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En un esfuerzo por frenar la violencia en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acordaron reforzar la coordinación policial y mejorar los canales de comunicación entre el gobierno estatal y el federal. Esta decisión representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la seguridad en la entidad, que ha enfrentado grandes desafíos en materia de violencia en los últimos años.

 

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre en la Ciudad de México, contó también con la presencia del secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez. Durante la reunión, Campos expresó su disposición de colaborar con la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, subrayando la importancia de trabajar en equipo para ofrecer mejores resultados a los ciudadanos.

 

“Queremos un Chihuahua seguro, y para ello necesitamos trabajar de la mano con el gobierno federal. La seguridad es un compromiso de todos, y estamos aquí para reafirmar esa alianza”, señaló Campos al término del encuentro. La gobernadora resaltó que su objetivo es reducir los índices de criminalidad y generar un ambiente de paz y tranquilidad para los chihuahuenses.

 

García Harfuch, quien recientemente asumió su cargo al frente de la SSPC, destacó la relevancia de estas alianzas para enfrentar a los generadores de violencia en el país. “Cada estado enfrenta sus propios retos, y es fundamental que tanto el gobierno estatal como el federal estemos alineados en el mismo propósito: garantizar la seguridad de los mexicanos”, indicó el secretario.

 

El acuerdo entre Campos y García Harfuch contempla una serie de acciones para fortalecer la paz en Chihuahua y asegurar una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades de ambos niveles. Esta cooperación permitirá coordinar mejor las operaciones policiales y optimizar el intercambio de información para actuar de manera oportuna y eficiente ante cualquier amenaza.

 

El compromiso de ambos funcionarios se da en un contexto donde la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Chihuahua, con su situación geográfica estratégica y sus retos históricos en materia de criminalidad, requiere de un esfuerzo concertado que pueda hacer frente a las organizaciones delictivas y los altos índices de violencia.

 

Campos enfatizó la necesidad de contar con un canal de comunicación sólido que permita atender las demandas de seguridad en el estado de forma efectiva y preventiva. “Estamos aquí no solo para escuchar, sino para actuar. La ciudadanía exige respuestas, y hoy damos un paso significativo para cumplir con esa responsabilidad”, afirmó la gobernadora.

 

Este acuerdo es visto como un paso prometedor para establecer una colaboración continua y efectiva entre el gobierno estatal y federal. Ambos mandatarios coincidieron en que solo con una estrategia bien coordinada podrán lograrse resultados concretos en la lucha contra la violencia que afecta a miles de familias en Chihuahua.

 

La sociedad chihuahuense, que durante años ha sido testigo de los estragos de la violencia, observa con esperanza este esfuerzo conjunto, que busca construir un ambiente de paz y justicia en la región.

En un contundente revés para el gobierno federal, el partido Movimiento Ciudadano (MC) ha conseguido una victoria clave en la batalla contra la controvertida reforma judicial. La suspensión definitiva, otorgada a petición de los legisladores naranjas, impide que la reforma se implemente en las 32 entidades federativas de México. Esta decisión representa un respiro para jueces y magistrados, quienes estaban en riesgo de ser removidos de sus cargos de manera masiva y sin un proceso claro.

 

Miguel Alfonso Meza, activista y uno de los principales promotores del amparo, explicó que esta suspensión detiene la temida “tómbola-guillotina”, el mecanismo mediante el cual se preveía el despido y reemplazo de numerosos jueces y magistrados. “Con esta resolución, ni un solo juez podrá ser removido de su puesto. La suspensión los protege no solo de perder su trabajo, sino también de la manipulación política que amenazaba con capturar el Poder Judicial”, señaló Meza con firmeza.

