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El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ha propuesto un conjunto de 30 modificaciones a la reforma de la Ley del Infonavit aprobada previamente por el Senado. Estas propuestas buscan fortalecer la transparencia, garantizar la equidad en la toma de decisiones y brindar mayor protección a los derechos de los trabajadores.

 

Entre los principales cambios, destaca la obligación de la Dirección General del Instituto de publicar en su página web información actualizada y precisa sobre aspectos financieros, administrativos y operativos. Este punto es crucial para ofrecer a los derechohabientes una visión clara del estado del Fondo de Vivienda y de los proyectos de construcción.

 

Monreal también subraya la importancia de preservar el equilibrio histórico en la gobernanza del Infonavit mediante la integración tripartita de sus órganos. En este sentido, plantea ajustar la composición de la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría para que cada sector –gobierno, trabajadores y empresarios– tenga la misma representación, evitando la predominancia de uno sobre los otros.

 

Un elemento central de su propuesta es blindar las subcuentas de vivienda y los créditos de los trabajadores. Estas serán consideradas inviolables, lo que significa que no estarán sujetas a auditorías o fiscalizaciones. Este enfoque responde a las inquietudes expresadas por representantes sindicales y trabajadores, quienes buscan mayor seguridad en la gestión de sus recursos.

 

Otro punto relevante es la modificación del plazo para la creación de una empresa filial que coordine la construcción de viviendas. Inicialmente prevista para finales de 2024, Monreal propone extender el plazo hasta febrero de 2025, permitiendo una planificación más detallada y adecuada a las nuevas normativas.

 

En cuanto a la fiscalización, el proyecto establece que será responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, garantizando un escrutinio riguroso e independiente del Instituto como organismo fiscal autónomo. Asimismo, los proyectos de vivienda aprobados antes del 1 de julio de 2023 serán cancelados, aunque los promoventes tendrán 30 días para presentar propuestas alineadas a las nuevas reglas.

 

Con estas modificaciones, la reforma pretende reforzar la confianza en el Infonavit como una institución al servicio de los trabajadores, promoviendo transparencia y equilibrio en su funcionamiento. Se prevé que las propuestas sean discutidas en comisiones el próximo jueves y turnadas al pleno en febrero, antes de ser enviadas nuevamente al Senado para su aprobación final.

 

La iniciativa liderada por Monreal busca no solo modernizar el marco jurídico del Infonavit, sino también proteger los intereses de los trabajadores y fomentar un modelo de gobernanza más inclusivo y transparente.

Un cambio radical en el panorama institucional de México ha ocurrido. Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el decreto que extingue siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El anuncio, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ha desatado reacciones que van desde el apoyo hasta la incertidumbre.

 

La reforma busca centralizar funciones y optimizar los recursos públicos, según el decreto. Sin embargo, organismos como el INAI han advertido sobre los riesgos que esta decisión implica para los derechos ciudadanos. En un comunicado, el INAI llamó a la sociedad a exigir la defensa de la transparencia y la protección de datos personales, derechos fundamentales que, aunque garantizados por la Constitución, podrían enfrentarse a nuevos desafíos sin la vigilancia de instituciones especializadas.

 

“El INAI dejará de existir como institución autónoma, técnica y especializada, pero el derecho a saber y el uso legítimo de nuestros datos personales siguen siendo garantías esenciales. Solo con la participación activa de la ciudadanía podrán ejercerse plenamente”, señaló el organismo.

 

Entre los órganos eliminados también se encuentran el Coneval, responsable de evaluar las políticas sociales, y las comisiones nacionales de Hidrocarburos y Energía, claves para la regulación del sector energético. Sus funciones serán absorbidas por dependencias del gobierno federal en un modelo que promete ser más eficiente pero que ha despertado dudas sobre la concentración de poder.

