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El partido Morena comenzó a trazar la ruta interna con miras a las elecciones intermedias de 2027. Durante su VII Consejo Nacional se acordó que en junio serán seleccionados los perfiles que encabezarán la estructura política en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas, figuras que internamente serán denominadas “coordinadores estatales”.

La decisión busca ajustarse a los tiempos electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral, por lo que estos nombramientos funcionarán como una etapa previa de organización territorial y electoral dentro del partido.

Jesús Ramírez Cuevas confirmó que estos coordinadores tendrán la tarea de supervisar la estructura política en los estados donde se celebrarán comicios, además de unificar el trabajo territorial rumbo a la contienda.

La selección de los perfiles se realizará bajo el mecanismo que Morena ha utilizado en distintos procesos internos: la definición a través de encuestas. Ramírez Cuevas indicó que este método será aplicado para determinar quién encabezará las coordinaciones estatales en los estados que renovarán gubernatura.

Durante la reunión partidista también se planteó que el proceso se lleve a cabo bajo un esquema de “piso parejo” para todos los aspirantes. De acuerdo con lo expuesto en el Consejo Nacional, se habilitarán espacios de interlocución para escuchar a quienes busquen participar en el proceso interno.

Entre los acuerdos también se establecieron lineamientos para evitar conflictos durante la etapa previa al proceso interno. Morena llamó a sus aspirantes a no anticipar campañas ni recurrir a estrategias de promoción fuera de las reglas partidistas.

Las disposiciones incluyen no contratar espectaculares, evitar el uso de recursos para publicidad en redes sociales o espacios en medios de comunicación y respetar los tiempos y convocatorias que establezca el partido.

Asimismo, se acordó la creación de un órgano encargado de supervisar y revisar las nuevas solicitudes de militancia. Este mecanismo tendrá la función de verificar que quienes busquen integrarse al partido compartan los principios, estatutos y objetivos del movimiento.

Las definiciones forman parte de la preparación rumbo a la jornada electoral del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán 500 diputaciones federales, además de 17 gubernaturas. Entre estas se encuentran los estados de Aguascalientes y Quintana Roo, cuyos gobiernos estatales fueron elegidos en 2022 por un periodo único de cinco años para alinearse con el calendario de elecciones intermedias federales.

En esa misma jornada también estarán en disputa 30 congresos locales y las alcaldías de 30 entidades, lo que representa más de 20 mil cargos públicos que se definirán en uno de los procesos electorales más amplios del país.

La adjudicación del contrato para producir 95 millones de credenciales para votar entre 2026 y 2031 generó advertencias dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que tres consejeros señalaran posibles riesgos en el manejo de datos del padrón electoral tras la participación de Talleres Gráficos de México junto con empresas privadas en el proceso de fabricación.

Durante una sesión del Consejo General, los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala y Arturo Castillo pidieron revisar la contratación realizada por la Dirección Ejecutiva de Administración, área que depende de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, luego de que se adjudicara el contrato al consorcio integrado por Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México.

Los consejeros plantearon que para la elaboración de las credenciales es necesario utilizar datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral y la lista nominal, por lo que solicitaron mayor claridad sobre el flujo de esa información y sobre las funciones específicas que tendrá cada empresa en el proceso de impresión y personalización.

El consejero Arturo Castillo señaló que el informe presentado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores no detalla de forma suficiente los mecanismos de transmisión y resguardo de la información que será utilizada durante la fabricación de las credenciales. Indicó que se requiere una descripción precisa de los tramos de transferencia de datos hacia las empresas participantes y de los controles que garantizarán su uso exclusivo para este proceso.

Por su parte, Dania Ravel destacó que Talleres Gráficos de México es un organismo descentralizado dependiente del Ejecutivo federal, lo que, señaló, puede generar tensiones con la autonomía constitucional del INE y con la percepción de independencia que exige la ciudadanía respecto a la autoridad electoral.

La consejera también aclaró que los consejeros no participan en la definición de las licitaciones ni en los procesos de contratación, ya que esas responsabilidades corresponden a las áreas administrativas del instituto.

En la misma discusión, Claudia Zavala expresó inquietud sobre el alcance de las actividades que realizará cada empresa dentro del proceso de impresión y personalización de las credenciales, debido a que esas tareas implican el uso de información personal de los ciudadanos.