 

La medida también bloquea el avance de uno de los aspectos más polémicos de la reforma: la convocatoria extraordinaria para la elección de nuevos jueces y magistrados, un proceso que estaba en manos del Senado y el Instituto Nacional Electoral (INE). Según explicó Meza, la suspensión evita que el partido gobernante, Morena, utilice este mecanismo para imponer a sus candidatos y, en última instancia, controlar el Poder Judicial. “Es un freno importante porque impide que se capture a una institución que debe ser autónoma e independiente”, afirmó el activista.

 

Además, esta suspensión incluye una orden clara para que el INE detenga cualquier acción relacionada con la organización de elecciones extraordinarias de jueces. En palabras de Meza: “La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha declarado que respetará las suspensiones definitivas. Si es congruente con sus palabras, el proceso para la elección de jueces debería detenerse por completo”.

 

La protección legal también se extiende a aspectos presupuestarios cruciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Con la suspensión, la Cámara de Diputados no podrá reducir el presupuesto destinado al Poder Judicial, ni eliminar los fondos que garantizan los derechos laborales de jueces y magistrados. Este punto ha sido un eje central en la defensa de Movimiento Ciudadano, que considera que el recorte financiero pondría en riesgo no solo la independencia judicial, sino también las condiciones laborales de miles de trabajadores del sector.

 

“Es fundamental que el Poder Judicial mantenga su presupuesto intacto. No podemos permitir que se vulneren los derechos laborales de quienes hacen posible la impartición de justicia en México”, expresó la diputada Laura Ballesteros, quien también ha sido una figura clave en la lucha contra esta reforma.

 

Un aspecto relevante de la resolución es que la suspensión también impide que los estados repliquen la reforma judicial a nivel local. Esto significa que los “cacicazgos” locales de Morena, como los describió Meza, tampoco podrán intervenir en los poderes judiciales de sus respectivas entidades. “Con esta medida, protegemos a los jueces y magistrados locales de cualquier intento de manipulación política. No se trata solo del ámbito federal, sino de mantener la independencia judicial en todo el país”, subrayó el activista.

 

A pesar de este avance significativo, los representantes de Movimiento Ciudadano son conscientes de que la batalla legal aún no ha terminado. “Seguiremos luchando para que la Reforma Judicial no solo sea suspendida, sino invalidada completamente”, aseguró Ballesteros, reafirmando el compromiso de su partido con la defensa de la autonomía judicial.

 

El amparo obtenido forma parte de una estrategia legal más amplia, que incluye varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por Movimiento Ciudadano en diferentes frentes. Con esta suspensión definitiva, el panorama para la reforma judicial se complica aún más, abriendo un espacio para que las voces opositoras continúen su lucha por la invalidez total de la reforma.

 

Esta resolución judicial marca un precedente importante en la defensa de las instituciones democráticas de México. El Poder Judicial, al menos por ahora, queda protegido de los intentos de control y manipulación política, un logro que Movimiento Ciudadano no está dispuesto a soltar fácilmente.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en pausa el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros debido a diversas resoluciones judiciales en curso. Así lo confirmó este jueves la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz, quien explicó que la institución se encuentra en un estado de “pausa” mientras se analizan los recursos legales interpuestos y se espera la respuesta de instancias superiores.

 

La elección de cargos judiciales, programada para el 1 de junio de 2025, se encuentra temporalmente suspendida a la espera de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaren si las suspensiones judiciales aplican o no. La consejera De la Cruz señaló que el INE continúa evaluando los documentos relevantes y los efectos de las resoluciones para poder proceder de manera adecuada.

 

“Sí, estamos en esta como pausa en lo que se resuelve ante qué instancia y si aplican las suspensiones o no, y por el otro, estamos haciendo este análisis de los documentos”, declaró la consejera durante una conferencia de prensa. Las palabras de De la Cruz reflejan la incertidumbre que enfrenta el proceso, en el cual se han interpuesto diversos recursos legales que han generado retrasos en las decisiones que afectan tanto al INE como al futuro del sistema judicial mexicano.

