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La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su determinación de tomar medidas legales tras el rechazo del juez federal de vincular a proceso a siete personas acusadas de la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario. Este proyecto, administrado por OHL-Aleática, supuestamente causó daños por un valor exorbitante de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos a la Federación.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Daniel Ramírez Peña, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, decidió no proceder contra los individuos acusados, incluidos Rubén Gerardo López Barrera, José Andrés de Oteyza Fernández, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Luis Gilberto Limón Chávez, Jorge Joaquín González Bezares y Alberto Tomás Angulo Lara.

La FGR expresó su consternación ante esta decisión, calificándola de injusta y señalando que el juez había emitido una opinión pública sobre el caso antes de conocer todas las pruebas y argumentos presentados por las partes involucradas. La dependencia federal anunció su intención de iniciar acciones legales contra el juzgado por su supuesta parcialidad.

En una declaración oficial, la FGR enfatizó la ilegalidad de la concesión otorgada por el Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en 2008, para operar la vía de comunicación federal. Esta concesión se consideró nula, lo que llevó a la explotación ilegal del bien nacional, violando los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

La fiscalía destacó que el Estado de México y la empresa en cuestión se beneficiaron desproporcionadamente de la explotación ilegal del viaducto, mientras que la Federación no recibió ninguna compensación por el uso de su propiedad. Además, señaló que las autoridades competentes habían advertido sobre esta ilegalidad en múltiples ocasiones desde 2011.

La FGR rechazó la afirmación del Estado de México de que tenía autoridad para otorgar la concesión federal, argumentando que solo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está facultada para hacerlo. Advirtió que este caso no es meramente administrativo o civil, sino que implica la comisión de un delito, y prometió utilizar todos los recursos legales disponibles para abordar esta situación.

Este revés judicial en el caso del Viaducto Bicentenario destaca la complejidad y la importancia de salvaguardar los recursos nacionales y garantizar la justicia en los casos de presunta corrupción e ilegalidad. La FGR reiteró su compromiso de perseguir a aquellos que infringen la ley y de defender los intereses de la Federación.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República ha solicitado a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional implementar una estrategia sólida y aumentar el número de efectivos para asegurar la integridad en la red vial del país.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2023 se reportaron 13,848 robos en carreteras mexicanas, marcando un aumento del 4.6% en comparación con los incidentes de 2022.

La senadora Verónica Martínez, en representación de la bancada priista, resaltó que solo en las carreteras del Estado de México y Puebla se contabilizaron 7,445 robos durante ese periodo.

A través de una propuesta presentada en la Gaceta Parlamentaria del Senado, se enfatizó la urgencia de fortalecer la seguridad en estas vías.

Martínez también instó a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a trabajar en colaboración para evitar la impunidad en estos crímenes.

Además, señaló que los daños a los bienes de los conductores también afectan al sector productivo nacional, ya que el aumento de robos en carreteras perturba las diversas cadenas de suministro, aumentando el costo del transporte de bienes y afectando al consumidor final con precios elevados.

“Se estima que durante 2022, estos delitos han resultado en pérdidas de alrededor de siete mil millones de pesos, debido a la venta de productos, materias primas o bienes en el mercado informal, a precios que no corresponden a sus costos de producción”, agregó.

La legisladora detalló que los productos más afectados por los robos son hidrocarburos, productos químicos y prendas de vestir, que en conjunto representan casi el 81% del total de la carga robada, mientras que el 7% son alimentos y el resto corresponde a diversos productos y materias primas.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República para su análisis y dictamen correspondiente.

La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, despejó las dudas generadas por informaciones sobre la supuesta liberación de José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’. La FGR confirmó que el presunto responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, permanece en prisión y está siendo investigado por nuevos cargos relacionados con delitos contra la salud.

El domingo 11 de febrero, la Fiscalía emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, desmintiendo categóricamente los rumores sobre la liberación de “El Mochomo”. Afirmaron que José Ángel “C” se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, específicamente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La institución también aclaró que, a pesar de versiones que indicaban lo contrario, no se ha dictado ningún auto de libertad en favor de “El Mochomo”. Además, confirmó que sigue enfrentando cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa.

