Contrato para producir 95 millones de credenciales del INE provoca alertas internas

La adjudicación del contrato para producir 95 millones de credenciales para votar entre 2026 y 2031 generó advertencias dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que tres consejeros señalaran posibles riesgos en el manejo de datos del padrón electoral tras la participación de Talleres Gráficos de México junto con empresas privadas en el proceso de fabricación.

Durante una sesión del Consejo General, los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala y Arturo Castillo pidieron revisar la contratación realizada por la Dirección Ejecutiva de Administración, área que depende de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, luego de que se adjudicara el contrato al consorcio integrado por Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México.

Los consejeros plantearon que para la elaboración de las credenciales es necesario utilizar datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral y la lista nominal, por lo que solicitaron mayor claridad sobre el flujo de esa información y sobre las funciones específicas que tendrá cada empresa en el proceso de impresión y personalización.

El consejero Arturo Castillo señaló que el informe presentado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores no detalla de forma suficiente los mecanismos de transmisión y resguardo de la información que será utilizada durante la fabricación de las credenciales. Indicó que se requiere una descripción precisa de los tramos de transferencia de datos hacia las empresas participantes y de los controles que garantizarán su uso exclusivo para este proceso.

Por su parte, Dania Ravel destacó que Talleres Gráficos de México es un organismo descentralizado dependiente del Ejecutivo federal, lo que, señaló, puede generar tensiones con la autonomía constitucional del INE y con la percepción de independencia que exige la ciudadanía respecto a la autoridad electoral.

La consejera también aclaró que los consejeros no participan en la definición de las licitaciones ni en los procesos de contratación, ya que esas responsabilidades corresponden a las áreas administrativas del instituto.

En la misma discusión, Claudia Zavala expresó inquietud sobre el alcance de las actividades que realizará cada empresa dentro del proceso de impresión y personalización de las credenciales, debido a que esas tareas implican el uso de información personal de los ciudadanos.

Ante los señalamientos, la consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó que exista conflicto de interés o riesgo de vulneración del padrón electoral. Señaló que ninguna empresa contratada por el INE ha tenido acceso directo al padrón o a la lista nominal y afirmó que las áreas técnicas mantienen controles sobre el manejo de los datos personales.

El contrato fue adjudicado en diciembre pasado por un monto de hasta mil 75 millones de pesos para la producción de 95 millones de credenciales, con un costo unitario estimado de 0.66 dólares, equivalente a aproximadamente 11.99 pesos mexicanos por identificación.

INE entrega bono electoral millonario a Taddei y personal por elección judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la entrega de un bono equivalente a dos meses de salario a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a los consejeros electorales y a todo el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) como compensación por la carga laboral de la reciente elección de jueces, ministros y magistrados.

La remuneración extraordinaria a Taddei fue de 240 mil 784 pesos netos, considerando que su sueldo bruto es de 262 mil 634 pesos y su salario neto mensual de 120 mil 392 pesos. Este monto se asignó con base en el oficio INE/DEA/CEI/1018/2025 de la Dirección Ejecutiva de Administración.

En total, el organismo destinó alrededor de 23 mil 757 millones de pesos para cubrir el pago a todo su personal operativo, una cifra semejante a la que se aplicó el año anterior durante la elección presidencial. El beneficio incluyó a consejeros, directores ejecutivos, directores de área, coordinadores, subdirectores y personal del SPEN.

El pago del llamado “bono electoral” se realizó en dos partes: la primera en marzo y la segunda en mayo de 2025. Esta práctica, vigente para el personal electoral desde los procesos federales de 1993, también se ha aplicado en elecciones extraordinarias, como la de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2020-2021). En el caso específico de los consejeros, el bono se otorgó hasta 2012, se suspendió y fue retomado en 2024 por propuesta de Taddei Zavala.

La aprobación para este año se dio el 8 de marzo de 2025 en la Junta General Ejecutiva, mediante el acuerdo INE/JGE40/2025. En dicho documento se establecieron las bases para cumplir lo dispuesto en el artículo 67, fracción XVII, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en relación con el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial de la Federación.

Este pago extraordinario se justifica por el incremento de trabajo que generan los procesos electorales, particularmente en los que involucran cargos de alta responsabilidad, como jueces, magistrados y ministros. Según el INE, la operación de la elección judicial requirió un despliegue logístico y técnico similar al de una elección federal ordinaria, lo que demandó recursos humanos y financieros adicionales.

