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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no fue notificado con anticipación sobre la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) para el espacio aéreo mexicano y de otros países de América Latina. Durante su conferencia matutina, explicó que se trató de una comunicación estrictamente aeronáutica y que ningún país recibió aviso previo.

Tras la emisión de la alerta, la mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores activaron los protocolos correspondientes y establecieron contacto con la embajada de Estados Unidos para conocer con precisión el contenido y alcance de la medida. Señaló que el posicionamiento de la Secretaría de Comunicaciones se difundió horas después debido a que se estaba corroborando que no existieran sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio nacional.

Sheinbaum reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le informó sobre esta alerta durante la llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos que sostuvieron la semana pasada. La advertencia de la FAA se dio a conocer horas después de que el gobierno estadounidense solicitara a México resultados tangibles en el combate al narcotráfico. En el aviso, la FAA pidió “tener precaución” en el espacio aéreo de México y de países del sur del continente debido a actividades militares previstas del 16 de enero al 17 de marzo.

En otro tema, la presidenta se refirió al aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca y aseguró que dicha operación no requería autorización del Senado, ya que no implicó el ingreso de tropas. “No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos”, declaró ante la prensa.

Explicó que este tipo de autorizaciones se otorgaron desde octubre del año pasado y que las actividades estaban relacionadas con capacitación previamente programada. Añadió que aeronaves estadounidenses han ingresado al país en otras ocasiones y que, en este caso, la diferencia fue únicamente el aeropuerto de arribo.

La aeronave, identificada como RCH149, despegó el sábado desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Abilene, Texas, y aterrizó en Toluca alrededor de las 14:40 horas por motivos logísticos. No obstante, el domingo se difundió la llegada de un avión Hércules C-130, lo que generó cuestionamientos en el Senado.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que la Cámara Alta no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, como lo establece la Constitución. En respuesta, el gabinete de seguridad federal confirmó que el vuelo fue autorizado por autoridades mexicanas y correspondió a actividades de capacitación, precisando que la solicitud presidencial contemplaba el ingreso de 19 elementos de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó una amplia reforma arancelaria dirigida a países con los que México no mantiene tratados comerciales. El dictamen avanzó con 10 votos de Morena, ocho abstenciones de PAN y PRI, y un voto en contra de Movimiento Ciudadano (MC), en una sesión donde se confirmó que la propuesta será discutida en el pleno.

Durante la reunión, el presidente de la comisión, el panista Miguel Ángel Salim, señaló que la iniciativa plantea modificar 1,463 fracciones arancelarias. Entre ellas, 706 están vinculadas al sector textil, 249 corresponden a hierro y acero, 94 abarcan automóviles y autopartes, mientras que 81 se relacionan con plásticos. De ese total, 316 fracciones actualmente no generan pago de arancel, y el resto mantiene tarifas vigentes. Además, se detalló que 341 fracciones registran un arancel del 35% y 302 aplican una tasa de 10%.

Salim puntualizó que 391 de las fracciones quedarán sin cambios respecto a su tarifa actual. En ese contexto, la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, expresó que un arancel más elevado podría incentivar la instalación de industrias nacionales capaces de sustituir parte de las importaciones actuales. Reconoció que el ajuste podría causar presiones inflacionarias temporales, pero destacó que el dictamen reduce algunas tarifas respecto de las que inicialmente planteó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la diputada de MC, Gloria Núñez, observó que la iniciativa original contemplaba una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 en el régimen transitorio, debido a que los ajustes requerían un periodo definido, sin embargo, subrayó que ese plazo no fue incluido en el dictamen final. Añadió que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la entrada en vigor de la reforma implicaría un aumento de 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, equivalente al 8.3% de lo adquirido por México durante 2024. Ante ello, advirtió que será esencial garantizar transparencia en el manejo de los ingresos adicionales derivados de los nuevos cobros.

En conferencia previa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, describió la reforma como una estrategia “moderna” y de “largo alcance”. Afirmó que la actualización busca fortalecer la participación de productos nacionales en cadenas globales de valor y proteger empleos en sectores como el automotriz, textil, calzado, aluminio y otros. Añadió que el dictamen armoniza la nomenclatura arancelaria con estándares internacionales para mercancías que abarcan industrias como plástico, electrodomésticos, juguetes, muebles, papel y cartón, motocicletas, vidrio, entre más.

Monreal explicó que los nuevos aranceles se enfocarán en mercancías provenientes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, entre ellos Corea, China, Japón, naciones del Cono Sur y algunos países europeos. Con ello, la reforma avanza hacia una reconfiguración significativa del marco arancelario mexicano.

En una sesión marcada por la velocidad legislativa y el cierre de filas del oficialismo, el Senado de la República aprobó en fast track las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales. La mayoría de Morena, PT y PVEM impulsó el voto que avanzó sin pasar por comisiones, con el argumento de que los cambios buscan terminar con el acaparamiento del agua, frenar el mercado negro de concesiones y abrir paso a un nuevo esquema de control público mediante un fondo de reserva administrado por el gobierno.

