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El Congreso de la Ciudad de México ha dado luz verde al Comité de Evaluación que supervisará la elección judicial local. Este órgano será clave para evaluar a las personas aspirantes a jueces y magistrados, analizando sus expedientes y seleccionando a quienes cumplan con los requisitos legales. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica, ya que la integración del Comité ha generado fuertes críticas por violar la paridad de género, un principio estipulado por la ley.

 

Conformado por Sandra Araceli Vivanco Morales, Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Israel Sandoval Jiménez, Julián Güitrón Fuentevilla y Mario Juárez Ugalde, el Comité incluye solo a una mujer entre cinco integrantes, lo que va en contra de las normas que exigen una representación equitativa entre hombres y mujeres.

 

La oposición en el Congreso no tardó en señalar esta irregularidad. Legisladores como Roifyd Torres, del Movimiento Ciudadano, exigieron que se repusiera el proceso o, al menos, que se realizara una nueva votación para incluir a otra mujer en el Comité. Torres propuso que se eliminara a uno de los integrantes masculinos, sugiriendo que esto podría resolverse mediante votación o sorteo.

 

El morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión Especial para la Selección de Jueces y Magistrados, admitió que el Comité no cumple con la paridad de género, pero defendió la decisión argumentando limitaciones de tiempo. Según Martínez Urincho, aplazar la instalación del Comité sería inviable debido a los plazos del proceso de elección judicial.

 

“Estas fueron las propuestas que recibimos de las diputadas y diputados. Reconocemos que no se cumple con la paridad, pero el Comité debe instalarse de inmediato”, afirmó.

 

La oposición no se conformó con estas explicaciones. Legisladoras como Tania Larios, del PRI, insistieron en que el respeto a la ley no es opcional. Subrayaron que la paridad de género es un principio legal que debe garantizarse en cualquier circunstancia.

 

A pesar de las críticas, Morena y sus aliados utilizaron su mayoría para aprobar la conformación del Comité tal como estaba propuesta, cerrando la puerta a cualquier modificación.

 

Este debate no solo refleja las tensiones políticas dentro del Congreso, sino que también pone sobre la mesa un tema fundamental: el compromiso con la igualdad de género en procesos institucionales. Mientras tanto, el Comité, cuya instalación ya está en marcha, tendrá la tarea de seleccionar a las personas más capacitadas para los cargos judiciales, con una sombra de controversia que no será fácil de disipar.

El Senado de la República vivió un acalorado debate al aprobar la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la iniciativa generó una marcada división entre las bancadas, especialmente por las implicaciones de incluir estas medidas en la Constitución. Mientras Morena defendió la medida como un paso hacia la protección de la salud pública, la oposición cuestionó la efectividad de la prohibición y advirtió sobre posibles consecuencias negativas.

 

La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca sancionar actividades relacionadas con dispositivos como vapeadores, además de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra en lo particular, argumentando que la prohibición solo fortalecerá el mercado negro.

 

“Prohibir no soluciona el problema, lo magnifica”, afirmó la senadora Karla Toledo del PRI. “En lugar de destinar 15 mil millones de pesos a educación y salud, dejamos esos recursos en manos del crimen organizado”. Toledo urgió a regular, en lugar de prohibir, como una medida más efectiva para abordar los riesgos asociados.

 

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta integral a las crisis de salud y seguridad generadas por el consumo de estas sustancias. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “los vapeadores contienen sustancias altamente tóxicas que afectan gravemente la salud, mientras que el fentanilo ha incrementado la violencia y debilitado el tejido social”.

 

Inzunza también destacó que el marketing dirigido a adolescentes ha contribuido al auge del uso de vapeadores, promovidos como alternativas inofensivas. “Esto es un engaño que debemos detener”, añadió, subrayando la importancia de proteger a las nuevas generaciones.

 

El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un acto contradictorio y desmedido. “Estamos prohibiendo los vapeadores desde una Constitución que no prohíbe otras drogas igual de peligrosas, como la cocaína o la heroína”, declaró. Además, acusó a varios legisladores de hipocresía, señalando que muchos de ellos usan vapeadores de manera habitual. “Es absurdo legislar desde la contradicción“, afirmó.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García alertó que el prohibicionismo incrementará el control de los cárteles sobre estos productos. “La regulación debe ser una herramienta para tratar este problema como un tema de salud pública, no de seguridad nacional”, dijo.

 

Con la aprobación de esta reforma, México se enfrenta al desafío de implementar medidas que eviten el crecimiento del mercado ilícito, a la vez que protege a los sectores más vulnerables de la población.

En un movimiento que marca una nueva etapa para el partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez asumió este jueves la dirigencia nacional durante la Convención Nacional Democrática. Este cambio de liderazgo, aprobado por el Consejo Nacional del partido, representa un momento clave en la estrategia política de MC rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

 

Álvarez Máynez, quien sucede al histórico líder Dante Delgado, llega con el respaldo público de su predecesor. Delgado, quien recientemente anunció que enfrenta un tratamiento contra el cáncer gástrico, destacó la capacidad de su sucesor al declarar: “Lo veo muy bien para liderar este proyecto que busca ser una alternativa real para México.”

 

El nuevo dirigente no es ajeno al escenario político. Álvarez Máynez cuenta con una sólida trayectoria que incluye haber sido diputado federal entre 2015 y 2018, así como secretario general de acuerdos en Movimiento Ciudadano. En el ámbito académico, posee una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y una maestría en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey.

 

En su discurso de asunción, el nuevo líder destacó la necesidad de revitalizar la política nacional “Nuestro objetivo es consolidar a Movimiento Ciudadano como la fuerza que México necesita, no solo en los grandes escenarios, sino en cada rincón del país donde aún hay esperanza por un cambio verdadero.”

