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La ofensiva federal contra autoridades municipales de Morelos investigadas por presuntos nexos con grupos criminales dio un nuevo paso este sábado. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Jesús “N”, alcalde de Cuautla, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones en su contra.

La resolución judicial se produjo una semana después de su captura y establece un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese tiempo, el presidente municipal permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”.

El caso del edil se encuentra dentro de las acciones emprendidas por el Gabinete de Seguridad contra funcionarios de Morelos señalados por presuntas relaciones con el crimen organizado, una estrategia que las autoridades desarrollan bajo el denominado “Operativo Enjambre”.

Las autoridades federales atribuyen a Jesús “N”, Jesús Corona Damián,  presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y señalan una posible vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Su detención ocurrió en la colonia Costa Azul, en Acapulco, donde fue localizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La captura se concretó luego de diez días de búsqueda desplegada para ubicarlo.

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias están relacionadas con actividades de extorsión que habrían afectado a comerciantes, transportistas, familias y diversos sectores productivos del estado de Morelos.

El expediente no se limita al alcalde de Cuautla. Entre las personas detenidas dentro de las mismas investigaciones figuran Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal; Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor del municipio, así como Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

Con la vinculación a proceso de Jesús “N”, las investigaciones federales continúan avanzando sobre una red de funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos bajo sospecha de mantener presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado.

Cinco años después de iniciar una disputa legal por un proyecto de energía limpia que nunca se concretó como estaba previsto, el contrato entre el Ayuntamiento de Monterrey y la empresa Next Energy no sólo fue cancelado, sino que ahora derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Adrián de la Garza.

La dirigencia de Morena en Nuevo León, acompañada por legisladores federales y locales, acudió a las instalaciones de la FGR para denunciar al edil por presunto ejercicio abusivo de funciones, al considerar que el convenio firmado con la compañía generó una afectación económica superior a los 7 mil 300 millones de pesos para las finanzas municipales.

La acusación se centra en la firma del contrato celebrado con Next Energy de México. Según Morena, en ese proceso participaron Adrián de la Garza y la entonces contralora municipal, Jobita Morín Flores, quien presuntamente también mantenía una relación como socia de la empresa.

Anabel Alcocer Cruz, presidenta estatal del partido, señaló que la denuncia busca esclarecer si durante la formalización del acuerdo ocurrieron actos que pudieran constituir conductas ilegales. Citó además el artículo 220 del Código Penal Federal, que sanciona a servidores públicos que intervienen en contratos que generen beneficios económicos indebidos para ellos o personas vinculadas.

El caso cobró nueva relevancia apenas un día después de que el Ayuntamiento de Monterrey anunciara, el 2 de junio de 2026, la cancelación definitiva del contrato con Next Energy, luego de años de litigios relacionados con el incumplimiento de la empresa para suministrar energía limpia al municipio.

La controversia también provocó confrontaciones políticas entre Adrián de la Garza y el exalcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, quien durante su administración intentó rescindir el convenio. Sin embargo, la empresa logró impedir la cancelación mediante recursos de amparo.

Mientras la investigación escala en Nuevo León, el director de Next Energy, Eugenio Javier Maiz, permanece detenido en Aguascalientes. El empresario enfrenta denuncias por incumplimientos contractuales en Monterrey, Mexicali y la capital hidrocálida.

En ese último municipio, la compañía obtuvo en 2019 un contrato por 7 mil 800 millones de pesos para desarrollar infraestructura fotovoltaica en Cañada Honda. El proyecto contemplaba la instalación de mil 919 microplantas y más de 60 mil paneles solares durante un periodo de 30 años. Tras retrasos y modificaciones al convenio, el ayuntamiento presentó una denuncia en 2022.

Maiz fue capturado en Reynosa, Tamaulipas, en diciembre de 2025. Posteriormente fue trasladado a Aguascalientes, donde un juez le impuso prisión preventiva justificada por los delitos de amenazas y cohecho, después de que presuntamente ofreciera 500 mil pesos a custodios para intentar evitar su traslado.