Las modificaciones avanzaron con 85 votos a favor y 36 en contra, en una sesión donde PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen con el argumento de que las reformas representan un intento por centralizar el control político del agua y la tierra, especialmente para agricultores y campesinos. El proyecto fue aprobado en los mismos términos en que la Cámara de Diputados lo avaló horas antes, y ahora se prevé que las más de 20 reservas presentadas sean desechadas para turnar el documento al Ejecutivo federal.

El debate ocurrió mientras productores del campo intentaban ser recibidos por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien negó el encuentro pese a sus inconformidades. Los inconformes consideran que los cambios afectan el derecho a heredar tierras con concesiones de agua, una preocupación que se mantuvo alrededor del recinto legislativo, aunque sin bloqueos, bajo vigilancia de la Guardia Nacional y autoridades capitalinas.

Entre los ajustes aprobados destacan la eliminación de la posibilidad de transmitir títulos de concesión entre particulares, la prohibición de cambios de uso y la definición de que las prórrogas solo podrán otorgarse por el mismo tiempo que marcaba el título original. Además, se creará un nuevo Registro Público Nacional del Agua, donde deberán inscribirse núcleos agrarios y sistemas comunitarios de gestión hídrica.

Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, herramienta que permitirá al gobierno reasignar volúmenes de agua recuperados por extinción de concesiones, cesiones voluntarias o derechos preferentes. No obstante, el dictamen precisa que los derechos de agua se mantienen para heredar o vender propiedades, un aspecto que buscó aclararse ante las críticas de sectores agrícolas.

En tribuna, el morenista Manuel Huerta defendió el paquete legislativo al afirmar que los cambios beneficiarán a las comunidades con mayores problemas de acceso al agua. “Es una buena noticia para quienes abren la llave y no sale nada, no lo es tanto para quienes hicieron del agua un negocio”, declaró, al subrayar que cualquier reasignación deberá realizarse con transparencia y criterios de sustentabilidad.

La oposición sostuvo la postura contraria. Verónica Rodríguez, del PAN, señaló que Morena presenta la reforma como un avance en derechos humanos, “cuando en realidad busca controlar el acceso al líquido”, lo que incluso podría impactar en los precios de las tierras. Agregó que otorgar discrecionalidad al gobierno para mantener, reducir o retirar concesiones “es convertirla en una herramienta política”.

Con el aval del Senado, el paquete hídrico avanza hacia la fase final de aprobación, en un contexto donde la administración federal y la oposición mantienen visiones enfrentadas sobre el alcance real de estas reformas y su impacto en el manejo del agua en el país.

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que actualiza la Ley General de Cultura Física y Deporte para reconocer, por primera vez, una definición jurídica amplia de violencia dentro del ámbito deportivo. Con esta reforma, se integran como conductas reconocibles las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, verbales, simbólicas y estructurales ejercidas por cualquier persona durante prácticas o actividades deportivas. El objetivo central es establecer bases claras que permitan prevenir, atender y sancionar situaciones que durante años permanecieron en silencio.

La presentación del dictamen estuvo a cargo de la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Paola Longoria, reconocida raquetbolista que suma 12 medallas de oro en Juegos Panamericanos, seis campeonatos mundiales y 10 medallas doradas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde tribuna, señaló que esta iniciativa busca “saldar una deuda histórica de nuestro deporte” y evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus sueños por problemas de acoso, hostigamiento o cualquier otra forma de violencia.

Durante su intervención, Longoria destacó que cuando las y los atletas enfrentan situaciones que les generan ansiedad, estrés, depresión o vulneración a sus derechos humanos, los resultados siempre son negativos. Enfatizó que la propuesta incorpora en su espíritu las experiencias de deportistas que han sufrido abuso y que, “por temor, guardan silencio por miedo a las represalias”. Subrayó que la impotencia de no saber cómo reaccionar o a quién acudir refleja un abandono institucional que durante años ha visto el deporte “solo como un hobby”.

La diputada también señaló que “el primer victimario del deporte mexicano ha sido quien debe protegerlo”, refiriéndose a la indiferencia de autoridades a lo largo del tiempo. Con esta modificación, explicó, no solo se reconoce de manera formal el abanico de agresiones posibles, sino que se incorpora por primera vez la definición legal de “protocolo de prevención y atención”. Esto permitirá otorgar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la facultad de emitir lineamientos y protocolos nacionales para evitar criterios contradictorios entre instituciones federales, estatales, municipales y federaciones deportivas.

Longoria añadió que, aunque existan diferencias políticas, “el deporte no tiene partido”. Llamó a votar a favor del dictamen para “derrotar de una vez por todas el silencio en el deporte” y acompañar a quienes dedican su vida a representar a México.

