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El Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en una sesión que se desarrolló en menos de tres horas y en la que legisladores de oposición señalaron que el proceso fue “simulado”. Tras recibir 97 votos a favor, 11 nulos y 19 en contra, la exconsejera jurídica de la Presidencia rindió protesta y ocupará el cargo hasta 2034.

Durante la votación se distribuyeron 127 cédulas, con la única ausencia del panista Gustavo Sánchez. Para alcanzar la mayoría calificada se requerían 85 votos. En el pleno, algunos legisladores mostraron públicamente sus boletas: la panista Lilly Téllez exhibió su cédula con la leyenda “no a la mafiocracia”, mientras que los 13 senadores del PRI marcaron “en contra”. También mostraron su voto el panista Marko Cortés y los morenistas Félix Salgado, Nora Ruvalcaba y Mariela Gutiérrez. En contraste, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, emitió su voto de manera cerrada.

El escrutinio confirmó que Godoy superó ampliamente la cifra necesaria para presidir la FGR, dejando sin votos a las otras dos integrantes de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, formalizó el nombramiento y ordenó comunicarlo a la titular del Ejecutivo federal, al presidente de la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados, a los gobiernos estatales y a las fiscalías de todo el país.

Previo a la votación, Godoy compareció ante el pleno. Ahí afirmó que durante su gestión “no se fabricarán culpables ni habrá perseguidos políticos” y aseguró que la institución aplicará “cero tolerancia a la tortura y tratos crueles”. Añadió que cualquier servidor público que incurra en violaciones a derechos humanos será investigado y sancionado “con la misma severidad”.

La trayectoria de Ernestina Godoy incluye más de cuatro décadas en el servicio público y en organizaciones civiles. Es licenciada en Derecho por la UNAM y fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). También creó la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga en 2015.

En el gobierno capitalino fue directora jurídica, coordinadora de asuntos legales y titular de áreas delegacionales entre 2000 y 2012. En el ámbito legislativo se desempeñó como diputada local y federal, presidenta de comisiones, integrante de la Mesa Directiva y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

En materia de procuración de justicia, encabezó la transición de Procuraduría a Fiscalía en la capital, primero como procuradora (2018-2020) y luego como fiscal general de la CDMX (2020-2024). Ha recibido reconocimientos como la Medalla Emilio Krieger (2023), la Presea Benito Juárez (2019) y la Presea Tepantlato (2019).

Su llegada a la FGR ocurre después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien comunicó al Senado que dejaría el cargo tras recibir la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertirse en embajador de México. Más tarde se confirmó que el país destino será Alemania.

Con la toma de protesta de Ernestina Godoy, la Fiscalía General inicia un nuevo periodo que se extenderá durante la próxima década, enmarcado por su promesa de fortalecer protocolos, combatir la impunidad y garantizar apego a los derechos humanos.

El proceso para seleccionar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) avanzó esta semana con la publicación de la lista oficial de 43 aspirantes registrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. La relación de perfiles se integra por figuras del ámbito jurídico, político y administrativo, incluida Ernestina Godoy, actual encargada de despacho de la fiscalía, quien continúa al frente del organismo mientras se desarrolla la etapa de selección.

El documento muestra la incorporación de perfiles vinculados a Morena, como Hamlet García Almaguer, exlegislador y cercano a la organización La Luz del Mundo; así como Ricardo Peralta, exadministrador general de Aduanas. También aparece César Gutiérrez Priego, abogado y exaspirante a ministro de la Suprema Corte durante el proceso de elección judicial. Todos ellos figuran entre los perfiles destacados por su experiencia en temas públicos y jurídicos.

La procedencia geográfica de las postulaciones se concentra principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque también se registraron aspirantes de estados como Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro. Esta distribución refleja el alcance nacional del llamado emitido por el Senado tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó la FGR para asumir una embajada en un “país amigo”.

Además de los nombres ya mencionados, el listado incluye a Félix Roel Herrera, quien fue consejero representante de Morena en Tabasco; José de Jesús Ruiz Munilla, director de proyecto en la Cámara de Diputados; Carlos Higinio Lledías Saavedra, excandidato a magistrado de circuito en Puebla; y David Borja, exdirector de Seguridad en Guerrero. Todos ellos forman parte de los perfiles que avanzaron a esta fase inicial del proceso.

El periodo de registro duró tres días y se realizó de manera virtual, tal como lo definió el Senado para esta convocatoria. Una vez concluido, la Jucopo —encabezada por el líder de la mayoría, Adán Augusto López— quedó como la instancia responsable de revisar los expedientes y seleccionar a las personas que continuarán en el procedimiento. Esta mecánica difiere de la aplicada en 2019, cuando la Comisión de Justicia asumió la conducción del proceso correspondiente.

