La exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha recuperado oficialmente su militancia en el partido Morena tras una decisión del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGro). Este fallo revoca la expulsión que el partido había impuesto a Hernández en septiembre pasado, cuando fue acusada de incumplir con sus responsabilidades morales tras sostener una reunión con el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. El dictamen ha generado revuelo tanto dentro del partido como en el escenario político local.

En una sesión pública realizada el lunes, el pleno del tribunal electoral respaldó de manera unánime el proyecto presentado por la magistrada Gilda Rosa Delgado Brito. Este dictamen identificó diversas irregularidades en el proceso que llevó a la expulsión de Hernández, particularmente la falta de exhaustividad en el análisis de las pruebas presentadas y una inadecuada motivación para justificar la sanción.

“El TEEGro concluyó que Morena no valoró debidamente los elementos probatorios presentados, en especial los de carácter técnico, lo que significó una omisión grave en el proceso”, se lee en el comunicado oficial emitido por el tribunal. Además, el fallo señaló que la resolución de Morena no fue “exhaustiva ni congruente”, lo que permitió que la exalcaldesa recuperara sus derechos políticos y su lugar en el padrón de militantes del partido.

Norma Otilia Hernández fue expulsada de Morena después de que se revelara que sostuvo una reunión con el presunto líder del grupo delictivo Los Ardillos, lo cual provocó una ola de críticas y controversias en el estado de Guerrero. Según el partido, este encuentro representaba una transgresión grave de sus normas básicas, comprometiendo los principios y lineamientos del partido, así como la paz social y el bienestar de la población de Chilpancingo.

El Comité Nacional de Honestidad y Justicia de Morena fue tajante en su decisión inicial, argumentando que la conducta de Hernández era incompatible con los valores del partido. La exalcaldesa fue acusada de incumplir con sus responsabilidades morales y partidistas, por lo que fue apartada del partido en septiembre de 2023. Sin embargo, la funcionaria no tardó en anunciar que impugnaría su expulsión, argumentando que el proceso en su contra había sido injusto y viciado.

La magistrada Gilda Rosa Delgado Brito, quien lideró el proyecto de resolución en el TEEGro, subrayó en su dictamen que las pruebas técnicas presentadas por Hernández no fueron valoradas adecuadamente durante el proceso inicial, lo que supuso una violación a su derecho a una defensa justa. La magistrada enfatizó la importancia de que los partidos políticos y sus órganos de justicia interna realicen análisis minuciosos de todas las pruebas antes de imponer sanciones tan severas como la expulsión de un miembro.

“La falta de exhaustividad en este caso es preocupante, y el tribunal ha actuado para garantizar que las decisiones que afecten derechos políticos sean fundamentadas en un proceso claro, transparente y justo”, indicó Delgado Brito. Asimismo, recordó que la valoración de pruebas técnicas es esencial cuando se trata de sanciones que pueden impactar de manera significativa la carrera y reputación de un servidor público.

Con la revocación de su expulsión, Norma Otilia Hernández no solo recupera su militancia en Morena, sino también sus derechos políticos, lo que abre la puerta para que pueda participar activamente en futuras elecciones y procesos dentro del partido. Este fallo supone una victoria importante para la exalcaldesa, quien había denunciado irregularidades en su expulsión desde el principio.

Si bien la decisión del TEEGro restablece a Hernández en el partido, la sombra de su reunión con el presunto líder de Los Ardillos sigue siendo un tema delicado que podría impactar su futuro político. La exalcaldesa no ha dado declaraciones sobre si buscará un nuevo cargo público en el corto plazo, pero este triunfo legal podría ser un indicio de que planea mantenerse activa en la política guerrerense.

Para Morena, la revocación de la expulsión de Hernández supone un desafío en términos de mantener la coherencia y el control sobre sus normas internas. Este tipo de decisiones judiciales plantea preguntas sobre la capacidad del partido para manejar casos que involucren a sus miembros en situaciones controvertidas. Además, la reinstalación de Hernández en el partido podría generar tensiones entre aquellos que respaldaron su expulsión y quienes ahora ven en ella una figura redimida.

La escalada de violencia en Chilpancingo, Guerrero, ha dejado una profunda huella en el país, generando no solo consternación social, sino también llamados urgentes desde distintos sectores para frenar la ola de asesinatos políticos. Entre estos llamados destaca la reciente postura de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), que ha expresado su “profunda preocupación” por los trágicos eventos que han sacudido a la capital guerrerense en las últimas semanas.

