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El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, de origen tzotzil y nacido en la comunidad de Chichelalhó, municipio de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros esta mañana mientras transitaba entre las calles Peras y Manzanas, en el barrio de Cuxtitali, ubicado al oriente de San Cristóbal de las Casas. El ataque fue perpetrado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta.

El pasado 13 de septiembre, durante una marcha por la paz en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que participaron las tres diócesis del estado, el padre Marcelo Pérez Pérez declaró que la violencia en Chiapas había alcanzado niveles alarmantes. “Ya no se aguanta, y cuando la Iglesia se expresa de esta manera es un mensaje de esperanza, en el que tenemos que actuar en favor de la paz”, expresó en aquella ocasión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas cautelares a favor del sacerdote desde el 1 de septiembre de 2015, bajo la medida 506-14. Sin embargo, también enfrentaba una orden de aprehensión por la desaparición forzada de 21 hombres en Pantelhó, ocurrida el 26 de julio de 2021. “Es contradictorio que el gobierno me brinde protección cuando al mismo tiempo emite una orden de aprehensión en mi contra”, afirmó el sacerdote el pasado 13 de septiembre.

La orden de captura contra Pérez Pérez fue emitida por la Fiscalía General de Chiapas el 21 de junio de 2022, dirigida al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito de San Cristóbal de las Casas, casi un año después de la desaparición de los 21 hombres en Pantelhó. Los pobladores de esa comunidad criticaron al sacerdote por no haber evitado el secuestro, atribuido a un grupo paramilitar conocido como “El Machete”, que llevó a las víctimas a la comunidad de San José Tercero, donde desaparecieron.

Marcelo Pérez Pérez había trabajado previamente en Simojovel, encabezando peregrinaciones contra la drogadicción y el alcoholismo durante diez años. También había sido párroco en San Pedro Chenalhó, una comunidad indígena tzotzil, durante dos años, hasta que en 2011 fue trasladado a Simojovel. Actualmente, era párroco de la iglesia en el barrio de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas. El ataque tuvo lugar en la iglesia de Cuxtitali, situada en la calle Magnolia número 5.

El cuerpo del sacerdote fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Minutos después del atentado, las campanas de la parroquia de Guadalupe sonaron en señal de luto, mientras un grupo de mujeres rezaba en el lugar donde yacía Pérez Pérez.

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, confirmó el asesinato, explicando que el sacerdote fue atacado tras salir de misa en Cuxtitali. El obispo informó que el cuerpo será velado en la iglesia de Guadalupe una vez que la Fiscalía lo entregue a la comunidad.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, condenó el asesinato a través de sus redes sociales: “Condeno y lamento el cobarde asesinato del padre Marcelo Pérez. Colaboraremos con las autoridades para que los responsables enfrenten la justicia y su muerte no quede impune”.

En la escena del crimen, peritos y agentes del Ministerio Público continúan las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos en la calle Peras, en Cuxtitali. La Fiscalía General de Chiapas anunció que se abrió una carpeta de investigación por homicidio contra los responsables del ataque. “Esta Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y reitera su compromiso de garantizar el Estado de derecho, asegurando que ninguna acción fuera de la ley quede impune”.

La tarde de este sábado 20 de enero, una noticia estremecedora conmocionó a México y reabrió heridas que aún no cicatrizan: ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa fueron liberados bajo el beneficio de libertad condicional.

La jueza Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales de Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para justificar la prisión preventiva oficiosa, desatando un debate en la sociedad y reavivando el dolor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Los militares en cuestión, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, han estado privados de su libertad desde junio pasado en la prisión del Campo Militar 1-A.

La noticia de su liberación, sin duda, genera interrogantes sobre el avance de la justicia y la resolución del emblemático caso Ayotzinapa, que ha marcado un capítulo oscuro en la historia mexicana.

La decisión de la jueza incluye la imposición de una fianza de 50,000 pesos para cada militar, una cantidad que ha suscitado críticas y cuestionamientos en la opinión pública. Además, deberán cumplir con medidas cautelares estrictas, como presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, entregar sus pasaportes y se les prohíbe salir del país. Este conjunto de condiciones busca, según la jueza, garantizar que los procesados no evadan la justicia, pero ha generado un debate sobre la efectividad de estas medidas.

La conexión de los militares con el grupo criminal Guerrero Unidos, según un testigo protegido, fue un elemento clave en sus detenciones, aunque cabe destacar que estos ocho individuos se entregaron voluntariamente a las autoridades para ser investigados. El grupo Guerrero Unidos es señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una tragedia que ha dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva mexicana.

Esta decisión judicial llega en un momento crucial para México, donde el caso Ayotzinapa ha sido uno de los grandes pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de reconocer que es una de sus promesas incumplidas, el mandatario defiende los avances en la investigación. Sin embargo, la liberación de estos militares plantea interrogantes sobre la dirección y el progreso del caso.

La Comisión de la Verdad del Gobierno, en 2022, calificó el hecho como un “crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles gubernamentales, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado. Este reconocimiento elevó la gravedad del caso, y la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este año intensificó la polémica, al denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El proceso judicial ha sido largo y complejo, con la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo jugando un papel central en esta última resolución. Su determinación de aplicar la prisión preventiva, revisada posteriormente, y ahora la libertad condicional, ha generado reacciones divididas. La sociedad exige respuestas claras, la verdad sobre lo ocurrido y justicia para los afectados.