La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México que redefine las funciones de esta institución naval, incorporando nuevas tareas vinculadas con la persecución en altamar, la ciberseguridad y el uso de inteligencia artificial frente a amenazas a la seguridad nacional.
La propuesta establece que la Armada tendrá la facultad de garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en las zonas marinas mexicanas, actuando por sí o en coordinación con otras autoridades en el combate al terrorismo, contrabando, piratería, robo de embarcaciones, pesca ilegal, tráfico de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos.
Entre los puntos centrales del documento destaca la eliminación del párrafo contenido en el inciso II del artículo 2 de la actual ley, en el que se indica que la Armada deberá “cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, con estricto respeto y protección de los derechos humanos”. El proyecto sustituye esa referencia por un enfoque operativo centrado en la defensa nacional y en la ejecución de políticas de seguridad marítima.
De acuerdo con la iniciativa, la Armada participará en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, con el propósito de conducir operaciones militares dentro del ciberespacio, en colaboración con otras instituciones del Estado. También se contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial para reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes que puedan comprometer la integridad y estabilidad del país.
El texto enviado por el Ejecutivo precisa que la institución conducirá el control naval del tráfico marítimo, protegerá las zonas marítimas mexicanas y podrá actuar en otras áreas cuando así lo ordene el mando supremo. Además, se le otorgará la atribución de regular y vigilar las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes.
La reforma también establece que la Armada ejercerá funciones de guardia costera, con capacidad para realizar acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por México en materia de combate a actos ilícitos en el mar. En caso de detectar delitos, el personal naval deberá poner a disposición de las autoridades competentes a las personas, objetos o productos relacionados, siguiendo el Protocolo de Actuación del Personal Nacional en Funciones de Guardia Costera.
Asimismo, se le encomienda proteger instalaciones estratégicas y prioritarias del país, tanto por sí misma como en coordinación con otras dependencias, cuando así lo disponga el mando supremo. La propuesta también faculta a la institución para elaborar e implementar políticas de defensa derivadas de las instrucciones presidenciales y disponer del poder naval ante escenarios que amenacen la seguridad nacional.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca actualizar el marco jurídico de la Armada de México para adecuarlo a los nuevos contextos de seguridad marítima, tecnológica y territorial que enfrenta el país.