Los brutales asesinatos de Francisco Gonzalo Tapia, secretario de gobierno de Chilpancingo, y del alcalde Alejandro Arcos, quien fue decapitado apenas días después de asumir su cargo, son hechos que, según la CEM, “revelan una situación alarmante en nuestro país”. Los representantes de la Iglesia no han titubeado en condenar la violencia y en exigir acciones inmediatas de las autoridades para evitar que estos actos queden impunes. “No podemos seguir permitiendo que el miedo gobierne nuestras calles. Es momento de actuar”, señalaron.

El comunicado de la CEM se suma a las múltiples voces que exigen justicia para las víctimas y un esfuerzo coordinado para frenar la violencia en Guerrero. En su mensaje, los líderes eclesiásticos hicieron un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para que se esclarezcan los homicidios y se garantice la seguridad de los ciudadanos.

“No solo se trata de castigar a los culpables, sino de trabajar en un plan que lleve paz a las comunidades”, subrayaron los obispos. “Es necesario implementar procesos de pacificación en todas las regiones de México afectadas por la violencia”, añadieron, recordando que no es la primera vez que levantan la voz ante los crecientes índices de criminalidad en el país.

En un lapso de apenas dos semanas, tres asesinatos han desatado el pánico entre los ciudadanos de Chilpancingo. El 6 de octubre fue reportado el macabro hallazgo del cuerpo decapitado del recién nombrado alcalde Alejandro Arcos, apenas seis días después de haber tomado protesta como presidente municipal. Previamente, el 4 de octubre, Francisco Gonzalo Tapia, quien llevaba solo cuatro días en su puesto, fue asesinado a unas cuadras del Palacio Municipal. El primer asesinato que dio inicio a esta ola de violencia fue el de Ulises Hernández Martínez, exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de Guerrero.

Estos eventos han detonado una respuesta firme por parte de la Federación Nacional de Municipios de México (FNMM), que ha exigido la renuncia de altos mandos de la seguridad nacional. En un mensaje contundente a través de su cuenta de X, la FNMM acusó a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de “ineptitud para detener la ola de violencia política contra líderes locales en México”. Las exigencias de justicia no solo se han centrado en resolver estos crímenes, sino también en la renuncia de Hernán Cortés Hernández, titular de la Guardia Nacional, y de Omar García Harfuch, cabeza de la SSPC.

Mientras el clamor por justicia y paz crece, la presidenta Claudia Sheinbaum trató de calmar las aguas afirmando que Chilpancingo no figura entre los municipios con mayor número de homicidios en el país. No obstante, también reconoció la gravedad de los hechos y señaló que se está evaluando la posibilidad de que el caso del alcalde Alejandro Arcos sea atraído por la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, para los ciudadanos de Chilpancingo, el miedo es una realidad palpable. Cada día que pasa, la incertidumbre y el temor crecen ante la posibilidad de que la violencia no se detenga. Y es que, como bien lo señalaron los obispos, “no podemos permitir que estas tragedias se conviertan en parte de nuestra cotidianidad”.

El estado de Guerrero vivió momentos de tensión este viernes tras el registro de dos sismos consecutivos de magnitud 4.8. Ambos movimientos telúricos ocurrieron en la misma región con apenas segundos de diferencia, aunque no ameritaron la activación de la alerta sísmica. Los epicentros fueron ubicados en Petatlán y Zihuatanejo, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), y aunque no se reportaron daños significativos, los temblores se sintieron en varios puntos del estado y la Ciudad de México.

El primero de los temblores, localizado al noroeste de Petatlán, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y ocurrió a las 13:54 horas. Apenas unos segundos después, el SSN registró otro sismo al noreste de Zihuatanejo, esta vez a 48 kilómetros de profundidad. Ambos eventos se produjeron en un corto intervalo, lo que causó inquietud entre los habitantes de Guerrero.

A pesar de la magnitud de los temblores, la alerta sísmica no fue activada en ninguna de las dos ocasiones. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (SASMEX) informó que la energía liberada por ambos sismos no superó los niveles preestablecidos para que se emitiera la alarma. Esto, debido a que los movimientos no representaban una amenaza suficiente para justificar el despliegue del protocolo de emergencia. “Los niveles de energía detectados en los primeros segundos de los sismos no fueron lo suficientemente altos para activar la alerta sísmica”, explicó el SASMEX en un comunicado.