Con esta asignación, el INE mantiene la política de reconocimiento económico a su personal por su participación en procesos electorales extraordinarios, asegurando la cobertura de todas las etapas de organización y desarrollo de la jornada.

Sin braille en la boleta: Obstáculos para un voto inclusivo en la elección judicial

La elección judicial de este año presenta un nuevo reto para la inclusión: el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no será posible contar con boletas en sistema braille. Una decisión que marca un cambio significativo en el acceso al voto de personas con discapacidad visual, especialmente considerando que desde 2003, en elecciones federales, se ha utilizado material diseñado para facilitar su participación. 

El acuerdo se tomó tras acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque generó desacuerdos al interior del Consejo General. La consejera presidenta Guadalupe Taddei y los consejeros Norma de la Cruz y Jorge Montaño votaron en contra de la medida. Claudia Zavala, también consejera, expresó su preocupación por lo que calificó como una “regresión” en materia de accesibilidad.

 

“Garantizar el derecho al voto es una responsabilidad del Estado mexicano”, afirmó Zavala, al señalar que la falta de recursos y los tiempos ajustados impidieron una implementación adecuada. Desde el inicio del proceso se enfrentó un presupuesto limitado, situación atribuida al recorte de más de 13 mil millones de pesos en el presupuesto del INE.

 

La decisión del Instituto se sustenta en múltiples factores. No solo se trata de una cuestión económica o de plazos, sino también de viabilidad técnica. En esta elección, las boletas para el Poder Judicial no incluirán recuadros para marcar opciones, sino que requerirán que las personas anoten números correspondientes a las candidaturas elegidas. Este nuevo formato impide el uso de las plantillas braille tradicionales, que están diseñadas para coincidir con recuadros táctiles.

 

En el caso de la boleta para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habrá que elegir entre 64 candidaturas distribuidas en nueve cargos. Las papeletas de las otras cinco elecciones serán impresas en formato media carta, lo que complica aún más la integración del sistema braille. De implementarse, se requeriría un cuadernillo de 42 hojas tamaño carta, algo que supera los tiempos y presupuestos disponibles.

 

Durante las elecciones de 2024 se produjeron 92,000 juegos de plantillas braille, a un costo de 8.8 millones de pesos. Sin embargo, solo fueron utilizadas por 2,386 personas. Aun así, desde hace más de dos décadas, se ha contado con esta herramienta en las casillas como parte del compromiso con la accesibilidad.

 

El INE aclaró que, aunque no se proporcionará material en braille, las personas con discapacidad visual podrán recibir apoyo de una persona de su confianza o del personal de casilla para emitir su voto. Esto en cumplimiento de lo que establece la ley electoral.

 

La Asociación Civil para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad Libre Acceso A.C. y la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual impulsaron este tema, recibiendo respuesta formal del INE tras la sentencia del Tribunal.

 

La elección judicial de este año no contará con la accesibilidad en braille que durante dos décadas se ofreció. Las limitaciones presupuestarias, técnicas y logísticas delinean un nuevo panorama, dejando fuera una herramienta que, aunque poco utilizada, representa un símbolo de inclusión y equidad democrática.

TEPJF ordena revisión de límites en gastos de campaña

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado el límite de 220 mil pesos fijado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para los gastos personales de campaña en la elección judicial. La decisión obliga al INE a establecer montos diferenciados según el cargo al que se aspire, pues se consideró que el tope uniforme no era racional ni razonable. 

El INE había establecido un límite general de 220 mil 326.20 pesos para todas las candidaturas en la elección judicial, lo que equivalía a un gasto diario de aproximadamente 3 mil 672.10 pesos. Sin embargo, el TEPJF determinó que este monto debía ser una base y no un tope absoluto, ya que la ley establece que el límite de gastos no podrá ser superior a esa cifra, pero no impide que se fijen montos diferenciados dependiendo del cargo.

 

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, autor del proyecto aprobado, argumentó que el límite de 220 mil pesos se aplica a las diputaciones federales por distrito, lo que significa que debe utilizarse como parámetro para ajustar los topes de cada cargo. Explicó que existen 300 distritos electorales uninominales, y aunque esto no implica multiplicar el monto por cada distrito, sí permite establecer un límite superior basado en una lógica diferenciada.

