Autor: CuestionesdePolítica

Esta temporada navideña, el Papalote Museo del Niño trae una propuesta única y reflexiva: “Árbol que Rueda”, una impresionante obra creada por la reconocida artista mexicana Betsabeé Romero. Conformada por 70 llantas recicladas, esta pieza monumental combina arte, sostenibilidad y espíritu navideño, invitando a todos a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente. 

“Árbol que Rueda” es un árbol que transforma. En lugar de ramas y troncos, este árbol de seis metros de altura y casi siete de diámetro está hecho de neumáticos en desuso, adornados con vinil dorado, espejos plateados e iluminación cálida. Según la artista, la obra es un recordatorio de que “incluso lo que parece inservible puede florecer en algo hermoso”. 

Además está inspirado en la exposición “RUTA 5Rs”, promovida por el Papalote Museo del Niño en colaboración con Design Week y Comex. La instalación es un homenaje a la reutilización y a la creatividad, mostrando cómo los objetos desechados pueden tener un segundo ciclo de vida.

El mensaje del Papalote es claro: un llamado a la acción y a la sostenibilidad la cual comienza con pequeñas acciones. Cada llanta representa una oportunidad de reducir desechos y repensar nuestro impacto en el planeta. Empresas como Michelin y Multillantas Nieto se sumaron al proyecto, reafirmando su compromiso con un futuro más sostenible.

El encendido del árbol fue un evento para toda la familia con la presentación especial del Ensamble del Centro Histórico. Este grupo, compuesto por 40 niños y jóvenes, llenó el ambiente con música que mezcla jazz, ritmos latinos y canciones mexicanas, creando una experiencia mágica e inolvidable.

“Árbol que Rueda” puedes visitarlo gratis y estará disponible hasta el 12 de enero de 2025 en la explanada del Papalote Museo del Niño. La entrada es gratuita, lo que lo convierte en una excelente opción para disfrutar en familia durante las fiestas.

No te pierdas esta increíble oportunidad de combinar el espíritu navideño con un mensaje de esperanza y sostenibilidad. 

¡Ven, reflexiona y celebra!

Con una ceremonia solemne y rodeado de las máximas figuras de su partido, Eduardo Ramírez Aguilar asumió el pasado domingo la gubernatura de Chiapas para el periodo 2024-2030. Consciente del panorama de inseguridad y desigualdad que enfrenta su estado, el morenista trazó una hoja de ruta ambiciosa, con promesas que podrían marcar un punto de inflexión en el futuro de la entidad.

En el recinto del Congreso estatal, acompañado por representantes del Gobierno Federal y por la plana mayor de Morena, Ramírez Aguilar pronunció un discurso donde la palabra clave fue “reconciliación”. “Esta es la nueva era de Chiapas”, afirmó con firmeza. “De unidad, de no confrontación, de reconciliación. No podemos ser indiferentes ante las necesidades de los más pobres”.

La violencia ha teñido de incertidumbre a Chiapas en los últimos años. Con 577 homicidios registrados en lo que va del 2024, el reto de devolver la paz es urgente. Eduardo Ramírez prometió aplicar los cuatro ejes de seguridad impulsados por Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Además, anunció un incremento salarial para los policías y el desarrollo de una fuerza de reacción inmediata para combatir la delincuencia de manera eficaz.

“No habrá transformación sin seguridad”, enfatizó. También se comprometió a ofrecer viviendas dignas para los elementos de seguridad como parte de su estrategia integral para recuperar la tranquilidad de los chiapanecos.

El desarrollo económico también fue parte central de su mensaje. Ramírez Aguilar reveló su compromiso de construir la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, una obra esperada que conectará dos de las regiones más importantes del estado y potenciará el turismo y comercio local. Asimismo, declaró su intención de establecer una frontera sur libre de impuestos, buscando incentivar el comercio y facilitar el tránsito de mercancías.

El sur de Chiapas, particularmente Tapachula, también recibirá atención prioritaria. El gobernador anunció planes para desarrollar la industria en esta región clave. “Tapachula puede y debe ser el motor económico del sur del país”, afirmó con determinación.

Ramírez Aguilar no pasó por alto la riqueza cultural y la fuerza histórica del estado. Hizo un homenaje a los pueblos indígenas y destacó la resistencia de sus habitantes a lo largo de los siglos. Además, resaltó la incorporación de las mujeres al sistema político local, una deuda histórica que finalmente se está saldando.

El nuevo gobernador agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora reside en Chiapas. “Su presencia aquí es una inspiración para seguir luchando por el bienestar de nuestro pueblo”, expresó.

La toma de protesta de Eduardo Ramírez simboliza el inicio de una administración que se enfrenta a retos complejos: desde la violencia hasta el rezago educativo. Sus palabras dejan una promesa clara: unidad, desarrollo y seguridad para todos los chiapanecos.

