Decisión del Congreso de Guanajuato contra la despenalización del aborto genera tensiones

Una sesión cargada de tensión en el Congreso de Guanajuato culminó con la negativa a despenalizar el aborto en la entidad. El debate, que se extendió por casi tres horas, cerró con una votación que definió la postura del poder legislativo estatal y desató una protesta inmediata dentro del pleno.

 

En medio de consignas y manifestaciones por parte de colectivos feministas, la sesión marcó un momento clave para la agenda de derechos reproductivos en el estado. La diputada Sandra Alicia Pedroza, integrante de Movimiento Ciudadano, expresó su desacuerdo con el resultado y confirmó que su bancada solicitará una alerta de género. “Aquí no acaba nada, aquí empieza todo”, declaró tras la votación.

 

El tema había quedado pendiente desde la semana pasada, luego de que el dictamen no alcanzara mayoría por un empate entre los votos. La sesión de este jueves retomó el debate con expectativas divididas hasta que una decisión cambió el rumbo.

 

Durante el desarrollo de la sesión, la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde, anunció que cambiaría su voto anterior para posicionarse en contra de la iniciativa. La declaración provocó una reacción inmediata en la sala, donde integrantes de colectivos feministas lanzaron gritos y calificativos en su contra. “Lo hago con la frente en alto, no soy ninguna vendida, porque cambiar de opinión no es traicionar a nadie, es escuchar, es tomar responsabilidad”, respondió la legisladora en su intervención.

 

La diputada justificó su cambio de postura con el argumento de que no estaba de acuerdo en convertir el aborto en una política pública que, desde su perspectiva, obligaría al gobierno estatal a intervenir directamente en su práctica.

 

El resultado legislativo mantiene sin modificaciones el marco legal vigente en Guanajuato, uno de los estados donde el aborto sigue penalizado, a pesar de los criterios nacionales que lo han considerado un derecho constitucional en determinadas circunstancias.

 

Diversos sectores sociales y legislativos anticipan nuevas acciones en respuesta a la decisión. Desde organizaciones feministas hasta representantes de grupos parlamentarios han reiterado su intención de seguir impulsando cambios que permitan garantizar los derechos reproductivos en la entidad. Mientras tanto, la jornada deja una marca visible en la discusión pública sobre los derechos de las mujeres en el estado.

 

La sesión se cierra con el eco de una protesta que no termina en el recinto legislativo, sino que promete tomar fuerza en las calles, en los tribunales y en las futuras discusiones del Congreso.

Violencia, desinformación y largas travesías marcan la histórica elección judicial en México

La jornada electoral de este domingo en México, marcada por la inédita elección judicial, transcurrió con tensión, obstáculos y un bajo nivel de participación ciudadana, especialmente en regiones como Veracruz y Chiapas, donde la violencia y la falta de información empañaron el proceso.

En Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó la instalación de casi el 100% de las casillas, sin embargo, ocho de ellas suspendieron temporalmente la votación ante riesgos de violencia. En el reporte de incidencias entregado por el OPLE dos horas antes del cierre de urnas, se documentaron agresiones entre simpatizantes, colocación de propaganda partidista en zonas prohibidas, intimidación a electores y un ataque con arma de fuego a la casa de campaña de una candidata del partido Movimiento Ciudadano, en el municipio de Xico. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

También se registraron irregularidades en el padrón. Al menos 56 personas lograron emitir su voto sin aparecer en la lista nominal, según reconoció el propio organismo estatal.

A nivel nacional, el contexto no fue menos complejo. Cientos de ciudadanos tuvieron que recorrer largas distancias desde comunidades marginadas del sur del país para poder ejercer su derecho al voto.  “Instalaron casillas normales, pero no especiales. El problema es la desinformación”, comentó un votante.