En cuanto a Ernestina Godoy, además de figurar como aspirante, permanece al frente de la institución para garantizar la continuidad operativa mientras se define a la próxima persona que ocupará el cargo. Su nombre forma parte de los perfiles de mayor experiencia dentro del ámbito fiscal y político.

Con la lista de las 43 personas postuladas, el Senado avanza hacia las siguientes etapas del proceso, en las que la Jucopo determinará qué perfiles serán tomados en cuenta en la siguiente fase rumbo a la definición del relevo en la Fiscalía General de la República.

Ernestina Godoy Ramos quedó al frente, de manera provisional, de la Fiscalía General de la República (FGR), en un movimiento que reorganiza la estructura de procuración de justicia a nivel federal tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Su llegada ocurre a partir del cargo que él mismo asignó previamente: la Fiscalía Especial de Control de Competencia, puesto que la facultó para asumir temporalmente la conducción de la institución.

El nombramiento se hizo visible cuando Godoy compartió, en sus redes sociales, una fotografía desde las instalaciones de la FGR acompañada de un mensaje donde confirmó que tomaba la responsabilidad constitucional de dirigir el despacho. 

En ese comunicado público señaló que este nuevo encargo lo asumiría con los mismos principios que han guiado su trayectoria profesional y destacó su compromiso con la ética, la firmeza y la justicia. También expresó agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por la confianza depositada en los diferentes cargos que ha ocupado en el ámbito de la justicia.

La exconsejera jurídica permaneció en ese puesto desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025, día en que concluyó esa etapa para integrarse inmediatamente a la FGR. Al despedirse del cargo anterior, señaló sentirse orgullosa por el trabajo realizado junto a su equipo y afirmó que México continúa avanzando hacia un entorno con mayores derechos y un horizonte más humanizado.

El relevo dentro de la FGR no estuvo exento de tensiones. La renuncia de Gertz Manero generó una ola de reacciones desde la oposición, quienes apuntaron a que el exfiscal habría enfrentado presiones en medio de investigaciones sensibles. Entre los expedientes señalados se encuentran los relacionados con el “huachicol fiscal”, las detenciones vinculadas al Cártel de La Barredora y el caso de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo.

La trayectoria reciente de Godoy ha sido objeto de constante examen público. Como fiscal de justicia de la Ciudad de México entre 2020 y 2024, encabezó investigaciones de alto impacto, incluyendo la caída del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, donde murieron 27 personas, así como el caso del Colegio Rébsamen, colapsado durante los sismos de 2017.

En ambos episodios se generaron cuestionamientos debido a las conclusiones que deslindaron de responsabilidades a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ya instalada como encargada del despacho en la FGR, Godoy deberá continuar el seguimiento de casos prioritarios para la institución, entre ellos las indagatorias sobre el huachicol fiscal, las operaciones atribuidas a La Barredora, las líneas de investigación alrededor de Rocha Cantú y los avances sobre el Rancho Izaguirre, además de otros expedientes abiertos que permanecen en curso.

El Senado de la República inició formalmente el proceso para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de recibir y aprobar la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La decisión se oficializó este jueves en el pleno de la Cámara Alta, donde se dio lectura al documento en el que Gertz informó que deja el cargo para asumir una representación diplomática ofrecida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La renuncia se presentó en un contexto marcado por recientes consignaciones de la propia FGR en casos relacionados con presuntos delitos de “huachicol” fiscal, en los que se han señalado a elementos de la Marina, empresarios y políticos. Entre esas investigaciones también figura la indagatoria contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presunto “huachicol” y tráfico de armas.

Tras la aceptación de la renuncia, el Senado emitió la convocatoria pública para quienes busquen registrarse como aspirantes a encabezar la FGR. El periodo de registro se realizará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, luego de que el pleno dispensara el trámite de discusión en comisiones para agilizar el relevo.

De acuerdo con el procedimiento definido, las comisiones del Senado sesionarán el próximo lunes para revisar todas las solicitudes recibidas y seleccionar a un total de diez perfiles. Entre las figuras que se espera aparezcan en ese listado están el exministro Arturo Zaldívar, actualmente funcionario de la Presidencia, y Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, quien, según diversas fuentes, es una de las principales opciones para suceder a Gertz Manero.

