En un discurso que resonó con fuerza en el auditorio, Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, aprovechó su Tercer Informe de Gobierno para destacar no solo los logros de su administración, sino también para lanzar un contundente llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero. La mandataria exigió una actualización sobre el estatus de las denuncias interpuestas contra Alejandro Moreno y su hermano Emigdio Moreno, acusados de asociaciones ilícitas y empresas fantasma.

“Hemos abierto dos expedientes en la Fiscalía General de la República contra Alejandro Moreno y otra contra su hermano, Emigdio Moreno, por asociaciones ilícitas y empresas fantasma”, declaró Sansores con firmeza. “Por el aprecio que he tenido por usted desde hace años, porque me es claro que su Fiscalía trabaja de manera autónoma, le pido nos informe sobre el estatus de cada una de las carpetas y se proceda de inmediato”.

La gobernadora expresó su frustración ante la falta de avances en las investigaciones, a pesar de que las denuncias fueron presentadas hace tres años. “Hace tres años que metimos las primeras denuncias, y hasta la fecha no tenemos ninguna información”, enfatizó Sansores, subrayando la urgencia de una respuesta y la necesidad de justicia en el estado.

A pesar del tono crítico hacia la FGR, el informe de gobierno también fue una plataforma para resaltar los logros alcanzados durante su administración. Sansores enumeró una serie de proyectos de infraestructura que están transformando Campeche, incluyendo la construcción de seis nuevos hoteles en zonas clave como Edzná y Calakmul, el desarrollo del Gasoducto Mayacán Cuxtal II, y la reconversión de la Termoeléctrica de Lerma. Además, anunció la apertura de la primera Gasolinera de Bienestar en Calakmul y la construcción del Tren Ligero en Campeche.

“Ya están listos los primeros dos trenes eléctricos en China, de un total de cinco. Serán un símbolo de los nuevos tiempos de modernidad y transformación para Campeche”, proclamó con orgullo la gobernadora. Estos proyectos no solo buscan mejorar la infraestructura del estado, sino también atraer nuevas inversiones para fortalecer los sectores productivos y fomentar el crecimiento económico.

Sansores destacó que, según datos del Inegi, Campeche se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional en crecimiento económico durante el primer trimestre de 2024, con un notable incremento del 5.8%. “Son cifras alentadoras que nos impulsan a seguir adelante”, afirmó, subrayando el impacto positivo de las políticas implementadas por su administración.

El informe no estuvo exento de reflexiones políticas. Sansores instó a la ciudadanía y a sus aliados a no bajar la guardia frente a los desafíos que plantea la oposición. “Pero no podemos dormirnos en nuestros laureles. La ultraderecha es fiera herida y no se quedará con los brazos cruzados. Cuando el movimiento de la 4T triunfó, llegó el momento del ofendido, pero también la hora del guerrero. Tenemos que seguir luchando, tomar las calles por asalto y mantener en alto nuestras banderas”, exhortó, en un claro llamado a la movilización y la resistencia.

La decisión de adelantar el informe, que tradicionalmente se realiza el 7 de agosto en conmemoración de la emancipación del estado, a una fecha anterior, también fue un movimiento estratégico para asegurar la atención y la urgencia de sus demandas.

Carlos Ahumada, empresario argentino nacionalizado, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras su ausencia en una cita judicial en México. Este 16 de julio, Ahumada no se presentó ante el juez de Ejecución en el Reclusorio Norte, a pesar de su reciente extradición desde Argentina. Sin embargo, su ausencia no fue una violación a la ley, sino una respuesta a la “invitación” extendida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la cual no conllevaba obligación legal alguna. 

Ahumada enfrenta una sentencia condenatoria por el delito de fraude genérico, con una pena pendiente de 10 años y 23 días. A pesar de esto, su abogado, Enrique Ostos, asegura que han presentado un escrito en el juzgado para que se fije una fecha de audiencia, con el objetivo de solicitar la cancelación del proceso penal por prescripción.

La extradición de Ahumada desde Argentina, ocurrida la mañana del 16 de julio, fue un proceso marcado por la controversia. Según Ostos, Ahumada fue sometido a casi 30 días de detención en “condiciones inhumanas” en una cárcel preventiva de la Interpol en Argentina, lo que añade una capa de complejidad a su situación legal. “El juez lo privó de su libertad injustamente, pero ahora está descansando en casa”, afirmó el abogado.

