Metanfetamina desde México a Europa: Coordinación bilateral tras golpe histórico al narcotráfico

México y España mantienen un intercambio activo de información tras el desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de metanfetamina hacia Europa, operación en la que fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos originarios de Jalisco y Sinaloa. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al detallar que la cooperación se fortaleció a partir de la identificación de los connacionales involucrados.

La acción policial forma parte de la operación “Saga”, iniciada en 2023 y considerada por las autoridades españolas como el mayor golpe al tráfico de metanfetamina en Europa. En su segunda fase, ejecutada recientemente, se logró la segunda mayor incautación de esta droga en el continente, además de la captura de integrantes clave de la estructura criminal. Entre los detenidos se encuentra un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía cargamentos procedentes de México.

De acuerdo con la información oficial, la organización utilizaba cargamentos de piedras de mármol importadas legalmente desde México para ocultar la metanfetamina, un método que permitió el trasiego de droga a gran escala a través de rutas comerciales formales. Este esquema evidenció el uso de actividades lícitas como fachada para el tráfico internacional de drogas sintéticas.

García Harfuch explicó que, aunque la intervención fue realizada por autoridades españolas, la detención de ciudadanos mexicanos activó de inmediato los mecanismos de cooperación bilateral. Señaló que existe un intercambio constante y efectivo de información con España, apoyado por la presencia de un delegado del Centro Nacional de Inteligencia mexicano en ese país.

El flujo de información incluye datos sobre empresas presuntamente vinculadas al caso, particularmente aquellas relacionadas con la comercialización de mármol, piedra y otros materiales. Estas referencias ya son analizadas por las autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de las acciones derivadas del caso. También se revisan posibles irregularidades en procesos aduanales y de comercio exterior relacionados con los cargamentos utilizados para introducir la droga.

La magnitud de la operación “Saga” se explica también por sus antecedentes. En su primera fase, desarrollada en 2024 con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue desmantelado el mayor punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa. En ese momento se aseguraron mil 800 kilos de la droga a una organización hispano-mexicana que operaba rutas a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

El caso subraya la dimensión transnacional del tráfico de metanfetamina y la relevancia de la cooperación internacional para combatir estructuras criminales que aprovechan el comercio legal para actividades ilícitas.

México te abraza: Repatriaciones superan las 145 mil desde enero; buscan reforzar apoyo consular

Entre el 20 de enero y el 17 de diciembre se contabilizaron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, de acuerdo con información oficial del gobierno federal dada a conocer en conferencia de prensa. El registro corresponde al periodo posterior al retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense y al endurecimiento de la política migratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que la mayoría de los retornos se concretaron por vía terrestre. En total, 116 mil 156 personas ingresaron a México a través de cruces fronterizos, mientras que 29 mil 381 fueron trasladadas por vía aérea. Estas acciones se realizan bajo la Estrategia Nacional de Repatriación “México te abraza”, cuyo objetivo es ofrecer atención inmediata y ordenada a las personas retornadas.

De ese universo, 99 mil 924 connacionales aceptaron ingresar a los centros de atención habilitados por el gobierno mexicano. En contraste, 45 mil 613 personas decidieron no hacerlo. Rodríguez aclaró que, aun cuando no ingresan a estos espacios, se les garantiza acceso a alimentación, llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo logístico para su traslado a los lugares de origen.

La infraestructura de atención está integrada por nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran principalmente en estados fronterizos del norte, entre ellos Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En el caso de las repatriaciones aéreas, la recepción y atención se canalizan en Chiapas y Tabasco, en el sur del país, desde donde se coordina la movilidad de personas procedentes de distintos puntos del territorio estadounidense.

En el ámbito consular, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que 130 mil 364 personas repatriadas recibieron algún tipo de asistencia consular. Este acompañamiento incluye orientación durante procesos de detención, apoyo legal y seguimiento individualizado de casos.

Durante el mismo periodo, personal consular realizó 9 mil 322 visitas a centros de detención migratoria en Estados Unidos, lo que equivale a un promedio de 28 visitas diarias. Además, se brindaron 17 mil 355 asesorías legales externas y se canalizaron 3 mil 848 casos al programa de atención legal a migrantes. En materia de apoyos económicos, se reportaron 33 casos en los que se destinaron recursos para el pago de fianzas, con un monto acumulado de 146 mil dólares. También se registraron 75 repatriaciones de carácter médico.

Como complemento a estas acciones, Velasco destacó los recursos obtenidos mediante el sorteo “México con M de migrante”, que permitió recaudar 115 millones de pesos. De ese total, 50 millones se asignarán al fortalecimiento de la representación legal y al pago de fianzas, mientras que 10 millones de pesos se destinarán a la realización de visitas a centros de detención. El resto de los fondos se utilizará para apoyo humanitario y labores de difusión preventiva dirigidas a la población migrante.

Los datos presentados dan cuenta de la operación conjunta de dependencias federales y de la red consular mexicana para atender el volumen de repatriaciones registradas en los primeros meses de la actual administración estadounidense, así como de los mecanismos desplegados para brindar asistencia, orientación y acompañamiento a las personas retornadas.