Una vez integrada, la lista de diez aspirantes será enviada al pleno del Senado para su aprobación. Después, el documento será turnado a la presidenta Claudia Sheinbaum, encargada de reducir esta selección a una terna que deberá regresar al Senado para su resolución final.

Conforme a los tiempos previstos, la mandataria federal enviaría la terna entre el martes y el jueves de la próxima semana. El proceso concluirá con la votación del pleno senatorial, que deberá realizarse a más tardar el 4 de diciembre para definir quién ocupará la Fiscalía General de la República.

Con la convocatoria ya activa, el Senado mantiene un calendario ajustado para garantizar la continuidad institucional de la FGR y formalizar el relevo tras la salida de Gertz Manero, quien deja el cargo para integrarse al servicio diplomático del país.

Alejandro Gertz Manero presentó ante el Senado su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que asumió en 2019 como el primer fiscal general del país tras la transformación del sistema judicial penal. Su salida responde a una propuesta del Ejecutivo federal para ocupar una embajada de México en un “país amigo”, trámite que ya está en proceso.

En una carta dirigida al Senado, de la cual se cuenta con copia, Gertz Manero informó: “La titular del Poder Ejecutivo federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo”. Añadió que esta nueva responsabilidad le permitirá continuar su labor de servicio público, por lo que oficializó su retiro del cargo “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan”.

El Senado se encuentra a la espera de reanudar la sesión en la que se formalizará la entrega del documento de renuncia, lo que activará el proceso constitucional para designar a la nueva persona titular de la FGR. Entre los perfiles que podrían integrarse a la terna destaca el nombre de Ernestina Godoy, ex fiscal de Justicia de la Ciudad de México, así como el del ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Con base en el artículo 24 de la Ley de la FGR, la renuncia del fiscal debe someterse a aprobación del Senado por mayoría simple y solo procede si existe causa grave confirmada por esta Cámara. Una vez aceptada, aplica el procedimiento establecido en el artículo 102 de la Constitución: el Senado cuenta con 20 días para enviar al Ejecutivo una lista de 10 candidatos aprobada por dos terceras partes de los legisladores presentes.

Posteriormente, la Presidencia dispone de 10 días adicionales para elegir de esa lista una terna que deberá regresar al Senado. Tras las comparecencias correspondientes, el pleno seleccionará al nuevo titular de la FGR con el voto de dos terceras partes de sus miembros. Si la designación no se concreta en los plazos establecidos, el Ejecutivo podrá elegir directamente a la persona titular a partir de la lista o de la terna enviada.

En su carta, Gertz Manero solicitó que se informe de su renuncia al pleno del Senado para que se inicie el proceso de ratificación de su nombramiento diplomático, y expresó su aspiración de obtener la aprobación para desempeñar una representación en política exterior “con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia de la pluralidad del Estado mexicano”.

Alejandro Gertz Manero es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Su trayectoria incluye haber sido rector de la Universidad de las Américas, secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, y secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Vicente Fox. También ha sido diputado federal, catedrático y miembro del equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Con su renuncia, se abre un proceso clave para definir el rumbo de la institución encargada de la procuración de justicia en México, en un relevo que deberá seguir puntualmente las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, desestimó las 37 denuncias presentadas en su contra por la diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, quien lo acusó de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Tabasco, por un monto cercano a los 700 millones de pesos.

López Hernández aseguró que las acusaciones tienen un trasfondo político y que forman parte de una estrategia mediática impulsada por sus adversarios. “Desde luego que hay trasfondos políticos en todo ello. Ahora andan haciendo una serie de reportajes. Y hay una señora que presentó 50 denuncias, que me acusa de que la Auditoría detectó irregularidades por 600 millones de pesos a los tres años que yo fui gobernador”,señaló el legislador morenista.

El exgobernador explicó que el presupuesto total de Tabasco durante su administración fue de aproximadamente 180 mil millones de pesos en tres años, por lo que, según él, las supuestas irregularidades representan una proporción mínima y dentro de lo que podría considerarse normal en cualquier ejercicio administrativo. “Normalmente en todo ejercicio administrativo siempre hay irregularidades administrativas mínimas. Entonces que estudien bien y que vean a quién corresponden esas irregularidades, si es que las hay”, afirmó.

Las denuncias interpuestas por la diputada Pérez-Jaén ante la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen presunto daño al erario y falta de comprobación de recursos públicos. La legisladora panista aseguró haber presentado pruebas documentales que respaldan los señalamientos, derivados de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En paralelo, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) difundió —y posteriormente eliminó— un comunicado en redes sociales donde solicitaba investigar el patrimonio del senador morenista. Ante ello, López Hernández aseguró estar tranquilo y sostuvo que ya ha explicado el origen de sus bienes y su situación fiscal. “Ya leí por ahí que alguien decía que nadie los había presionado. Yo creo que están en su derecho y que soliciten a las autoridades correspondientes el que esto se informe”, comentó.

