En un informe alarmante, el Laboratorio Electoral revela que en los últimos nueve meses, se han registrado 50 casos de violencia relacionada con el proceso electoral en México, incluyendo 33 asesinatos, de los cuales 16 aspiraban a cargos de elección popular. Este sombrío panorama arroja luces sobre la peligrosa situación que enfrentan los participantes en la contienda política, con el mes de enero destacando como el más violento con ocho asesinatos registrados.

La violencia ha golpeado con mayor fuerza a los militantes de Morena, siendo cinco de los 16 aspirantes asesinados miembros de este partido. Le siguen en la lista el PAN con cuatro, Movimiento Ciudadano con tres, y el PRD, PRI y Partido Verde, con dos, respectivamente. Esta situación desata preocupación sobre la seguridad de quienes buscan servir a través de la política, destacando la vulnerabilidad de aquellos que aspiran a cargos públicos.

La geografía de la violencia electoral se extiende por 13 entidades federativas, siendo Guerrero la más afectada con ocho casos, seguida de Veracruz y Michoacán, ambas con cinco. La repetición de Guerrero como epicentro de la violencia electoral, también observada en 2018 y 2021, subraya la urgencia de abordar la situación en este estado.

El análisis del Laboratorio Electoral se ha extendido más allá de las fechas oficiales del proceso electoral, abarcando el periodo de junio de 2023 a septiembre de 2024 debido a los procesos de selección de candidaturas realizados de manera anticipada. Este enfoque permite identificar tendencias y patrones que podrían ser fundamentales para abordar y prevenir la violencia en futuros procesos electorales.

El informe también destaca que, aunque el PRI lideró las víctimas electorales mortales en 2018, en la actualidad, Morena es el partido más afectado por la violencia política, resaltando la gravedad del problema en el contexto actual. Además, el PRD, a pesar de su estatus como partido pequeño, exhibe una preocupante estabilidad en el número de víctimas mortales de violencia.

La violencia no se limita a los aspirantes, ya que se han registrado 41 casos de violencia política no electoral contra funcionarios, sus familiares, antiguos legisladores y/o aspirantes a cargos. Estos incluyen seis atentados/ataques armados, dos amenazas, dos secuestros y un caso de denuncia de Violencia Política de Género (VPG).

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advierte que el 2024 podría convertirse en el proceso más violento en la historia del país, subrayando la necesidad urgente de abordar y revertir esta tendencia alarmante que amenaza la democracia y la participación política en México.

El día de ayer se llevó a cabo un paro nacional de transportistas de vehículos pesados en diversas vías del país en busca de garantías de seguridad durante sus trayectos. Esta medida surge como respuesta al aumento de asaltos y violencia en carreteras federales, según informa la Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco).

En Veracruz, transportistas se unieron a la protesta nacional debido a extorsiones por parte de autoridades federales y la creciente inseguridad en las vías de comunicación. En el sur y centro del estado, se iniciaron protestas con bloqueos intermitentes y reducción de velocidad en tramos clave para exigir una mayor protección.

Por su parte, en Jalisco, se reportaron manifestaciones en puntos estratégicos como el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima y en la vía que conecta Lagos de Moreno con San Juan de los Lagos.

En Querétaro, a pesar de los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo a nivel nacional, transportistas de la Federación Mexicoamerica de Transportistas (Fematrac) anunciaron su manifestación en la carretera México-Querétaro, específicamente en el tramo correspondiente al municipio de San Juan de Río.

En Chiapas, los transportistas turísticos y de carga realizaron un paro en municipios como Tapachula, Comitán y San Cristóbal, exigiendo a las autoridades una mayor seguridad en las carreteras ante los constantes asaltos.

En Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, los transportistas se movilizaron en caravana desde la zona portuaria hasta el monumento del Venadillo, manifestándose contra la violencia en las carreteras.

En Chihuahua, tanto en la capital como en Ciudad Juárez, grupos de transportistas se unieron a la manifestación nacional, exigiendo seguridad en las carreteras.

En Guanajuato, más de 50 traileros se movilizaron desde la Puerta Milenio en León hasta la carretera León-Irapuato, demandando resultados concretos por parte de la Guardia Nacional para garantizar su seguridad.

Finalmente, en el Estado de México, transportistas se congregaron en la autopista México-Pachuca, cerca de la caseta de cobro de Ojo de Agua, para exigir mayor seguridad y denunciar extorsiones por parte de las autoridades.

La protesta busca llamar la atención del gobierno federal para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los transportistas en todo el país.

En un nuevo episodio de violencia que sacude la política mexicana, el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuitláhuac, Veracruz, José Alejandro Naredo García, fue brutalmente asesinado a balazos este sábado. El hecho ocurrió cerca de la calle 6 en la colonia Oaxaca, desencadenando una fuerte movilización de agentes de seguridad y de emergencia.

