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El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó una vulneración a sus sistemas internos ocurrida durante el proceso electoral de 2024. La institución señaló que el incidente fue contenido oportunamente y que no existe evidencia de actividad irregular o filtración de información en sus servidores.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el INE respondió a un usuario que cuestionó la presunta filtración de datos, aclarando que “el evento al que hace referencia corresponde a una incidencia registrada el año pasado, durante el periodo electoral, que fue atendida y contenida oportunamente”.

El organismo electoral informó que hace dos meses llevó a cabo una depuración total de las cuentas con acceso mediante Red Privada Virtual (VPN), mecanismo que permite simular conexiones desde distintos puntos del mundo. Además, implementó un sistema de doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto, con el fin de reforzar los protocolos de seguridad institucional.

De acuerdo con la información oficial, no existen “vulneraciones ni indicios de actividad anómala” en los sistemas del INE que pudieran encontrarse circulando en la dark web.

El Instituto también detalló que sostuvo una reunión con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para revisar el estado de sus sistemas internos y descartar afectaciones. El mismo procedimiento se realizó con el proveedor de seguridad en red que colabora con la institución.

“De manera preventiva, un grupo de ingenieros se encuentra en oficinas centrales realizando verificaciones técnicas sobre la infraestructura de comunicaciones y los componentes de seguridad en el segmento de red reportado”, informó el INE en su comunicado.

Con estas acciones, el organismo electoral busca fortalecer la protección de su infraestructura tecnológica y garantizar la integridad de la información institucional frente a posibles intentos de vulneración.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó ante el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un proyecto en el que propone confirmar la multa de 16 mil 857 pesos impuesta a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por haber recibido aportaciones prohibidas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante el inicio de su campaña. La discusión de este caso está programada para la próxima semana en la Sala Superior.

La sanción fue originalmente establecida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el 28 de julio, al resolver que Esquivel incurrió en una falta al no rechazar aportaciones en especie provenientes de un ente no autorizado por la ley. El señalamiento se derivó de su participación el 30 de marzo en un evento realizado en Ecatepec, Estado de México, al que acudieron maestros de la sección 36 del SNTE y que fue identificado como el arranque de su campaña bajo el título “Diálogos por la Transformación de la Justicia en México”.

El INE concluyó que Esquivel utilizó mamparas, pantallas y un podio provistos por el sindicato, elementos que fueron considerados aportaciones en especie prohibidas al constituir recursos propagandísticos accesorios al evento. Con base en ello, el órgano electoral fijó una sanción económica que, en su opinión, corresponde a la gravedad de la falta.

La entonces candidata interpuso un recurso de apelación el 8 de agosto, en el que argumentó que la sanción era desproporcionada y que el INE debió esperar la resolución de otro procedimiento sancionador antes de imponer la multa. Sin embargo, el proyecto elaborado por el magistrado Rodríguez Mondragón sostuvo que no era necesario posponer el análisis de la queja, pues la conducta imputada ya se encontraba claramente tipificada en la normativa electoral.

“El proyecto señala que la aportación de un ente no permitido se encuentra debidamente contemplada en la legislación y que, en este caso, la utilización de los recursos aportados por el SNTE sí constituyó una infracción”, indica el documento presentado al pleno. Bajo esta argumentación, Rodríguez Mondragón planteó que la multa debe ser confirmada al no considerarse excesiva ni desproporcionada frente a la conducta cometida.

La resolución definitiva sobre la apelación de Yasmín Esquivel se discutirá en una próxima sesión pública del TEPJF, donde los magistrados deberán pronunciarse sobre la propuesta de confirmar la sanción administrativa establecida por el Instituto Nacional Electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la autenticidad de los videos en los que aparece Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en efectivo de David León. Sin embargo, las consejeras del organismo precisaron que, tras una investigación exhaustiva, no fue posible acreditar que esos recursos hayan tenido como destino el financiamiento ilegal de Morena.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización y responsable directa de la indagatoria, detalló que se realizaron peritajes y diversas diligencias sobre el material difundido. “Sí, están los videos, tienen una calidad no tan buena, se hizo un peritaje, están todas las diligencias que hicimos, y con toda la investigación que se hizo, no se llegó a esa conclusión de que esos recursos llegaron a un partido político o hubieran beneficiado a un partido político”, puntualizó.