El senador insistió en que ha sido transparente con sus declaraciones patrimoniales y fiscales. “He sido suficientemente claro, he explicado lo que he presentado tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones, y algunos no tan opositores, les gusta entrar en esa dinámica. Yo no voy a caer en eso”, declaró.

Finalmente, al ser cuestionado sobre versiones que apuntan a un posible acercamiento del exsenador panista Roberto Gil Zuarth y del exsecretario de Gobernación priista Miguel Ángel Osorio Chong con Morena, Adán Augusto López afirmó no tener información al respecto. “No tengo conocimiento de que eso sea cierto”, dijo, luego de que su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, afirmara que ambos políticos habrían mostrado interés en sumarse al partido guinda de cara al proceso electoral de 2024.

López Hernández reiteró que continuará trabajando desde el Senado en los temas legislativos y aseguró que las denuncias presentadas en su contra no lo distraerán de su labor política ni de las tareas de coordinación al interior del grupo parlamentario de Morena.

Un juez federal congeló la orden de aprehensión emitida contra Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “El Munrra”, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, aunque el exfuncionario permanecerá en prisión debido a otro proceso penal que enfrenta en Tabasco por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

De acuerdo con documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez de Distrito en Materia Penal concedió la suspensión definitiva contra el mandamiento judicial solicitado por el Ministerio Público Federal, lo que impide que se ejecute la nueva orden de captura mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el diverso cuarto”, señala la notificación emitida por el órgano judicial.

La orden de aprehensión había sido autorizada el 17 de septiembre por un Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano). Sin embargo, con la suspensión otorgada, el juez analizará ahora el fondo del asunto, tomando en cuenta las pruebas presentadas por la defensa y la Fiscalía.

La resolución no implica el cierre del caso, pues la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar la decisión ante un Tribunal Colegiado para intentar revertir la medida y reactivar la orden de captura.

Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante los primeros dos años del gobierno de Adán Augusto López Hernández, es señalado como probable responsable de delitos relacionados con delincuencia organizada, conforme al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por su presunta participación en actividades vinculadas con tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

La acusación también incluye el delito de secuestro en agravio de R.M.A., sancionado por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73 constitucional.

Pese a esta suspensión, Hernán Bermúdez continúa recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, derivado de un proceso penal en curso con número de causa 213/2025, iniciado en Tabasco el 18 de febrero de 2025, por los delitos de asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

El caso mantiene la atención de las autoridades judiciales y federales, mientras el exfuncionario enfrenta múltiples acusaciones de alto impacto que lo mantienen tras las rejas, en espera de que se resuelvan los recursos legales interpuestos por su defensa y las impugnaciones del Ministerio Público.

Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue detenida este viernes en la frontera de Nogales tras ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó a través de un proceso de deportación controlada, gestionado en coordinación con autoridades estadounidenses y ejecutado en la garita fronteriza Dennis DeConcini.

Téllez Nieves es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas derivados del incendio ocurrido en junio de 2009 en la Guardería ABC, tragedia que dejó 49 menores fallecidos y decenas más heridos.

En 2016, un juez la sentenció a 28 años de prisión por los hechos, aunque posteriormente, al apelar, consiguió la reducción de la pena a cinco años y obtuvo su libertad anticipada bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

Sin embargo, la imputada dejó de cumplir las medidas cautelares y se refugió en Estados Unidos, motivo por el cual se giró una orden de captura con apoyo de Interpol en 2022. Fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy antes de ser entregada a las autoridades mexicanas.

“Con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, señaló la FGR en un comunicado. 

La dependencia precisó que su detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras la deportación controlada, Téllez Nieves fue trasladada a la capital sonorense para ser internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de su sentencia.

El incendio de la Guardería ABC, ocurrido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, es considerado una de las tragedias más graves en la historia reciente del país. 

La deflagración no solo cobró la vida de 49 bebés, sino que dejó a muchos otros con secuelas permanentes. Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las propietarias señaladas como responsables del siniestro y ahora enfrentará nuevamente a la justicia mexicana tras años de permanecer prófuga en territorio estadounidense.

Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, la procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó que el combate al llamado “huachicol” fiscal es un trabajo de alto riesgo para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En su intervención, destacó que en los últimos dos años la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos vinculados al contrabando de combustibles, con un monto estimado en más de 16 mil millones de pesos.