La FGR resaltó que en octubre de 2023, un juez federal exoneró a José Ángel del delito de delincuencia organizada en otra causa penal. Sin embargo, esta sentencia aún no es firme, ya que el Ministerio Público Federal impugnó la resolución. El proceso se encuentra actualmente bajo estudio del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Estado de México.

La dependencia también informó que, en el área de Delincuencia Organizada, se recibió información oficial de las autoridades estadounidenses sobre presuntos delitos contra la salud cometidos por “El Mochomo”. Esto llevó a la apertura de otro procedimiento penal en septiembre de 2020, donde un juez federal vinculó a proceso a José Ángel. Sorprendentemente, en octubre de 2023, otro juez federal emitió una sentencia absolutoria, decisión que fue apelada de inmediato por la FGR y se encuentra en trámite.

La Fiscalía insistió en que la información sobre la supuesta liberación se refiere a un acuerdo que se determinó hace más de cuatro meses y que no favorece al procesado para obtener su libertad por los delitos cometidos en el caso Ayotzinapa.

José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’, es hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del cártel Guerreros Unidos. Este cártel ha sido señalado como responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el gobierno federal, al reabrir la investigación, ha buscado identificar y responsabilizar a los principales involucrados.

Es crucial destacar que “El Mochomo” ya había presentado un amparo anteriormente, el cual fue desestimado por el Poder Judicial. Sin embargo, con el tiempo, un juez de distrito determinó que José Ángel debería ser absuelto, generando incertidumbre en el desarrollo del caso.

La nueva información proporcionada por la FGR revela que se ha abierto otro procedimiento penal contra “El Mochomo” por delitos contra la salud, basado en datos proporcionados por autoridades estadounidenses. Esto podría prolongar su permanencia en prisión mientras se lleva a cabo la investigación.

En una rueda de prensa contundente, Xóchitl Gálvez, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, salió en defensa de Francisco Cienfuegos, su operador electoral en Nuevo León, frente a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Gálvez aseguró que las investigaciones en su contra forman parte de una persecución del gobierno contra la oposición y expresó su satisfacción al escuchar la certeza de Cienfuegos de que las acusaciones son infundadas.

En el marco de su “Conferencia de la Verdad”, Xóchitl Gálvez criticó las denuncias sin fundamento y expresó su confianza en la inocencia de Cienfuegos, destacando que hasta el momento no se ha presentado evidencia que lo vincule con lavado de dinero o defraudación fiscal. La candidata presidencial señaló que la investigación iniciada en 2022 parece ser una represalia del gobernador Samuel García contra diputados locales que votaron en contra de sus propuestas legislativas.

Gálvez destacó la importancia de no aceptar a personas involucradas en corrupción en su equipo y aseguró que, si tuviera evidencia de malas prácticas, no aceptaría a alguien como Cienfuegos. Además, recordó que ella misma ha enfrentado denuncias, mostrando transparencia y disposición para colaborar con las autoridades, subrayando que la existencia de una denuncia no implica culpabilidad.

También aprovechó la ocasión para cuestionar la falta de investigaciones sobre otros casos de presunta corrupción, como los contratos millonarios de Amílcar Olán, la empresa Romedic que suministra medicamentos a Tabasco y Quintana Roo, y las denuncias presentadas contra varios funcionarios y personajes cercanos al presidente López Obrador. Gálvez hizo hincapié en la necesidad de abordar estos temas y llamó al presidente a emitir la declaratoria de desastre natural en las regiones del norte del país y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, afectadas por una crisis hídrica.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México cerró su intervención exigiendo responsabilidad al presidente López Obrador y llamando la atención sobre los verdaderos problemas del país. La rueda de prensa concluyó con una declaración firme por parte de Gálvez, quien defendió la integridad de su equipo y se comprometió a afrontar cualquier investigación con transparencia y legalidad.

En un giro impactante del caso Ayotzinapa, José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como “El Mochomo” y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, salió en libertad en octubre del año pasado. A pesar de la acusación de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, un juez lo absolvió, generando sorpresa y controversia.

La Fiscalía General de la República (FGR) se encontró con la noticia de su liberación mientras impugnaba el fallo del juez de Distrito en el Estado de México. La apelación fue admitida, pero “El Mochomo” ya no estaba en prisión, lo que levantó interrogantes sobre los procedimientos judiciales.

