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México recibió el año 2026 con el nacimiento de Sofía Isabela, la primera bebé registrada en el país en el nuevo calendario. El alumbramiento ocurrió a las 12:01 horas de este jueves 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar No. 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, Sofía Isabela llegó al mundo mediante una cirugía cesárea. Al nacer, la recién nacida presentó un peso de 2.8 kilogramos y una talla de 50 centímetros, parámetros que fueron verificados durante la primera valoración clínica realizada inmediatamente después del procedimiento.

El Seguro Social precisó que la intervención se desarrolló conforme a los lineamientos del modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS). En el proceso participaron tres médicas especialistas y dos enfermeras, todas mujeres, quienes aplicaron los protocolos institucionales para garantizar la seguridad de la madre y de la bebé durante el nacimiento.

Tras concluir la cesárea, Sofía Isabela fue colocada en brazos de su madre como parte del apego inmediato desde el primer minuto de vida. Este contacto temprano forma parte de las prácticas médicas promovidas por el IMSS, al considerarse un elemento fundamental para el bienestar físico y emocional tanto de la madre como de la recién nacida. Así lo destacó el instituto en un comunicado difundido con motivo del inicio del año.

La madre, Andrea Guadalupe, de 24 años de edad, es originaria de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con el nacimiento de Sofía Isabela, se convirtió en madre por primera vez. El personal médico brindó acompañamiento durante todo el proceso, desde la atención obstétrica hasta la revisión inicial posterior al nacimiento.

Horas después del inicio de 2026, el IMSS compartió en sus redes sociales diversas imágenes del acontecimiento. En las fotografías se observan las labores del equipo de salud durante la recepción de la bebé, así como los primeros exámenes clínicos realizados para constatar su estado general.

En un contexto más amplio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante 2024 se registraron en México un millón 672 mil 227 nacimientos. Esta cifra representó una disminución de 8.2 por ciento respecto a los un millón 820 mil 888 nacimientos contabilizados en 2023.

Según los datos oficiales, las entidades con las tasas más altas de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, fueron Chiapas, Durango, Nayarit y Guerrero. En contraste, los estados con menor número de nacimientos registrados fueron la Ciudad de México, Yucatán, Hidalgo y el Estado de México, entidad donde ocurrió el nacimiento de la primera bebé de 2026.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo la reinauguración de la Unidad de Medicina Familiar 93 del IMSS en Cerro Gordo, Ecatepec, un recinto que tuvo que ser reconstruido tras los daños ocasionados por el sismo de 2017. Acompañada por autoridades federales, estatales y del sector salud, la mandataria afirmó que la reducción de la pobreza en el país es resultado directo de los programas sociales implementados por el gobierno.

La clínica, levantada con una inversión de 435 millones de pesos, está diseñada para atender 345 mil consultas médicas anuales y beneficiará a más de 352 mil derechohabientes. Durante el evento, Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Salud, David Kershenobich; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y el director general del IMSS, Zoé Robledo.

En su intervención, la presidenta reiteró que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del Inegi, 13.4 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza en los últimos años. Subrayó que, después de cuatro décadas de incrementos constantes en los niveles de desigualdad, hoy se observa una reducción significativa en la brecha social.

“La encuesta mostró que la diferenciación social entre los más ricos y los más pobres pasó de 38 veces en el periodo 2006-2012, a 14 veces en la actualidad. Durante 40 años no se había disminuido la pobreza en nuestro país, al contrario, se incrementó. Este resultado muestra que hoy la población en situación de pobreza es menor y que millones de personas viven con más bienestar”, señaló Sheinbaum.

La mandataria atribuyó este cambio no solo a los programas sociales, que este año sumarán 850 mil millones de pesos, sino también al incremento del salario mínimo, la inversión pública en obras estratégicas y la confianza de la iniciativa privada, que ha permitido alcanzar cifras récord de empleo.

“Cuando llegamos al gobierno se trató de continuar y avanzar en la transformación, no de regresar al pasado. Aumentamos de nuevo el salario mínimo un 12.5% en 2025 y vamos a seguir hasta que alcance para 2.5 canastas básicas, porque hoy alcanza para 1.8 canastas básicas”, afirmó.

Sheinbaum también hizo referencia al modelo económico de décadas pasadas, en el que, según dijo, se apostó por la privatización y la reducción del papel del Estado en áreas fundamentales como la salud. Recordó que el IMSS se mantuvo en pie “gracias a los trabajadores y a la organización sindical” y reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de las instituciones públicas.