Sobre los señalamientos de impunidad en el caso, Humphrey subrayó que el INE actuó dentro de los límites de sus atribuciones. “Aquí se investigó lo que se pudo investigar, se hicieron peritajes en videos, y me parece que este instituto con los elementos que tiene y las diligencias que hizo no pudo comprobar que esos recursos fueran a dar, que esa fue la denuncia que se presentó, que se estaban utilizando para fines partidistas”, indicó.

Por su parte, la consejera Dania Ravel destacó la necesidad de otorgar mayores facultades de fiscalización al instituto en el marco de una eventual reforma electoral. Consideró que el caso evidencia las limitaciones que enfrenta el INE para seguir la pista del dinero cuando se entrega en efectivo.

“El instituto no puede hacer nada más allá de lo que no esté probado, entonces al final de cuentas no teníamos más elementos probatorios, hicimos la investigación para seguir los recursos, el problema también en este tipo de casos, por eso creo que hay que pensar en darle mayores facultades a fiscalización. Es que es muy difícil rastrear el dinero que a lo mejor se pueda dar en efectivo”, señaló.

El expediente fue cerrado oficialmente este jueves, a pocos días de que venciera el plazo de prescripción de los delitos investigados, previsto para el próximo 2 de septiembre. La consejera Humphrey Jordan subrayó que el organismo cumplió con los tiempos y procedimientos establecidos, aunque reiteró que no existieron elementos que acreditaran un uso electoral de los recursos.

Con esta resolución, el INE da por concluido uno de los casos más mediáticos vinculados a la figura de Pío López Obrador, en el que si bien se reconoció la existencia y autenticidad de los videos, no se pudo comprobar el presunto financiamiento ilícito a Morena.

El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó este viernes 45 constancias de mayoría a jueces y magistrados que, en un inicio, habían sido declarados inelegibles. La decisión obedeció a una instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de evitar vacancias en cargos judiciales y garantizar el cumplimiento de la paridad de género.

Durante la sesión del Consejo General, los consejeros manifestaron su desacuerdo con la resolución del Tribunal Electoral. No obstante, votaron a favor del cumplimiento del mandato judicial, con excepción de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien expresó su respaldo abierto a la legitimidad de los triunfos.

“Estos 45 triunfos no son menos legítimos. No han sido designados, han sido electos, no representan a un sector o a una élite, su legitimidad no proviene del poder sino del pueblo de México. Su responsabilidad no es sólo con la ley, sino con la historia”, declaró Taddei Zavala.

El origen del caso se remonta a la verificación de requisitos académicos y criterios de paridad. En varios casos, los aspirantes no alcanzaron el promedio mínimo requerido en licenciatura o especialidad, lo que llevó al INE a declarar vacantes. Sin embargo, el TEPJF ordenó reconocer los resultados de la elección del 1 de junio.

En al menos 28 casos, se trató de magistraturas donde no se cumplía con el promedio de nueve en la especialidad. Además, en 12 procesos el ajuste se realizó por criterios de equidad de género: mujeres que habían obtenido el triunfo, pero cuyos lugares se habían asignado a hombres.

Entre quienes recibieron su constancia como jueces de distrito se encuentran Tania Virginia Neri Borjas, María De Fátima Ramírez Esparza, Arlette Bisteni Pérez, José Wenceslao Báez Montelongo, Julio Alberto Ramírez Martínez, Jesymar Castillo Arangute y Edgar Alejandro Domínguez Villapudua.

También figuran José Antonio Ruiz Rosales, Ricardo Jiménez Galicia, María Isabel Contreras López, Carlos Alberto Arellano Fuentes, Selene Isela Campos López, Genaro García Carrasco, Benjamín Rodríguez Cuéllar, María del Carmen Zúñiga Cleto, Rosa María Viveros Villegas, Graciela Anaya Ruiz, Marelie Mendoza Reyna y Yadira Guadalupe Dórame Enríquez.