La conexión de “El Mochomo” con el caso Ayotzinapa ha sido motivo de preocupación. Una llamada interceptada por la DEA reveló sus conversaciones con sus hermanos sobre el ataque a los estudiantes en 2014. Aunque la FGR buscaba mantenerlo tras las rejas, el juez decidió absolverlo.

El proceso legal enfrentó varios obstáculos, incluida la negación de amparo en julio de 2020 y la revelación en 2023 de una llamada entre los abogados de “El Mochomo” y su madre, coordinando un presunto soborno de dos millones de dólares para asegurar su liberación.

Este escándalo arroja dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano y plantea interrogantes sobre la influencia indebida en el proceso legal. La liberación de “El Mochomo” a pesar de las evidencias en su contra resalta la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos que garantizan la justicia en casos cruciales como el de Ayotzinapa.

El papel del presunto líder de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas no ha sido pasado por alto. La FGR insiste en su implicación, mientras que la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que casos tan sensibles no se vean afectados por irregularidades judiciales.

El momento de la liberación de “El Mochomo” coincide con los esfuerzos continuos de la FGR por resolver el caso Ayotzinapa. A pesar de las complejidades legales y las acusaciones de soborno, la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas persiste.

El hecho de que “El Mochomo” haya eludido las consecuencias legales nuevamente pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la impunidad. La comunidad internacional, así como los ciudadanos mexicanos, están observando de cerca este caso emblemático, exigiendo transparencia y responsabilidad en el sistema judicial.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.

La exfuncionaria federal, Rosario Robles, hizo públicas el jueves sorprendentes revelaciones acerca de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Según la conclusión de la investigación, la licencia de conducir presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) como evidencia crucial para mantener a Robles en prisión fue emitida por un funcionario de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital.

En una entrevista exclusiva con Radio Fórmula, la exsecretaria de Desarrollo Social detalló que una audiencia inicial programada para el miércoles fue pospuesta después de que su hija, Rosario Moguel, y sus abogados presentaran una denuncia argumentando la falsedad de la licencia de conducir en cuestión.

A través de un oficio, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el miércoles que la licencia nunca fue tramitada por Robles, aunque tenía el plástico y el número de serie reales. Según la investigación, la licencia fue falsificada por Pánfilo ‘N’, un funcionario de la Semovi. A pesar de que la audiencia inicial contra este exfuncionario se pospuso, Rosario Robles expresó que este individuo solo recibió órdenes para emitir el documento, y lo crucial ahora es descubrir quién fue el artífice de esta prueba fabricada que la llevó a prisión.

“Esta denuncia la presentó mi hija Mariana (Moguel) en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a mí me visitó personal de la CNDH, y sin embargo, tampoco resolvió. Pero lo que debemos considerar es la gravedad de que te fabriquen un documento con el que te puedes identificar”, declaró Robles.

En agosto de 2019, la licencia de conducir, obtenida de una dirección diferente a la originalmente reportada a las autoridades, fue una de las principales razones por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió imponer prisión preventiva contra Rosario Robles.

Aunque la defensa argumentó que la licencia era falsa, la fotografía fue tomada de internet, la firma no coincidía y los datos no concordaban con el domicilio de Robles, el juez dictaminó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de la República, alegando un riesgo latente de fuga.

En septiembre de 2019, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México confirmó la falsedad de la licencia de conducir. En agosto de 2022, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos modificó la medida cautelar de prisión preventiva a presentación periódica ante la autoridad judicial, otorgándole la libertad. En febrero de 2023, un juez federal absolvió a Rosario Robles, concluyendo que los hechos imputados debían sancionarse por la vía administrativa.

En un giro sorprendente en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado la presencia de un segundo tirador, identificado como Jorge Antonio “S”, un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Este anuncio, acompañado de la acusación de presunto encubrimiento por parte de Genaro García Luna, ex titular de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, ha dejado al descubierto una trama compleja que busca esclarecer uno de los eventos más impactantes en la historia política de México.

En el comunicado emitido el lunes 29 de enero, la FGR detalla las pruebas que involucran a Jorge Antonio “S” en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Según la institución, análisis de sangre encontrada en la ropa de este agente coincide con el tipo de sangre de Colosio, y se presentan declaraciones de testigos que indican que llevaba sangre de la víctima en el momento de su detención.

