El cierre de campaña de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD para la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, se convirtió en un escenario de violencia el pasado 30 de mayo de 2024. Cabrera Barrientos fue asesinado a balazos en la comunidad de Las Lomas, de donde era originario. 

El ataque ocurrió en el momento en que Cabrera Barrientos se disponía a subir al templete instalado en una cancha del poblado para dirigirse a sus seguidores. Según testigos, un individuo se acercó al candidato y le disparó a quemarropa. Un escolta del candidato repelió la agresión, abatiendo al atacante.

En el intercambio de disparos, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a clínicas particulares para recibir atención médica. En el lugar, ciudadanos y autoridades lograron detener a dos presuntos cómplices del agresor.

La desesperación y el caos se apoderaron del evento, que se realizaba alrededor de las 18:00 horas. La rápida respuesta de los escoltas y la intervención de la Guardia Nacional resultaron en la detención de dos sospechosos. Las autoridades locales, junto con elementos de seguridad, aseguraron el área mientras iniciaban las primeras investigaciones.

El asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos no es un incidente aislado en la región. Apenas el 17 de mayo, Aníbal Zúñiga Cortez, candidato a tercer regidor en la planilla de Cabrera, fue asesinado junto a su esposa en Acapulco. Sus cuerpos fueron encontrados en una camioneta abandonada, hecho que llevó a Cabrera Barrientos a reforzar su seguridad con agentes de la Guardia Nacional y escoltas adicionales.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, expresó su condena a través de redes sociales, enfatizando la coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el crimen. En su mensaje, Salgado destacó: “Para esclarecer este cobarde crimen y garantizar la no impunidad, he solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero hacer las investigaciones pertinentes”.

Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, también se pronunció condenando el asesinato y subrayando la preocupación por la violencia que afecta el proceso electoral. “La violencia no para en todo el país, la inseguridad sigue empañando el proceso electoral y vulnerando la democracia”, declaró Moreno. Exigió una exhaustiva investigación para asegurar que los responsables enfrenten la justicia y expresó sus condolencias a la familia de Cabrera Barrientos.

El asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos representa un duro golpe para la comunidad de Coyuca de Benítez y el proceso electoral en Guerrero. La violencia política ha cobrado numerosas vidas en los últimos años, poniendo en evidencia la urgente necesidad de medidas de seguridad más efectivas para proteger a los candidatos y garantizar elecciones libres y seguras.

Líderes políticos de diversos partidos han mostrado su solidaridad y exigido justicia. Evelyn Salgado Pineda, en su cuenta oficial de X, reiteró su compromiso con la seguridad y justicia en Guerrero. Alejandro Moreno enfatizó la urgencia de enfrentar la violencia que amenaza la democracia.

Este trágico evento subraya la constante lucha contra la violencia política en México y la necesidad de una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades para proteger a los actores políticos y la integridad del proceso democrático.

En un alarmante evento que ha sacudido la política de Guerrero, Albino Gómez Vázquez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Cochoapa el Grande, ha sido secuestrado. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, anunció este domingo la noticia, instando a las autoridades estatales a tomar medidas rápidas y efectivas para localizar a Gómez Vázquez y garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

El secuestro ocurrió el domingo alrededor de las 7:00 de la tarde, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio de Gómez Vázquez y se lo llevó por la fuerza. Este incidente ha generado una ola de preocupación y condena en el ámbito político, con numerosos llamados a fortalecer la seguridad en el estado.

El cierre de campaña de Gómez Vázquez estaba programado para las 12:30 del mediodía en el municipio de Cochoapa el Grande, evento que no pudo llevarse a cabo debido a su desaparición. La alcaldesa Norma Otilia Hernández, a través de una publicación en redes sociales, exigió una respuesta inmediata de las autoridades estatales y federales para encontrar al candidato secuestrado y salvaguardar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.

La situación ha generado reacciones enérgicas de diversos sectores. Olivia Hernández, otra destacada figura política, hizo un llamado a que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente de armonía y seguridad, subrayando la necesidad de garantizar la integridad de los candidatos y el ejercicio democrático.

Este evento no es aislado. La violencia y las amenazas de la delincuencia organizada han obligado a varios candidatos de diferentes partidos a retirarse de la contienda electoral en Guerrero. Entre los afectados se encuentran candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde y México Avanza, quienes han dejado la contienda en municipios como Las Vigas, San Marcos, Copala y Teloloapan debido a la falta de condiciones de seguridad.