 

Este movimiento marca un giro hacia la centralización administrativa, levantando debates sobre su impacto en la democracia y la rendición de cuentas. El INAI recordó que la transparencia es un pilar para mejorar la calidad de vida y no debe ser negociable.

 

México entra en una nueva etapa donde los derechos ciudadanos estarán bajo una lupa distinta, y la pregunta sobre quién garantizará su cumplimiento se vuelve más relevante que nunca.

El Senado de la República vivió un acalorado debate al aprobar la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la iniciativa generó una marcada división entre las bancadas, especialmente por las implicaciones de incluir estas medidas en la Constitución. Mientras Morena defendió la medida como un paso hacia la protección de la salud pública, la oposición cuestionó la efectividad de la prohibición y advirtió sobre posibles consecuencias negativas.

 

La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca sancionar actividades relacionadas con dispositivos como vapeadores, además de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra en lo particular, argumentando que la prohibición solo fortalecerá el mercado negro.

 

“Prohibir no soluciona el problema, lo magnifica”, afirmó la senadora Karla Toledo del PRI. “En lugar de destinar 15 mil millones de pesos a educación y salud, dejamos esos recursos en manos del crimen organizado”. Toledo urgió a regular, en lugar de prohibir, como una medida más efectiva para abordar los riesgos asociados.

 

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta integral a las crisis de salud y seguridad generadas por el consumo de estas sustancias. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “los vapeadores contienen sustancias altamente tóxicas que afectan gravemente la salud, mientras que el fentanilo ha incrementado la violencia y debilitado el tejido social”.

 

Inzunza también destacó que el marketing dirigido a adolescentes ha contribuido al auge del uso de vapeadores, promovidos como alternativas inofensivas. “Esto es un engaño que debemos detener”, añadió, subrayando la importancia de proteger a las nuevas generaciones.

 

El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un acto contradictorio y desmedido. “Estamos prohibiendo los vapeadores desde una Constitución que no prohíbe otras drogas igual de peligrosas, como la cocaína o la heroína”, declaró. Además, acusó a varios legisladores de hipocresía, señalando que muchos de ellos usan vapeadores de manera habitual. “Es absurdo legislar desde la contradicción“, afirmó.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García alertó que el prohibicionismo incrementará el control de los cárteles sobre estos productos. “La regulación debe ser una herramienta para tratar este problema como un tema de salud pública, no de seguridad nacional”, dijo.

 

Con la aprobación de esta reforma, México se enfrenta al desafío de implementar medidas que eviten el crecimiento del mercado ilícito, a la vez que protege a los sectores más vulnerables de la población.

Con una votación mayoritaria de 389 a favor y 65 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular una reforma crucial para regular el trabajo en plataformas digitales. Tras una sesión que apenas superó los 40 minutos de debate, la iniciativa fue enviada al Senado y promete cambiar el panorama laboral para miles de repartidores y conductores.

 

La reforma modifica los artículos 49, 50, 127 y 997 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de garantizar derechos básicos a quienes operan en aplicaciones como Uber, DiDi o Rappi. Entre los beneficios más destacados está el acceso al reparto de utilidades y la posibilidad de ser atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en caso de accidente.

 

Esta medida llega en un momento de tensión entre los trabajadores de plataformas y las empresas que los contratan. “La reforma es necesaria, pero debe equilibrarse con las condiciones reales del trabajo digital”, advirtió Luis García, representante de Alianza In México, una asociación que agrupa a DiDi, Rappi y Uber. La organización exhortó a los legisladores a establecer un diálogo más amplio e incluyente para evitar confusiones fiscales y operativas.

 

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum a inicios de diciembre, busca establecer un régimen de garantías laborales, acceso a salud y vivienda para los trabajadores digitales. Sin embargo, no todos están convencidos de que la implementación sea tan simple como suena.

