintas dependencias estatales y federales que, según él, han complicado la coordinación.

Mientras tanto, los afectados aseguran que el personal federal que había sido enviado a limpiar la ciudad ya se retiró y que Poza Rica sigue lejos de recuperarse. Las imágenes de calles anegadas y montones de basura en las banquetas se mantienen como prueba de la falta de respuesta institucional.

A nivel estatal, Rocío Nahle García informó que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará nuevamente Veracruz el próximo fin de semana para supervisar los programas de apoyo y reconstrucción. Sin embargo, en Poza Rica el sentimiento predominante sigue siendo la frustración: el tiempo pasa, las promesas se acumulan y la ciudad continúa esperando el rescate que no llega.

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.

La tarde de este domingo, el Centro Histórico de Morelia vivió momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Michoacán durante una protesta por el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Lo que inició como una movilización pacífica terminó en un estallido de violencia que dejó daños materiales, enfrentamientos con la Guardia Civil y el eco de un reclamo que sacudió a la capital estatal.

La marcha comenzó alrededor de las 5:45 de la tarde en la emblemática Fuente de Las Tarascas, punto de encuentro de los inconformes que exigían justicia. El contingente avanzó por el corazón de Morelia hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde se pegaron cartulinas y mantas con mensajes de protesta. Sin embargo, una parte del grupo decidió romper el cerco y forzó la entrada principal del edificio histórico.

En cuestión de minutos, los manifestantes ingresaron a los salones del recinto, causando destrozos a puertas, ventanas y mobiliario antiguo. Algunos muebles fueron arrojados sobre la avenida Madero, una de las principales arterias de la ciudad, generando caos y obligando a las autoridades a desplegar un operativo urgente.

Elementos antimotines de la Guardia Civil respondieron con gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a la multitud. Tras varios minutos de enfrentamiento, el acceso al Palacio fue controlado y la zona acordonada. Los daños al inmueble aún no han sido cuantificados, pero las imágenes que circularon en redes sociales mostraron la magnitud del acto y la tensión vivida en el centro de Morelia.

La protesta en la capital se sumó a otra manifestación masiva en Uruapan, donde más de 10 mil personas acompañaron el sepelio del alcalde Manzo Rodríguez. El cuerpo del edil fue velado en el templo de San Francisco de Asís y posteriormente sepultado en el panteón San José, en medio de un ambiente de indignación y luto colectivo.

El alcalde, conocido por la población como “El del Sombrero”, fue asesinado la noche del sábado mientras participaba en el tradicional Festival de Velas, un evento cultural que cada año reúne a cientos de familias en la Pérgola Municipal de Uruapan. Durante el ataque, sus escoltas repelieron la agresión, abatiendo a uno de los responsables y deteniendo a dos más. Un funcionario municipal también resultó herido en el tiroteo.

La muerte de Carlos Manzo y los disturbios en Morelia reflejan el clima de tensión que vive Michoacán, donde la violencia política ha vuelto a golpear de lleno. El Palacio de Gobierno amaneció resguardado, convertido en símbolo de una noche en que el reclamo de justicia se mezcló con la rabia y la desesperación de una población que exige respuestas.

La noche del sábado, el ambiente festivo en el centro de Uruapan, Michoacán, se transformó en caos. Eran alrededor de las 8:10 p. m. cuando un sujeto vestido con sudadera blanca y pantalón negro se acercó al alcalde Carlos Manzo y le disparó en plena vía pública, justo después de concluir un evento del Festival de Velas. En segundos, el ataque desató una intensa movilización de seguridad. El agresor fue abatido en el lugar, y las autoridades aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros junto con siete casquillos percutidos.

Manzo fue trasladado de inmediato a un hospital, pero falleció minutos después, alrededor de las 8:50 p. m., a causa de las heridas. En el atentado también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien, según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, tras el tiroteo fueron detenidas dos personas más que habrían participado en la agresión. El arma utilizada podría estar relacionada con otros dos ataques entre grupos delictivos en la región, por lo que las autoridades analizan cámaras de videovigilancia y testimonios para esclarecer el hecho. Hasta el momento, no se ha identificado al agresor abatido, pues no portaba documentación.

Trece horas después del crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando el asesinato y asegurando que el alcalde contaba con protección federal. Según informó, tanto la Defensa Nacional como la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con Manzo antes del ataque.

Sheinbaum convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, en una reunión de emergencia para revisar las circunstancias del atentado y coordinar acciones. También informó que se ofrecerá una conferencia de prensa para detallar las medidas que se implementarán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que Manzo tenía asignados 14 elementos de la Guardia Nacional encargados de la seguridad periférica, mientras que su seguridad inmediata era proporcionada por policías municipales y personal de confianza. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que desde el 10 de diciembre el edil contaba con seis elementos federales y un vehículo, cifra que posteriormente se reforzó con ocho agentes más y una unidad adicional.

El ataque, ejecutado durante un evento público, expuso la vulnerabilidad de las autoridades locales pese a los dispositivos de protección. El Gabinete de Seguridad federal aseguró que no habrá impunidad, mientras la investigación continúa para determinar el móvil y las posibles conexiones criminales detrás del atentado que arrebató la vida al presidente municipal de Uruapan.

Una tarde que parecía rutinaria se convirtió en tragedia en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio arrasó con una sucursal de la tienda Waldo’s, dejando un saldo de 23 personas fallecidas y 11 más lesionadas. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y trabajadores del establecimiento, según confirmaron las autoridades estatales.

El siniestro se desató alrededor de las 3:00 de la tarde en la tienda ubicada sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, una zona de alto flujo comercial en el centro de la ciudad. En ese momento, el local estaba lleno de clientes que realizaban compras por la quincena y los preparativos para las festividades del Día de Muertos. La magnitud del fuego movilizó de inmediato a los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes trabajaron durante horas para controlar las llamas y auxiliar a los afectados.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la cifra de fallecidos y lesionados, y anunció que el gobierno estatal ofrecerá atención médica, psicológica y social a las familias de las víctimas. También informó que las investigaciones sobre el origen del incendio continúan a cargo de los peritos y que se mantiene acordonada la zona mientras se recaban pruebas para esclarecer las causas del siniestro.

Como muestra de luto y solidaridad, el gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo suspendieron los eventos públicos programados por el Día de Muertos. Entre ellos, el concierto “Día de Muertos” que se realizaría en el Bosque Urbano La Sauceda, así como las actividades culturales y la tradicional marcha de catrinas en la Plaza Zaragoza. Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y de los artistas que participarían en las celebraciones.

El impacto de la tragedia ha conmocionado a toda la comunidad sonorense, que ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades trabajan en los peritajes para determinar qué provocó el incendio y si existieron fallas estructurales o de seguridad dentro del establecimiento.

Lo que comenzó como una tarde de compras terminó marcando uno de los episodios más dolorosos recientes en Hermosillo. Hoy, la ciudad guarda silencio en memoria de las víctimas, mientras se buscan respuestas que permitan entender cómo ocurrió un hecho que dejó un profundo vacío en la capital sonorense.