En el caso de las magistraturas de circuito, el INE entregó constancias a Diego Gatica Noriega, José Francisco Nieto Alcalá, Juan Pablo Vásquez Calvo, Sixto Iván Rivera López, Norma Leticia Aguilar Estrada, María Eugenia Martínez Carrillo, Edgar Iván Asencio López, Landy Giselle Brito Bernal, Carlos Francisco López Reyna, Luis Carlos Maldonado Lazos y Sonia Alejandra Martínez Mireles.

La lista incluye además a Carol Denise Gómez Castro, Darío García Cedillo, Mariela Estefanía Zurita Lugo, Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, María Valdés Leal, Sheila Taideth Díaz Colín, Jorge Medina Sarabia, Catalina Álvarez Ramales, Ana Yadira Alarcón Márquez, Ximena Jiménez García, Nadia Cecilia Lupita Licón González, Lilia Areli Zamora Colmenares, Nancy Aguilar Tovar, Melina Hernández Sánchez y Xitlali Gómez Terán.

Con esta decisión, el INE dio cumplimiento a la instrucción del TEPJF y cerró el proceso de entrega de constancias, con lo cual los nuevos jueces y magistrados podrán ejercer el cargo para el que fueron electos en las urnas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió otorgar un amparo a Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en relación con una mención contenida en los libros de texto gratuitos de sexto grado de educación básica.

La resolución instruye a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a modificar la versión digital del libro “Proyectos comunitarios”, específicamente en su página 246, donde se hace referencia a Córdova. El texto deberá ser editado para eliminar dicha mención, por considerarse una afectación a los derechos fundamentales del exconsejero.

La impugnación fue promovida por autoridades electorales, luego de que una jueza federal determinara que la inclusión del fragmento en los libros transgrede el derecho a una educación objetiva, al presentar de forma parcial un episodio relacionado con la vida pública del exfuncionario. El proyecto judicial estuvo bajo la ponencia del ministro Javier Láynez Potisek.

En su demanda, Lorenzo Córdova argumentó que el contenido mencionado en el libro deriva de una intervención ilegal de sus comunicaciones privadas. Afirmó que su inclusión en un material educativo oficial constituye una pena “infamante y excesiva”, atribuida por el Estado mexicano, y que lo expone a riesgos y vulnerabilidades innecesarias.

La sentencia de la Corte señala que los planteamientos del quejoso son fundados, ya que la inclusión del pasaje en cuestión afecta su derecho al honor y la reputación, al modificar la percepción pública sobre su persona sin brindar un contexto completo ni equilibrado. “Resultan fundados los argumentos del quejoso a través de los cuales plantea que el acto reclamado transgrede su derecho al honor y reputación debido a que modifica la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre dicha persona”, detalla el fallo.

La resolución también respalda la interpretación previa de la jueza de primera instancia, quien advirtió que el pasaje en cuestión “sólo muestra una parte de los hechos que dieron su origen y demerita las cualidades morales y profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera académica y profesional”.

Este amparo representa un precedente relevante sobre la responsabilidad del Estado mexicano al utilizar referencias a figuras públicas en materiales educativos, especialmente cuando dichas menciones pueden afectar derechos fundamentales, como la honra, la privacidad y la imagen pública.

Con la decisión de la Corte, la SEP deberá proceder a modificar la versión digital del libro y acatar la resolución para garantizar la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos en sus contenidos pedagógicos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que había declarado vacantes 45 cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito, al considerar que esta determinación invadió competencias exclusivas de los Comités de Evaluación.

Durante la sesión pública de este miércoles, el TEPJF resolvió los primeros 18 juicios de inconformidad relacionados con la inelegibilidad de candidaturas y determinó que, en la mayoría de los casos, el INE debe entregar las constancias de mayoría a quienes ganaron en las urnas. En 15 casos se restituyeron triunfos, en dos se desestimaron impugnaciones contra candidaturas que sí recibieron constancia, y en un caso se ordenó entregar el cargo al segundo lugar más votado por género.

El criterio adoptado por los magistrados ponentes Mónica Soto y Felipe Fuentes establece que el promedio de nueve en especialidad es un requisito de idoneidad y no de elegibilidad, por lo tanto, solo los Comités de Evaluación tienen la facultad de juzgarlo, no el INE. En contraste, el promedio de ocho en licenciatura sí constituye un criterio objetivo y legal de elegibilidad.

