En un contexto donde las tensiones políticas se sienten en todo el continente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lanzó una advertencia contundente: “Vivimos un tiempo donde la democracia tiembla”. Esta declaración resonó durante un homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, un evento que recordó no solo los ataques terroristas, sino también la fragilidad de los valores democráticos en el mundo actual.

Salazar, representante diplomático del presidente Joe Biden, destacó la importancia de la unión entre México y Estados Unidos para salvaguardar la democracia, la seguridad y las libertades en ambos países. “Tenemos que asegurar que en este continente viva la democracia y viva la seguridad”, afirmó, enfatizando la necesidad de actuar como una familia unida frente a las amenazas globales.

Pero mientras Salazar hablaba de la necesidad de proteger la democracia, en México se vive una batalla interna por la reforma judicial recién aprobada en el Senado. La iniciativa, que busca elegir por voto popular a todos los jueces y magistrados, ha sido duramente criticada por jueces y magistrados que la consideran una amenaza a la independencia judicial.

Juana Fuentes, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), expresó su preocupación: “Confiamos en que hay caminos nacionales e internacionales para detener esta reforma. Se ha evidenciado totalmente inviable por la forma en que se vota”. Según Fuentes, existen mecanismos dentro de la Constitución y en organismos internacionales que podrían frenar la entrada en vigor de la reforma.

El magistrado de Jalisco, Mario Alberto Domínguez, fue aún más claro en su postura: “No vamos a permitir que se implemente. Vamos a seguir resistiendo hasta las últimas consecuencias porque esto es para el pueblo”. Domínguez también anunció una serie de pasos para tratar de detener la reforma, como convencer a las 32 entidades federativas de votar en contra y solicitar formalmente a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que vete la modificación.

Sin embargo, Sheinbaum ha mostrado su apoyo a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que deja en el aire el futuro de esta medida y de la independencia del Poder Judicial en México. 

El peso mexicano sufrió una depreciación notable este miércoles tras la aprobación en lo general de la polémica reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una pérdida del 0.26% frente al precio de referencia de Reuters del martes, el peso se cotizaba en 19.8352 por dólar, reflejando la creciente incertidumbre que esta iniciativa ha generado entre inversionistas y analistas.

La reforma, que fue avalada por la Cámara de Diputados en las primeras horas del día, busca reestructurar profundamente el sistema de justicia en México, introduciendo, entre otras medidas, la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Este aspecto en particular ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores políticos y económicos que ven en la propuesta un riesgo para la independencia judicial, un pilar fundamental en cualquier democracia.

La reacción del mercado no se hizo esperar. Los inversionistas temen que la reforma debilite uno de los principales contrapesos del poder presidencial en México, lo que podría tener repercusiones negativas para el clima de negocios en el país. “La independencia del Poder Judicial es esencial para mantener un entorno de negocios estable y predecible. La posibilidad de que los jueces sean elegidos por voto popular introduce un elemento de incertidumbre que preocupa a los mercados”, señaló un analista financiero consultado sobre el impacto de esta reforma.

Este escenario de incertidumbre ha golpeado al peso, que venía mostrando un comportamiento relativamente estable en las últimas semanas. La caída de 0.26% frente al dólar refleja no solo una respuesta inmediata al avance de la reforma en la Cámara de Diputados, sino también una anticipación a posibles dificultades económicas a futuro si la reforma es aprobada en su totalidad.

A pesar de la aprobación en lo general, la reforma aún está sujeta a discusión en la Cámara de Diputados, donde se revisan una serie de artículos reservados. Se espera que una vez concluido este proceso, la iniciativa sea enviada al Senado, donde probablemente se votará en las primeras semanas de septiembre.

En medio de un clima de tensión y controversia, la discusión de la reforma judicial en México ha dado un giro inesperado tras la hospitalización de la diputada y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero. La legisladora fue ingresada en un hospital luego de sentirse mal durante las reuniones en la Cámara de Diputados, justo cuando se esperaba el inicio del debate de una reforma crucial para el Poder Judicial.

“Hoy muy temprano acudí a consulta con mi cardiólogo, quien decidió hospitalizarme, en virtud de la cirugía de corazón abierto que tuve hace tiempo”, comunicó Sánchez Cordero a través de sus redes sociales. La exministra lamentó no poder participar en la sesión que discutirá una de las reformas más polémicas en los últimos años, y expresó su esperanza de que los legisladores logren encontrar “las vías de diálogo y consenso” en un tema que ha polarizado al país.

La jornada inició de manera convulsa con trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho bloqueando los accesos al Congreso de la Unión en protesta contra la reforma. La movilización, que comenzó en la madrugada del martes, obligó a los diputados a trasladar la sesión a una sede alterna en la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), advirtió que la protesta “seguirá por el tiempo que sea necesario”, enfatizando la fuerte oposición a los cambios propuestos en la estructura judicial.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, fue enfático al justificar la decisión de trasladar la sesión, subrayando que la medida busca evitar cualquier tipo de confrontación o provocación con los manifestantes. “Deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate, un debate de altura, las horas que sean necesarias”, declaró Monreal, quien reiteró la importancia de discutir a fondo la reforma judicial, considerada una de las más trascendentales para el país.

Mientras tanto, la oposición se mantiene firme en su postura crítica. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) adelantaron que podrían no asistir a la sede alterna, alegando que no validarán una votación que, aseguran, se desarrollará en condiciones irregulares y bajo la mayoría calificada de Morena y sus aliados. “Hay una alta probabilidad de que no acudamos. No podemos ser parte de un proceso que carece de legitimidad”, expresó uno de los diputados del PAN, evidenciando la fractura política que ha generado la reforma.

La ausencia de Sánchez Cordero, figura clave en la discusión, añade un elemento más de incertidumbre. Su experiencia y conocimiento profundo del sistema judicial mexicano la posicionaban como una voz relevante en el debate. Sin embargo, su hospitalización ha dejado un vacío que complica aún más el panorama legislativo.

El inicio del debate está programado para las 4:00 de la tarde, y se espera que la reforma judicial sea discutida en una sesión que podría prolongarse hasta altas horas de la noche. Las reformas propuestas incluyen cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, temas que han encendido el ánimo de jueces, magistrados y empleados del sector, quienes temen que las modificaciones vulneren la autonomía y la independencia judicial.

Por su parte, Sánchez Cordero, desde su hospitalización, ha reiterado su deseo de que el diálogo prevalezca. “Hago votos porque se encuentren las vías para un consenso real y justo”, expresó, reflejando la esperanza de muchos de que la reforma no solo se apruebe por mayoría, sino que también contemple las voces de todos los sectores involucrados.

En un gesto que provocó aplausos, críticas y miradas de sorpresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su último informe de gobierno como plataforma para defender su controvertida reforma al Poder Judicial. Desde la plancha del Zócalo capitalino, y ante una multitud ferviente, el mandatario realizó una consulta a mano alzada, preguntando a los asistentes si estaban de acuerdo con su propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. La respuesta fue abrumadora: un sí casi unánime resonó entre la multitud.

Durante su discurso, López Obrador destacó los logros de su gobierno, haciendo especial énfasis en su lucha contra la corrupción, uno de los ejes centrales de su administración. En este contexto, defendió la reforma judicial como una medida necesaria para erradicar prácticas corruptas dentro del sistema de justicia del país. “No hemos querido transar para que nos aprueben todo; esta reforma es un paso necesario para fortalecer la democracia y garantizar que el poder judicial realmente responda a los intereses del pueblo”, declaró el presidente.

La iniciativa de reforma judicial, presentada ante el Congreso el pasado 5 de febrero, ha generado una intensa polémica, tanto a nivel nacional como internacional. Embajadas de países como Estados Unidos y Canadá, así como algunos legisladores estadounidenses, han expresado su preocupación, advirtiendo que la medida podría poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Sin embargo, López Obrador rechazó estas críticas, asegurando que su reforma respeta la división de poderes y no representa un intento de concentración del poder.

“No nos hubiese costado nada seguir con la tradición de siglos de que se sumaran como apéndices los otros dos poderes. Porque durante mucho tiempo de política autoritaria, ‘el poder de los poderes’ era el Ejecutivo”, dijo el mandatario, en un intento por destacar que su propuesta es un esfuerzo por democratizar el sistema judicial.

La consulta a mano alzada se llevó a cabo de manera improvisada durante el informe. Con tono retador y un guiño irónico hacia sus detractores, el presidente preguntó: “A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces el presidente y los senadores. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo”. Ante la respuesta multitudinaria de “¡El pueblo, el pueblo, el pueblo!”, López Obrador sonrió, subrayando que su gobierno escucha y actúa conforme al sentir del pueblo mexicano.

El presidente no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje directo a sus críticos internacionales, señalando que la democracia estadounidense también comenzó con la elección de jueces. “Lo digo con todo respeto a nuestros amigos y vecinos de Estados Unidos: esta es la voluntad del pueblo y es importante que se entienda que México está en su derecho de elegir su camino”, afirmó, en un claro gesto de desafío.

López Obrador también aseguró que durante su administración se ha respetado la autonomía de los poderes de la unión “hasta el extremo” y que no ha habido transacciones bajo la mesa para aprobar sus propuestas. “Aquí no se negocian principios, y la reforma judicial es uno de esos principios que busca garantizar una justicia real para todos”, puntualizó.

La consulta improvisada y la firme defensa de la reforma judicial por parte del presidente López Obrador han encendido el debate sobre el futuro del sistema de justicia en México. Para muchos, el acto en el Zócalo representó un claro mensaje de que la reforma tiene un amplio respaldo popular, mientras que para otros, fue una señal preocupante de que el presidente busca ejercer una mayor influencia sobre el Poder Judicial.