 

Rodríguez Mondragón señaló que el INE debe considerar el órgano a elegir, el tamaño del electorado y el territorio abarcado para definir los montos. En este sentido, subrayó que no es comparable el gasto de una persona que compite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con alcance nacional, frente a quien busca un puesto en un distrito judicial de menor extensión.

 

El Tribunal también resaltó que, debido a las restricciones impuestas en la reforma electoral, como la prohibición de contratar espacios en radio, televisión, espectaculares y redes sociales, las candidaturas deben contar con los recursos suficientes para llevar a cabo actividades permitidas, como la impresión de propaganda y la participación en foros públicos.

 

No obstante, la magistrada Janine Otálora votó en contra de esta resolución, argumentando que la ley es clara en que los topes de gastos de campaña no pueden superar el monto de 220 mil pesos. Consideró que elevar estos límites sin justificación afecta la equidad electoral, favoreciendo a quienes disponen de mayores recursos económicos. Su postura coincidió con la del consejero Uuc-kib Espadas, quien también sostuvo que los montos deberían ajustarse de forma diferenciada, pero sin superar el tope máximo legal.

 

El INE ahora deberá establecer una nueva fórmula para definir los gastos personales de campaña. En la sesión donde se discutió esta decisión, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, propuso una estructura diferenciada, con montos que iban desde 220 mil pesos para juzgados de distrito hasta 1.4 millones de pesos para la Suprema Corte. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los consejeros, quienes insistieron en la necesidad de respetar el límite legal.

 

Con esta resolución, el INE enfrentará el reto de diseñar una nueva metodología para la asignación de gastos personales de campaña que concilie los principios de equidad y racionalidad en el uso de los recursos electorales.

México da inicio a la impresión de boletas para histórica elección judicial

Este viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició la impresión de 602 millones de boletas para los comicios judiciales del 1 de junio. Las primeras boletas que se producirán corresponden a la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En los próximos días comenzará la impresión de las boletas para otros cargos judiciales, una vez que el INE finalice la verificación de candidaturas.

La impresión de las boletas se lleva a cabo en Talleres Gráficos de México (TGM), bajo estrictas medidas de seguridad proporcionadas por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En total, se imprimirán 602 millones 387 mil 442 boletas, utilizando materiales con medidas de seguridad similares a las del papel moneda para garantizar su autenticidad y confiabilidad en la jornada electoral.


El evento de inicio de impresión fue encabezado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la directora de TGM, Maribel Aguilera Cháirez, junto con consejeros electorales. Durante el acto, se destacó la relevancia de esta elección como un hito en la historia política de México, al tratarse de la primera vez que los ciudadanos elegirán directamente a los integrantes del Poder Judicial.


Rosa Icela Rodríguez aseguró que el proceso electoral contará con las garantías de seguridad necesarias para la protección y el traslado de la documentación electoral. Además, subrayó la importancia de un Poder Judicial autónomo y confiable, enfatizando que el resguardo de los materiales contribuirá a la legitimidad de la elección.


Por su parte, Guadalupe Taddei calificó este proceso como un “parteaguas en la historia político-electoral de nuestro país”, señalando que podría influir en otras naciones que aún no han adoptado un modelo de elección similar para su sistema judicial. La reforma en curso busca fortalecer la credibilidad del Poder Judicial, promoviendo su independencia e integridad mediante un sistema de elección democrática.


Con la impresión en marcha y los protocolos de seguridad en funcionamiento, México se prepara para una jornada electoral sin precedentes, en la que la ciudadanía tendrá un papel fundamental en la transformación del sistema judicial del país.

Elección judicial 2024: Un proceso inédito y costoso por su complejidad

El diseño de la próxima elección judicial en México enfrenta enormes retos técnicos y logísticos que han disparado su costo en comparación con procesos electorales tradicionales. Desde boletas de gran tamaño y múltiples papeletas hasta un aumento significativo en el presupuesto para capacitación electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja contrarreloj para enfrentar este desafío.

Complejidad sin precedentes

La elección judicial incluirá 881 cargos, casi tres veces más que los 333 de la elección federal de 2024. Entre los puestos a elegir están nueve para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos para la Sala Superior, 15 para las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cinco para el Tribunal de Disciplina, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados distritales.