El magistrado Fuentes señaló que el INE aplicó una metodología arbitraria al revisar promedios académicos, imponiendo criterios no previstos en la Constitución ni en la convocatoria. “La actuación del INE no fue un simple cotejo, sino una revaloración con elementos nuevos y excluyentes, lo que implica invalidar el actuar de la autoridad responsable”, afirmó.

La presidenta de la Sala, Mónica Soto, agregó que el instituto “anuló el trabajo de los Comités sin razón lógica o precisa”, al modificar las reglas del proceso electoral una vez que la ciudadanía ya había votado. Felipe de la Mata, quien completó la mayoría, indicó que esta controversia revela las contradicciones en la redacción de la reforma judicial, que propició criterios dispares entre autoridades.

Por otra parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso declarar la nulidad total de las elecciones afectadas y convocar a comicios extraordinarios, pero su propuesta no fue respaldada. Janine Otálora votó en contra de todos los proyectos, aunque coincidió en que el INE se excedió en la forma, al utilizar una metodología no reconocida por los Comités.

Un caso emblemático resuelto fue el de la magistratura en materia mixta del noveno circuito en San Luis Potosí, donde se comprobó que la candidata ganadora, María Concepción Castro Martínez, no cumplía con el promedio mínimo en licenciatura y no impugnó la decisión del INE. En consecuencia, se ordenó otorgar la constancia a la segunda más votada del mismo género, Sheila Taideth Díaz Colín.

Los criterios aprobados este miércoles se aplicarán al resto de los casos pendientes, que se discutirán en próximas sesiones, bajo el principio de respeto al voto ciudadano y a las competencias de los Comités de Evaluación. El INE deberá entregar las constancias de mayoría correspondientes de forma inmediata, una vez notificado y concluido el engrose de los proyectos.

A partir del 1 de septiembre, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una nueva reforma electoral que busca, entre otros puntos clave, recortar en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Esta propuesta, que ya había sido rechazada en 2019, contempla también reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar el sistema de representación proporcional que actualmente incluye a 200 diputados y 32 senadores.

El proyecto, en elaboración por el senador Ricardo Monreal Ávila con base en los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, será enviado desde Palacio Nacional al Congreso de la Unión como parte del paquete de reformas prioritarias de la llamada Cuarta Transformación. 

Sin embargo, Morena enfrenta nuevamente un panorama legislativo complejo. En su primer intento, realizado en la última sesión del periodo ordinario del 12 de diciembre de 2019, los aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) votaron en contra del recorte, alineándose con la oposición. Solo la entonces diputada petista Rosa María Bayardo Cabrera votó a favor, mientras otros integrantes del PT se ausentaron de la sesión.

La diputada Lilia Aguilar Gil, vocera del PT, reiteró su postura basada en la reforma electoral de 2014: “Esto para evitar la intromisión del crimen organizado en las fuerzas políticas y de los poderes fácticos en general, se debe fortalecer a las instituciones públicas que dan acceso al poder”. Aclaró que no puede emitir una posición definitiva hasta conocer el texto oficial de la nueva iniciativa.

Desde el PVEM, el coordinador parlamentario Carlos Puente Salas también se mostró cauteloso. Aunque remarcó la importancia de la equidad en la asignación de recursos y tiempos de medios, señaló que no puede anticipar una postura sin conocer la redacción final. “Es como una carrera de 100 metros, ¿por qué unos arrancan en el metro 40 y otros en el uno? No es parejo”, recordó, citando al entonces vicecoordinador Arturo Escobar en el debate de 2019.

Puente añadió que las prerrogativas no se limitan al dinero, sino también a la difusión en medios, donde existen disparidades significativas. “Podemos coincidir en la reducción si se va a repartir de manera equitativa entre los partidos”, puntualizó.

Durante la votación de 2019, 30 diputados del PT se pronunciaron en contra, incluidos Reginaldo Sandoval, Mary Carmen Bernal Martínez y José Luis Montalvo, además de Alfredo Femat, quien ahora forma parte de la bancada de Morena.

En ese mismo debate, el diputado del PAN, José Elías Lixa, recordó que en 2017 en Yucatán se redujo el financiamiento público en un 50%, pero fue Morena quien presentó una acción de inconstitucionalidad para revertir esa decisión, encabezada entonces por Andrés Manuel López Obrador.