En un estado marcado por años de violencia e inseguridad, el nuevo programa “Guerrero por la Paz” surge como un compromiso palpable con la transformación y la justicia social. En una emotiva presentación llevada a cabo en la cancha de la colonia Emiliano Zapata, las autoridades estatales y municipales dieron el banderazo de salida a esta iniciativa que promete atacar las raíces del problema, más allá de una respuesta meramente policial.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien encabezó el evento, dejó claro que el programa no es una fórmula represiva. “Atendiendo las causas que promueven la violencia, Guerrero por la Paz es parte del segundo piso de la Cuarta Transformación; no se logra con la fuerza pública”, afirmó con determinación. Su visión es clara: devolverle la paz a Guerrero significa resolver las carencias sociales y económicas que han alimentado la inseguridad durante años.

El énfasis en la atención a las comunidades es una de las claves de este programa. Salgado insistió en la necesidad de que las autoridades estén cerca de los habitantes, escuchando y resolviendo. “Este es un evento de promesa de esperanza, una puerta que nos abre la oportunidad de reconstruir lo que nos dejaron perdidos”, declaró, haciendo eco del sentimiento de miles de guerrerenses que anhelan recuperar su tranquilidad.

Por su parte, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, destacó que este esfuerzo no solo se enfoca en disminuir los índices delictivos, sino en tejer una red comunitaria más fuerte. “Este plan abona al fortalecimiento del tejido social, involucrando a las y los ciudadanos”, puntualizó. La participación activa de la sociedad será esencial para que el programa no solo sea una estrategia gubernamental, sino un movimiento ciudadano por la paz.

El compromiso no se limita a una esfera local. La subsecretaria de Desarrollo Económico, Rocío Bárcenas Molina, subrayó que el éxito de “Guerrero por la Paz” depende de la colaboración entre los tres niveles de gobierno. “Estamos en la estrategia integral a las causas que generan violencia y vulnerabilidad, sobre todo acercando los apoyos sociales a la población”, indicó, dejando entrever que la meta es brindar soluciones concretas a problemas históricos.

En el evento también estuvo presente el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, junto a funcionarios federales, estatales y municipales, simbolizando una alianza inédita para enfrentar una problemática que ha afectado a Guerrero durante décadas. Este apoyo coordinado sugiere que, por fin, las palabras se convertirán en acciones tangibles.

La colonia Emiliano Zapata, escenario del lanzamiento, no fue elegida al azar. Es un punto representativo de las luchas sociales y de las carencias que han permeado al estado. Aquí, entre aplausos y expectativas, se plantó la semilla de una posible transformación.

“Guerrero por la Paz” es más que un programa; es una declaración de intenciones para rescatar un estado con cicatrices profundas. Si bien el camino será largo y lleno de retos, la promesa de un cambio verdadero parece más cercana que nunca.

“La paz no se impone, se construye de la mano de quienes más la necesitan”. Guerrero ya empezó a caminar hacia esa construcción enfatizó la gobernadora Salgado.

La violencia vuelve a estremecer a Sinaloa, dejando a su paso no solo víctimas, sino también profundas heridas económicas y sociales. En esta ocasión, un ataque armado contra policías estatales cerca del aeropuerto de Culiacán dejó un saldo de un agente muerto y cuatro lesionados. La emboscada, ocurrida la mañana del viernes, ha movilizado a las más altas autoridades de seguridad del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Chiapas, confirmó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se encuentra en Sinaloa para atender la crisis de seguridad. “El mejor apoyo que podemos dar es el que estamos haciendo ahora: que el titular de la SSPC esté en Sinaloa para fortalecer la estrategia de seguridad. Está coordinando las tareas de todas las fuerzas y va a dar resultados”, afirmó Sheinbaum.

Aunque la presidenta evitó entrar en detalles sobre los responsables del ataque, medios locales señalan que el objetivo habría sido un policía estatal apodado “El Caimán”, presuntamente vinculado con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Mientras la seguridad está en el centro de la atención pública, la economía de Sinaloa también sufre las secuelas de esta ola de violencia. Según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las pérdidas económicas en sectores como el turismo y la restaurantería ascienden a 80 mil millones de pesos desde el inicio de esta crisis en septiembre de 2024.

Por su parte, el Colegio de Economistas de Sinaloa reporta la pérdida de más de 25 mil empleos en los últimos tres meses, lo que agrava aún más la situación para las familias sinaloenses.

Martha Reyes, presidenta de la Coparmex Sinaloa, expresó su preocupación: “No solo son cifras. Son negocios que cierran, familias que pierden su sustento y un futuro que se ve más incierto cada día”.