Para este proceso, las áreas técnicas del INE deberán rediseñar la cartografía electoral, ya que los distritos judiciales no coinciden con los electorales. Esto implica reconfigurar o dividir secciones y crear una nueva distribución en cuestión de semanas, cuando usualmente toma años.

Boletas y urnas sin precedentes

Uno de los mayores retos es el diseño de las boletas. Por ejemplo, en el caso de la SCJN, se elegirán nueve ministras y ministros, con 81 candidaturas en total. Una opción es incluir todos los nombres en una sola boleta, donde los votantes seleccionarían cinco mujeres y cuatro hombres. Otra propuesta es dividir las candidaturas en nueve boletas separadas, lo que requeriría el uso de nueve urnas sólo para este cargo.

Además, la producción y distribución del material electoral representará un costo significativo. De los 13,205 millones de pesos que el INE solicitó para este proceso, más de 4,552 millones están destinados a la producción y logística del material.

Incremento en sueldos y capacitación

El INE busca contratar a 50,500 capacitadores y supervisores electorales, con un aumento salarial del 20% para evitar renuncias, problema que afectó las elecciones pasadas. Los sueldos pasarían de 10,000 a 12,000 pesos, sumado a equipo de comunicación para garantizar conectividad en zonas de difícil acceso.

Otros costos asociados

El presupuesto también incluye arrendamiento de plantas eléctricas, rubro que anteriormente era cubierto por la Comisión Federal de Electricidad, y un bono especial para altos funcionarios, medida que no se aplicaba desde 2012.

A pesar de las suspensiones judiciales que han paralizado decisiones clave, el INE continúa trabajando en soluciones para llevar a cabo una elección que marca un parteaguas en la historia del país.

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Taddei niega rupturas en el INE y enfrenta debate por ‘Superpoderes’

Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta con firmeza la controversia en torno a las facultades unilaterales que el Congreso le ha conferido para designar a los titulares de unidades técnicas dentro del organismo. A pesar de la decisión mayoritaria de seis consejeros de llevar el asunto ante la Suprema Corte, Taddei rechazó tajantemente que exista un conflicto interno en el INE. “No hay ningún conflicto interno en un consejo colegiado capaz de no ser resuelto”, afirmó.

 

La polémica surge tras la iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena, quien propuso elevar a rango constitucional los “superpoderes” de Taddei. Esto permitiría que la presidenta del INE tenga la facultad exclusiva de nombrar a los responsables de direcciones ejecutivas e integrantes de la Junta General Ejecutiva, facultades que tradicionalmente se han otorgado de manera colegiada. Durante su intervención en la instalación de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, Taddei se mostró serena, destacando que el debate y las diferencias de opinión son naturales en un organismo colegiado.

 

“La toma de decisiones en un consejo como el INE implica acuerdos, y algunas veces se logran de manera unánime y otras no; lo importante es que todos buscamos siempre el bienestar del sistema electoral”, explicó. Taddei recalcó que, aunque cuestiona la decisión de sus colegas de impugnar sus nuevas facultades, respeta la autonomía de cada consejero. La iniciativa de controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte por seis consejeros del INE es inédita, pues busca limitar la concentración de poderes en una sola persona dentro de un órgano colegiado. Este planteamiento ha generado un intenso debate sobre la independencia del INE y la manera en que debe estructurarse la toma de decisiones en el organismo.

 

“No existe siquiera la atribución de interponer una controversia constitucional en este caso, pero es un acuerdo tomado por el Consejo General, y así debemos asimilarlo”, puntualizó Taddei, sugiriendo que el asunto debería resolverse dentro del propio consejo, sin necesidad de involucrar a la Suprema Corte.

 

Además del debate interno, Taddei enfatizó la prioridad del INE en asegurar un proceso electoral exitoso en 2025, que incluye la compleja elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta aseguró que la experiencia y el profesionalismo del organismo garantizarán que la jornada electoral del próximo año se desarrolle sin contratiempos. “La complejidad de un proceso electoral no debe confundirse con la capacidad del INE para ejecutarlo de manera imparcial y eficiente”, señaló.

 

Por su parte, los consejeros que apoyan la controversia constitucional han subrayado que su objetivo es proteger el carácter democrático del INE. Argumentan que centralizar las decisiones en una sola persona podría poner en riesgo la imparcialidad del organismo electoral en momentos clave para el país. Uno de los consejeros, bajo condición de anonimato, comentó que “el INE ha sido un baluarte de la democracia en México, y debemos cuidar que su estructura colegiada se mantenga intacta”.