En San Juan Chamula, Chiapas, la participación fue baja durante las primeras horas del día. La comunidad tzotzil acudió lentamente a las urnas, y algunos electores tardaron hasta media hora en tomar su decisión. Uno de los votantes, lamentó la escasa asistencia: “Como que esta vez se vio un poquito débil”.

La violencia también hizo acto de presencia en Chiapas. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el robo de 25 paquetes electorales que contenían más de 138 mil boletas. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en el estado, detalló que los hurtos ocurrieron entre el 29 y el 31 de mayo en Jiquipilas y Copainalá. En varios casos, los delincuentes engañaron o intimidaron a los responsables de las mesas directivas para sustraer la documentación oficial. Las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la fiscalía especializada en delitos electorales.

En este contexto de incertidumbre, cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados para votar por más de 800 cargos judiciales federales entre más de 3,400 aspirantes. Esta elección ha sido fuertemente cuestionada por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales, quienes señalan la complejidad del proceso, la escasa información disponible y la preocupación por una posible injerencia del crimen organizado.

Caso Teuchitlán: Nuevo alcalde toma el mando tras proceso judicial contra José “N”

El municipio de Teuchitlán, Jalisco, vive un cambio repentino en su liderazgo. Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros ha sido nombrado presidente municipal interino, luego de que el hasta ahora alcalde, José “N”, fuera vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por su condición de servidor público.

La decisión se concretó este sábado durante una sesión de cabildo en la que se oficializó el relevo. Los integrantes del cuerpo edilicio respaldaron de forma unánime la propuesta de Rodríguez Ballesteros, destacando su integridad y trayectoria dentro del municipio.

“Todo el tema de la elección fue por unanimidad del Partido Acción Nacional, del Partido Morena y los integrantes de Movimiento Ciudadano. Decidimos, por la calidad moral que tiene el compañero, que él sea el presidente interino”, expresó Osvaldo Anguiano, regidor de Teuchitlán, tras concluir la sesión.

Rodríguez Ballesteros no es ajeno a la vida política local. Participó en la más reciente contienda electoral como parte de la planilla de Movimiento Ciudadano, equipo con el que José Santiago “N” ganó la alcaldía. Ahora, asume la responsabilidad de liderar el municipio en un escenario legal y político complejo.

La vinculación a proceso de José “N” fue determinada durante la audiencia celebrada este viernes en los juzgados federales de oralidad de Puente Grande, Jalisco. La jueza Ana Beatriz Aguilar Jiménez fue la encargada de conducir la audiencia, en la que se estableció prisión preventiva como medida cautelar por un periodo máximo de dos años.

El Ministerio Público solicitó cuatro meses para el cierre de la etapa de investigación, tiempo en el cual buscará integrar el mayor número de elementos provenientes de las víctimas y otros posibles implicados. Durante este tiempo, el ahora exalcalde permanecerá en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande.

El ambiente político en Teuchitlán se transforma bajo una nueva dirección, mientras el proceso judicial en curso mantiene la atención pública. La designación de Rodríguez Ballesteros se presenta como un intento por devolver estabilidad al gobierno municipal en medio de una coyuntura legal delicada.

Sin discursos estridentes ni confrontaciones públicas, la transición se llevó a cabo con discreción institucional, aunque no exenta de tensión. El nuevo edil asume el cargo con el respaldo de todas las fracciones representadas en el cabildo y con la expectativa de encaminar nuevamente la gestión local hacia un terreno firme.

Voces clave se preparan para transformar la ley de telecomunicaciones en México

El Senado de la República se prepara para una serie de conversatorios que marcarán pauta en la evolución de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Movimiento Ciudadano (MC) lanzó una propuesta con 21 nombres de peso, entre los que destacan perfiles como Denisse Dresser, Mony de Swaan y representantes de organizaciones como Artículo 19.

La propuesta fue enviada por la bancada naranja al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López. Con precisión y visión, se eligieron especialistas que aportarán experiencia, diversidad de perspectivas y un enfoque técnico fundamental para este debate legislativo.