Con este nuevo intento, Morena busca retomar la iniciativa en el arranque del nuevo periodo legislativo. A pesar de las diferencias internas y el escepticismo de sus aliados, el partido gobernante perfila una de sus reformas más emblemáticas en materia electoral para los próximos meses.

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su postura en expectativa frente al avance de una nueva identificación nacional que podría reemplazar la credencial de elector vigente desde 1991. Consejeros del organismo aclararon que no existe información concreta sobre si la CURP con datos biométricos, recientemente avalada en la reforma a la Ley General de Población, asumirá también funciones electorales.

Durante las últimas semanas, el tema ha ganado visibilidad luego de que el Congreso de la Unión aprobara una reforma centrada en la atención de personas desaparecidas, en la que se establece que la nueva CURP deberá contener huellas dactilares y fotografía. Según el nuevo texto legal, esta versión de la CURP será un “documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria” en todo el país.

Al respecto, el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona manifestó que por el momento el INE continuará cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente: “Ya veremos cómo evoluciona la ley, ya veremos qué pasa con la CURP con datos biométricos; por lo pronto, desde luego el INE hará todo lo que la ley ordena”,dijo.

Por su parte, el consejero Jorge Montaño señaló que hasta ahora no se ha definido si esta nueva CURP sustituirá la credencial de elector y si podrá utilizarse en procesos de votación. “Hoy lo único que tengo claro es que la autoridad encargada de emitir las credenciales de elector con todas las medidas de seguridad y efectivas, es el INE”, indicó. También mencionó que habría que analizar los beneficios de un nuevo documento, siempre que ofrezca altos estándares de seguridad y confiabilidad.

En paralelo, los consejeros confirmaron que el INE ya colabora con las fiscalías estatales para la localización de personas desaparecidas mediante el intercambio de datos biométricos. Esta medida ha sido reforzada por la nueva legislación, que solicita al instituto compartir las bases de datos que administra, en un esfuerzo por facilitar la identificación de personas en calidad de irreconocibles.

“Eso es algo que el INE ya hacía para la localización de personas desaparecidas, eso no tiene ninguna novedad, y me parece muy bien”, expresó Espadas Ancona. Montaño añadió que este tipo de cooperación se ha formalizado a través de convenios públicos con las fiscalías, y que la prioridad es garantizar mecanismos confiables de identificación humana.

Mientras el gobierno federal avanza en la implementación del nuevo documento biométrico, el INE se mantiene atento a cualquier reforma que pudiera impactar directamente sus funciones como autoridad electoral. La transición hacia una CURP reforzada abre una nueva etapa en la forma de acreditar la identidad de millones de mexicanos.

Una revisión fiscal iniciada en febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la aprobación de sanciones por 31.9 millones de pesos para partidos políticos nacionales, por inconsistencias en el pago de impuestos y en sus reportes fiscales. El ajuste se realizó tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que redujo casi a la mitad las multas inicialmente previstas.

La cifra inicial, dictada por la Comisión de Fiscalización, ascendía a 65.2 millones de pesos. Sin embargo, documentos de última hora enviados por el SAT provocaron una reconsideración en el Consejo General del INE, que redujo las sanciones en más de 33 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los principales beneficiados con estas reducciones.

El PT logró una baja significativa, pasando de 40.8 millones a 13.3 millones de pesos. Mientras tanto, el PVEM disminuyó su multa de casi ocho millones a apenas 283 mil pesos. Movimiento Ciudadano también vio una rebaja considerable, quedando con una sanción de solo 11 mil pesos.

Morena, por su parte, recibió la multa más baja de todo el proceso, con apenas dos mil 74 pesos, a pesar de que en febrero se había señalado que tenía pendientes fiscales por más de 60 millones. La intervención del SAT cambió por completo el escenario inicial en favor del partido oficialista.

Las reducciones se sustentaron en documentación y aclaraciones fiscales presentadas a contrarreloj, situación que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo General. La consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, destacó que muchos partidos adoptaron la práctica de entregar documentación de última hora. Esta acción obligó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a revisar apresuradamente información adicional, afectando la exhaustividad de los procedimientos.