La extradición de Ahumada y su llegada a México fueron seguidas de cerca por la FGJ y la Fiscalía General de la República (FGR), entidades responsables de coordinar su traslado y posterior disposición ante las autoridades mexicanas. “Después de cumplir con los protocolos necesarios, fue remitido al lugar de la FGR y posteriormente puesto a disposición de la FGJ, la autoridad que requirió su extradición”, explicó Ostos.

La defensa de Ahumada no solo se centra en cuestionar las condiciones de su detención en Argentina, sino también en buscar la prescripción de la pena impuesta en 2009, de la cual aún le resta cumplir un año y 11 meses. Además, existe un monto económico pendiente para saldar los daños ocasionados por su cliente, un punto crucial en la estrategia de defensa.

Ahumada ha sido una figura controvertida en México, no solo por sus problemas legales, sino también por su implicación en escándalos políticos. A principios de junio, una juez federal concedió una suspensión provisional para evitar su recaptura en México, tras la reactivación de una orden de reaprehensión dictada en su contra en octubre de 2019. Esta medida impide que Ahumada sea detenido nuevamente mientras se resuelven los recursos legales presentados por su defensa.

El empresario argentino ya había sido detenido en agosto de 2019 en Argentina, a solicitud de la FGR, por presunta defraudación, aunque fue liberado poco después. La orden de captura internacional y su posterior liberación solo añadieron más controversia a su ya turbulenta historia legal.

Enrique Ostos enfatiza que su cliente está comprometido a cumplir con cualquier requerimiento legal. “Carlos se comprometió a presentarse ante cualquier autoridad que se requiriese. Ya cumplió con esa formalidad en el aeropuerto y se informó al juez del cumplimiento de esa orden”, afirmó.

El caso de Carlos Ahumada continúa generando interés y controversia, no solo por las implicaciones legales, sino también por su conexión con figuras políticas de alto perfil. A principios de junio, una juez federal le concedió una suspensión provisional para evitar su recaptura, lo que añade una capa adicional de protección a su ya compleja situación.

El futuro legal de Carlos Ahumada sigue siendo incierto. La fecha de su próxima audiencia se fijará en los próximos días, y será crucial para determinar si su sentencia por fraude genérico será finalmente cancelada por prescripción. Mientras tanto, el empresario y su defensa continuarán luchando por demostrar la injusticia de su detención y buscar la exoneración definitiva.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado un avance significativo en la recuperación de restos humanos en la trágica mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde hace 18 años perdieron la vida 63 mineros. Este viernes, la FGR confirmó la recuperación de un cuerpo completo y otros restos óseos aún por identificar. 

Efraín Alonso Gastélum Padilla, delegado de la FGR en Coahuila, detalló que las muestras recolectadas han sido enviadas a la Ciudad de México para la creación de un perfil genético. “Hemos extraído solo un cuerpo completo y algunos restos óseos, cuyos detalles aún no se han determinado. Estos restos están resguardados en el Servicio Médico Forense (Semefo) bajo la custodia de nuestro personal pericial”, precisó Gastélum Padilla en una rueda de prensa.

El proceso de identificación genética es fundamental para confrontar las muestras recuperadas con los perfiles genéticos de las familias de los mineros, obtenidos previamente. Este procedimiento permitirá determinar la identidad de los restos y proporcionar respuestas a las familias que llevan casi dos décadas esperando justicia y cierre.

El rescate de los restos representa un avance significativo en el largo y doloroso camino hacia la justicia para las víctimas de Pasta de Conchos. Cristina Auerbach, presidenta de la organización Familia Pasta de Conchos, confirmó a Latinus la recuperación y subrayó que aún no se tiene una fecha estimada para la identificación de los restos. Esta incertidumbre mantiene en vilo a las familias, que continúan esperando respuestas concretas.

Hace unas semanas, se recuperaron restos humanos en la galería donde se cree que estaban 13 de los 63 mineros fallecidos. Las familias de las víctimas han manifestado su intención de buscar justicia y responsabilizar a quienes impidieron el rescate desde el trágico accidente el 9 de febrero de 2006. Esta búsqueda de justicia no solo es una lucha por la memoria de los fallecidos, sino también un esfuerzo por garantizar que se tomen medidas para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro.

La mina de Pasta de Conchos se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia laboral y los derechos humanos en México. La tragedia reveló graves deficiencias en la seguridad minera y la falta de protección para los trabajadores. A lo largo de los años, las familias de las víctimas y diversas organizaciones han trabajado incansablemente para mantener viva la memoria de los mineros y exigir responsabilidades a las autoridades y empresas involucradas.

