La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, instó a los gobiernos federal, estatales y municipales a abstenerse de intervenir en el proceso electoral en curso. En sus declaraciones, la diputada Guerra enfatizó la importancia de respetar la legalidad y aseguró que los funcionarios deben mantenerse al margen de la participación activa en las elecciones.

Aunque reconoció la relevancia de garantizar la seguridad de los candidatos y participantes en los comicios, Guerra subrayó que es responsabilidad de las autoridades gubernamentales otorgar garantías a electores y candidatos, evitar la polarización y permitir que la población decida en libertad. Asimismo, resaltó la importancia de que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales actúen como árbitros imparciales.

La diputada Guerra compartió preocupantes cifras, indicando que desde septiembre de 2023 se han registrado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, lo que equivale a un aspirante agredido cada cuatro días. Enfatizó que los aspirantes a cargos municipales son los más vulnerables.

Guerrero, Michoacán y Chiapas son algunos de los estados más afectados, y Guerra llamó a los gobiernos estatales a proporcionar mayores condiciones de seguridad, rechazando la normalización de la violencia hacia candidatos y la sociedad en general.

Por otra parte, expresó su preocupación por la vulnerabilidad de las autoridades electorales, señalando que las juntas locales de los Organismos Públicos Locales Electorales de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas han solicitado medidas de seguridad adicionales. Esto, según Guerra, destaca la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades competentes.

El Senado ha dado inicio al proceso legislativo para considerar las peticiones de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. La Comisión de Gobernación convocó a sus 16 integrantes para analizar la viabilidad de estas solicitudes. Sin embargo, prevalece la opinión consensuada de que en ninguno de los dos casos se justifica la intervención, ya que los tres poderes del estado continúan operando.

Claudia Anaya, secretaria de la Comisión de Gobernación, explicó que la presidenta de la Comisión, Mónica Fernández Balboa, no ha convocado a la Junta Directiva para discutir los términos del documento que será presentado a los integrantes el próximo 2 de abril. Anaya señaló que esta falta de consulta va en contra del reglamento establecido, y hasta el momento no han recibido ningún documento oficial para su revisión.

Una consulta informal realizada por Excélsior reveló que la mayoría de los miembros de la Comisión de Gobernación considera que las peticiones de desaparición de poderes no proceden, ya que en ninguno de los dos estados se ha interrumpido el funcionamiento de los poderes.

La Constitución otorga al Senado la facultad de declarar la desaparición de poderes solo en casos donde estos no estén en funcionamiento, como se hizo en 2006 con el caso de Oaxaca. Además, según la Ley Reglamentaria correspondiente, la desaparición de poderes solo se configura en situaciones específicas que no concuerdan con la realidad de Guerrero y Guanajuato.

En entrevistas separadas, Claudia Anaya y el senador Damián Zepeda coincidieron en que, a pesar de la crisis de inseguridad en ambos estados, no existe justificación para la desaparición de poderes, ya que los tres niveles de gobierno continúan operando dentro de los límites establecidos por la constitución y las leyes.

En una sesión marcada por tensiones políticas, la Comisión de Gobernación del Senado ha asumido el análisis de las controvertidas propuestas de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. Este movimiento surge tras una evaluación exhaustiva de la situación en ambas entidades, donde la ingobernabilidad ha sido señalada como un problema crítico por diversos sectores legislativos.

Las iniciativas, presentadas por distintas fracciones políticas, reflejan la preocupación por la incapacidad percibida de los gobiernos locales para mantener el orden y abordar la creciente violencia e inseguridad. Tanto el Partido Acción Nacional (PAN), en el caso de Guerrero, como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Guanajuato, han instado a la acción, desencadenando un enfrentamiento en el Senado que ahora deberá ser resuelto por las comisiones de gobernación y el Pleno.

El legislador Félix Salgado Macedonio ha expresado su preocupación por las posibles ramificaciones de estas medidas, advirtiendo sobre el riesgo de desencadenar un conflicto prolongado en otras entidades. La desaparición de poderes, un proceso que implica la suspensión temporal de las funciones de los poderes Ejecutivo, Judicial o Legislativo en una región específica, es una medida contemplada en la legislación para abordar situaciones donde se quebrantan los principios del régimen federal, se abandona el ejercicio de funciones sin justificación adecuada, o se promueven formas de gobierno que no cumplen con la base constitucional.

Es importante destacar que la desaparición de poderes no implica una eliminación definitiva del gobierno, sino más bien un acto de reconstrucción institucional. El Senado, como órgano encargado de evaluar estas propuestas, tiene la responsabilidad de determinar si proceden en los casos planteados, así como de participar en la designación de un gobierno provisional si fuera necesario.

En resumen, mientras la Comisión de Gobernación del Senado aborda estas propuestas, queda en juego el futuro político de Guerrero y Guanajuato, así como el precedente que esto podría establecer para otras entidades en el país.

Una situación de caos y tensión se ha desatado frente a las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, donde un grupo de normalistas ha protagonizado una protesta tras la confirmación de la fuga de un policía implicado en un caso de homicidio. Reportes preliminares indican que los manifestantes han lanzado artefactos explosivos, provocando incendios en vehículos estacionados.