Cada conversatorio contará con una temática central y expertos cuidadosamente seleccionados. El 3 de mayo abre la agenda con el tema “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”. Entre los invitados propuestos para esta fecha está Salma Jalife Villalón, una figura destacada por su paso por la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes y por haber sido comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su experiencia en el diseño de estrategias digitales públicas resulta clave para abordar los retos de conectividad y cobertura nacional.

El 8 de mayo, bajo el título “Análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”, se prevé la participación de Mony de Swaan, expresidente de la extinta Cofetel, así como del escritor y académico Jorge Volpi. Ambos perfiles brindarán profundidad desde distintas trincheras: la regulación institucional y la visión crítica de la cultura mediática.

Para el 15 de mayo, el foco girará en torno a los “Servicios digitales”. MC propuso a Gabriela Warkentin, periodista y fundadora de Ibero 90.9; a Xavier Careaga, experto en tecnología con estudios en Harvard; y a Carolina Leconte Mejía, actual vicepresidenta de Contenidos para Netflix México. Las propuestas apuntan a examinar el presente y futuro de las plataformas digitales en un contexto regulatorio nacional.

Finalmente, el 22 de mayo se abordará el crucial tema de los “Derechos de los usuarios y audiencias”. En esta fecha se contempla la presencia de Denisse Dresser, politóloga, profesora del ITAM y voz crítica del acontecer nacional, así como de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión.

Movimiento Ciudadano sostiene que este grupo de especialistas tiene el perfil ideal para aportar argumentos sólidos, técnicos y democráticos en un momento clave para la legislación en telecomunicaciones. Su objetivo: asegurar una ley moderna, plural, que garantice derechos, combata la concentración de poder y promueva la libertad en todos los canales de comunicación del país.

Diputados aprueban reformas para fortalecer la soberanía energética y regular CFE y Pemex

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas que busca fortalecer la soberanía energética de México. Con 33 votos a favor y nueve en contra, se avaló la iniciativa que establece nuevas reglas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles importados y garantizar la autonomía en la producción de energía. 

Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, destacó que esta iniciativa es una reforma integral que abarca tanto el sector eléctrico como el petrolero. La propuesta incluye la creación de un régimen fiscal especial para Pemex, eliminando tres derechos actuales —utilidad compartida, extracción y explotación— y sustituyéndolos por el Derecho Petrolero para el Bienestar.

 

Uno de los puntos clave de la reforma es la creación de la Comisión Nacional de Energía, cuyo propósito será regular el sector energético para asegurar su desarrollo ordenado y seguro. Además, se busca coordinar la participación de la iniciativa privada, estableciendo normas claras que garanticen la confiabilidad del sistema y un equilibrio en las ganancias de las empresas involucradas.

 

El morenista Francisco Javier Velázquez Vallejo afirmó que estas reformas permitirán recuperar el control estatal de los recursos energéticos, asegurando que beneficien directamente a la población. “Ponemos fin al saqueo, consolidamos la soberanía energética y garantizamos que la energía esté al servicio de los mexicanos”, declaró.

 

Por otro lado, la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, indicó que su partido respaldó la reforma porque representa un avance en la política energética, equilibrando el control estatal con la modernización del sector y la transición a energías limpias.

 

Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas. Genoveva Huerta Villegas, diputada del PAN, alertó sobre un posible debilitamiento en la transparencia de las contrataciones dentro de CFE y Pemex. “Se está creando un régimen de excepción que permite contrataciones directas sin licitación, lo que podría perjudicar a los mexicanos”, advirtió.

 

El dictamen aprobado por la Comisión de Energía ha sido enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde será discutido y votado en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro este miércoles. Su aprobación definitiva marcaría un cambio significativo en la estrategia energética del país, reforzando el papel del Estado en la gestión de los recursos y estableciendo nuevas condiciones para la participación del sector privado en la industria energética.