La semana pasada, Néstor Daniel Juárez Valentín, candidato del PRD a la alcaldía de San Marcos, comunicó a sus simpatizantes su decisión de abandonar la campaña, citando motivos de salud que requerían atención fuera del municipio. Sin embargo, es sabido que las amenazas y la inseguridad han sido factores determinantes en su decisión. Junto a él, también se retiraron los candidatos a síndicos y regidores, reflejando un ambiente electoral tenso y peligroso.

Guerrero ha sido escenario de numerosos actos de violencia vinculados a la delincuencia organizada, lo que ha afectado significativamente el desarrollo de las actividades políticas y sociales. La desaparición de Albino Gómez Vázquez subraya la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en el estado para proteger a los candidatos y garantizar un proceso electoral libre y justo.

La crisis actual exige una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades estatales y federales. La seguridad de los candidatos y la protección del proceso electoral deben ser prioridades absolutas para evitar que la violencia y la intimidación socaven la democracia en Guerrero.

Norma Otilia Hernández concluyó su comunicado con un llamado a la calma y a la unidad, instando a los ciudadanos a mantener la fe en el proceso democrático y a colaborar con las autoridades en la búsqueda de Albino Gómez Vázquez. Este secuestro es un recordatorio doloroso de los desafíos que enfrenta México en su lucha por consolidar una democracia segura y equitativa para todos.

La comunidad política y la sociedad en general esperan con ansias noticias sobre el paradero de Gómez Vázquez, mientras las autoridades trabajan incansablemente para resolver este caso y prevenir futuros actos de violencia electoral.

La reciente noticia sobre el estado del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, de Chilpancingo, Guerrero, ha conmocionado a la comunidad religiosa y a la sociedad en general. Los resultados de los análisis toxicológicos realizados en el hospital general “José G. Parres” de Cuernavaca han dejado al descubierto una realidad alarmante: la presencia de cocaína y benzodiacepinas en su organismo. 

El drama comenzó el sábado 27 de abril cuando el obispo fue reportado desaparecido. La incertidumbre se profundizó al descubrir que fue encontrado en una sala de urgencias del hospital general de Cuernavaca el lunes siguiente. Los detalles de su ingreso revelan un cuadro preocupante: deterioro neurológico, somnolencia y falta de pertenencias, acompañados por un blister de pastillas de sildenafil.

Las circunstancias de su hallazgo, entre llamadas de auxilio desde un hotel y su ingreso en estado de somnolencia, pintan un panorama sombrío. Los médicos que lo atendieron informaron sobre la necesidad de intervención urgente, incluida la administración de flumazenil y naloxona para contrarrestar los efectos de las drogas detectadas en su sistema.

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió una alerta y solicitó la colaboración de las autoridades gubernamentales para localizar al obispo, mientras que el fiscal Uriel Carmona confirmó que fue víctima de secuestro exprés con el objetivo de obtener dinero a través de retiros en cajeros automáticos.

Las declaraciones del abogado del obispo, Pedro Martínez Bello, revelan la gravedad de la situación: se recomienda un período de tres días de reposo para desintoxicar su cuerpo de las sustancias suministradas por sus captores. Sin embargo, el secretario de gobierno en funciones de gobernador, Samuel Sotelo Salgado, ha arrojado dudas sobre la versión del secuestro exprés, señalando que el obispo fue visto por última vez en una pizzería del municipio de Emiliano Zapata.

La controversia en torno a los eventos que llevaron al estado crítico del obispo contrasta con la urgencia médica de su situación. Su egreso voluntario del hospital general de Cuernavaca y su traslado a un hospital privado plantean interrogantes sobre su recuperación y seguridad.

Este caso no solo destaca la vulnerabilidad de una figura religiosa prominentemente conocida, sino que también pone de relieve la complejidad de los desafíos sociales que enfrenta la sociedad mexicana. La drogadicción, el secuestro y la seguridad pública son temas que requieren atención urgente y colaboración entre todos los sectores de la sociedad y el gobierno.

La comunidad religiosa, las autoridades y la sociedad en su conjunto esperan que este incidente conduzca a una reflexión profunda sobre los problemas subyacentes y a un compromiso renovado con la protección y el cuidado de todos los ciudadanos, sin importar su estatus o profesión.