La investigación federal sobre el operativo relacionado con agentes extranjeros continúa creciendo. La Fiscalía General de la República confirmó que César Jáuregui, quien encabezó la Fiscalía de Chihuahua hasta finales de abril, ya compareció ante autoridades federales para aportar información sobre el caso.

El anuncio fue realizado por Ulises Lara, fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, quien informó que el exfuncionario rindió una entrevista ministerial en calidad de testigo. Según detalló, durante la diligencia proporcionó elementos considerados relevantes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos que forman parte de una carpeta de investigación por presuntos delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público.

La comparecencia ocurre mientras la dependencia federal profundiza las indagatorias. De acuerdo con los datos oficiales, hasta ahora han sido entrevistadas 60 personas que participaron en el operativo donde fue asegurado un laboratorio, además de que se han llevado a cabo más de 120 diligencias ministeriales relacionadas con el expediente.

En paralelo, la FGR mantiene bajo resguardo todos los objetos localizados en el narcolaboratorio. El material permanece asegurado y es analizado exclusivamente por autoridades federales como parte de las investigaciones en curso.

Dentro de las actuaciones integradas al caso también figura información proporcionada por la Fiscalía de Chihuahua respecto a las presuntas actividades que realizaban agentes extranjeros antes del operativo que derivó en la apertura de las investigaciones.

La participación de Jáuregui en las diligencias federales se produce semanas después de su salida de la Fiscalía estatal. El 27 de abril anunció su renuncia al cargo, más de una semana después de la muerte de dos agentes extranjeros ocurrida tras un operativo.

Al comunicar su decisión, el entonces fiscal sostuvo: “Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública”.

En ese mismo mensaje reconoció que hubo omisiones relacionadas con la información y la gestión institucional del caso, cuya situación fue dada a conocer el pasado 19 de abril.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, apareció este sábado arropada por figuras históricas y actuales del Partido Acción Nacional en una movilización que reunió a expresidentes, dirigentes nacionales y simpatizantes, en medio de la controversia generada por su citatorio ante la Fiscalía General de la República.

Después de una marcha por las principales vialidades de la entidad, cientos de personas se concentraron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde la mandataria estatal recibió el respaldo público de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y otros liderazgos panistas.

El encuentro se desarrolló días después de que Campos fuera llamada a comparecer ante la FGR dentro de la investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo en el que fue desmantelado un laboratorio clandestino.

Desde el escenario, la gobernadora convirtió el acto en un mensaje político dirigido al gobierno federal y a Morena. Frente a los asistentes aseguró que Chihuahua será el punto de partida del fin de la Cuarta Transformación.

“La historia castigará a quienes traicionaron a la patria y se hincaron frente al crimen organizado, y los libros de historia van a escribir su nombre con tres letras: Morena, 4T, narcogobierno”, declaró.

Campos también sostuvo que el país no tendrá un destino similar al de Sinaloa, entidad que mencionó al señalar que el crimen organizado controla sistemas de riego y otros módulos gubernamentales. En ese contexto afirmó que “México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua, con miles de almas valientes y libres”.

Antes de su intervención, Felipe Calderón tomó la palabra para expresar su respaldo a la mandataria y advertir sobre lo que considera un deterioro democrático en el país.

“En México se está construyendo un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos y, como fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática en México y permitió el triunfo de Vicente Fox; por eso me duele más asistir a la demolición de la democracia”, afirmó.

El exmandatario también llamó a la unidad y sostuvo que México necesita que “dejemos de confundir nación con facción, justicia con venganza, soberanía con impunidad”.

El mitin concluyó con el discurso de Maru Campos, cerrando una jornada marcada por el respaldo de la dirigencia panista a la gobernadora de Chihuahua.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en medio de las investigaciones derivadas de acusaciones internacionales que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La comparecencia ocurrió después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el legislador, a quienes se les atribuyen posibles nexos con la organización criminal y el presunto uso de cargos públicos para favorecer sus operaciones, particularmente a la facción de Los Chapitos.

Previo a la llegada del senador a la sede federal, también acudieron a la misma delegación el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan De Dios Mendivíl, quienes se presentaron en el inmueble de la FGR en la capital sinaloense.

Tras su comparecencia, Inzunza Cázarez difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó haber acudido sin representación legal. En su publicación señaló que se presentó “como abogado de mí mismo”.

En el mismo mensaje añadió: “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En paralelo a este proceso, el senador ha mantenido una ausencia en sus actividades legislativas. Desde que se difundieron las acusaciones en su contra, no ha acudido al Senado de la República y ha faltado en tres ocasiones a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, de la cual forma parte.

Las señalamientos internacionales también incluyen referencias a su desempeño previo en el gobierno estatal. Antes de asumir su escaño en la Cámara alta, Inzunza Cázarez se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, durante ese periodo el ahora senador habría sostenido encuentros con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, lo que forma parte de las líneas de investigación que motivan los señalamientos en su contra.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que se presentará el próximo 27 de mayo en Ciudad Juárez tras recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República, aunque aseguró que el documento presenta inconsistencias.

Luego de participar en una reunión del gabinete de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, la mandataria estatal cuestionó la forma en que fue elaborada la notificación enviada por la FGR y señaló que existen diferencias en el trato hacia otros actores políticos relacionados con investigaciones federales.

“Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a este citatorio, pero también pues decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar, que seguimos trabajando”, declaró.

La comparecencia está relacionada con la presencia de dos agentes de la CIA durante un operativo contra la delincuencia organizada realizado en la sierra de Chihuahua. Campos Galván sostuvo que mientras a ella se le solicita comparecer por ese tema, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza se les convocó únicamente a entrevistas vinculadas con la solicitud de detención y extradición hacia Estados Unidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Durante sus declaraciones, la gobernadora también criticó a Morena y acusó al partido de proteger a personas señaladas por delitos. Como ejemplo mencionó al senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien, afirmó, mantiene una orden de aprehensión vigente en el estado por presunto peculado agravado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de poder.

Además, Campos indicó que analiza la posibilidad de presentar una contrademanda al considerar que no se respetó su investidura como titular del Ejecutivo estatal.

“Hay sanciones por supuesto en el código nacional de procedimientos penales cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos, pero bueno no puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mí hablarlo y porque pues estamos en las investigaciones”, expresó.

En paralelo, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional anunció acciones de respaldo a la gobernadora, incluida una movilización ciudadana programada en Chihuahua para el próximo 30 de junio.

Luego de varios días fuera del foco público, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de recibir un citatorio relacionado con la investigación abierta por autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario informó a través de redes sociales que la mañana de este sábado fue notificado oficialmente para comparecer. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la diligencia será en calidad de testigo dentro de las indagatorias que mantiene la FGR.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó el alcalde con licencia.

La comparecencia ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra funcionarios sinaloenses por supuestos vínculos con el crimen organizado. En el expediente judicial se señala que, desde junio de 2022 aproximadamente, Gámez Mendívil habría recibido miles de dólares mensuales en sobornos presuntamente entregados por Los Chapitos.

Las acusaciones incluyen delitos relacionados con conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas, cargos por los que podría enfrentar penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua.

El pasado 1 de mayo, días después de darse a conocer las investigaciones en Estados Unidos, Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse del cargo como presidente municipal de Culiacán. Ese mismo día también pidió licencia el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien igualmente es investigado por autoridades estadounidenses.

La FGR informó previamente que las 10 personas señaladas en la acusación presentada en una corte de Nueva York fueron citadas para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las investigaciones en curso.