 

El proceso judicial en cuestión es uno de los más importantes en la historia reciente de México, ya que en estas elecciones se elegirán a la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior, y a todos los magistrados de las salas regionales del TEPJF. Además, se seleccionarán los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito. La magnitud de estos comicios marca un hito en la historia del país, ya que se elegirá a una parte significativa de los funcionarios judiciales clave en un momento en que México enfrenta desafíos importantes en materia de justicia y legalidad.

 

La importancia de este proceso no ha pasado desapercibida para el INE, que a finales del mes pasado publicó cinco acuerdos clave en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para dar inicio formal al proceso electoral. Entre estos acuerdos destacan la ratificación de los consejeros electorales de los Consejos Locales del INE, la instalación de dichos consejos antes del 16 de noviembre de 2024, y la modificación del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, para alinearse con las reformas recientes al Reglamento del Consejo General del INE. No obstante, el avance del proceso se ha visto truncado por las suspensiones interpuestas y el análisis jurídico necesario para determinar cómo proceder.

 

El panorama jurídico actual ha planteado una serie de interrogantes sobre la capacidad del INE para llevar a cabo este proceso sin contratiempos. La ratificación de los consejeros y la instalación de los Consejos Locales son pasos esenciales para garantizar que el proceso electoral de 2025 sea transparente y eficiente, pero las suspensiones impuestas han forzado al INE a replantear sus estrategias y, por ahora, detener el avance.

 

Por su parte, la consejera De la Cruz ha hecho hincapié en que el INE se mantiene a la espera de las decisiones de las instancias judiciales correspondientes. “Es crucial que se defina pronto el camino a seguir para evitar mayores retrasos y asegurar que el proceso electoral se realice en tiempo y forma”, explicó la consejera. Sin embargo, por el momento, el INE debe esperar pacientemente el fallo de los tribunales, que determinará si las suspensiones se mantienen o si el proceso puede continuar.

 

La pausa en el proceso electoral es vista por muchos como un reflejo de la complejidad del entorno judicial en México. Mientras el INE espera la resolución de los tribunales, la institución se enfrenta a un entorno de incertidumbre que, según la consejera, podría afectar la planificación de los comicios de 2025 si no se resuelve pronto. “El INE está listo para avanzar, pero necesitamos claridad en cuanto a las implicaciones legales que enfrentamos”, concluyó Norma Irene de la Cruz.

En una jugada que pocos esperaban, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó los cambios en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permitieron la reelección de su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, hasta 2028. Con una votación cerrada de tres votos en contra y dos a favor, la decisión ha generado un verdadero terremoto político.

 

El problema principal señalado por los consejeros del INE fue el tiempo. Según el consejero Arturo Castillo, los cambios realizados por el PRI llegaron fuera del plazo permitido por la ley. 

“Para efectos estrictamente legales, no se debe admitir una reforma hecha en tiempos expresamente vedados por la ley”, declaró enfático. Y es que, según el INE, el artículo 32 de la Ley General de Partidos Políticos establece plazos claros que no pueden ser ignorados, ni siquiera por un partido con la trayectoria del PRI.

 

El consejero Uuc-kib Espadas también tomó una postura firme, subrayando que los derechos de los partidos no son propiedad de sus líderes. “Estoy convencido de que los derechos de los partidos no son derechos de sus dirigentes, sino del conjunto de la militancia partidista”, afirmó. Esta declaración golpea directo al corazón de la polémica: un dirigente no puede cambiar las reglas del juego a su favor sin consultar primero a su base.

 

Alejandro Moreno, conocido popularmente como “Alito”, no tardó en responder. En conferencia de prensa, acusó al INE de actuar bajo presiones políticas y de buscar influir en las decisiones de los legisladores. 

“Estos temas de presión llegaron, cambiaron ahora el sentido del voto y quieren un dictamen en contra, eso es claro”, expresó Moreno, sugiriendo que todo forma parte de un juego de poder más grande que él mismo.