La protesta surge como respuesta al escape de un miembro de la Policía Estatal de Guerrero, quien se encontraba bajo arresto administrativo por su presunta participación en el asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, un joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, expresan su indignación y exigen justicia frente a la impunidad que rodea este caso. Según medios locales, la presencia de los normalistas desencadenó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, obligando al desalojo de las oficinas de la Fiscalía y del Palacio de Gobierno para resguardar la integridad de los servidores públicos.

En medio de la protesta, varios vehículos estacionados en la Fiscalía fueron consumidos por el fuego, producto de las detonaciones de artefactos explosivos lanzados por los manifestantes. Imágenes compartidas en redes sociales muestran columnas de humo y llamas que se elevan desde el lugar de los disturbios.

A pesar de la presencia de la Guardia Nacional en las inmediaciones, los reportes señalan que los agentes se replegaron ante el avance de los manifestantes, lo que dejó a las instalaciones de la Fiscalía en un estado de vulnerabilidad.

La situación continúa siendo fluida y en evolución, con la llegada de más autobuses con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para sumarse a la protesta. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido declaraciones sobre los acontecimientos y no se han reportado heridos como resultado de los enfrentamientos.

El clima de tensión y la incertidumbre persisten en Guerrero, donde la sociedad civil demanda respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la justicia para las víctimas. La protesta de los normalistas es un recordatorio del profundo malestar y la desconfianza que prevalecen en la región frente a la falta de seguridad y la impunidad que amenazan el tejido social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó el reciente ingreso a Palacio Nacional por parte de un grupo de jóvenes normalistas como “un vulgar acto de provocación”, acusando la presencia de “mano negra” detrás de esta acción. Durante su habitual conferencia matutina, el mandatario expresó su rechazo hacia lo que considera una estrategia de guerra sucia por parte de sus adversarios.

López Obrador enfatizó la justicia de la demanda de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, pero advirtió sobre la presencia de “grupos de derecha, conservadores, incluso partidos políticos en contra de la transformación” que se han sumado a este movimiento. También señaló la intervención de organismos internacionales y organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos en lo que describió como un “coctel de provocadores”.

“Están nuestros adversarios desesperados, y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. Hay `mano negra´ en estas acciones, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, declaró el Presidente en una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El asalto al Palacio Nacional, según López Obrador, forma parte de un plan de provocación más amplio que incluye incidentes previos, como el rompimiento de vidrios en la Secretaría de Gobernación y en la Lotería Nacional. El mandatario señaló que este tipo de acciones cuentan con la marca distintiva del PRI, recordando tácticas similares utilizadas por el partido en décadas pasadas.

Además, destacó su intención de reunirse directamente con los familiares de los estudiantes en las próximas dos semanas y media, declinando participar en la reunión entre la subsecretaria y el grupo que intentó ingresar clandestinamente.

El Presidente reiteró su postura de no caer en provocaciones y destacó la importancia del diálogo directo con los afectados, rechazando intermediarios. En un momento de desafío político, López Obrador mantiene su posición firme, buscando abordar las demandas legítimas mientras denuncia la supuesta maquinaria de provocación que rodea este caso.

En un hecho inusual, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) excedió el límite legal para dar luz verde a casi cuatro mil candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional.

El plazo máximo para que el INE aprobara las listas de aspirantes venció a medianoche del jueves 29 de febrero, marcando el inicio de las campañas electorales.

Sin embargo, el acuerdo sobre las candidaturas para el Senado, abordando ambos principios, fue unánimemente aprobado por los consejeros a las 5:04 a.m. de ayer, mientras que la aprobación para la Cámara de Diputados llegó a las 06:26 a.m., según se informó a través de publicaciones en la red X compartidas por la consejera Carla Humphrey.

El INE, mediante un comunicado, informó que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos revisó un total de dos mil 399 solicitudes, incluyendo 475 de elección consecutiva, además de verificar el cumplimiento de acciones afirmativas, como la inclusión de 35 personas indígenas, cuatro afromexicanas, ocho con discapacidad, tres de la diversidad sexual y cinco migrantes y residentes en el extranjero.

Las listas difundidas por el INE entre los consejeros, de las cuales se ofreció un adelanto ayer, revelan que en 12 estados Morena, PT y PVEM contenderán por separado, con el objetivo de ganar los tres escaños de cada entidad. Estos estados son Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

A pesar de enfrentar un proceso penal, que incluye una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, fue incluido como candidato de mayoría relativa del Partido Verde.

Durante la sesión, se presentaron impugnaciones, entre las cuales se destacó la del representante del PRI, Hiram Hernández, quien rechazó la candidatura del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, actual asesor de la campaña de Claudia Sheinbaum y aspirante a una senaduría por Morena.

El morenista Sergio Gutiérrez Luna también impugnó la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como candidato a diputado plurinominal del PAN.

En la lista de candidaturas plurinominales también sobresalen nombres como Eruviel Ávila, por el PVEM, y Julio Javier Scherer, hijo del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer.