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La discusión de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que también contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para regular derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, provocó advertencias en la Cámara de Diputados sobre posibles efectos en la libertad de expresión y la industria creativa.

El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, expresó preocupación por el alcance de la iniciativa y cuestionó si los cambios podrían afectar negociaciones internacionales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard.

Desde tribuna, señaló: “¿no está estropeando el trabajo de Marcelo Ebrard para ratificar el T-MEC y obtener una buena negociación, sobre todo en este mundo tan delicado como es el digital? ¿Ya se le preguntó a su nuevo compañero, el canciller?”.

El legislador también advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión. “Ayudemos sin falsos nacionalismos. Es complicado porque puede atacar la libertad de expresión”, afirmó durante la discusión.

Martínez sostuvo además que la regulación podría contravenir estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “no es lo mismo regular la transformación, modificación e imitación, que violar estándares internacionales desarrollados concretamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la información”, declaró.

Asimismo, recordó que la organización Artículo 19 ha advertido que un exceso regulatorio podría generar efectos inhibitorios en la creación cultural y la crítica pública. También consideró que legislar sobre inteligencia artificial resulta complejo e incluso podría ser inútil ante la falta de infraestructura tecnológica nacional.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ruiz, afirmó que la reforma genera duplicidades entre la legislación laboral y la de derechos de autor, lo que podría provocar interpretaciones contradictorias. Además, señaló que la iniciativa no considera la diversidad de la industria cultural mexicana, donde muchos artistas carecen de condiciones equitativas de negociación.

La legisladora advirtió que el aumento de costos y la complejidad jurídica podrían reducir proyectos, inversión y empleo, afectando a actores, músicos, técnicos y creativos que forman parte de la cadena productiva del sector cultural.

A un mes del operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el gobierno federal confirmó nuevas acciones relacionadas con su estructura: el aseguramiento de diversos inmuebles presuntamente ligados al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La confirmación fue realizada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una conferencia de prensa en Cancún. Sin embargo, el funcionario evitó detallar el número de propiedades intervenidas o su ubicación, al indicar que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de precisar la información.

“Yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué y qué diligencias han llevado a cabo, que tengo entendido que han sido ya algunas”, declaró el secretario.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el operativo ocurrido semanas atrás en Tapalpa, donde elementos del Ejército mexicano se enfrentaron con el círculo cercano del capo. Según lo reportado, los escoltas de Oseguera Cervantes atacaron a las fuerzas armadas con el objetivo de facilitar su escape, lo que desencadenó el enfrentamiento en el que finalmente fue abatido.

A pesar de la confirmación oficial sobre el aseguramiento de propiedades, las autoridades no han dado a conocer cuántos inmuebles están bajo resguardo ni el destino que podrían tener tras este proceso. La falta de detalles se mantiene a la espera del informe que deberá emitir la Fiscalía.

Días antes, el 16 de marzo, la propia Fiscalía reconoció que no realizó de inmediato el aseguramiento de los espacios vinculados al líder criminal, incluida una cabaña en Tapalpa donde presuntamente ocurrió el enfrentamiento. La dependencia explicó que las condiciones en el lugar no permitían garantizar la seguridad del personal ministerial y pericial en ese momento.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, “el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, motivo por el cual se decidió posponer la intervención hasta que la zona estuviera bajo control.

Aunque posteriormente se concretó el aseguramiento de los inmuebles, la Fiscalía no ha precisado cuándo se ejecutaron estas acciones ni el alcance total del operativo en términos patrimoniales.

La confirmación del decomiso abre una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con la estructura del CJNG, mientras se espera que las autoridades federales detallen el número de propiedades intervenidas y las diligencias realizadas en torno a estos bienes.

La discusión sobre la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la integración de los ayuntamientos ya generó una postura definida en el Senado. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que sus 21 legisladores votarán en contra del denominado “plan B”, al considerar que sus efectos no coinciden con los objetivos planteados.

Durante la sesión de este jueves, el coordinador panista, Ricardo Anaya, expuso que uno de los puntos centrales de la iniciativa —la reducción del número de regidores— no implicaría un ahorro presupuestal, sino un posible incremento del gasto público en la mayoría de los municipios del país.

La propuesta presidencial plantea que los ayuntamientos estén conformados por un rango de entre siete y 15 regidores. Sin embargo, el legislador señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución actual de estos cargos en los municipios no coincide con ese esquema.

Según las cifras citadas, únicamente 56 municipios cuentan con más de 15 regidores, lo que implicaría una reducción en esos casos específicos. En contraste, existen mil 89 ayuntamientos con menos de siete regidores, lo que obligaría a incrementar el número de integrantes en esas demarcaciones para cumplir con el nuevo mínimo establecido en la reforma.