En entrevista, García Harfuch destacó que su presencia en Sinaloa será constante pero temporal, ya que su responsabilidad abarca todo el país. “Voy a ir y venir de manera permanente porque la responsabilidad que tengo es nacional. Si la presidenta lo ordena, permaneceré más tiempo, pero lo que hacemos ya es un trabajo constante”, explicó.

Además, el secretario se reunirá con empresarios locales para abordar sus preocupaciones y coordinar esfuerzos que permitan reactivar la economía.

Mientras tanto, en Chiapas, Sheinbaum inauguró la ampliación y modernización de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, un evento que busca generar un impacto positivo en la conectividad y desarrollo de la región.

El panorama en Sinaloa sigue siendo crítico, pero el gobierno federal apuesta por la presencia de García Harfuch y una estrategia coordinada como clave para devolver la paz al estado.

En un movimiento que marca una nueva etapa para el partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez asumió este jueves la dirigencia nacional durante la Convención Nacional Democrática. Este cambio de liderazgo, aprobado por el Consejo Nacional del partido, representa un momento clave en la estrategia política de MC rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Álvarez Máynez, quien sucede al histórico líder Dante Delgado, llega con el respaldo público de su predecesor. Delgado, quien recientemente anunció que enfrenta un tratamiento contra el cáncer gástrico, destacó la capacidad de su sucesor al declarar: “Lo veo muy bien para liderar este proyecto que busca ser una alternativa real para México.”

El nuevo dirigente no es ajeno al escenario político. Álvarez Máynez cuenta con una sólida trayectoria que incluye haber sido diputado federal entre 2015 y 2018, así como secretario general de acuerdos en Movimiento Ciudadano. En el ámbito académico, posee una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y una maestría en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey.

En su discurso de asunción, el nuevo líder destacó la necesidad de revitalizar la política nacional “Nuestro objetivo es consolidar a Movimiento Ciudadano como la fuerza que México necesita, no solo en los grandes escenarios, sino en cada rincón del país donde aún hay esperanza por un cambio verdadero.”

Álvarez Máynez ha señalado que su estrategia no se limitará a criticar a los adversarios, sino a presentar propuestas concretas y viables para el desarrollo del país. En un mensaje dirigido a otras fuerzas políticas, enfatizó: “No podemos limitarnos a esperar el fracaso del país como estrategia. Nuestra visión es constructiva, no destructiva.”

Entre sus prioridades está fortalecer la presencia del partido en estados como Campeche y Tlaxcala, donde MC busca expandir su base electoral y consolidar su estructura.

El cambio de dirigencia también marca el cierre de un capítulo liderado por Dante Delgado, quien fue clave en la construcción de Movimiento Ciudadano como una fuerza relevante en el panorama político mexicano. Durante la ceremonia, Delgado expresó su confianza en que Álvarez Máynez continuará el trabajo para posicionar al partido como una opción competitiva en 2024.

Con un liderazgo renovado y objetivos claros, Movimiento Ciudadano se prepara para enfrentar los retos del futuro. Jorge Álvarez Máynez tiene frente a sí la tarea de demostrar que el cambio en la dirigencia puede ser el impulso necesario para consolidar a MC como un actor determinante en la política nacional.

En un giro crucial para la educación judicial en México, el Senado de la República decidió no extinguir la Escuela Judicial Electoral (EJE), institución clave para la formación en materia electoral. La decisión se dio durante la aprobación de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos establecieron su incorporación a la Escuela Nacional de Formación Judicial, garantizando así su continuidad como un centro especializado.

La Escuela Judicial Electoral, dependiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estaba en riesgo de desaparecer según lo planteado en una propuesta inicial de reforma impulsada por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la intervención de figuras como Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, marcó la diferencia.

“El trabajo de esta escuela es esencial para la capacitación y profesionalización en materia electoral, un pilar para la democracia”, expresó Gutiérrez Luna, quien además es egresado de la institución con una maestría y aspirante a un doctorado.

El dictamen aprobado estipula que la EJE será integrada a la Escuela Nacional de Formación Judicial. Este cambio asegura que la institución continúe desempeñando sus funciones en formación, capacitación, investigación y difusión en materia electoral.

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó: “La reforma busca no solo fortalecer la educación judicial, sino también combatir de manera frontal la corrupción, la impunidad y el nepotismo en el Poder Judicial”.

Además del rescate de la EJE, las reformas aprobadas en el Senado introducen cambios significativos en el sistema judicial mexicano. La Ley de Carrera Judicial ahora incluye la noción de “justicia social” como eje rector, mientras que la Ley General de Responsabilidades se adapta para reflejar las competencias de nuevos órganos creados en las recientes modificaciones constitucionales.

La Escuela Judicial Electoral, en su nueva etapa, será una pieza clave en la formación de un Poder Judicial renovado. Su continuidad es vista como un triunfo para quienes defienden la especialización y la profesionalización en áreas críticas para el fortalecimiento de la democracia.

