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Un cambio significativo en los documentos oficiales de identificación se aproxima en México. La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdéz, confirmó que la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) dejará de ser válida como identificación oficial para trámites cotidianos como operaciones bancarias, visitas a museos, accesos a bibliotecas, atención en hospitales y otros servicios públicos o privados. En su lugar, la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos se convertirá en el documento oficial de identificación nacional.

Este cambio se da como parte de una reforma reciente a la Ley General de Población, impulsada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. La nueva disposición establece que la CURP incluirá huellas dactilares y fotografía, lo que la transforma en un documento de aceptación universal y uso obligatorio en todo el país.

En medio de dudas expresadas por algunos consejeros del INE respecto a esta decisión, la senadora Margarita Valdéz aseguró que no existe tal confusión. Explicó que la credencial del INE fue creada exclusivamente para votar, no para identificarse ante instituciones. Una vez que el gobierno federal complete la recolección de datos biométricos de la población, incluyendo menores de edad, la CURP pasará a ser el documento que identifique oficialmente a los mexicanos.

“La INE no es un documento para identificarnos, la INE el origen es para ir a votar, nada más”, declaró la legisladora. “La CURP, en cuanto esté ya lista, para que la gente entienda, es la que nos va a identificar, la firma, los datos biométricos se nos van a pedir como identificación”.

Valdéz subrayó que la transición tomará tiempo, ya que la ciudadanía está acostumbrada a usar la credencial del INE como identificación principal, debido a que hasta ahora contenía firma, fotografía y huella digital, lo que la hacía más completa que otros documentos. Sin embargo, insistió en que este hábito debe cambiar.

En cuanto a la posibilidad de que el gobierno federal solicite al INE el padrón electoral para cotejar información con el nuevo registro de CURP biométrica, la senadora no descartó la opción. Señaló que podría realizarse un cruce de datos para estudios o validaciones específicas.

Este proceso marca una nueva etapa en la digitalización e identificación nacional, con un sistema centralizado basado en datos biométricos. Con la CURP biométrica, se busca unificar los registros de identidad bajo un solo documento con validez total en el país.

El Senado de la República aprobó reformas clave a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las modificaciones normativas, surgidas de una iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum el 31 de marzo, fueron avaladas con 89 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano, y 13 votos en contra por parte del PRI.

El dictamen elimina el plazo de espera de 72 horas para iniciar una búsqueda. A partir de su aprobación, las autoridades deben actuar desde el primer momento en que se presenta una denuncia de desaparición. La medida fue impulsada por colectivos de madres buscadoras y se convierte en uno de los ejes fundamentales del nuevo marco legal.

El documento establece que la CURP será utilizada como el identificador oficial en procesos de búsqueda, lo que permitirá articular una Plataforma Única de Identidad, sistema que estará enlazado con diversas bases de datos: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos.

La Secretaría de Gobernación estará a cargo de un programa de recolección y gestión de datos biométricos, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. Esta dependencia será responsable de integrar dicha información a la CURP, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La finalidad será consolidar un registro de identidad más robusto y facilitar la localización de personas.

El nuevo modelo también incluye la monitoreación en tiempo real de la CURP, así como el acceso de la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública y el Centro Nacional de Inteligencia a bases de datos que contengan datos biométricos y otros elementos de identificación.

Además de acelerar la apertura de carpetas de investigación y generar una búsqueda inmediata, la reforma contempla la creación de una base única forense, el fortalecimiento de registros estatales y la homologación del delito de desaparición con el de secuestro.

Durante la sesión, se aceptó una reserva presentada por la senadora Margarita Valdéz para que gobiernos estatales y municipales, en un plazo de 180 días, regulen cementerios, panteones, servicios funerarios, crematorios y fosas comunes.

Por otro lado, no fue aprobada la propuesta de la senadora Maki Ortiz para integrar una sección permanente de denuncia ciudadana en la Plataforma Única de Identidad. Tampoco se aceptó la reserva del senador Erick Jaimes, que buscaba reconocer a madres y familiares de personas desaparecidas como coadyuvantes oficiales en las investigaciones. La mayoría de Morena se opuso a ambas propuestas. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.

El Senado de la República aprobó la creación de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos con 75 votos a favor —provenientes de Morena y aliados— y 37 en contra, emitidos por la oposición. Esta reforma establece el uso del mecanismo LlaveMX como plataforma única de acceso a trámites y servicios públicos digitales.

La iniciativa prevé sustituir trámites presenciales por digitales, fusionar procesos relacionados y promover pagos en línea. También busca eliminar intermediarios y reducir espacios de discrecionalidad en la gestión gubernamental. De acuerdo con la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, la ley representa una oportunidad para simplificar procesos, ahorrar recursos y garantizar mayor accesibilidad y transparencia para la ciudadanía.

Valdez subrayó que esta transformación permitirá la optimización administrativa entre dependencias, reduciendo tiempos y costos, al tiempo que fortalece la atención directa a la población. El mecanismo LlaveMX fungirá como una credencial digital unificada, válida en todos los niveles del gobierno federal.

Durante la discusión en el pleno, la bancada opositora expresó desacuerdos sustanciales. La senadora Laura Esquivel, del PAN, indicó que esta legislación no busca agilizar trámites, sino “concentrar el poder y la información” en una sola entidad, sin contrapesos ni protección suficiente para los datos personales. Desde su postura, la centralización representaría un riesgo para el equilibrio del federalismo.

Paloma Sánchez, senadora del PRI, añadió que la iniciativa parece moderna y funcional, pero constituye “un paso irreversible hacia el control, la centralización, el espionaje masivo y la muerte del federalismo”. Señaló que la ley entrega al gobierno la capacidad de administrar sin regulación la identidad digital de los mexicanos.

Según Sánchez, esta ley “significa poner nuestra identidad al servicio del poder para que se use sin control alguno”, y calificó de obligatorio el registro de la población en el sistema. Señaló que una sola agencia —la Agencia de Transformación Digital— tendrá el control de los trámites y el historial ciudadano.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya advirtió que la ley no solo podría vulnerar los datos personales de millones de ciudadanos, sino también entrar en conflicto con el Tratado de Libre Comercio en su artículo 19, relacionado con la protección de la información digital.

Anaya agregó que el proyecto demandará una alta inversión pública en infraestructura tecnológica, recursos que actualmente no están disponibles en el presupuesto gubernamental. También destacó que la falta de garantías técnicas y jurídicas expone a la ciudadanía a riesgos innecesarios.

Con esta reforma, la Agencia de Transformación Digital obtendrá un papel central en la administración pública digital, y será la responsable de coordinar todos los trámites en línea del país. La ley pasará ahora a su fase de aplicación y evaluación, en medio de un debate que mantiene latente la discusión sobre tecnología, derechos digitales y límites del poder estatal.