 

Esta situación se da en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno y el INE, con la reforma política-electoral como un tema de fondo en la agenda legislativa. La Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, donde Taddei estuvo presente, discutirá en las próximas semanas la propuesta de Gutiérrez Luna y otros puntos de la reforma que podrían redefinir la organización del INE de cara a las elecciones de 2025.

Freno legal a la reforma judicial: Movimiento Ciudadano logra suspensión definitiva

En un contundente revés para el gobierno federal, el partido Movimiento Ciudadano (MC) ha conseguido una victoria clave en la batalla contra la controvertida reforma judicial. La suspensión definitiva, otorgada a petición de los legisladores naranjas, impide que la reforma se implemente en las 32 entidades federativas de México. Esta decisión representa un respiro para jueces y magistrados, quienes estaban en riesgo de ser removidos de sus cargos de manera masiva y sin un proceso claro.

 

Miguel Alfonso Meza, activista y uno de los principales promotores del amparo, explicó que esta suspensión detiene la temida “tómbola-guillotina”, el mecanismo mediante el cual se preveía el despido y reemplazo de numerosos jueces y magistrados. “Con esta resolución, ni un solo juez podrá ser removido de su puesto. La suspensión los protege no solo de perder su trabajo, sino también de la manipulación política que amenazaba con capturar el Poder Judicial”, señaló Meza con firmeza.

 

La medida también bloquea el avance de uno de los aspectos más polémicos de la reforma: la convocatoria extraordinaria para la elección de nuevos jueces y magistrados, un proceso que estaba en manos del Senado y el Instituto Nacional Electoral (INE). Según explicó Meza, la suspensión evita que el partido gobernante, Morena, utilice este mecanismo para imponer a sus candidatos y, en última instancia, controlar el Poder Judicial. “Es un freno importante porque impide que se capture a una institución que debe ser autónoma e independiente”, afirmó el activista.

 

Además, esta suspensión incluye una orden clara para que el INE detenga cualquier acción relacionada con la organización de elecciones extraordinarias de jueces. En palabras de Meza: “La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha declarado que respetará las suspensiones definitivas. Si es congruente con sus palabras, el proceso para la elección de jueces debería detenerse por completo”.

 

La protección legal también se extiende a aspectos presupuestarios cruciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Con la suspensión, la Cámara de Diputados no podrá reducir el presupuesto destinado al Poder Judicial, ni eliminar los fondos que garantizan los derechos laborales de jueces y magistrados. Este punto ha sido un eje central en la defensa de Movimiento Ciudadano, que considera que el recorte financiero pondría en riesgo no solo la independencia judicial, sino también las condiciones laborales de miles de trabajadores del sector.

 

“Es fundamental que el Poder Judicial mantenga su presupuesto intacto. No podemos permitir que se vulneren los derechos laborales de quienes hacen posible la impartición de justicia en México”, expresó la diputada Laura Ballesteros, quien también ha sido una figura clave en la lucha contra esta reforma.

 

Un aspecto relevante de la resolución es que la suspensión también impide que los estados repliquen la reforma judicial a nivel local. Esto significa que los “cacicazgos” locales de Morena, como los describió Meza, tampoco podrán intervenir en los poderes judiciales de sus respectivas entidades. “Con esta medida, protegemos a los jueces y magistrados locales de cualquier intento de manipulación política. No se trata solo del ámbito federal, sino de mantener la independencia judicial en todo el país”, subrayó el activista.

 

A pesar de este avance significativo, los representantes de Movimiento Ciudadano son conscientes de que la batalla legal aún no ha terminado. “Seguiremos luchando para que la Reforma Judicial no solo sea suspendida, sino invalidada completamente”, aseguró Ballesteros, reafirmando el compromiso de su partido con la defensa de la autonomía judicial.

 

El amparo obtenido forma parte de una estrategia legal más amplia, que incluye varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por Movimiento Ciudadano en diferentes frentes. Con esta suspensión definitiva, el panorama para la reforma judicial se complica aún más, abriendo un espacio para que las voces opositoras continúen su lucha por la invalidez total de la reforma.