Uriel Carmona: Fin de una era en la fiscalía de Morelos tras su destitución; es inconstitucional

El Congreso de Morelos aprobó la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado tras una votación mayoritaria. Con 16 votos a favor y cuatro en contra, los diputados determinaron su remoción en respuesta a una solicitud formal del Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia.

Carmona Gándara enfrentó múltiples procesos penales y fue acusado de desviar recursos, proteger figuras políticas y encubrir delitos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo señaló como un obstáculo para la pacificación de Morelos y lo acusó de manipular pruebas en el caso de Ariadna Fernanda ‘N’.


Durante su gestión, también fue señalado por encubrimiento de crímenes, persecución judicial contra periodistas y creación de una red de influencia con nexos políticos y criminales. Su permanencia en el cargo fue defendida por fracciones parlamentarias del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, lo que había impedido su destitución en intentos previos.


En la sesión ordinaria del Congreso estatal, se abrió un receso para analizar la solicitud de destitución enviada por el Ejecutivo a través de su jefe de oficina, Javier García. Rafael Reyes Reyes, presidente de la Junta Política del Congreso, convocó a una reunión urgente para discutir el caso. Finalmente, la decisión fue tomada y aprobada por la mayoría legislativa.


Esta no fue la primera solicitud de remoción. Anteriormente, la gobernadora ya había enviado un documento a la presidenta del Congreso, Jazmín Solano, reiterando la necesidad de su destitución.


El ahora exfiscal calificó su destitución como “inconstitucional” e “ilegal”. Afirmó que no había sido notificado formalmente y que se enteró a través de los medios de comunicación. Según Carmona, la decisión violó su derecho a audiencia, un principio fundamental del debido proceso.


“Este procedimiento exige que se me dé la oportunidad de defenderme y no lo hicieron, se saltaron la garantía de audiencia”, declaró en una entrevista. También acusó que la decisión fue una represalia por haber anunciado una solicitud de desafuero contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco.


Uriel Carmona enfrentó tres procesos penales relacionados con el caso de Ariadna Fernanda, lo que lo llevó a estar en prisión preventiva por casi dos meses, incluyendo un período en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Además, se le imputó su presunta participación en la tortura de un individuo conocido como “El Diablo”.


La gobernadora Margarita González Saravia insistió en la necesidad de su remoción, señalando no solo su prolongada permanencia en el cargo, sino también su inacción en casos de alto perfil. Con la salida de Carmona Gándara, se espera una reestructuración en la fiscalía y un nuevo rumbo en la procuración de justicia en Morelos.

Un comité controversial: La paridad de género bajo la lupa en el Congreso de CDMX

El Congreso de la Ciudad de México ha dado luz verde al Comité de Evaluación que supervisará la elección judicial local. Este órgano será clave para evaluar a las personas aspirantes a jueces y magistrados, analizando sus expedientes y seleccionando a quienes cumplan con los requisitos legales. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica, ya que la integración del Comité ha generado fuertes críticas por violar la paridad de género, un principio estipulado por la ley.

 

Conformado por Sandra Araceli Vivanco Morales, Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Israel Sandoval Jiménez, Julián Güitrón Fuentevilla y Mario Juárez Ugalde, el Comité incluye solo a una mujer entre cinco integrantes, lo que va en contra de las normas que exigen una representación equitativa entre hombres y mujeres.

 

La oposición en el Congreso no tardó en señalar esta irregularidad. Legisladores como Roifyd Torres, del Movimiento Ciudadano, exigieron que se repusiera el proceso o, al menos, que se realizara una nueva votación para incluir a otra mujer en el Comité. Torres propuso que se eliminara a uno de los integrantes masculinos, sugiriendo que esto podría resolverse mediante votación o sorteo.

 

El morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión Especial para la Selección de Jueces y Magistrados, admitió que el Comité no cumple con la paridad de género, pero defendió la decisión argumentando limitaciones de tiempo. Según Martínez Urincho, aplazar la instalación del Comité sería inviable debido a los plazos del proceso de elección judicial.