Este acto de violencia política, que ha conmocionado a la comunidad, resalta la fragilidad de la seguridad en ciertas regiones del país. La Fiscalía de Veracruz ha confirmado los hechos y anunciado el inicio de las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que privó de la vida al presidente del PRD en Cuitláhuac.

La escalada de violencia política en México ha sido objeto de preocupación y debate. Según el reporte ‘MX: La Guerra en Números’ de T-ResearchMX, desde el inicio de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, hasta el 27 de enero de 2024, se han registrado 177,797 homicidios dolosos en el país. Estas cifras reflejan un contexto de inseguridad y violencia que afecta a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los actores políticos.

José Alejandro Naredo, además de su rol como dirigente del PRD, se desempeñaba como taxista y músico en Cuitláhuac. Su asesinato dejó consternada a la comunidad local, que lo describía como una figura activa y comprometida en distintos ámbitos. Las autoridades, tras confirmar su fallecimiento, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Es relevante señalar que este trágico suceso se suma a otros actos de violencia política recientes, como el asesinato del exalcalde perredista Marcelino Ruíz Esteban y su esposa en Guerrero. Ambos eventos generan inquietud sobre la seguridad de los actores políticos y la necesidad de medidas más efectivas para garantizar su protección.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas en relación con el asesinato de José Alejandro Naredo. La ausencia de respuestas inmediatas resalta los desafíos que enfrenta México en la lucha contra la impunidad y la violencia política.

El hecho de que Naredo García fuera ultimado previo a la elección del 2 de junio intensifica la preocupación sobre la seguridad de los políticos en un año electoral. La sociedad espera respuestas y acciones contundentes por parte de las autoridades locales y estatales para frenar esta ola de violencia que amenaza la estabilidad y la integridad de los actores políticos en diversas regiones del país.

El legado de José Alejandro Naredo se convierte en un recordatorio de los riesgos y desafíos que enfrentan aquellos que participan activamente en la vida política de México. Su asesinato resalta la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad y justicia para preservar la integridad de quienes dedican sus esfuerzos a servir a la comunidad y contribuir al bienestar del país.

En el marco del 117 aniversario de la Huelga de Río Blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció dos iniciativas de reforma clave antes de que concluya su administración. La primera busca modificar el Artículo 123 de la Constitución para garantizar que los aumentos salariales no queden rezagados respecto a la inflación.

“Voy a enviar una iniciativa para que se establezca que nunca más el salario va a aumentar por debajo de la inflación”, afirmó AMLO, señalando la injusticia de que los trabajadores, después de tres décadas de servicio, puedan retirarse con pensiones que apenas alcanzan la mitad de sus salarios activos.

En Río Blanco, Veracruz, recordó cómo, al inicio de su administración, el salario mínimo solo permitía adquirir 5 kilos de tortilla, mientras que gracias a los incrementos impulsados por su gobierno, ahora es posible comprar hasta 10 kilos.

En un análisis del poder adquisitivo, el presidente subrayó que en los últimos 36 años, se registró una pérdida del 70% en el valor del salario mínimo. Sin embargo, destacó que, a pesar de los aumentos implementados durante su mandato, aún queda trabajo por hacer para restaurar completamente el poder de compra de los trabajadores.

En el ámbito de las pensiones, la segunda iniciativa apunta a reformar la Ley de Pensiones del IMSS de 1997. AMLO criticó el actual sistema como “inhumano e injusto”, ya que no garantiza pensiones adecuadas para los trabajadores al término de su vida laboral.

Este anuncio generó reacciones mixtas, con el respaldo de la precandidata Claudia Sheinbaum, pero críticas de figuras como Mario Di Constanzo y Lily Téllez, quienes temen que el gobierno busque confiscar las administradoras de fondos para el retiro (afores).

“Esto sería sinónimo de la desaparición del dinero en tu cuenta afore… Si quiere mejorar las pensiones, que el gobierno aporte otro 15% a la cuenta individual del trabajador y se resuelve el problema. Y una afore única administrada por el gobierno sólo servirá para financiar a un gobierno corrupto y populachero”, comentó Vela Dib a través de sus redes sociales.

En términos salariales, el incremento del 20% al salario mínimo, implementado a principios de año, representa un avance significativo. Actualmente, el salario mínimo es de 248.93 pesos diarios en la mayor parte del país y 374.89 pesos al día en la frontera norte.

López Obrador criticó que los neoliberales quisieran que olvidáramos la historia, pero que nosotros la tenemos que recordar “siempre a nuestros mártires, próceres que nos enseñaron el camino para vivir siempre en un país libre, justo, democrático”.

AMLO reiteró su compromiso con estas reformas durante la conmemoración en Río Blanco, Veracruz, destacando la necesidad de recordar la historia y las luchas obreras para construir un país libre, justo y democrático. Estas iniciativas marcan un paso importante en la agenda social y laboral del actual gobierno mexicano.