“El Estado mexicano debe de proveer de la mejor manera el acceso a la salud, y en eso es un ejemplo el IMSS; estamos empeñados en recuperar este acceso a los derechos del pueblo”, agregó.

Con la reapertura de la Unidad de Medicina Familiar 93, Ecatepec recupera un espacio esencial para la atención médica de miles de familias, mientras que la presidenta destacó los avances sociales y económicos como parte de lo que calificó una “hazaña” nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó su más reciente medición de pobreza en México, revelando una disminución significativa en varios indicadores entre 2022 y 2024. Según el reporte, 8.3 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza, reduciendo la cifra total a 38.5 millones, lo que representa el 29.6% de la población, frente al 36.3% registrado hace dos años.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró las cifras, calificándolas como “una hazaña de la cuarta transformación”. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, atribuyó los resultados al incremento del salario mínimo y a los programas sociales. “Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza y estamos seguros que vamos a seguir avanzando”, afirmó.

El reporte del Inegi también indicó una disminución en la pobreza extrema: 2.1 millones de personas salieron de esta condición, quedando un total de 7 millones, equivalente al 7.1% de la población. En términos de ingresos, 10.1 millones de mexicanos dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza por ingresos, situando la cifra en 46 millones de personas, el 35.4% del total.

En la medición multidimensional, que considera carencias sociales, el número de personas con al menos una carencia descendió a 80.4 millones, 4.3 millones menos que en 2022. La carencia más frecuente sigue siendo el acceso a la seguridad social, que afecta a 62.7 millones de personas, equivalente al 48.2% de la población.

Sin embargo, las cifras han generado debate. Gonzalo Hernández Licona, exsecretario técnico del Coneval y actual director de la Red de Pobreza Multidimensional, cuestionó la metodología utilizada por el Inegi. Señaló que el cambio en la forma de preguntar sobre carencias en salud y agua complica la comparación directa con mediciones anteriores.

Hernández Licona citó como ejemplo que en 2022 había 9.2 millones de mexicanos sin acceso a agua, cifra que en 2024 se redujo a 4.5 millones. También destacó que la carencia en salud pasó del 50.4% al 44.5% en dos años. Sin embargo, advirtió que entre 2018 y 2024 esta carencia aumentó debido a la eliminación del Seguro Popular, que aunque imperfecto, “daba cierta certidumbre a la gente”.

El especialista recalcó que en el Coneval se cuidaba que las mediciones fueran estrictamente comparables, y aunque los cambios metodológicos no alteran la tendencia general de reducción de la pobreza, sí dejan “un mal sabor de boca” en términos de precisión histórica.

Con estas cifras, el Inegi reporta una mejora en las condiciones económicas y sociales de millones de mexicanos, aunque el debate sobre la forma de medir y la comparabilidad de los datos seguirá presente en el análisis público y académico.

Entre 2022 y 2024, México registró una reducción histórica en la pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de personas en esta condición pasó de 46.8 a 38.5 millones, lo que equivale a 8.3 millones menos y una baja de 17.7 por ciento. Esta medición, realizada por primera vez por el Inegi tras la desaparición del Coneval, evalúa la pobreza multidimensional, que considera ingresos, acceso a derechos sociales y contexto territorial.

En 2024, el 29.6 por ciento de la población —tres de cada diez personas— vivía en pobreza multidimensional, una disminución de 6.8 puntos porcentuales respecto a 2022. De este total, 31.5 millones enfrentaban pobreza moderada y 7 millones pobreza extrema.

A nivel estatal, Chiapas encabezó la lista con el mayor porcentaje de población en pobreza, con 66 por ciento, seguido de Guerrero (58.1%), Oaxaca (51.6%), Veracruz (44.5%) y Puebla (43.4%). En el extremo opuesto, Baja California reportó el menor índice, con 9.9 por ciento, seguido por Baja California Sur (10.2%), Nuevo León (10.6%), Coahuila (12.4%) y Sonora (14.1%).

La pobreza extrema también mostró un retroceso, al pasar de 9.1 millones de personas en 2022 a 7 millones en 2024, equivalente a 5.3 por ciento de la población. Las entidades con mayores porcentajes en esta categoría fueron Chiapas (27.1%), Guerrero (21.3%), Oaxaca (16.3%), Veracruz (8.8%) y Puebla (7.3%). En contraste, Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%), Aguascalientes (0.6%), Coahuila (0.8%) y Colima (1%) presentaron los menores niveles.

Si se observa el periodo completo de la administración de la Cuarta Transformación, la reducción es aún mayor. En 2018, 51.9 millones de personas (41.9% de la población) vivían en pobreza, cifra que en 2024 descendió en 13.4 millones, con una caída de 12.3 puntos porcentuales.