 

“Estas fueron las propuestas que recibimos de las diputadas y diputados. Reconocemos que no se cumple con la paridad, pero el Comité debe instalarse de inmediato”, afirmó.

 

La oposición no se conformó con estas explicaciones. Legisladoras como Tania Larios, del PRI, insistieron en que el respeto a la ley no es opcional. Subrayaron que la paridad de género es un principio legal que debe garantizarse en cualquier circunstancia.

 

A pesar de las críticas, Morena y sus aliados utilizaron su mayoría para aprobar la conformación del Comité tal como estaba propuesta, cerrando la puerta a cualquier modificación.

 

Este debate no solo refleja las tensiones políticas dentro del Congreso, sino que también pone sobre la mesa un tema fundamental: el compromiso con la igualdad de género en procesos institucionales. Mientras tanto, el Comité, cuya instalación ya está en marcha, tendrá la tarea de seleccionar a las personas más capacitadas para los cargos judiciales, con una sombra de controversia que no será fácil de disipar.

Prohibición o Regulación: El Senado se divide entre diferencias de vapeadores y fentanilo

El Senado de la República vivió un acalorado debate al aprobar la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la iniciativa generó una marcada división entre las bancadas, especialmente por las implicaciones de incluir estas medidas en la Constitución. Mientras Morena defendió la medida como un paso hacia la protección de la salud pública, la oposición cuestionó la efectividad de la prohibición y advirtió sobre posibles consecuencias negativas.

 

La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca sancionar actividades relacionadas con dispositivos como vapeadores, además de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra en lo particular, argumentando que la prohibición solo fortalecerá el mercado negro.

 

“Prohibir no soluciona el problema, lo magnifica”, afirmó la senadora Karla Toledo del PRI. “En lugar de destinar 15 mil millones de pesos a educación y salud, dejamos esos recursos en manos del crimen organizado”. Toledo urgió a regular, en lugar de prohibir, como una medida más efectiva para abordar los riesgos asociados.

 

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta integral a las crisis de salud y seguridad generadas por el consumo de estas sustancias. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “los vapeadores contienen sustancias altamente tóxicas que afectan gravemente la salud, mientras que el fentanilo ha incrementado la violencia y debilitado el tejido social”.

 

Inzunza también destacó que el marketing dirigido a adolescentes ha contribuido al auge del uso de vapeadores, promovidos como alternativas inofensivas. “Esto es un engaño que debemos detener”, añadió, subrayando la importancia de proteger a las nuevas generaciones.

 

El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un acto contradictorio y desmedido. “Estamos prohibiendo los vapeadores desde una Constitución que no prohíbe otras drogas igual de peligrosas, como la cocaína o la heroína”, declaró. Además, acusó a varios legisladores de hipocresía, señalando que muchos de ellos usan vapeadores de manera habitual. “Es absurdo legislar desde la contradicción“, afirmó.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García alertó que el prohibicionismo incrementará el control de los cárteles sobre estos productos. “La regulación debe ser una herramienta para tratar este problema como un tema de salud pública, no de seguridad nacional”, dijo.

 

Con la aprobación de esta reforma, México se enfrenta al desafío de implementar medidas que eviten el crecimiento del mercado ilícito, a la vez que protege a los sectores más vulnerables de la población.

Movimiento Ciudadano da un paso al futuro con Jorge Álvarez Máynez al frente

En un movimiento que marca una nueva etapa para el partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez asumió este jueves la dirigencia nacional durante la Convención Nacional Democrática. Este cambio de liderazgo, aprobado por el Consejo Nacional del partido, representa un momento clave en la estrategia política de MC rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

 

Álvarez Máynez, quien sucede al histórico líder Dante Delgado, llega con el respaldo público de su predecesor. Delgado, quien recientemente anunció que enfrenta un tratamiento contra el cáncer gástrico, destacó la capacidad de su sucesor al declarar: “Lo veo muy bien para liderar este proyecto que busca ser una alternativa real para México.”