La FGR sostiene que Jorge Antonio “S” accionó un arma de fuego en el lugar de los hechos, y señala al CISEN como responsable de enviarlo a la zona. Además, denuncia que este agente fue encubierto y sacado del lugar de manera urgente y subrepticia. Estas revelaciones ponen en entredicho la versión oficial del caso y plantean interrogantes sobre la posible implicación de otras instituciones en el encubrimiento.

La figura de Genaro García Luna emerge nuevamente en medio de este escándalo, siendo señalado por la FGR como el responsable de un “evidente encubrimiento delictivo” a favor de Jorge Antonio “S”. La acusación sostiene que García Luna, quien era Subdirector Operativo en el CISEN, rescató al agente implicado en Tijuana, desencadenando un proceso judicial que ha sido cuestionado por la Fiscalía.

La actuación del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, también está en tela de juicio. La FGR sostiene que el juez actuó con evidente parcialidad al no valorar adecuadamente las pruebas presentadas en su contra, contribuyendo así al encubrimiento del segundo tirador. Ante esta situación, la FGR anunció que apelará la liberación de Jorge Antonio “S” y destaca la gravedad del delito en cuestión.

El hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas, se pronunció en relación a estas nuevas revelaciones, aunque en una vertiente diferente. En un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de enero, Colosio Riojas solicitó el indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre. Este llamado a la compasión se presenta como un intento de cerrar un capítulo doloroso en la historia de su familia y del país.

La complejidad del caso Colosio se intensifica con estas nuevas revelaciones, alimentando la incertidumbre en torno a lo sucedido en marzo de 1994. La FGR busca esclarecer la verdad detrás de este magnicidio, destacando la importancia de no pasar por alto ninguna arista de la investigación. Las implicaciones políticas y la posible vinculación de instituciones gubernamentales en el encubrimiento hacen de este caso un tema de alto impacto que captura la atención y la preocupación de la sociedad mexicana. A medida que se desentraña la compleja red de eventos, el país enfrenta el desafío de reconciliar su pasado para construir un futuro basado en la verdad y la justicia.

La tarde de este sábado 20 de enero, una noticia estremecedora conmocionó a México y reabrió heridas que aún no cicatrizan: ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa fueron liberados bajo el beneficio de libertad condicional.

La jueza Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales de Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para justificar la prisión preventiva oficiosa, desatando un debate en la sociedad y reavivando el dolor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Los militares en cuestión, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, han estado privados de su libertad desde junio pasado en la prisión del Campo Militar 1-A.

La noticia de su liberación, sin duda, genera interrogantes sobre el avance de la justicia y la resolución del emblemático caso Ayotzinapa, que ha marcado un capítulo oscuro en la historia mexicana.

La decisión de la jueza incluye la imposición de una fianza de 50,000 pesos para cada militar, una cantidad que ha suscitado críticas y cuestionamientos en la opinión pública. Además, deberán cumplir con medidas cautelares estrictas, como presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, entregar sus pasaportes y se les prohíbe salir del país. Este conjunto de condiciones busca, según la jueza, garantizar que los procesados no evadan la justicia, pero ha generado un debate sobre la efectividad de estas medidas.

La conexión de los militares con el grupo criminal Guerrero Unidos, según un testigo protegido, fue un elemento clave en sus detenciones, aunque cabe destacar que estos ocho individuos se entregaron voluntariamente a las autoridades para ser investigados. El grupo Guerrero Unidos es señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una tragedia que ha dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva mexicana.

Esta decisión judicial llega en un momento crucial para México, donde el caso Ayotzinapa ha sido uno de los grandes pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de reconocer que es una de sus promesas incumplidas, el mandatario defiende los avances en la investigación. Sin embargo, la liberación de estos militares plantea interrogantes sobre la dirección y el progreso del caso.

La Comisión de la Verdad del Gobierno, en 2022, calificó el hecho como un “crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles gubernamentales, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado. Este reconocimiento elevó la gravedad del caso, y la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este año intensificó la polémica, al denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El proceso judicial ha sido largo y complejo, con la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo jugando un papel central en esta última resolución. Su determinación de aplicar la prisión preventiva, revisada posteriormente, y ahora la libertad condicional, ha generado reacciones divididas. La sociedad exige respuestas claras, la verdad sobre lo ocurrido y justicia para los afectados.