“El análisis de la información presentada de manera extemporánea afecta negativamente el desarrollo ordinario de la fiscalización”, sostuvo Humphrey durante la sesión.

La información oficial arrojó diferencias notables. Aunque el recorte de multas se informó como un ajuste de 33.2 millones, los datos desglosados a los consejeros indican una disminución de más de 35 millones de pesos. Estas inconsistencias numéricas dejaron abiertos cuestionamientos sobre la claridad de los ajustes.

Los partidos de oposición no corrieron con la misma suerte. El PRI mantuvo su multa de 12 millones, el PAN de poco más de cuatro millones, y el PRD de seis mil pesos, sin modificaciones. El PRI intentó entregar oficios de último momento que no fueron tomados en cuenta por el INE. El representante priista Emilio Suárez Licona afirmó que el SAT respondió apenas unas horas antes de la sesión, mientras que la diputada Marcela Guerra acusó al Instituto de ignorar diversos documentos enviados durante los últimos dos años.

Los beneficiados agradecieron el acompañamiento institucional para regularizar sus situaciones fiscales. Algunos partidos aún contemplan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir buscando una reducción en las multas impuestas. Mientras tanto, el proceso de fiscalización continúa marcando diferencias entre partidos, evidenciando la influencia que pueden tener los tiempos y la estrategia documental en las decisiones del árbitro electoral.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró un receso durante la sesión donde se discutiría la validez de la elección de magistrados de circuito, debido a múltiples irregularidades detectadas en los perfiles de algunos de los candidatos electos. La pausa fue determinada tras señalarse el incumplimiento del requisito académico de promedio mínimo y la existencia de denuncias de violencia y acoso sexual contra varios de los aspirantes.

El proyecto presentado al Consejo General del INE incluía una propuesta que contemplaba aceptar un promedio de 7.6 como equivalente a 8 en la licenciatura para los candidatos a magistrados. Esta medida fue rechazada por los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, quienes argumentaron que la flexibilización del criterio atentaría contra los requisitos formales del cargo.

Durante el desarrollo de la sesión, la consejera Carla Humphrey presentó casos específicos de candidatos que no cumplen con los criterios académicos ni con los de integridad. Entre ellos, Joel Iscac Rangel Agüeros, Eduardo Torres Carrillo y Guadalupe López Arvizu, todos con promedios inferiores al mínimo requerido. La consejera remarcó que el Instituto no puede otorgar la constancia de mayoría a quienes no acrediten el cumplimiento total de los requisitos establecidos.

A las irregularidades académicas se sumaron acusaciones graves contra otros magistrados electos. Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz, designado para el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito en Nuevo León, enfrenta señalamientos por hostigamiento y violencia docente cuando se desempeñaba como profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su defensa, el candidato declaró que las acusaciones son calumnias anónimas, y no presentó el formato de declaración de cumplimiento conocido como “ocho de ocho”.

Otro caso mencionado fue el de Genaro Antonio Valerio Pinillos, electo para el tribunal civil y de trabajo del quinto circuito en Sonora, quien tiene abiertos siete procedimientos de investigación por denuncias de acoso, hostigamiento y abuso de poder. Ocho mujeres han presentado acusaciones en su contra.

La consejera Humphrey también expuso irregularidades relacionadas con la paridad de género. Señaló que el Senado envió listas incompletas que no permiten verificar el cumplimiento de los criterios de equidad. Candidatas como Zaira Gallegos (Guerrero), Lilia Hermosillo (Jalisco), Luz Elba De la Torre (Guanajuato) y Melina Hernández (Nayarit) denunciaron que la regla de paridad no fue respetada en sus respectivas entidades.

Asimismo, se hizo mención de que otras candidatas, como Alicia del Carmen Hernández (Chihuahua) y Alelí Feria (Veracruz), reportaron haber recibido mayor cantidad de votos sin haber sido consideradas en la asignación alternada, lo que representa un posible incumplimiento en la garantía de igualdad de oportunidades para mujeres en el proceso.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ordenó un receso de 45 minutos con el objetivo de reorganizar la votación de la elección y atender las observaciones presentadas por los consejeros. La sesión se mantiene en pausa mientras se determina la ruta a seguir para garantizar que los nombramientos cumplan con los principios de legalidad, paridad y elegibilidad.