El Inegi reportó mejoras en varias carencias sociales. El rezago educativo bajó de 19.4% a 18.6%, beneficiando a cerca de un millón de personas. El acceso a servicios de salud mejoró de 39.1% a 34.2%, lo que representa 6.4 millones de personas más con cobertura médica. En cuanto a la seguridad social, la carencia se redujo de 50.2% a 48.2%, equivalente a 2.6 millones de personas.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez, aseguró que la medición mantuvo la metodología empleada por el Coneval durante más de 20 años, garantizando su continuidad y comparabilidad. Por su parte, la coordinadora de Medición de Pobreza, Claudia Maldonado, destacó que todas las carencias registraron reducciones.

El análisis del Inegi atribuye la disminución de la pobreza principalmente a mejoras en salarios y condiciones laborales, más que al efecto de los programas de apoyo social. Sin estos programas, la cifra de personas en pobreza sería de 42.7 millones, y la de pobreza extrema de 9 millones, ambas aún menores que las registradas en 2022.

La inflación en México mostró una desaceleración mayor a la prevista durante la primera quincena de julio, ubicándose en 3.55 por ciento anual, según datos publicados este jueves 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este resultado se coloca por debajo de la expectativa del mercado, que estimaba una tasa de 3.61 por ciento, y representa una disminución significativa respecto al 4.13 por ciento registrado en la segunda mitad de junio.

Este comportamiento refuerza la posibilidad de que el Banco de México (Banxico) continúe con su política de recortes a la tasa de interés, especialmente de cara a su próxima reunión programada para agosto. La inflación subyacente, que excluye componentes de alta volatilidad como alimentos y energéticos, también bajó ligeramente a 4.25 por ciento, desde el 4.28 por ciento previo. Aunque ambos indicadores siguen por encima de la meta de Banxico —establecida en 3 por ciento con un rango de variabilidad de +/- un punto porcentual—, la trayectoria descendente ofrece espacio para ajustes adicionales en política monetaria.

El banco central ya realizó un cuarto recorte consecutivo de 50 puntos base, dejando la tasa de referencia en 8 por ciento. Sin embargo, la Junta de Gobierno mantuvo la posibilidad de realizar ajustes más moderados en las siguientes sesiones. Cabe destacar que el subgobernador Jonathan Heath votó por mantener sin cambios la tasa, evidenciando posturas divergentes al interior del órgano rector.

En paralelo, el panorama económico general continúa enfrentando presiones. En mayo, Banxico redujo su estimación de crecimiento para 2025, bajándola de 0.6 a 0.1 por ciento. La gobernadora del banco, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió en su momento que se prevé un periodo de menor dinamismo económico, aunque descartó un escenario recesivo.

Factores internos y externos han influido en la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento. Analistas señalan que el ajuste al gasto público, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia para reducir el déficit fiscal, ha tenido un efecto en la actividad económica. A esto se suma la incertidumbre internacional relacionada con las políticas arancelarias y comerciales que podría implementar Donald Trump en caso de un regreso a la presidencia de Estados Unidos, lo cual ha limitado la inversión y la demanda.

Con este panorama, Banxico mantiene su expectativa de que la inflación convergerá hacia su objetivo durante el tercer trimestre de 2026, en un entorno donde la prudencia y el análisis técnico seguirán marcando el ritmo de las decisiones monetarias.

El Senado de la República aprobó una reforma que marca un giro estructural en la política social del país: la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta decisión, avalada con 73 votos a favor y 34 en contra, consolida en una sola institución las tareas de generación de datos y evaluación de políticas públicas sociales.

Durante el cuarto día del periodo extraordinario, el Pleno del Senado avaló su noveno dictamen con el objetivo de optimizar recursos, fortalecer la coherencia técnica y eliminar duplicidades institucionales. La reforma armoniza tres marcos legales: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución.

Entre los nuevos encargos del Inegi destacan la medición de la pobreza, la evaluación de programas sociales, la emisión de recomendaciones técnicas, la coordinación con autoridades de todos los niveles de gobierno y la actualización de lineamientos para medir la pobreza. La política de desarrollo social se redefine ahora como el conjunto de programas y acciones enfocados a reducir la desigualdad y la exclusión, buscando un desarrollo sostenible y con equidad.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, explicó que el Coneval no generaba datos primarios, sino que analizaba los que producía el Inegi. Bajo esta lógica, señaló que el trabajo sería más eficaz si ambas tareas se concentran en una sola institución. “Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los datos y quienes los procesan bajo el paraguas del Inegi”, expresó.

