Un total de 200 soldados del Ejército Mexicano han llegado a Michoacán para apoyar la seguridad del sector limonero en la región de Apatzingán, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este despliegue se enmarca dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional implementada por la administración de Claudia Sheinbaum.

Los militares serán responsables de asegurar todas las fases del proceso del limón, desde su cosecha hasta la venta, lo que incluye la producción, el empaque y el transporte del producto. Esta información fue revelada en un comunicado oficial de la Sedena, que también mencionó el apoyo de otros organismos en la región.

Además de los elementos del Ejército, en la zona han llegado personal de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, y representantes de diversas secretarías, incluyendo la de Gobernación y la de Agricultura de Michoacán.

Los efectivos se distribuirán en varios municipios, como Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Parácuaro y Tepalcatepec. Este apoyo es crucial, ya que en lo que va del año, los productores de limón han enfrentado severas interrupciones en sus actividades debido a la influencia del crimen organizado. Los agricultores han denunciado extorsiones, donde los cárteles les exigen pagos de hasta 3 pesos por cada kilo de limón producido, así como infiltraciones en las empresas de empaque a través de personal administrativo.

Un grupo de senadores republicanos, conformado por John Cornyn, Katie Boyd Britt y Bill Hagerty, se ha manifestado en contra de la reciente decisión de declarar Área Natural Protegida a la región de Felipe Carrillo Puerto, donde opera la empresa estadounidense Vulcan Materials a través de Calica.

Los legisladores denunciaron que el decreto es una “expropiación descarada” de una operación legalmente establecida y acusaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atentar contra el estado de derecho. Además, señalaron que esta medida pone en riesgo tanto los intereses económicos como la seguridad nacional de Estados Unidos, advirtiendo que tomarán medidas con la próxima administración mexicana.

“La nueva administración en México no querrá enfrentar las severas consecuencias de las acciones ilegales del presidente López Obrador, que violan tanto el derecho nacional como el internacional. Instamos a que actúen rápidamente en beneficio mutuo de los pueblos de México y Estados Unidos”, expresaron los senadores.

En sus redes sociales, también condenaron las acciones del mandatario mexicano, advirtiendo que Estados Unidos responderá con consecuencias graves. La senadora Katie Boyd Britt enfatizó: “El plan de López Obrador de tomar control del puerto de Vulcan constituye una expropiación flagrante. Nuestra ley bipartidista sobre la defensa de la propiedad estadounidense en el extranjero es clara: habrá graves repercusiones ante estas acciones ilegales”.

Por su parte, Bill Hagerty informó sobre la presentación de una legislación destinada a impedir que López Obrador se beneficie de estas acciones, reforzando además la postura de Estados Unidos en futuras negociaciones comerciales con México. “Condeno enérgicamente las amenazas de AMLO de confiscar activos estadounidenses. He liderado a mis colegas en la elaboración de una legislación para debilitar cualquier intento de aprovechamiento por parte del presidente mexicano y, en caso de confiscación, fortalecer nuestra posición en las negociaciones comerciales”, declaró Hagerty.

Los 32 gobernadores de México, incluyendo mandatarios de Morena y sus aliados, así como del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando que no se modifique la prisión preventiva oficiosa. La solicitud llega mientras el alto tribunal prepara proyectos para cambiar esta controvertida medida, tras la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México el año pasado, ordenando su eliminación de la Constitución.

Los políticos afirman que la prisión preventiva oficiosa es crucial para la seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la carta durante su conferencia matutina del martes, destacando la importancia de la medida para mantener el orden en el país.

La Conferencia Nacional de Gobernadores presentó la carta bajo la figura de amicus curiae, advirtiendo a la SCJN sobre el “grave impacto” que tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa. La misiva señala que modificar esta medida podría colapsar el sistema judicial, ya que los tribunales federales tendrían que analizar todas las solicitudes de modificación a esta medida cautelar.

En México, la prisión preventiva oficiosa permite encarcelar automáticamente a los acusados de 16 delitos, como feminicidio, secuestro y robo, en la primera fase del proceso judicial. Actualmente, más de 68,000 personas están en prisión preventiva oficiosa, lo que representa un tercio del total de la población carcelaria. La CIDH considera esta medida un encarcelamiento anticipado y una violación a las garantías internacionales.

El escrito de los gobernadores va dirigido al proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa en respuesta a las sentencias de la CIDH. Otros dos proyectos en preparación en la SCJN también buscan abordar esta cuestión: la acción de inconstitucionalidad 49/2021, de la ministra Margarita Ríos Farjat, y el amparo en revisión 284/2022, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La carta de los gobernadores refleja la posición del presidente López Obrador, quien ha hecho de la prisión preventiva oficiosa un pilar de su estrategia de seguridad. Además, la figura ha sido un punto de confrontación con Norma Piña, presidenta de la SCJN. El presidente ha advertido que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría llevar a la impunidad y ha elogiado la postura de los gobernadores por su firmeza.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.