 

El nuevo dirigente no es ajeno al escenario político. Álvarez Máynez cuenta con una sólida trayectoria que incluye haber sido diputado federal entre 2015 y 2018, así como secretario general de acuerdos en Movimiento Ciudadano. En el ámbito académico, posee una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y una maestría en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey.

 

En su discurso de asunción, el nuevo líder destacó la necesidad de revitalizar la política nacional “Nuestro objetivo es consolidar a Movimiento Ciudadano como la fuerza que México necesita, no solo en los grandes escenarios, sino en cada rincón del país donde aún hay esperanza por un cambio verdadero.”

 

Álvarez Máynez ha señalado que su estrategia no se limitará a criticar a los adversarios, sino a presentar propuestas concretas y viables para el desarrollo del país. En un mensaje dirigido a otras fuerzas políticas, enfatizó: “No podemos limitarnos a esperar el fracaso del país como estrategia. Nuestra visión es constructiva, no destructiva.”

 

Entre sus prioridades está fortalecer la presencia del partido en estados como Campeche y Tlaxcala, donde MC busca expandir su base electoral y consolidar su estructura.

 

El cambio de dirigencia también marca el cierre de un capítulo liderado por Dante Delgado, quien fue clave en la construcción de Movimiento Ciudadano como una fuerza relevante en el panorama político mexicano. Durante la ceremonia, Delgado expresó su confianza en que Álvarez Máynez continuará el trabajo para posicionar al partido como una opción competitiva en 2024.

 

Con un liderazgo renovado y objetivos claros, Movimiento Ciudadano se prepara para enfrentar los retos del futuro. Jorge Álvarez Máynez tiene frente a sí la tarea de demostrar que el cambio en la dirigencia puede ser el impulso necesario para consolidar a MC como un actor determinante en la política nacional.

El desafío del Senado ante la aprobación de la reforma constitucional contra vapeadores y fentanilo

En una sesión que desató intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, el dictamen busca endurecer las sanciones contra la producción, distribución y comercialización de estas sustancias. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde continuará su análisis.


La reforma no solo prohíbe estas actividades, sino que establece que “queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada” con estos productos. Mientras los partidarios argumentan que es una medida necesaria para combatir una crisis de salud pública y narcotráfico, los opositores lo consideran un ataque a las libertades individuales.


La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, llevó la controversia a otro nivel al vapear en plena tribuna como protesta. “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban nuestras libertades. Su política de salud no da para más que prohibir, prohibir, prohibir”, declaró. Reyes cuestionó el enfoque restrictivo del gobierno, acusándolo de abandonar su supuesta agenda de izquierda.


Por su parte, Morena defendió la medida como un esfuerzo necesario contra el narcotráfico. La diputada Danisa Flores enfatizó que el fentanilo no solo representa una crisis de salud pública, sino también un peligro para la seguridad nacional. “Prohibir su distribución y producción contribuye a disminuir el impacto del narcotráfico y fortalece nuestra relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que exigen acciones más contundentes”, afirmó.


La oposición no tardó en cuestionar la efectividad de la reforma. Paulina Rubio, legisladora del PAN, criticó la medida como insuficiente para resolver problemas estructurales. “Esto es darle una aspirina a un paciente con cáncer. Nuestro país no es una serie como Breaking Bad donde podemos adelantar al peor capítulo. Vivimos una realidad devastadora, mucho peor que cualquier ficción”, sostuvo, subrayando que el narcotráfico ha permeado todos los aspectos de la vida en México.


Con el dictamen aprobado, el Senado se enfrenta a una decisión trascendental. El debate no solo gira en torno a la prohibición de productos dañinos, sino también al equilibrio entre derechos individuales y la necesidad de proteger a la sociedad de amenazas sistémicas.