En un ataque devastador que ha conmocionado a la comunidad de Acapulco, Guerrero, el director de la Policía Vial, Eduardo Chávez Manzanares, fue brutalmente asesinado a balazos. El trágico incidente tuvo lugar cuando Chávez salía de su hogar en el complejo habitacional del Infonavit Alta Progreso, en la calle Paseo de la Cañada. 

El ataque ocurrió a las 08:50 horas del jueves pasado en la zona urbana de este popular destino turístico, dejando a la ciudad sumida en el horror y la consternación. La rápida respuesta de las autoridades, incluidos los elementos de la Guardia Nacional, que acordonaron la zona inmediatamente después del incidente, no fue suficiente para salvar la vida del valiente oficial.

La patrulla que conducía el director de la Policía Vial, identificada como PM-426, se convirtió en un testigo silencioso del acto de violencia, presentando un impactante total de 18 balazos en su parabrisas y puerta del conductor. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Chávez fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas.

Tras el trágico suceso, las autoridades pertinentes, entre ellas los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, llegaron al lugar para llevar a cabo las primeras investigaciones sobre el ataque armado. Mientras tanto, la Guardia Nacional estableció filtros de seguridad en la zona para prevenir cualquier intento de fuga por parte de los perpetradores.

El gobierno de Acapulco se unió al pueblo en el luto y la condena enérgica contra este acto de violencia sin sentido. En un comunicado oficial, expresaron su más profundo pesar por la pérdida de un miembro valioso de la fuerza policial y reiteraron su compromiso inquebrantable de combatir la delincuencia y llevar ante la justicia a los responsables de este cobarde acto.

Este trágico incidente no solo ha dejado un vacío irremplazable en la comunidad de Acapulco, sino que también subraya la urgente necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y justicia en la región. Con la vida de Eduardo Chávez Manzanares, se pierde no solo a un dedicado oficial de policía, sino también a un esposo, padre y miembro activo de la comunidad, cuyo sacrificio no debe ser olvidado.

En medio del dolor y la indignación, la memoria de Eduardo Chávez Manzanares perdurará como un recordatorio constante de la valentía y el compromiso de aquellos que dedican sus vidas a proteger y servir a sus comunidades. En su honor, se exige justicia y se renueva la determinación de trabajar incansablemente para construir un futuro donde la violencia y la impunidad sean cosas del pasado.

En un acontecimiento que marca un hito en el ámbito judicial de Guerrero, el coronel Zipacná Jesús Torres ha sido designado como el nuevo fiscal general de Justicia del Estado. La decisión fue tomada tras un proceso exhaustivo en el que Torres Ojeda logró superar con creces la mayoría calificada necesaria en el Congreso local, obteniendo el apoyo de 43 diputados.

El proceso de selección y designación del fiscal general de Justicia del Estado contó con la participación de 33 aspirantes, cuyos nombres fueron dados a conocer por la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero. Entre ellos figuraban destacados profesionales del ámbito jurídico como Jesús Zamora Muñoz, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, y Armando Ramírez Martínez, entre otros.

Tras un riguroso proceso de evaluación, se espera que antes de la próxima semana el Congreso presente una lista de 10 candidatos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Esta lista será el punto de partida para la selección final del nuevo fiscal del estado.

El coronel Zipacná Jesús Torres, oriundo del puerto de Acapulco, cuenta con una sólida formación académica en derecho penal, respaldada por maestrías en Derecho Penal y Derechos Humanos de instituciones universitarias de renombre. Además, ha demostrado su compromiso con la justicia al no haber ocupado cargos políticos ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme.

En su amplia trayectoria de 36 años en la administración pública, Torres Ojeda ha desempeñado roles clave, incluyendo agente del Ministerio Público Militar, Juez de Control y jefe de grupo de quejas y recomendaciones del Sistema de Justicia Militar. Su experiencia y dedicación son pilares fundamentales en su nombramiento como nuevo titular de la fiscalía estatal.

Durante la sesión en el Congreso, el coronel Torres Ojeda recibió un amplio respaldo, obteniendo 43 votos a favor, mientras que su oponente más cercano apenas logró uno. Este contundente apoyo refleja la confianza depositada en su capacidad para liderar el sistema judicial del estado.

Con su nombramiento, el coronel Zipacná Jesús Torres se convierte en una voz influyente en la búsqueda de la justicia y la seguridad en Guerrero. Su compromiso con el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos promete marcar un nuevo capítulo en la historia del sistema judicial del estado.