Ante los señalamientos, la consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó que exista conflicto de interés o riesgo de vulneración del padrón electoral. Señaló que ninguna empresa contratada por el INE ha tenido acceso directo al padrón o a la lista nominal y afirmó que las áreas técnicas mantienen controles sobre el manejo de los datos personales.

El contrato fue adjudicado en diciembre pasado por un monto de hasta mil 75 millones de pesos para la producción de 95 millones de credenciales, con un costo unitario estimado de 0.66 dólares, equivalente a aproximadamente 11.99 pesos mexicanos por identificación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral, luego de dos días de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista y tras una serie de ajustes derivados de negociaciones con sus aliados legislativos del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La iniciativa fue recibida formalmente en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien informó que el documento será turnado a comisiones para su análisis y dictaminación. También adelantó que el proyecto será publicado en la Gaceta Parlamentaria, al tratarse de un tema que ha concentrado la conversación pública en los últimos días.

Aunque el Ejecutivo tenía previsto remitir el proyecto el lunes, la propia mandataria explicó que decidió revisarlo nuevamente y realizar modificaciones adicionales antes de enviarlo al Congreso. El ajuste final ocurrió después de intercambios con legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo, fuerzas que forman parte de la coalición gobernante.

Horas antes de la entrega formal, Sheinbaum expuso en su conferencia matutina los ejes centrales de la iniciativa, a la que denominó “decálogo por la democracia”. Entre los puntos planteados se encuentran cambios en el modelo de representación proporcional, una reducción del gasto en el sistema electoral, la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos comiciales y modificaciones a los cómputos distritales.

La propuesta busca redefinir aspectos operativos y financieros del sistema electoral, así como actualizar su marco normativo frente a nuevas tecnologías. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el objetivo es fortalecer el funcionamiento democrático mediante ajustes estructurales en la organización y supervisión de las elecciones.

Tras su recepción en San Lázaro, el contenido específico de los artículos a modificar será dado a conocer una vez que se publique oficialmente el documento legislativo. A partir de ese momento iniciará el proceso formal de discusión en comisiones y, posteriormente, en el pleno.

En caso de que la reforma no obtenga la aprobación del Congreso, la presidenta señaló que contempla un “plan B”, aunque no detalló las acciones que incluiría esa alternativa. Con la entrega de la iniciativa, el proceso legislativo entra en una etapa clave para definir el alcance de los cambios propuestos al sistema electoral mexicano.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que no procede retirar el promocional de televisión de Morena titulado “Por el Bien”, en el que aparecen imágenes del expresidente Enrique Peña Nieto, exgobernadores del PRI, PAN y PRD, así como del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La resolución se dio luego de que se presentara una queja ante la autoridad electoral, en la que se solicitó la suspensión de la transmisión del spot bajo el argumento de que contenía la imputación de hechos falsos. El recurso fue turnado a la Comisión de Quejas y Denuncias para su análisis.

Tras revisar el contenido del promocional, las consejerías concluyeron que no se advierte la atribución directa de un hecho o delito falso en contra del denunciante. En consecuencia, declararon improcedente ordenar su retiro del pautado en televisión.

El material cuestionado incluye la participación de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien en el mensaje expresa: “hay quienes ven a México como un botín que se puede entregar (…) ¿Y tú de qué lado estás?”, mientras se proyectan imágenes de figuras políticas vinculadas a los partidos PRI, PAN y PRD, además del empresario mencionado.

De acuerdo con la determinación de la Comisión, las expresiones contenidas en el promocional forman parte de la opinión del emisor respecto de asuntos de interés general. Los consejeros consideraron que no existen elementos que permitan establecer que la frase esté dirigida de manera inequívoca y directa al denunciante, ni que se configure una imputación concreta de hechos falsos.

No obstante, la Comisión precisó que esta resolución no implica una autorización amplia para que los partidos políticos utilicen la imagen de cualquier persona en su propaganda. Subrayó que el criterio se limita a casos en los que se trate de personas privadas con proyección pública, en el contexto del debate político.