Redadas en California generan tensión migratoria y respuesta inmediata del gobierno mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este fin de semana la detención de 35 ciudadanos mexicanos en California, tras operativos encabezados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La noticia se dio a conocer durante su visita a Puebla, donde aseguró que se están tomando acciones inmediatas para apoyar a los detenidos y sus familias por medio del sistema consular.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió instrucciones directas para brindar asistencia legal a los connacionales afectados. Desde el sábado, las representaciones diplomáticas mexicanas mantienen contacto con las autoridades estadounidenses y las familias de los detenidos, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos y buscar alternativas favorables para su situación migratoria.

Los operativos comenzaron el pasado jueves en distintas ciudades de California. Como reacción, surgieron protestas de la comunidad latina, especialmente en Los Ángeles. Las manifestaciones escalaron en intensidad y derivaron en enfrentamientos con las autoridades locales, lo que llevó a la administración del presidente Donald Trump a ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

En este contexto, la mandataria mexicana expresó su desacuerdo con la estrategia migratoria estadounidense. “No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia”, subrayó. También reafirmó la postura del gobierno mexicano a favor de una reforma integral que considere a los millones de mexicanos que viven al otro lado de la frontera.

Durante su gira por Cholula, donde inauguró el Hospital General para la Niñez Poblana, Sheinbaum reiteró el mensaje de paz y solidaridad. “Nuestro llamado para que no haya violencia”, señaló, al tiempo que aseguró que el personal consular ya mantiene comunicación directa con cada uno de los detenidos.

La presidenta recordó que las y los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos lo hacen con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida para sus familias. “Son hombres y mujeres de bien, son honestos, se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida. No son criminales”, enfatizó.

El gobierno federal también reiteró su disposición para recibir a cualquier mexicano que decida regresar voluntariamente, dejando claro que su reintegración será respaldada y acompañada institucionalmente.

La situación ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la migración, la seguridad y los derechos humanos, marcando un momento clave para las relaciones bilaterales y el trato hacia la comunidad mexicana en el extranjero

Pesca clandestina en el Golfo: Tripulación mexicana cae en operativo federal

Un caso sin precedentes ha llamado la atención en la frontera sur de Estados Unidos. Cuatro ciudadanos mexicanos han sido acusados formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Texas por presunta pesca ilegal en aguas estadounidenses del Golfo de México. La información fue confirmada este jueves por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), destacando que se trata del primer caso de este tipo procesado en la región.

Los acusados son Miguel Ángel Ramírez Vidal, de 32 años; Jesús David Luna Márquez, de 20; Jesús Roberto Morales Amador, de 27; y José Daniel Santiago Mendoza, de 22. Según el comunicado oficial, enfrentan cargos por “transporte ilegal de pescado extraído del Golfo de México” con la presunta intención de comercializarlo en territorio mexicano.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la embarcación en la que viajaban fue detectada aproximadamente a siete millas náuticas (unos 13 kilómetros) al norte de la línea fronteriza marítima entre México y Estados Unidos, y más de 33 kilómetros al este de la Isla del Padre, en Texas. En ese punto, el grupo habría sido sorprendido pescando con cerca de cuatro kilómetros de sedal de nailon grueso y un aproximado de mil 200 anzuelos.

La acusación federal sostiene que los implicados operaban en una lancha sin identificación visible: sin nombre, sin registro oficial, sin bandera de ningún país y sin luces de navegación. Las autoridades también afirman que ninguno de los tripulantes contaba con permisos válidos para realizar actividades de pesca en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos.

Entre los hallazgos más relevantes del caso se encuentra la cantidad de producto presuntamente capturado: aproximadamente 315 kilogramos de huachinango, especie altamente valorada en el mercado, que habría sido extraída de forma ilegal para su posterior venta en México.

Las penas que podrían enfrentar, en caso de ser encontrados culpables, incluyen hasta cinco años de prisión federal, además de una multa económica que podría alcanzar los 250 mil dólares, según la legislación vigente.

El caso ha encendido alertas sobre la vigilancia en aguas internacionales y las prácticas ilegales que amenazan los recursos marinos compartidos. Mientras avanzan los procedimientos judiciales, las autoridades continúan reforzando los operativos de control en las zonas marítimas del sur de Texas.

México extradita a dos prófugos buscados por homicidio en EE.UU.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México extraditó este viernes a dos ciudadanos mexicanos solicitados por la justicia estadounidense por delitos de homicidio. La entrega se realizó en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

El primer caso involucra a Louie “H”, requerido por la Corte Superior del Estado de Washington, Condado de King, por el asesinato de su expareja. Se le acusa de haberle disparado con un arma de fuego, causándole la muerte. Antes de su extradición, se encontraba detenido en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California, donde enfrentaba un proceso penal por delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y salud.

 

El segundo caso es el de Juan “R”, quien fue extraditado a California, donde enfrenta cargos por homicidio, acecho y amenazas. Se le acusa de haber apuñalado a su expareja sentimental, provocando su muerte. Su extradición fue solicitada por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Santa Clara. Fue detenido en julio de 2024 en Felipe Carrillo Puerto, Michoacán.

 

Las entregas se llevaron a cabo en distintos puntos fronterizos. Louie “H” fue trasladado a Estados Unidos a través del puente fronterizo entre Tijuana, Baja California, y San Ysidro, California. Por su parte, Juan “R” fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses se hicieron cargo de su traslado final.

 

Con estas extradiciones, las autoridades mexicanas refuerzan la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el cumplimiento de la justicia entre ambos países.

Ordenan a la SHCP Transparentar Contratos del Software Espía Pegasus

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.