En un atentado que ha sacudido a la política mexicana, la candidata a la presidencia municipal de Celaya por el partido Morena, Gisela Gaytán, no fue la única víctima. Se ha confirmado la muerte del candidato a regidor del mismo partido, Adrián Guerrero Caracheo, en el mismo evento. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expresó su consternación y aseguró que estos crímenes no quedarán impunes. 

El trágico incidente tuvo lugar durante un mitin político en la localidad de San Miguel Octopan, en Celaya, Guanajuato. Se reportaron al menos siete disparos, algunos de los cuales alcanzaron a Guerrero, como se observa en un video filtrado en redes sociales que muestra a ambos candidatos caminando entre la multitud.

Este ataque resalta una preocupante tendencia de violencia política en México, donde candidatos y funcionarios electorales se han convertido en blancos de grupos armados. Ejemplos recientes incluyen el asesinato del alcalde de Churumuco, Michoacán, Guillermo Torres, así como el candidato a la alcaldía de Acatzingo, Puebla, Jaime González, ambos víctimas de ataques armados.

La escalada de violencia no se detiene ahí. A mediados de marzo, Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección en el municipio de Pihuamo, Jalisco, fue asesinado por hombres armados, mientras que Tomás Morales, precandidato a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, también perdió la vida en circunstancias similares.

Estos hechos sombríos forman parte de un patrón más amplio de violencia electoral que ha cobrado la vida de 50 personas entre el 4 de junio de 2023 y el 26 de marzo de 2024, según un informe de la consultora Laboratorio Electoral. Alarmantemente, 26 de estas víctimas eran aspirantes a cargos de elección popular, lo que subraya la gravedad de la situación.

Ante este panorama, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, ha prometido que el ataque contra Gisela Gaytán no quedará impune. Asimismo, ha anunciado esfuerzos coordinados para brindar protección a los candidatos por parte de las autoridades estatales.

Estos trágicos eventos plantean serias preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral mexicano, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales del 2 de junio. La violencia no solo amenaza la vida de los candidatos, sino también la estabilidad democrática del país.

En medio de este clima de incertidumbre y temor, es crucial que las autoridades mexicanas tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los candidatos y proteger la integridad del proceso electoral. La democracia y el Estado de derecho están en juego, y es responsabilidad de todos asegurar que prevalezcan sobre la violencia y la intimidación.

En medio de una preocupante situación ambiental, México enfrenta una creciente ola de incendios forestales que ha desencadenado una serie de advertencias y medidas preventivas. Con más de 100 focos activos en todo el país, la emergencia ha alcanzado niveles críticos, afectando no solo extensas áreas naturales, sino también la calidad del aire en la Ciudad de México. 

Según el último reporte del Sistema Nacional de Información Forestal, hasta el momento se han registrado 116 incendios forestales, abarcando más de 6,000 hectáreas de vegetación en diversas regiones del país. Entre los estados más afectados se encuentran Hidalgo, Veracruz y Guerrero, donde las llamas han consumido grandes extensiones de terreno, con el estado de Hidalgo siendo el epicentro de los incendios más extensos, alcanzando casi 2,000 hectáreas destruidas.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México emitió una alerta por el fuerte olor a quemado que ha invadido la capital y sus alrededores, atribuido a los incendios forestales. Esta situación se ve agravada por las condiciones meteorológicas que propician la baja dispersión del humo, generando una densa neblina que ha llevado a la declaración de “muy mala” calidad del aire en la alcaldía de Azcapotzalco.

En respuesta a esta emergencia ambiental, las autoridades han instado a la población a tomar precauciones, especialmente aquellos en grupos sensibles, como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias. Se recomienda evitar actividades al aire libre y, en caso de experimentar síntomas respiratorios o cardíacos, buscar atención médica de manera inmediata.

Las causas detrás de estos devastadores incendios son diversas, pero según datos del Sistema Nacional de Información Forestal, casi la mitad de ellos son provocados por actividades humanas, como la quema de desechos agrícolas, acciones intencionadas y descuidos. Es importante destacar que provocar un incendio forestal constituye un delito grave, con penas de hasta diez años de prisión, según el Código Penal Federal.

En medio de la crisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su preocupación, planteando la necesidad de investigar si algunos de estos incendios son provocados intencionalmente, posiblemente motivados por intereses económicos vinculados al desarrollo inmobiliario. Ante esta situación, las autoridades intensifican los esfuerzos para contener los incendios y proteger los recursos naturales del país.