 

Álvarez Máynez ha señalado que su estrategia no se limitará a criticar a los adversarios, sino a presentar propuestas concretas y viables para el desarrollo del país. En un mensaje dirigido a otras fuerzas políticas, enfatizó: “No podemos limitarnos a esperar el fracaso del país como estrategia. Nuestra visión es constructiva, no destructiva.”

 

Entre sus prioridades está fortalecer la presencia del partido en estados como Campeche y Tlaxcala, donde MC busca expandir su base electoral y consolidar su estructura.

 

El cambio de dirigencia también marca el cierre de un capítulo liderado por Dante Delgado, quien fue clave en la construcción de Movimiento Ciudadano como una fuerza relevante en el panorama político mexicano. Durante la ceremonia, Delgado expresó su confianza en que Álvarez Máynez continuará el trabajo para posicionar al partido como una opción competitiva en 2024.

 

Con un liderazgo renovado y objetivos claros, Movimiento Ciudadano se prepara para enfrentar los retos del futuro. Jorge Álvarez Máynez tiene frente a sí la tarea de demostrar que el cambio en la dirigencia puede ser el impulso necesario para consolidar a MC como un actor determinante en la política nacional.

En una sesión que desató intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, el dictamen busca endurecer las sanciones contra la producción, distribución y comercialización de estas sustancias. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde continuará su análisis.

La reforma no solo prohíbe estas actividades, sino que establece que “queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada” con estos productos. Mientras los partidarios argumentan que es una medida necesaria para combatir una crisis de salud pública y narcotráfico, los opositores lo consideran un ataque a las libertades individuales.

La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, llevó la controversia a otro nivel al vapear en plena tribuna como protesta. “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban nuestras libertades. Su política de salud no da para más que prohibir, prohibir, prohibir”, declaró. Reyes cuestionó el enfoque restrictivo del gobierno, acusándolo de abandonar su supuesta agenda de izquierda.

Por su parte, Morena defendió la medida como un esfuerzo necesario contra el narcotráfico. La diputada Danisa Flores enfatizó que el fentanilo no solo representa una crisis de salud pública, sino también un peligro para la seguridad nacional. “Prohibir su distribución y producción contribuye a disminuir el impacto del narcotráfico y fortalece nuestra relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que exigen acciones más contundentes”, afirmó.

La oposición no tardó en cuestionar la efectividad de la reforma. Paulina Rubio, legisladora del PAN, criticó la medida como insuficiente para resolver problemas estructurales. “Esto es darle una aspirina a un paciente con cáncer. Nuestro país no es una serie como Breaking Bad donde podemos adelantar al peor capítulo. Vivimos una realidad devastadora, mucho peor que cualquier ficción”, sostuvo, subrayando que el narcotráfico ha permeado todos los aspectos de la vida en México.

Con el dictamen aprobado, el Senado se enfrenta a una decisión trascendental. El debate no solo gira en torno a la prohibición de productos dañinos, sino también al equilibrio entre derechos individuales y la necesidad de proteger a la sociedad de amenazas sistémicas.

La Cámara de Diputados avanza con paso firme en la discusión del presupuesto que definirá el rumbo financiero del gobierno de Claudia Sheinbaum en su primer año al frente de México. Este lunes, la Comisión de Hacienda aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y la Ley de Derechos 2025, enviándolos al Pleno de San Lázaro para su revisión final. Sin embargo, no todo ha sido consenso: la oposición cuestiona duramente las proyecciones macroeconómicas y la falta de estrategias recaudatorias a largo plazo.

 

Los documentos aprobados proyectan ingresos presupuestarios por 8.056 billones de pesos, un aumento real del 5.4% respecto a 2024. Este optimismo se sustenta en un crecimiento económico esperado de entre 2% y 3% para 2025, cifras que, según la oposición, distan de las expectativas del mercado financiero. “Es irresponsable proyectar un crecimiento tan optimista sin medidas claras para fomentar la inversión y el empleo”, señaló un diputado del PAN durante la sesión.

 

En cuanto a los ingresos por derechos, se anticipa una recaudación de 137,500 millones de pesos, un salto significativo respecto a los 59,091 millones aprobados para 2024. Parte de este aumento provendrá de ajustes como la elevación del derecho especial sobre minería del 7.5% al 8.5%, medida que, según la Secretaría de Hacienda, busca equilibrar los beneficios obtenidos por las empresas mineras frente a los recursos no renovables de la nación.

 

Otro punto de debate ha sido la autorización de un endeudamiento neto interno por 1.5 billones de pesos, destinado a cubrir los ingresos faltantes del Presupuesto de Egresos, que asciende a 9.226 billones de pesos. La oposición critica que esta decisión compromete la sostenibilidad financiera del país. “Estamos hipotecando el futuro para financiar proyectos sin un impacto claro en el crecimiento económico”, advirtió un legislador de Movimiento Ciudadano.

 

Por otro lado, la Ley de Derechos incluye una distribución específica de los recursos obtenidos por el uso de aeropuertos federales: el 60% será destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional y el 40% a la Secretaría de Marina para infraestructura y operaciones. Esta decisión busca fortalecer el desarrollo aeroportuario bajo la gestión de estas dependencias.

 

La supermayoría de Morena y sus aliados en el Congreso apunta a aprobar el paquete el próximo 27 de noviembre, pero no sin enfrentar cuestionamientos. Desde la ausencia de funcionarios de Hacienda durante las discusiones hasta la falta de una política recaudatoria clara, el debate está lejos de terminar. “México merece un presupuesto realista y responsable que atienda las necesidades actuales sin hipotecar el futuro”, expresó un diputado del PRI.