Según cifras oficiales, el Coneval contaba con cerca de 50 plazas fijas y un centenar de empleados eventuales, mientras que el Inegi opera con una plantilla superior a los 15 mil trabajadores. El costo de cada producto científico elaborado por el Coneval superaba hasta cinco veces lo que costaría producirlo desde el Inegi. En ese sentido, se destacó que los recursos asignados al Coneval entre 2018 y 2025 ascendieron a más de 3 mil millones de pesos.

Durante la discusión parlamentaria, voces de oposición cuestionaron la decisión. Legisladores del PAN y PRI advirtieron sobre la posible eliminación de un órgano técnico independiente que evidenciaba deficiencias en la política social. El senador Antonio Martín del Campo subrayó que, según datos del propio Coneval, entre 2018 y 2022, más de 400 mil personas ingresaron a situación de pobreza.

Agustín Dorantes, también del PAN, calificó la medida como un acto de opacidad y no de austeridad. Desde Movimiento Ciudadano, Amalia García vinculó esta tendencia con un fenómeno global que busca reducir el tamaño del Estado. La senadora Anabell Ávalos, del PRI, señaló que la desaparición del Coneval implicaría la pérdida de dos décadas de evaluación objetiva en programas sociales y sugirió que el presupuesto asignado podría ser utilizado con fines discrecionales.

A pesar de los señalamientos, la iniciativa avanza con medidas adicionales que buscan mejorar la política social. Se incorporan criterios técnicos para identificar zonas prioritarias de atención, se fomenta el uso de lenguaje inclusivo y se promueve la equidad de género en las políticas públicas. La Secretaría de Hacienda conservará sus atribuciones sobre el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con esta reforma, se perfila una nueva etapa en la administración de los programas sociales, centrada en la eficiencia, la reducción del gasto administrativo y la consolidación de un sistema de evaluación unificado.

Una jornada legislativa intensa culminó con una decisión que marca un giro en el modelo de evaluación social en México: la absorción del Coneval por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La votación, liderada por Morena y sus aliados, fue aprobada con 348 votos a favor y 132 en contra, en medio de un debate cargado de reproches, señalamientos y llamados a la memoria institucional.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez protagonizó un momento clave al recordar en tribuna que varios legisladores que hoy forman parte de Morena votaron en 2014 por otorgar autonomía constitucional al Coneval. “El gobierno prácticamente se consolida como juez y parte”, expresó al advertir que el nuevo esquema compromete la imparcialidad en la evaluación de programas sociales. Mostró una lista de nombres que incluyó a figuras como Rocío Abreu, Adán Augusto López y la presidenta en funciones de la Cámara, Dolores Padierna. “¡Qué incongruencia!”, lanzó antes de que su intervención fuera interrumpida.

Desde la bancada morenista, el diputado Luis Humberto Fernández restó importancia a la desaparición del Coneval como órgano independiente. Aseguró que “el noventa y tantos por ciento de los datos que usaba el Coneval los genera el Inegi”, minimizando el cambio. Ironizó además sobre la vestimenta negra de los panistas: “Ese numerito de luto ya está muy sobrado… de verdad lo agotaron”.

Del lado del PRI, la diputada Xitlalic Ceja García criticó duramente la reforma. Señaló que se busca un país “sin evaluación, sin rendición de cuentas y sin instituciones técnicas independientes”. Lamentó que esta acción borre a los más vulnerables del análisis público y denunció una manipulación de cifras que “invisibiliza la tragedia” de la pobreza.

La discusión avanzó hacia otro punto de alta relevancia: la modificación del artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para establecer un marco de regulación sobre los retiros parciales por desempleo. Arturo Olivares Cerda, diputado de Morena, explicó que la reforma pretende cerrar las puertas a fraudes y simulaciones jurídicas que comprometen el futuro económico de los trabajadores. Según detalló, se trata de evitar prácticas como el cobro de comisiones excesivas, descuentos injustificados y hasta posibles robos de identidad.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 442 votos a favor y turnado al Ejecutivo federal. Karina Isabel Martínez Montaño, también de Morena, insistió en que la medida busca proteger los ahorros de los trabajadores frente a gestiones irregulares de despachos externos. Resaltó que esta regulación era “urgente” para garantizar la seguridad del ahorro y evitar que las subcuentas de retiro se conviertan en terreno fértil para el abuso.

En paralelo, se aprobó con 476 votos otro proyecto que impulsa el seguro de desempleo, con el argumento de que debe existir una cobertura permanente. La diputada Patricia Mercado apuntó que recurrir al ahorro destinado para la vejez sólo traslada el problema a una etapa futura y no resuelve el presente de forma estructural.