Inmediatamente después de los sismos, la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de Guerrero activó los protocolos de atención en caso de sismo. Las autoridades locales iniciaron la comunicación con los municipios afectados para verificar posibles daños y atender cualquier contingencia. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones graves ni víctimas.

En la Ciudad de México, algunos usuarios de la plataforma X (antes Twitter) mencionaron haber sentido el primer sismo en alcaldías como Iztacalco, Coyoacán y Álvaro Obregón. Según testimonios, los movimientos fueron leves, manifestándose principalmente en objetos colgantes o estructuras ligeras. “Vi cómo se balanceaban los candiles en la sala, pero fue muy rápido”, comentó un residente de Coyoacán.

El suceso ocurre tan solo un día después de la realización del tercer Simulacro Nacional 2024, que se llevó a cabo en México bajo el supuesto de un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Acapulco, Guerrero. Durante el simulacro, se ensayaron medidas de respuesta ante un sismo severo en Guerrero y otros estados vecinos, como Michoacán, Morelos y Oaxaca. Sin embargo, la alerta sísmica presentada durante el ejercicio no funcionó adecuadamente en todos los dispositivos.

Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, confirmó que algunos usuarios no recibieron la alerta en sus celulares durante el simulacro. “Durante la detonación de la alarma sísmica del Simulacro Nacional, no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamientos”, escribió Clark en su cuenta de X, refiriéndose a una falla en el sistema de notificaciones.

Estos dos sismos en Guerrero y la falla en la alerta durante el simulacro, sirven como un recordatorio de la constante amenaza sísmica que enfrenta México, especialmente en regiones altamente sísmicas como Guerrero. La capacidad de respuesta de las autoridades y la ciudadanía es crucial para minimizar los riesgos en caso de un terremoto mayor.

Aunque los movimientos de este viernes no causaron mayores estragos, reafirman la importancia de estar preparados en todo momento. “Es esencial que la población mantenga la calma, pero también la atención ante cualquier temblor, sin importar su magnitud”, señaló un representante de Protección Civil. Guerrero, y México en general, sigue en alerta ante la posibilidad de nuevos eventos sísmicos en los próximos días.

Las manifestaciones por los diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa alcanzaron un nuevo nivel de tensión este viernes, cuando normalistas de diferentes estados vandalizaron el Congreso de Guerrero en Chilpancingo. ¿El resultado? Autos quemados, explosiones y un mensaje claro: el reclamo de justicia sigue vivo.

Lo que comenzó como un mitin pacífico, terminó en una serie de disturbios cuando los estudiantes, provenientes de escuelas normales rurales de todo el país, lanzaron petardos e incendiaron vehículos dentro del estacionamiento del Congreso. Los manifestantes llegaron a bordo de siete autobuses y, tras su discurso, usaron una camioneta para derribar las puertas del recinto. El caos no tardó en desatarse: “Fue impresionante ver cómo la camioneta quedó recargada contra un árbol, ardiendo en llamas”, relató uno de los testigos en la escena.

La manifestación originalmente estaba planeada para realizarse en las instalaciones de la 35 Zona Militar, pero en un giro inesperado, los normalistas decidieron cambiar de objetivo y dirigirse al Congreso estatal. En este mitin participaron contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), sumándose a la protesta estudiantes de Morelos, Puebla y Chiapas. “El cambio de planes fue estratégico, queríamos que el Congreso escuchara nuestras demandas”, expresó uno de los organizadores.

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron heridos. Sin embargo, el personal y visitantes en las instalaciones del Poder Legislativo vivieron momentos de angustia mientras los manifestantes lanzaban petardos y quemaban vehículos. En total, se reportaron al menos 15 autos dañados, de los cuales tres fueron completamente incendiados, y varios más sufrieron rotura de cristales. “Nos desalojaron rápidamente, pero fue un caos total”, comentó un trabajador del Congreso.

A pesar de la violencia, ninguna corporación policial acudió al lugar. Fueron los bomberos y brigadistas de Protección Civil quienes finalmente lograron sofocar las llamas de los vehículos, mientras el personal de seguridad interna evacuaba a los trabajadores y visitantes.

Seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco están en el ojo del huracán tras ser vinculados a proceso por la desaparición forzada de una mujer en el municipio. Luis “N”, David “N”, Carlos “N”, Cristofer “N”, Alexis “N” y Ángel “N” fueron arrestados bajo la sospecha de haber participado en este grave delito, y ahora enfrentarán las consecuencias de sus actos mientras continúan las investigaciones.