Además del componente financiero, el senador también abordó otro apartado de la iniciativa relacionado con la revocación de mandato. En ese punto, cuestionó que la propuesta contemple la posibilidad de que la titular del Ejecutivo promueva la participación ciudadana, mientras que la oposición enfrentaría restricciones en el uso de tiempos oficiales y contratación de espacios publicitarios.

“Están planteando una trampa, una farsa, en términos de revocación de mandato, porque claro que estamos abiertos a que haya revocación de mandato, lo que no podemos aceptar es la farsa de que la presidenta sí pueda pedir el voto, y en cambio la oposición tenga expresamente prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, y así lo dice el artículo constitucional que ellos quieren reformar”, afirmó.

Con estos argumentos, la fracción del PAN en el Senado confirmó su rechazo a la reforma, en medio del debate legislativo sobre los alcances y efectos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que la reforma electoral impulsada por el oficialismo enfrenta debilidad política y carece de consenso, al señalar que no logró respaldo ni siquiera entre los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En declaraciones a medios, Romero aseguró que la iniciativa presenta fracturas desde su origen y cuestionó la falta de acuerdos políticos para consolidarla. “Nació muerta esa reforma; ha llegado a tal nivel de soberbia, que ya ni con sus aliados pudieron tener un acuerdo político para esta reforma electoral”, expresó. También indicó que existen posturas críticas dentro del propio partido oficialista, lo que, según dijo, evidencia divisiones internas frente al proyecto.

El dirigente panista advirtió que, aunque el país requiere cambios en materia electoral, su partido no respaldará ninguna propuesta que omita mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos. Señaló que el proyecto quedaría incompleto si no contempla sanciones y controles específicos para evitar el financiamiento ilícito en campañas, candidaturas y estructuras electorales.

Como parte de la postura del PAN, Romero planteó cuatro ejes que considera indispensables en cualquier reforma electoral. Entre ellos, prohibir el uso de recursos ilegales en campañas políticas, impedir la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado, frenar la violencia política que ha incluido asesinatos de candidatos, y sancionar la operación político-electoral de grupos delictivos.

El dirigente también reiteró que las bancadas del PAN en el Congreso no acompañarán la iniciativa si no se integran estos elementos. Subrayó que su partido reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, pero insistió en que cualquier modificación debe garantizar condiciones de legalidad, seguridad y transparencia en los procesos democráticos.

Además, el PAN presentó una propuesta alterna que incluye un modelo mixto de representación legislativa para evitar la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en el Congreso. También propuso establecer una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, con el objetivo de asegurar mayor respaldo ciudadano al candidato ganador.

Entre los planteamientos también figura la creación de un registro oficial de compromisos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de dar seguimiento a las promesas realizadas por los aspirantes durante el proceso electoral.

Otra medida planteada es la implementación de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en las que la ciudadanía participe directamente en la selección de candidaturas, en lugar de que estas decisiones recaigan únicamente en las estructuras internas de los partidos.

Finalmente, Romero destacó la importancia de fortalecer la autonomía del INE como autoridad electoral y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto en el que se prevé la presentación de una iniciativa de reforma electoral en el Congreso. El PAN sostuvo que cualquier transformación del sistema debe incluir medidas claras para impedir la influencia del crimen organizado y garantizar la integridad de las elecciones.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no negociará el contenido de la reforma electoral y tampoco enviará nuevas versiones en caso de que la iniciativa no sea aprobada por el Congreso. El legislador subrayó que el proyecto será analizado conforme al proceso legislativo establecido, sin procedimientos acelerados y dentro de los plazos legales previstos antes del inicio del proceso electoral federal de 2027.

En declaraciones a medios de comunicación, Monreal señaló que la propuesta presidencial será recibida por la Cámara de Diputados y sometida a discusión abierta. “Aquí la vamos a recibir, a procesarla, a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión”, explicó. Añadió que el análisis se realizará con seriedad, sin recurrir a mecanismos de aprobación inmediata, con el objetivo de garantizar un debate formal y completo.

El legislador aclaró que no existe urgencia para aprobar la reforma, debido a que la ley permite realizar modificaciones constitucionales y legales hasta tres meses antes del inicio del proceso electoral. De acuerdo con ese calendario, el Congreso dispone de tiempo hasta finales de mayo para discutir y, en su caso, aprobar los cambios propuestos. “No nos corre prisa para aprobarla, porque es una reforma muy importante”, precisó.

Monreal también indicó que la presidenta Sheinbaum mantiene firme su postura respecto a la iniciativa. Según explicó, la mandataria no buscará acuerdos políticos que modifiquen el contenido central del proyecto, ni presentará alternativas posteriores. La iniciativa, una vez enviada, seguirá su curso legislativo conforme a las reglas parlamentarias.

Durante su intervención, el coordinador de Morena hizo un llamado a los legisladores y actores políticos a evitar descalificaciones anticipadas sobre la reforma. “No conviene descalificarnos previamente antes de que llegue la iniciativa”, advirtió. En ese sentido, pidió que el debate se base en argumentos y razonamientos, y no en señalamientos personales o confrontaciones.

Asimismo, reconoció el respaldo que Morena ha recibido de sus aliados legislativos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacando su apoyo en la mayoría de las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo. Monreal señaló que ambos partidos han acompañado cerca del 90 por ciento de las propuestas enviadas por la presidenta a la Cámara de Diputados.

El legislador también descartó que exista molestia por parte de la presidenta hacia estos partidos, y describió su carácter como firme en sus convicciones institucionales, pero con una actitud constructiva. Reiteró que la reforma electoral será abordada mediante un proceso formal, con espacios de deliberación y análisis plural, en apego al marco legal vigente y a los tiempos establecidos para posibles modificaciones antes del próximo ciclo electoral federal.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, hizo un llamado a implementar una estrategia integral que enfrente directamente la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, al señalar que la respuesta del Estado debe incluir a quienes operan como cómplices o facilitadores desde cargos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el legislador afirmó que el combate a la delincuencia no debe limitarse a quienes participan de forma directa en actividades armadas, sino también a quienes colaboran desde el interior de las instituciones. “Me refiero a los delincuentes que forman parte de estructuras gubernamentales que han facilitado información, el tránsito o que son cómplices de aquellos cárteles; a esos que permanecen en las estructuras de gobierno infiltrados, también tienen que tener todo el peso del Estado”, expresó.

El posicionamiento del PAN ocurre tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En este contexto, Lixa reconoció la actuación de las fuerzas armadas, destacando su desempeño durante el operativo. “Han demostrado valentía, disciplina, ser una fuerza útil para el país y que han combatido de frente a uno de los líderes más peligrosos que haya conocido el planeta”, declaró.

El legislador también expresó solidaridad con las familias de los elementos militares que fallecieron durante la operación, y reiteró el respaldo de su bancada a las fuerzas de seguridad. No obstante, señaló que, además de las acciones operativas, es necesaria una estrategia preventiva más amplia en distintas regiones, incluyendo Jalisco.

El coordinador parlamentario subrayó que el PAN ha insistido en la necesidad de una política de seguridad que actúe desde el origen del problema y no únicamente mediante operativos. Indicó que contar con información oportuna es un factor clave para lograr la pacificación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, señaló que la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones públicas representa un factor determinante en la expansión de estas organizaciones. “Es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales”, afirmó.

El legislador agregó que el tamaño y capacidad operativa de los cárteles, así como delitos como la extorsión en distintas entidades, reflejan la posible existencia de funcionarios que actúan como facilitadores o colaboradores. Según explicó, estos vínculos permiten el flujo de información o facilitan operaciones ilícitas.

Lixa también enfatizó que la neutralización de un líder criminal no implica la desaparición de la organización. “Capturar, abatir o neutralizar a una cabeza de un cártel no lo soluciona todo”, señaló, al reiterar la necesidad de una estrategia estructural que incluya acciones contra la infiltración criminal en el aparato gubernamental y fortalezca las instituciones frente a la delincuencia organizada.

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó de manera unánime una reforma a la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, aprobada el 12 de julio de 2024, que facultaba a la gobernadora Layda Sansores San Román para otorgar licencias de construcción de “obras de interés estatal y de gran impacto” en los 13 municipios de la entidad. La resolución concluyó que dicha modificación vulneró la autonomía municipal prevista en la Constitución federal.

El fallo se dio al resolver la acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche, y cuyo proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos. En el análisis, la Corte determinó que el Congreso local transfirió indebidamente al Poder Ejecutivo una atribución constitucional que corresponde de forma exclusiva a los ayuntamientos: la regulación, control y autorización de la construcción dentro de su territorio.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la reforma no se limitó a establecer bases generales o mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, sino que eliminó por completo la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto. Esta estructura normativa, señaló el ministro ponente, concentró la decisión únicamente en la titular del Ejecutivo estatal, despojando a los municipios de una facultad que la Constitución les reconoce expresamente.

“Esta estructura normativa no se limita a establecer bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche, así se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce”, expuso Espinosa Betanzos durante la sesión.

Como parte de la resolución, el Pleno invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, así como el segundo artículo transitorio de la reforma, al considerarlos contrarios al orden constitucional. Los ministros coincidieron en que la modificación afectaba directamente el principio de autonomía municipal, uno de los pilares del federalismo mexicano.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que los municipios deben conservar la capacidad de otorgar licencias de construcción y permisos, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. En su intervención, advirtió que la creación de una categoría de obras públicas de interés estatal y de gran impacto no puede utilizarse como vía para eliminar una facultad constitucional de los ayuntamientos.

Con esta decisión, la Corte reafirmó que la planeación, autorización y control del desarrollo urbano y de las construcciones dentro de los municipios no puede ser desplazada por legislaciones locales que concentren dichas atribuciones en el Poder Ejecutivo estatal, aun cuando se trate de proyectos considerados de alto impacto o interés general.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los aranceles de entre cinco y 50 por ciento autorizados por el Senado y programados para entrar en vigor en 2026 no están orientados específicamente a China. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que las tasas se aplicarán únicamente a naciones con las que México carece de un tratado comercial, en un contexto marcado por la estrategia gubernamental para reforzar la producción interna.

Sheinbaum remarcó que la medida busca alinearse con los objetivos del llamado Plan México, planteado para ampliar la capacidad productiva nacional. Señaló que podría interpretarse equivocadamente como una restricción al comercio exterior si se considera que el ajuste arancelario se enfoca en un solo país. La presidenta precisó que, antes de que la reforma avanzara en el Senado, se llevaron a cabo encuentros con representantes del sector empresarial con el fin de evitar incrementos en los precios de productos elaborados en el país.

La mandataria apuntó que el proyecto inicial experimentó cambios significativos antes de su aprobación final y que estas modificaciones incorporaron observaciones surgidas durante los diálogos con distintos actores. Añadió que su administración sostuvo comunicación con gobiernos de regiones asiáticas que figuran entre los más impactados, incluidos Corea del Sur y China. Subrayó que existe disposición de México para continuar colaborando con estas naciones, aun sin un tratado formal.

El Senado de la República avaló la reforma en un procedimiento acelerado. La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de Morena, contempla la aplicación de aranceles de entre 10 y 35 por ciento a diversos bienes provenientes de Asia a partir del próximo año. La decisión generó reacciones inmediatas en Beijing, donde un portavoz advirtió que estos ajustes afectarían “de manera considerable” los intereses de los socios comerciales. También manifestó la expectativa de que México rectifique lo que calificó como acciones unilaterales y proteccionistas.

En paralelo, Corea del Sur anunció que evaluará los nuevos lineamientos para definir una postura sobre los gravámenes aprobados. Esta revisión ocurre mientras ambos países mantienen un flujo comercial en crecimiento y buscan ampliar oportunidades de cooperación.

El gobierno mexicano sostiene que los aranceles aprobados se inscriben en una estrategia económica de largo plazo, cuyo propósito es fortalecer la industria nacional en un contexto competitivo. Los efectos de la medida serán observados por los mercados internacionales, particularmente por aquellos ubicados en Asia con los cuales México no mantiene acuerdos comerciales y que podrían experimentar ajustes en sus exportaciones hacia territorio mexicano.

El Senado concluyó su último día del periodo ordinario con la aprobación exprés de una reforma a la Ley Monetaria que permitirá modificar el diseño y la composición de las monedas de 10 y 20 pesos. La decisión avanzó bajo el argumento de disminuir los costos de producción sin alterar su valor de circulación. La minuta proveniente de la Cámara de Diputados recibió dispensa de trámites y fue llevada de inmediato al pleno, donde la mayoría legislativa respaldó el proceso acelerado.

El dictamen avalado faculta al Banco de México a emplear materiales alternativos en la fabricación de las monedas de 10 pesos. Con 89 votos a favor y 16 en contra, el Senado aprobó que el instituto central pueda utilizar aleaciones distintas a las empleadas actualmente, ampliando el margen técnico para su acuñación.

De forma paralela, la reforma también abre la puerta a la emisión de monedas de 20 pesos bajo un modelo estándar y genérico. Este punto fue aprobado por 91 votos a favor y 14 en contra, lo que confirma el respaldo mayoritario a la propuesta de actualización monetaria.

La nueva moneda de 10 pesos mantendrá en su anverso el Escudo Nacional acompañado de la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En el reverso continuará la representación de la Piedra del Sol, con la figura de Tonatiuh y su máscara de fuego, además de los elementos obligatorios como valor nominal y año de acuñación. Este modelo seguirá siendo circular y bimetálico, con posibilidad de incorporar plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel en la parte central, mientras que el anillo exterior podrá emplear bronce-aluminio, acero recubierto de bronce, bronce-aluminio-hierro o alpaca dorada.

En cuanto a la moneda de 20 pesos, la reforma define que su diseño de reverso mostrará el Templo de Kukulkán en Chichén Itzá, acompañado de sus identificadores de valor y fecha de emisión. El anverso permanecerá igual que en las demás piezas de circulación, con el Escudo Nacional y la leyenda oficial. El diseño genérico y estandarizado busca simplificar la producción y reducir costos para el Banco de México.

Con la aprobación de ambos dictámenes, el Senado turnó la reforma al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso requerido para que los nuevos modelos y materiales puedan entrar en vigor.