El tema surgió cuando el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó a la funcionaria por haber dedicado solo “30 segundos” de su exposición al robo de combustible, calificándolo como “el robo del siglo” y “quizá el más grande de la historia del país”. Galeano García respondió que “hablar sobre ‘huachicol’ fiscal no es un tema sencillo”, ya que en realidad se trata de contrabando de combustibles y que integrar una carpeta de investigación por estos ilícitos “no se logra en días, semanas o meses, es bastante complejo”.

La procuradora explicó que las redes de delincuencia organizada que participan en este tipo de delitos “no son pequeñas, son de gran calado y son bastante complejas”. Subrayó que su equipo enfrenta riesgos al investigar y presentar denuncias, pues se trata de grupos con amplios recursos y esquemas de defensa legal sofisticados. “Una a una cuentan, porque es el trabajo de todos los días, una más o menos no es para mí solamente una estadística”, remarcó.

Galeano García precisó que el combate al “huachicol” no se limita a la Procuraduría Fiscal. “Trabaja aduanas por su cuenta, si bien no tiene la facultad específica para poder evidenciar o presentarse ante la Fiscalía General, somos un grupo muy extenso de servidores públicos que desde el sector energético trabajan arduamente”, señaló. También recordó que las redes de contrabando de combustible son históricas en México: “Siempre ha habido redes de contrabando de combustible, esto es histórico, somos un país que produce y, por tanto, de movimiento de combustible”.

La funcionaria insistió en que no basta con presentar denuncias, sino que es indispensable sustentar adecuadamente cada caso para que la FGR pueda llevar las líneas de investigación y evitar que las carpetas “se caigan con facilidad”.

Sin embargo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó los argumentos de la funcionaria y afirmó: “No podemos aceptar lo que asegura la Secretaría de Hacienda, porque este delito de contrabando se instituyó durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador”. Agregó que, aunque la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada en 2013, “los permisos de importación se generaron a partir del 2017”, por lo que consideró que el cúmulo de casos corresponde al sexenio anterior.

En medio del intercambio, Galeano García reiteró que “defender la hacienda pública es defender también la soberanía energética y la seguridad nacional” y sostuvo que “en México ya no habrá espacio a la simulación fiscal, ni para la impunidad”, destacando el esfuerzo conjunto de las dependencias involucradas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha presentado 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con contrabando de combustibles que involucran un monto cercano a 16 mil millones de pesos. El titular de la dependencia, Edgar Amador, detalló que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con la Procuraduría Fiscal de la Federación, las áreas de inteligencia y las aduanas para combatir el contrabando y la evasión fiscal.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda sobre las medidas implementadas para frenar el llamado “huachicol fiscal” que, de acuerdo con la Fiscalía, involucra a empresarios, políticos e integrantes de la Marina.

La senadora del PRI Carolina Viggiano señaló que el impacto anual del huachicol en recaudación asciende a 170 mil millones de pesos y para Petróleos Mexicanos (Pemex) a 517 mil millones. Por su parte, el senador Rolando Zapata solicitó información sobre la estimación del impacto recaudatorio no ingresado por este ilícito en administraciones anteriores y en la actual.

Edgar Amador respondió que, entre abril de 2023 y la fecha, la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la FGR contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito. 

Explicó que estas denuncias representan parte de los 200 mil millones de pesos adicionales que la dependencia ha recaudado en aduanas gracias a la coordinación interinstitucional. “Eso muestra el enorme esfuerzo que están haciendo todas las áreas del gobierno por combatir al contrabando, por combatir la elusión fiscal”, afirmó el funcionario.

El titular de Hacienda precisó que para su dependencia no se trata de “huachicol fiscal”, sino de contrabando de hidrocarburos. “No lo llamamos ‘huachicol fiscal’ porque para nosotros es contrabando de hidrocarburos, mercancías”, subrayó. 

Añadió que, en comparación con administraciones pasadas, las aduanas han incrementado de forma considerable la recaudación. Recordó que entre 2000 y 2006 todos los ingresos aduaneros sumaron 148 mil 482 millones de pesos, mientras que para este año se espera recaudar diez veces más.

“Estamos haciendo algo bien en aduanas, estamos recaudando más, estamos luchando contra el contrabando, vamos disminuyendo fugas, aumentando eficiencias. Estamos recaudando cinco veces más que en las administraciones anteriores”, sostuvo Amador ante los senadores, destacando los resultados obtenidos por la estrategia conjunta entre Hacienda, la Procuraduría Fiscal y las áreas de seguridad.