El rescate de la EJE demuestra que el diálogo y la colaboración pueden prevalecer en momentos de incertidumbre política. Como señaló Gutiérrez Luna, “La educación judicial es la columna vertebral de una democracia fuerte. Su preservación es un mensaje claro de que México apuesta por el conocimiento y la profesionalización como motores de cambio”.

En una sesión que desató intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, el dictamen busca endurecer las sanciones contra la producción, distribución y comercialización de estas sustancias. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde continuará su análisis.

La reforma no solo prohíbe estas actividades, sino que establece que “queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada” con estos productos. Mientras los partidarios argumentan que es una medida necesaria para combatir una crisis de salud pública y narcotráfico, los opositores lo consideran un ataque a las libertades individuales.

La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, llevó la controversia a otro nivel al vapear en plena tribuna como protesta. “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban nuestras libertades. Su política de salud no da para más que prohibir, prohibir, prohibir”, declaró. Reyes cuestionó el enfoque restrictivo del gobierno, acusándolo de abandonar su supuesta agenda de izquierda.

Por su parte, Morena defendió la medida como un esfuerzo necesario contra el narcotráfico. La diputada Danisa Flores enfatizó que el fentanilo no solo representa una crisis de salud pública, sino también un peligro para la seguridad nacional. “Prohibir su distribución y producción contribuye a disminuir el impacto del narcotráfico y fortalece nuestra relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que exigen acciones más contundentes”, afirmó.

La oposición no tardó en cuestionar la efectividad de la reforma. Paulina Rubio, legisladora del PAN, criticó la medida como insuficiente para resolver problemas estructurales. “Esto es darle una aspirina a un paciente con cáncer. Nuestro país no es una serie como Breaking Bad donde podemos adelantar al peor capítulo. Vivimos una realidad devastadora, mucho peor que cualquier ficción”, sostuvo, subrayando que el narcotráfico ha permeado todos los aspectos de la vida en México.

Con el dictamen aprobado, el Senado se enfrenta a una decisión trascendental. El debate no solo gira en torno a la prohibición de productos dañinos, sino también al equilibrio entre derechos individuales y la necesidad de proteger a la sociedad de amenazas sistémicas.

El corazón de la Ciudad de México vivió una jornada de protestas este lunes cuando comerciantes de la Plaza Izazaga 89 cerraron importantes avenidas en el Centro Histórico. Al grito de “¡Queremos trabajar!”, los locatarios expresaron su inconformidad por el cierre indefinido de la plaza, acción que calificaron como un golpe severo a su economía.

La Plaza Izazaga 89, clausurada desde el 29 de noviembre tras un operativo que incautó más de 262 mil productos ilegales de origen asiático, ha generado un conflicto entre las autoridades y los comerciantes que ahí operan. Según los locatarios, la mayoría son mexicanos y solo una pequeña fracción de origen extranjero, un punto que, según ellos, debería reconsiderarse.

“Nos están dejando sin sustento en una de las temporadas más importantes para nuestras ventas. Lo único que pedimos es una solución: reabrir la plaza o brindarnos un lugar para continuar trabajando”, expresó indignada una comerciante afectada.

El gobierno de la Ciudad de México justificó el cierre del inmueble tras determinar que carecía de los permisos necesarios para operar y violaba diversas normativas. Además, el operativo, parte de la llamada “Operación Limpieza”, busca frenar la venta de mercancía de contrabando que prolifera en el Centro Histórico.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, enfatizó en su cuenta de X: “La incautación de más de 262 mil productos ilegales es un paso crucial para combatir el contrabando y proteger la propiedad intelectual en México. Estos productos serán destruidos por el IMPI”.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la acción y aseguró que este tipo de operativos seguirán realizándose en coordinación con autoridades locales y federales.

Mientras las autoridades defienden la clausura de la plaza como un esfuerzo para proteger la legalidad, los comerciantes argumentan que se sienten castigados sin opciones claras para subsistir. Por su parte, ciudadanos que transitan por la zona enfrentaron afectaciones viales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana sugirió como alternativas las calles Lucas Alamán, Lorenzo Boturini y Eje Central.

Las tensiones entre locatarios y autoridades reflejan un complejo dilema entre la necesidad de regular el comercio y el impacto económico en las familias que dependen de estos espacios. “Solo queremos trabajar, no somos delincuentes”, fue una de las consignas más repetidas durante la protesta.

Con más operativos en el horizonte, el futuro de la Plaza Izazaga 89 parece incierto. Mientras tanto, comerciantes y autoridades enfrentan el reto de encontrar una solución que equilibre la legalidad con las necesidades económicas de quienes dependen de estos espacios. La tensión persiste, y los ojos de la ciudadanía se centran en cómo se resolverá este conflicto en uno de los puntos neurálgicos del comercio en la capital mexicana.