 

El IMSS tendrá un plazo de 180 días para definir los lineamientos del programa piloto que asegure a estos trabajadores. “El cambio es histórico, pero no podemos ignorar las complejidades de asegurar a quienes trabajan por su cuenta y a distintos horarios”, comentó Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 

Uno de los puntos más debatidos es la necesidad de un régimen fiscal claro. Al no tener horarios fijos ni un salario estable, muchos conductores y repartidores temen que la reforma pueda derivar en obligaciones tributarias poco claras. “Nos quieren proteger, pero no saben cómo operamos en realidad”, afirmó Rosa Martínez, repartidora en la Ciudad de México.

 

Empresas como Uber, DiDi y Rappi han mostrado su preocupación por la falta de especificidad en algunos puntos de la reforma. Aseguran que las nuevas disposiciones podrían limitar su operatividad o incrementar los costos del servicio. “La flexibilidad es clave en este trabajo. Si las nuevas reglas no lo respetan, podría haber menos oportunidades para quienes dependen de estas plataformas”, comentó un portavoz de DiDi.

 

Por otro lado, activistas laborales celebran la aprobación como un avance hacia la justicia social. “Estos trabajadores son fundamentales en nuestra economía moderna, pero han estado desprotegidos durante años. Esta reforma es apenas el primer paso”, afirmó Mariana Vázquez, abogada laboral.

 

El Senado ahora tiene la responsabilidad de analizar y, posiblemente, ajustar esta iniciativa. El desenlace podría definir el futuro de miles de trabajadores que, cada día, recorren las calles para mantener en movimiento a las ciudades.

En una votación que marca un hito en la historia de los derechos reproductivos en México, el Congreso de Zacatecas aprobó con 21 votos a favor y seis en contra la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Con esta decisión, Zacatecas se suma a otros 16 estados que han reconocido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, consolidando un avance crucial en la agenda de derechos humanos en el país.

 

Esta reforma al Código Penal estatal no solo elimina las sanciones legales para las mujeres que opten por interrumpir su embarazo en las primeras doce semanas, sino que también establece mecanismos claros para garantizar procedimientos seguros y accesibles. Según el dictamen aprobado, esta medida busca erradicar el estigma social y prevenir embarazos no deseados, especialmente en adolescentes y niñas, además de reforzar el acceso a servicios médicos de calidad.

 

La modificación también incluye sanciones específicas para el aborto forzado, penalizando a quienes, sin el consentimiento de la persona gestante, interrumpan el embarazo en cualquier momento. Esto resalta el enfoque integral de la reforma, que no solo protege el derecho a decidir, sino que también salvaguarda a las mujeres contra actos de violencia y coacción.

 

Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que promovieron un amparo en 2023 declarando inconstitucionales los artículos que prohibían el aborto en Zacatecas, celebraron esta victoria. “Es un triunfo para las mujeres y personas gestantes de Zacatecas, pero también un mensaje para el resto del país: los derechos sexuales y reproductivos no son negociables”, declaró una representante de GIRE tras la votación.

 

Además, la reforma obliga a la Secretaría de Salud estatal a garantizar el acceso gratuito y seguro a los procedimientos de aborto, sin criminalización para las pacientes ni el personal médico que participe en ellos. Esto pone fin a una larga historia de discriminación y temor legal que enfrentaban quienes buscaban ejercer su derecho a decidir.

 

Este avance se da en un panorama donde las mujeres en México aún enfrentan barreras significativas para ejercer sus derechos reproductivos. Si bien 17 estados han despenalizado el aborto, en muchas regiones del país persisten restricciones que criminalizan a las mujeres por interrumpir sus embarazos.

 

“Es hora de que el resto de las entidades sigan este ejemplo. No es solo un tema legal, es un tema de justicia social y salud pública”, añadió una activista local.

 

Con esta decisión, Zacatecas envía un mensaje claro: los derechos de las mujeres son prioritarios y deben garantizarse en todos los niveles. Este paso es un recordatorio de que el camino hacia la equidad y la justicia continúa, pero que cada avance cuenta.