“Es un golpe duro a la confianza en las instituciones”, afirmó una fuente cercana al caso que prefirió mantenerse en el anonimato. Y es que este tipo de noticias estremecen, sobre todo cuando quienes deberían proteger a la ciudadanía son los principales sospechosos.

La fiscalía de Guerrero, con apoyo del Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional, realizó un cateo en las instalaciones de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Taxco el pasado 29 de agosto. Durante el operativo, no solo se detuvo a los seis policías implicados, sino que se arrestaron a 10 personas en total, entre ellos otros tres policías municipales señalados por el delito de secuestro agravado. “Nadie está por encima de la ley”, destacó la fiscalía en su comunicado.

Eusebio “N”, otro policía municipal, fue detenido por separado en la localidad de Cacalotenango, elevando aún más la gravedad de la situación. Este hecho refuerza las dudas sobre el manejo interno de la seguridad en Taxco y pone en evidencia las fallas en la supervisión de las fuerzas del orden.

Mientras el proceso sigue su curso, los seis policías permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social de Iguala. La comunidad está a la espera de respuestas claras y justicia para la víctima y su familia. “No podemos permitir que quienes juraron protegernos se conviertan en los responsables de nuestros miedos”, señaló un activista local.

Este caso es un recordatorio de que nadie está exento de rendir cuentas, y que la justicia debe prevalecer, incluso cuando los acusados visten uniforme. Ahora, la atención está puesta en las autoridades judiciales y en su capacidad para esclarecer los hechos y castigar a los culpables. ¿Será este un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en las fuerzas policiales? Solo el tiempo y la justicia lo dirán. 

El pasado mes de julio, México enfrentó un sombrío revés en su lucha contra la violencia. El país registró un total de 2 mil 546 homicidios dolosos, marcando un incremento del 3.12% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este aumento interanual rompe con la tendencia a la baja que el gobierno había logrado mantener durante gran parte de este 2024, y coloca de nuevo en el centro del debate la eficacia de las políticas de seguridad pública implementadas por la actual administración.

El acumulado anual de homicidios, según los datos presentados por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ascendió a 17 mil 660 casos entre enero y julio de 2024. Esta cifra representa un incremento marginal del 0.3% en comparación con los 17 mil 607 homicidios ocurridos en el mismo periodo de 2023. A pesar de que este aumento pueda parecer menor, su implicación es significativa: la violencia sigue siendo un reto formidable que el país no ha logrado superar del todo.

Sin embargo, a pesar de este incremento anual, la secretaria Rosa Icela Rodríguez defendió la gestión del gobierno, señalando que “la incidencia mensual de asesinatos ha caído casi un 20% frente al máximo histórico de 3 mil 074 homicidios registrados en julio de 2018”. Según Rodríguez, este descenso demuestra que, aunque los desafíos persisten, se han logrado avances importantes desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de ese mismo año.

El contexto en el que se presenta este retroceso es particularmente complejo. De los 32 estados que conforman la República Mexicana, seis concentran casi la mitad de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Estas entidades acumularon un total de 7 mil 841 asesinatos en los primeros siete meses de 2024, lo que destaca la persistencia de la violencia en ciertas regiones del país, a pesar de los esfuerzos del gobierno por pacificar el territorio.

Este fenómeno no solo refleja la violencia arraigada en algunas zonas, sino también la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de seguridad pública en los estados más afectados. Para los expertos, la clave está en un enfoque integral que no solo ataque los síntomas, sino también las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la corrupción y la impunidad.

Por otra parte, el gobierno señala que en lo que va de 2024 se ha registrado un promedio diario de 83 víctimas de homicidio, lo que representa una ligera mejora frente al promedio de 85 víctimas diarias que se reportó en 2023. Aunque esta reducción puede interpretarse como un avance, la cifra sigue siendo alarmante y evidencia que la violencia continúa siendo una realidad cotidiana para muchas personas en el país.

El aumento en los homicidios de julio y el estancamiento en la reducción de la violencia a nivel nacional subrayan la necesidad de un replanteamiento en las políticas de seguridad. El gobierno, liderado por Rosa Icela Rodríguez en esta área, enfrenta el reto de ajustar su estrategia para abordar eficazmente las complejas dinámicas que perpetúan la violencia en México.