La Fiscalía General de la República informó que la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa activa y negó que las líneas abiertas en México tengan relación con el proceso iniciado en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la dependencia federal señaló que las indagatorias sobre el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa permanecen bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

La institución precisó que el expediente no ha sido archivado ni suspendido, y sostuvo que la integración del caso sigue en curso a casi dos años de los hechos ocurridos en 2024.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune”, indicó la fiscalía.

El caso tomó relevancia nacional luego de que en octubre de 2024 la FGR confirmara que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en una finca ubicada en Huertos del Pedregal. La conclusión federal contradijo la versión inicial presentada por la fiscalía de Sinaloa, que había sostenido que el ataque ocurrió en una gasolinera.

La investigación federal se apoyó en el hallazgo de restos de sangre dentro de la propiedad y en el análisis temporal de un video grabado en una estación de servicio y difundido localmente, el cual, según la FGR, fue registrado horas después del homicidio.

Previo a ello, Ismael “El Mayo” Zambada había asegurado en una carta que el exrector fue asesinado en la finca señalada por las autoridades federales. La misiva fue difundida el 10 de agosto de 2024, semanas después de la captura del líder criminal en Estados Unidos.

En el documento, Zambada afirmó que fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien supuestamente lo convocó a una reunión en la que participarían Rubén Rocha Moya y el entonces diputado electo Héctor Melesio Cuén.

El gobernador sinaloense fue posteriormente señalado junto con otros nueve exfuncionarios por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las acusaciones, podrían enfrentar condenas de hasta 40 años de prisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Audias Flores, conocido como “El Jardinero”, enfrentará proceso penal por la portación de arma de fuego y cartuchos reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La determinación judicial incluye que el imputado permanezca bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la autoridad federal, el juez validó la imputación presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La resolución se produce días después de que una jueza federal concediera a “El Jardinero” una suspensión de plano que detiene temporalmente su posible traslado a Estados Unidos, país que lo requiere por delitos vinculados al narcotráfico, entre ellos asociación delictuosa contra la salud y portación de armas.

La captura de Flores ocurrió el pasado 27 de abril en Nayarit, durante un operativo realizado por fuerzas federales. Su detención se dio en un contexto marcado por la reconfiguración interna del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, dos meses antes, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Tras ese hecho, especialistas identificaron a “El Jardinero” como uno de los perfiles que habrían asumido funciones de liderazgo dentro de la organización criminal. Su nombre figuraba entre quienes podrían ocupar posiciones clave en la estructura del grupo.

Con la vinculación a proceso ya formalizada, el caso entra en una nueva etapa judicial, mientras el imputado continúa recluido en el penal de máxima seguridad y se desarrollan las diligencias para fortalecer la acusación en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá con la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, al considerar insuficientes las pruebas enviadas para sustentar la solicitud.

De acuerdo con Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió la detención provisional con fines de extradición en el marco de una investigación en curso. 

Sin embargo, la FGR determinó que los elementos proporcionados por el gobierno estadounidense no cumplen con los requisitos necesarios para ejecutar una captura.

En paralelo a este posicionamiento, Rocha Moya anunció este viernes que solicitó licencia temporal al cargo ante el Congreso local. En un mensaje difundido por el gobierno estatal, el mandatario explicó que su decisión busca facilitar las indagatorias en su contra.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, señaló.

El gobernador también afirmó que no permitirá que su situación sea utilizada para afectar al movimiento político al que pertenece.

La medida ocurre dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación formal en su contra por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego. En ese mismo documento, las autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes atribuyen acciones para favorecer su llegada al poder.

Según la acusación, dicho grupo habría intervenido en el proceso electoral mediante el robo de urnas con votos de sus opositores, así como la intimidación y el secuestro de rivales políticos.

Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa fue convocado a una sesión extraordinaria la noche del viernes para dar trámite al documento y definir quién asumirá el Ejecutivo estatal de manera interina. Entre las opciones, se contempla que la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, sea designada para ocupar el cargo temporalmente.