La recuperación de restos y el proceso de identificación genética son pasos cruciales en esta lucha. La comunidad espera que estos avances finalmente proporcionen las respuestas y el cierre necesario para las familias de los mineros de Pasta de Conchos. La esperanza de justicia y el recuerdo de los 63 mineros seguirán siendo el motor que impulsa esta causa hasta que se logre una resolución completa y justa.

En una jornada judicial que atrajo la atención de todo el país, un juez federal vinculó a proceso a Armando Escárcega Valdez, conocido como ‘El Patrón’, por su presunta responsabilidad en el intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leyva. La audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, marca un avance significativo en la búsqueda de justicia para el reconocido comunicador. 

Armando Escárcega Valdez, apodado ‘El Patrón’, enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, tras ser señalado como el autor intelectual del ataque que sufrió Gómez Leyva en diciembre de 2022. El atentado, ocurrido cuando el periodista llegaba a su domicilio en la Ciudad de México, no fue un intento de robo o secuestro, sino un ataque directo con la clara intención de acabar con su vida, según confirmaron las autoridades.

El juez de control del Reclusorio Norte dictaminó prisión preventiva justificada para Escárcega Valdez, quien permanecerá en este centro de reclusión durante los cuatro meses que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa tendrán para llevar a cabo la investigación complementaria. La solicitud de trasladar al imputado al penal del Altiplano fue rechazada, manteniéndose su detención en el Reclusorio Norte.

En un mensaje en sus redes sociales, Ciro Gómez Leyva comunicó la decisión del juez: “Se dicta la prisión preventiva justificada en contra de Armando Escárcega, el Patrón. El juez rechaza que sea llevado al penal federal del Altiplano. Permanecerá en el Reclusorio Norte”.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la FGR, celebró la decisión judicial como un avance en el caso. “Es un avance, vamos a seguir avanzando en el caso, todavía faltan otros elementos, formular imputación por otros delitos, que se hará en los próximos días, entonces creo que vamos por buen camino”, expresó Sánchez Pérez del Pozo.

La fiscalía, además, ha solicitado una fecha para la audiencia inicial en la que se imputará a ‘El Patrón’ por el delito de asociación delictuosa. La dependencia continúa trabajando en la identificación y captura de todos los responsables involucrados en el atentado.

Por su parte, la defensa de Escárcega Valdez, encabezada por el abogado Raymundo Álvarez, decidió no impugnar los datos de prueba presentados por la FGR en esta etapa del proceso. Álvarez mencionó que están evaluando las opciones legales, incluyendo la posibilidad de apelar la vinculación ante un Tribunal Colegiado o promover un amparo en los próximos días.

Armando Escárcega Valdez fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México el 29 de junio para enfrentar los cargos. Su detención en territorio estadounidense ocurrió tras haber obtenido una visa de turista con afirmaciones falsas, mintiendo sobre su historial de arrestos. Según documentos del FBI y la Secretaría de Seguridad Pública de México, Escárcega Valdez estuvo involucrado en un secuestro en la Ciudad de México en 2017, lo cual fue clave para su captura y extradición.

El atentado contra Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022, conmocionó a la opinión pública y puso de manifiesto los peligros que enfrentan los periodistas en México. El periodista ha sido una voz crítica y ha denunciado constantemente la violencia y la corrupción, lo que ha generado especulaciones sobre los motivos detrás del ataque.

El propio Ciro Gómez Leyva ha expresado su firme deseo de justicia, reiterando que el ataque no fue un hecho aislado ni un intento de robo, sino un acto premeditado para silenciarlo. “Alguien creo y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos, no era un robo, no era un intento de secuestro, todo indica que alguien quiso matarme anoche”, afirmó en su momento.

La vinculación a proceso de ‘El Patrón’ representa un paso significativo hacia la justicia en el caso del atentado contra Ciro Gómez Leyva. La resolución de este caso no solo es crucial para el periodista y su familia, sino también para la defensa de la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores en México.

En un significativo golpe a la delincuencia organizada, la Guardia Nacional de México aseguró un considerable arsenal de armas, municiones y drogas en el municipio de Jiménez, Chihuahua. Este operativo se llevó a cabo sin que se reportaran detenciones, pero ha derivado en una investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante un recorrido de vigilancia rutinario, elementos de la Guardia Nacional localizaron dos camionetas abandonadas en una brecha en el municipio de Jiménez. Al inspeccionar los vehículos, los agentes descubrieron un preocupante alijo de armamento y otros materiales ilícitos, que evidencian la actividad de grupos criminales en la región.