 

Esta resolución judicial marca un precedente importante en la defensa de las instituciones democráticas de México. El Poder Judicial, al menos por ahora, queda protegido de los intentos de control y manipulación política, un logro que Movimiento Ciudadano no está dispuesto a soltar fácilmente.

El INE inicia proceso electoral del Poder Judicial en medio de manifestaciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio formal al Proceso Electoral del Poder Judicial, en el que se elegirá a jueces, ministros y magistrados. Este evento cívico fue encabezado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y contó con la participación de 10 consejerías, con la notable ausencia de Uuc-kib Espadas. Además, estuvieron presentes invitados especiales.

Durante su intervención, Taddei aseguró que este proceso inédito será llevado a cabo con total transparencia y bajo normas claras para todos los participantes.

“Hemos comenzado, y estamos preparados para organizar este proceso extraordinario. No debe haber dudas de que actuaremos con el mismo nivel de profesionalismo que nos ha otorgado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Lo más relevante es que hemos logrado ganarnos la confianza de todos los ciudadanos”, afirmó.

La consejera también subrayó que los mecanismos de control y supervisión del INE asegurarán la transparencia e integridad de este proceso, el cual calificó como un momento crucial para la democracia del país.

“Esta es una oportunidad para fortalecer el estado de derecho mediante un proceso electoral legítimo y transparente. Aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los que participen”, añadió.

Mientras se desarrollaba la ceremonia, un grupo de trabajadores del Poder Judicial se manifestó en las inmediaciones del INE en desacuerdo con el proceso. Los manifestantes expresaron críticas con consignas como “INE de orgullo nacional a palero presidencial”, calificando el proceso como un retroceso para el país y afirmando que la elección de jueces y magistrados es una simulación.

Entre las pancartas, se podían leer mensajes como “Venezuela destituyó a sus jueces y así empezó la dictadura”, “¡Por una justicia imparcial, no a la reforma judicial!”, y “¡Justicia por elección es simulación!”.

 

El INE inicia el proceso electoral para el Poder Judicial con ceremonia cívica y ajustes normativos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) realizará una ceremonia cívica y una sesión formal para dar inicio al proceso electoral del Poder Judicial, tras la aprobación de la reciente reforma que regula este nuevo ejercicio democrático.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que están preparando un documento con los requerimientos para llevar a cabo este proceso, el cual será presentado ante los legisladores para resolver algunas dudas que persisten. “Además, hemos dado instrucciones a las áreas operativas para que comiencen con los trabajos. Primero, para definir el marco geográfico electoral, que será fundamental, y segundo, para organizar el calendario de actividades”, explicó.

Taddei subrayó que este proceso electoral es diferente a los que usualmente realiza el INE, ya que en lugar de basarse en la representación popular y los distritos geográficos, en esta ocasión se considera la distribución de las cargas de trabajo y procesales del Poder Judicial, lo que implica una configuración distinta.

La presidenta del INE también destacó que no hay presupuesto previsto para este año, ya que no se tenía contemplado este proceso, pero confía en que los recursos estén disponibles para 2025.

Por su parte, la consejera Dania Ravel detalló que la ceremonia cívica tendrá lugar el lunes 23 de septiembre a las 8:00 horas. Esto, debido a que la reforma establece un plazo de siete días para iniciar el proceso después de su publicación. “Iniciaremos con una declaratoria formal del proceso electoral y luego definiremos la comisión que llevará a cabo estos trabajos, si será una comisión específica o temporal, quiénes la integrarán y cuáles serán sus atribuciones”, puntualizó.

En cuanto al presupuesto, Ravel aclaró que aún no hay una cifra estimada, ya que este es un proceso sin precedentes en el país, lo que requerirá ajustes en los recursos asignados.

Además, la reforma constitucional prohíbe la participación de los partidos políticos en este proceso electoral, por lo que se modificó el reglamento de sesiones del Consejo General del INE para reflejar dicha exclusión. Según las modificaciones aprobadas, en las sesiones extraordinarias que se celebren para tratar asuntos relacionados con la elección del Poder Judicial, el Consejo se integrará únicamente por la Consejera o Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo, quienes tendrán voz y voto en las decisiones.

Finalmente, se acordó que todos los días y horas serán considerados hábiles durante este proceso para renovar los cargos del Poder Judicial, marcando el primer paso en la organización de esta inédita elección en México.