Con esta decisión, el spot “Por el Bien” continuará su transmisión conforme a la pauta vigente, al no actualizarse, según el análisis preliminar de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, elementos suficientes para ordenar su suspensión cautelar.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que la reforma electoral impulsada por el oficialismo enfrenta debilidad política y carece de consenso, al señalar que no logró respaldo ni siquiera entre los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En declaraciones a medios, Romero aseguró que la iniciativa presenta fracturas desde su origen y cuestionó la falta de acuerdos políticos para consolidarla. “Nació muerta esa reforma; ha llegado a tal nivel de soberbia, que ya ni con sus aliados pudieron tener un acuerdo político para esta reforma electoral”, expresó. También indicó que existen posturas críticas dentro del propio partido oficialista, lo que, según dijo, evidencia divisiones internas frente al proyecto.

El dirigente panista advirtió que, aunque el país requiere cambios en materia electoral, su partido no respaldará ninguna propuesta que omita mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos. Señaló que el proyecto quedaría incompleto si no contempla sanciones y controles específicos para evitar el financiamiento ilícito en campañas, candidaturas y estructuras electorales.

Como parte de la postura del PAN, Romero planteó cuatro ejes que considera indispensables en cualquier reforma electoral. Entre ellos, prohibir el uso de recursos ilegales en campañas políticas, impedir la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado, frenar la violencia política que ha incluido asesinatos de candidatos, y sancionar la operación político-electoral de grupos delictivos.

El dirigente también reiteró que las bancadas del PAN en el Congreso no acompañarán la iniciativa si no se integran estos elementos. Subrayó que su partido reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, pero insistió en que cualquier modificación debe garantizar condiciones de legalidad, seguridad y transparencia en los procesos democráticos.

Además, el PAN presentó una propuesta alterna que incluye un modelo mixto de representación legislativa para evitar la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en el Congreso. También propuso establecer una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, con el objetivo de asegurar mayor respaldo ciudadano al candidato ganador.

Entre los planteamientos también figura la creación de un registro oficial de compromisos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de dar seguimiento a las promesas realizadas por los aspirantes durante el proceso electoral.

Otra medida planteada es la implementación de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en las que la ciudadanía participe directamente en la selección de candidaturas, en lugar de que estas decisiones recaigan únicamente en las estructuras internas de los partidos.

Finalmente, Romero destacó la importancia de fortalecer la autonomía del INE como autoridad electoral y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto en el que se prevé la presentación de una iniciativa de reforma electoral en el Congreso. El PAN sostuvo que cualquier transformación del sistema debe incluir medidas claras para impedir la influencia del crimen organizado y garantizar la integridad de las elecciones.

La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 66 millones 563 mil pesos en el ejercicio de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionadas con materiales, suministros y servicios generales utilizados durante el Proceso Electoral 2023-2024 y en los comicios extraordinarios del Poder Judicial.

La observación forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, en la que el órgano fiscalizador examinó cuatro partidas presupuestales vinculadas con los capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales. Como resultado, determinó que el instituto deberá aclarar el uso y comprobación de los recursos señalados.

En el análisis del Proceso Electoral 2023-2024, la ASF identificó pagos por 63.2 millones de pesos por concepto de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro destinados a la capacitación electoral. Sin embargo, el informe advierte que no se integró documentación completa que acredite la prestación efectiva del servicio contratado.

En lo que respecta al Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, el ente auditor reportó la falta de documentos que respalden la recepción, uso y destino de materiales didácticos por un monto de un millón 70 mil pesos. Esta observación se suma a otras inconsistencias detectadas en la comprobación del gasto.

Asimismo, la ASF señaló que no se acreditó el uso adecuado de vehículos arrendados para fines distintos a los autorizados, por los cuales se erogaron 2 millones 250 mil 700 pesos. El órgano fiscalizador indicó que no se presentó evidencia suficiente para justificar el destino de dichas unidades.

En el mismo informe, la Auditoría reportó que el INE pagó 793.9 millones de pesos por boletas y materiales didácticos y de simulacro correspondientes al proceso extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Aunque en la documentación se asentó que estos insumos fueron recibidos en tiempo y forma en 2024, el reporte indica que su producción, suministro y entrega se realizó hasta 2025.

Las observaciones emitidas implican que el instituto deberá presentar la información y documentación necesaria para solventar los señalamientos y comprobar el ejercicio de los recursos públicos en los rubros revisados.

La Secretaría de Educación Pública concretó un cambio en una de sus áreas estratégicas: la Dirección General de Materiales Educativos. Mario Delgado, titular de la dependencia, nombró a la poeta y pedagoga Nadia López García para encabezar el área responsable de los contenidos de los libros de texto gratuitos, en sustitución de Marx Arriaga.