En el interior de las camionetas, los agentes hallaron un arsenal compuesto por tres armas largas, más de una docena de cargadores de alto calibre y alrededor de 50 cartuchos útiles en una cinta eslabonada para ametralladora. Este hallazgo destaca la magnitud del poder de fuego al que tienen acceso estos grupos delictivos, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad pública en Chihuahua y en todo el país.

Además del armamento, se encontraron varias dosis de marihuana y chalecos balísticos marcados con las siglas de un grupo criminal. Este equipo táctico sugiere que los delincuentes estaban preparados para enfrentamientos violentos, subrayando la peligrosidad de estas organizaciones y su capacidad para operar con impunidad en ciertas áreas.

Aunque no se reportó la detención de ninguna persona en el lugar del hallazgo, la FGR ha iniciado una carpeta de investigación contra quien resulte responsable. Esta acción es fundamental para rastrear el origen del arsenal y los posibles vínculos con organizaciones criminales. La falta de detenidos en el momento del operativo no disminuye la importancia del aseguramiento, ya que las investigaciones podrían llevar a la captura de individuos clave en el futuro.

La Guardia Nacional emitió un comunicado en el que destacó la importancia de este aseguramiento y reiteró su compromiso con la seguridad y el combate a la delincuencia organizada. “La localización y aseguramiento de este armamento es un paso importante en nuestros esfuerzos continuos por desarticular a los grupos criminales que operan en la región. Continuaremos trabajando incansablemente para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló un portavoz de la Guardia Nacional.

Chihuahua ha sido históricamente una zona conflictiva en términos de actividad criminal, con varios grupos delictivos luchando por el control de rutas de tráfico de drogas y otros negocios ilícitos. Este tipo de operativos por parte de la Guardia Nacional son cruciales para mermar la capacidad operativa de estos grupos y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.

En un audaz golpe al sistema de documentación mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha activado una alerta migratoria tras el robo de 6,177 libretas de pasaportes en blanco. El incidente ocurrió el 18 de junio en la carretera México-Veracruz cuando una camioneta de la SRE fue interceptada por un grupo de hombres armados. Los pasaportes robados tenían como destino las delegaciones de la SRE en Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

La Cancillería mexicana ha tomado medidas inmediatas para mitigar el impacto de este robo. Los folios de los pasaportes sustraídos fueron cancelados de manera expedita para evitar su uso indebido. Además, la SRE ha emitido notificaciones a las autoridades nacionales e internacionales encargadas de los trámites de registro y control de documentos de identificación internacional.

La gravedad del incidente ha llevado a la Secretaría a informar a la Interpol y a diversas agencias internacionales de seguridad sobre el robo. Esto se debe a la posibilidad de que los pasaportes en blanco puedan ser utilizados por grupos criminales para actividades ilícitas. La notificación ha sido también enviada a todas las embajadas y consulados de México en el extranjero, así como a notarías públicas, sistemas financieros e instituciones migratorias de otras naciones, para que estén en alerta ante cualquier intento de uso fraudulento de estos documentos.

La denuncia formal del robo fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Las autoridades mexicanas están trabajando en colaboración estrecha para investigar el incidente y capturar a los responsables.

Este evento se suma a una preocupante tendencia de delitos contra transportistas en México. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de este año se denunciaron 3,415 robos a transportistas, de los cuales 2,895 fueron con violencia. En el mismo período, se reportaron 50,079 casos de fraude. Estas estadísticas subrayan la creciente inseguridad en las carreteras y la necesidad de medidas más estrictas para proteger los envíos de documentación sensible.

El robo de estos pasaportes plantea serios riesgos de seguridad tanto para México como para la comunidad internacional. Los pasaportes en blanco pueden ser utilizados para la falsificación de identidades, facilitando actividades delictivas como el tráfico de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales. La pronta respuesta de la SRE al cancelar los folios y notificar a las autoridades internacionales es un paso crucial para minimizar estos riesgos.

El gobierno mexicano ha reforzado las medidas de seguridad en el transporte de documentos oficiales. Se están implementando nuevas estrategias para asegurar que incidentes como este no vuelvan a ocurrir, incluyendo el uso de escoltas armadas y tecnologías avanzadas de seguimiento para los envíos.