En una sesión de más de seis horas, marcada por contrastes políticos y discursos encontrados, la transformación del sistema de evaluación social y de protección al trabajador avanzó de forma contundente. El nuevo escenario legislativo deja atrás un órgano autónomo clave y pone en manos del Estado el timón para calificar sus propias políticas. La narrativa institucional cambia, pero el escrutinio público se mantiene encendido.

El próximo lunes inicia un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados que estará enfocado en desahogar una intensa agenda legislativa encabezada por cinco reformas prioritarias, según lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a los 253 integrantes de su bancada. El periodo se desarrollará del 23 de junio al 2 de julio, en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las reformas prioritarias identificadas por el legislador son: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la transferencia de funciones del Coneval al Inegi, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro.

Estas iniciativas no incluyen cambios a la Ley de Telecomunicaciones, aunque Monreal reconoció que podrían añadirse otros temas si la Comisión Permanente lo autoriza mediante la modificación del decreto de convocatoria original.

El mensaje, compartido a través de WhatsApp por Pedro Haces Barba, encargado de operación política del grupo parlamentario, también informó sobre la logística de la jornada: se prevé una reunión previa a las 14:00 horas del mismo lunes en el auditorio Aurora Jiménez, antes de la instalación oficial del periodo extraordinario a las 16:00 horas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, Monreal explicó que entre 22 y 27 dictámenes serán puestos a discusión y votación. De estos, 12 estarían directamente ligados a las cinco reformas prioritarias, ya que la nueva Ley de la Guardia Nacional incluye ocho dictámenes por separado.

Además, en la lista que también abarca iniciativas del Senado, destacan otras reformas enfocadas en diversos temas. Algunas de estas son: eliminación de trámites burocráticos, reconocimiento de derechos de las mujeres, regulación en el sector ferroviario, protección de la totoaba y delfines, y conservación de vida silvestre.

Otros dictámenes pendientes abordan áreas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y acuerdos internacionales.

De concretarse la inclusión de todas las iniciativas mencionadas, el número total de dictámenes a tratar podría alcanzar hasta 37. Monreal subrayó que la Comisión Permanente, que sesiona este viernes, tendría la facultad de modificar la convocatoria inicial para dar cabida a esos temas adicionales dentro del periodo extraordinario.

El Banco de México decidió hacer un movimiento que ya muchos anticipaban, pero que no deja de llamar la atención: recortó su tasa de interés interbancaria en 50 puntos base, llevándola al 9%. La Junta de Gobierno tomó la decisión sin seguir directamente a la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantuvo su tasa sin cambios.

Los ajustes, de acuerdo con Banxico, obedecen principalmente a los recientes anuncios sobre aranceles y al comportamiento de la inflación en las últimas semanas. Mientras tanto, la Fed mantuvo su tasa clave dentro de un rango entre 4.25% y 4.5%, tal como pronosticaron los analistas.

En México, la inflación dio un respiro. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación general se desaceleró durante la primera quincena de marzo y se ubicó en 3.67%. Esta cifra cobra relevancia al contrastar con el repunte que había mostrado en febrero, devolviendo cierto alivio al panorama económico.

El informe también detalla que la inflación subyacente, la que excluye productos de precios volátiles, cerró en 3.56%. Este nivel está ligeramente por debajo del promedio observado entre 2003 y 2019, cuando se fijó como meta permanente una inflación del 3%.

Banxico señala que las expectativas de inflación para finales de 2025 mejoraron, aunque las proyecciones de largo plazo todavía se mantienen por encima de la meta establecida. A pesar de este panorama, la institución no ignora los riesgos globales que persisten, como las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y la volatilidad de los mercados.

El recorte, aunque esperado, abre la puerta a una dinámica interesante para los próximos meses. Especialistas de Ci Banco advierten que los pasos futuros de Banxico estarán muy condicionados por el entorno internacional, especialmente a partir del 2 de abril, cuando entren en vigor los aranceles recíprocos anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los analistas consideran que Banxico mantendrá la tendencia de seguir reduciendo su tasa, aunque es probable que los siguientes recortes sean más moderados, bajando solo 25 puntos base en cada ocasión y, quizás, realizando pausas según lo amerite la situación.

La proyección indica que la tasa de interés de fondeo podría cerrar el año en 8.25%, un dato que podría marcar la pauta para inversionistas, empresas y consumidores, quienes estarán atentos a cada movimiento del banco central en medio de un entorno global que sigue siendo incierto y desafiante.