López García llega al cargo tras desempeñarse como coordinadora nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título en 2021. El INBAL reconoció públicamente su labor y destacó su trabajo como poeta en lengua originaria, así como su trayectoria vinculada a la promoción de la lectura, la inclusión y la diversidad lingüística y cultural.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el nombramiento durante su conferencia matutina del 17 de febrero. Señaló que se revisó el perfil de la nueva funcionaria y que hubo consenso en torno a su designación. También indicó que no volverá a pronunciarse sobre la salida de Marx Arriaga y reiteró que realizó “un excelente trabajo”.

La mandataria subrayó que la base de los libros de texto gratuitos no será modificada y que el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana continuará sin cambios en su esencia. Precisó que los materiales pueden fortalecerse con nuevos enfoques y contenidos, entre ellos una mayor presencia de mujeres en la historia, pero sin alterar el modelo pedagógico vigente. Asimismo, sostuvo que la solicitud de salida de Arriaga se hizo “de mala manera”.

El nombramiento de López García ha estado acompañado de atención pública por su relación con Edgar Adrián Meza Mendoza, juez sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. La nueva directora ha difundido en redes sociales diversas publicaciones junto al juzgador federal, incluyendo imágenes en actos públicos y mensajes vinculados a su actividad profesional.

Meza Mendoza fue señalado en octubre pasado tras asistir al mitin encabezado por la presidenta Sheinbaum en el Zócalo capitalino con motivo de su primer año de gobierno, en un contexto donde la ley establece la obligación de independencia para integrantes del Poder Judicial. En fotografías compartidas por López García, ambos aparecen vestidos de guinda con la leyenda “juez del bienestar”. También ha publicado contenidos relacionados con la constancia de mayoría otorgada al juez por el Instituto Nacional Electoral y visitas a instalaciones en San Lázaro.

El relevo fue celebrado por actores vinculados a Morena, como el senador Antonino Morales Toledo, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, y el productor Epigmenio Ibarra, quienes destacaron su perfil académico y origen indígena. Con esta designación, la SEP mantiene la línea educativa vigente mientras incorpora una nueva titular al frente de los materiales escolares.

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no respalda ni evalúa el contenido de la iniciativa ciudadana de reforma electoral promovida por la organización “Salvemos la Democracia”, la cual reunió las firmas necesarias para avanzar en el proceso legislativo. El organismo subrayó que su participación se limitó exclusivamente a verificar que los apoyos ciudadanos cumplieran con los requisitos legales de validez.

En un comunicado, el INE precisó que la revisión de firmas no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la propuesta. Destacó que su labor no incluye la evaluación, aval, rechazo ni análisis de la constitucionalidad, mérito o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas. Esa responsabilidad, señaló, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado de la República, como parte del procedimiento legislativo ordinario.

Como resultado de esta verificación, el instituto envió un oficio a la Cámara de Diputados para notificar que las 136 mil 875 firmas presentadas por “Salvemos la Democracia” cumplen con los criterios de validez establecidos en la ley. Con ello, el INE dio por concluida su intervención en esta etapa del proceso.

La iniciativa ciudadana propone reformas a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución. Entre los planteamientos centrales se encuentra el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la conservación de una estructura nacional y territorial con presencia en los 300 distritos electorales del país, integrada por un servicio profesional electoral.

En materia de financiamiento político, la propuesta plantea modificar el esquema actual para que la distribución de recursos públicos a los partidos no dependa del porcentaje de votación obtenido, sino que se realice de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas con registro. El mismo criterio se propone para el acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otro de los ejes de la iniciativa es la transparencia en la fiscalización, al establecer que los gastos de precampaña y campaña revisados por el INE sean públicos. Asimismo, se plantea que las candidaturas independientes cuenten con un financiamiento mínimo equivalente al 20 por ciento del tope de gastos autorizado.

La propuesta también busca garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía durante los procesos electorales y evitar la intervención de autoridades, al prohibir que se utilicen los instrumentos de comunicación del Estado para hacer referencia a elecciones. De igual forma, se establece la prohibición de actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones sistemáticas fuera de los periodos legales que soliciten apoyo electoral o manifiesten la intención de contender por un cargo público. La Cámara de Diputados será la encargada de definir el trámite legislativo que se dará a esta iniciativa ciudadana.