El proyecto fue aprobado con 416 votos a favor y ahora se turna al Senado de la República. La presentación cerró entre aplausos de diputadas y diputados de todas las bancadas, en un gesto que recordó los momentos en que Longoria subía al pódium durante su trayectoria deportiva.

El Senado de la República ratificó a 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en una votación que dejó ver una fractura interna en la bancada de Morena. Los nombramientos, enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyeron perfiles vinculados a figuras destacadas del partido en el poder y del ámbito judicial.

Durante la sesión, varios de los perfiles aprobados fueron identificados como cercanos a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto; y al ministro en retiro Arturo Zaldívar. Las afinidades políticas marcaron el tono del debate, que se extendió hasta la votación nominal.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió cuando el senador morenista Heriberto Aguilar anunció que votaría a favor del dictamen en lo general, pero en contra del nombramiento de Miguel Pompa Corella. Pompa Corella se desempeñó como director de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado y es identificado como cercano a Adán Augusto López. A esta postura se sumó la senadora también morenista Guadalupe Chavira, evidenciando diferencias internas en el bloque oficialista.

El dictamen fue aprobado con 66 votos de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sumaron 32 votos en contra. La oposición criticó tanto los perfiles como la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso.

Entre los ratificados se encuentra Yamil Villalba Villarreal, considerado cercano a Luisa María Alcalde; así como Olimpia Girón Hernández, exdiputada de Morena y asesora en el Senado. También fue avalado Jorge Muñoz Barrett, quien trabajó en la Consejería Jurídica del gobierno capitalino durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Otro de los nombrados fue Jorge Enrique Mata Gómez, quien fungió como coordinador de la oficina de la expresidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. A la lista se sumó Fernando Cruz Ventura, excolaborador del ministro en retiro Arturo Zaldívar y funcionario en la Presidencia.

En tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, señaló que la mayoría de los perfiles no cuentan con experiencia judicial y cuestionó su independencia. El panista Raymundo Bolaños calificó el procedimiento de “albazo legislativo”, al señalar que el dictamen avanzó entre comisiones y pleno en menos de 24 horas. Bolaños afirmó que la ratificación de Miguel Pompa Corella formaba parte de “un pago de validación de acordeones”.

Tras su ratificación, Yamil Villalba sostuvo que su cercanía con Alcalde no influirá en su labor como magistrado. Al ser cuestionado sobre la propiedad compartida de un inmueble con la dirigente morenista, dio por terminada la entrevista.

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

Tras casi cuatro horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, que contempla una recaudación total de 10.1 billones de pesos, en una sesión marcada por las advertencias de la oposición sobre el incremento de la deuda pública. El dictamen fue avalado por 79 votos a favor de Morena, PT y PVEM, contra 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

Durante la discusión en el pleno, legisladores de oposición expresaron su preocupación por el crecimiento del endeudamiento nacional, que estiman alcanzará 20 billones de pesos en 2026. El senador panista Ricardo Anaya señaló que entre 1824 y 2018 la deuda acumulada del país fue de 10.55 billones, pero que en solo siete años de gobiernos de Morena se sumaron otros 10 billones, lo que calificó como “una duplicación histórica”.

Anaya comparó la política fiscal actual con una persona que “saca una nueva tarjeta de crédito para pagar los intereses de la anterior”, y advirtió que continuar por ese camino podría “quebrar al país”. Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del PRI, enfatizó que un aumento en la deuda sin crecimiento económico implica mayores pagos de intereses. Recordó que en el sexenio anterior el crecimiento apenas llegó al 1% anual, y que el nuevo gobierno no está alcanzando las metas proyectadas.

“Si no se acompaña el endeudamiento con crecimiento, se pagará más por costo financiero de la deuda”, alertó la legisladora, subrayando la necesidad de incrementar la recaudación o reducir el gasto público.

Desde el bloque oficialista, el senador Waldo Fernández (PVEM) defendió el plan de endeudamiento como una medida “responsable y estratégica” para atender las necesidades del gobierno federal sin poner en riesgo la estabilidad social. En la misma línea, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que la ley “no sólo recauda, sino que redistribuye con sentido social, eficiencia y visión de futuro”.

La LIF 2026 proyecta ingresos por 5.83 billones de pesos en recaudación, además de 641 mil millones por cuotas y aportaciones de seguridad social, 157 mil millones por derechos y 16 mil millones por productos. También autoriza al Ejecutivo federal a contratar deuda interna por hasta 1.7 billones de pesos, fijando un tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar y un precio estimado del petróleo en 54.9 dólares por barril.

La ley permite a la Ciudad de México contratar deuda por 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras públicas. Además, contempla incentivos fiscales para el Mundial de Futbol 2026, liberando de cargas tributarias y administrativas a personas y empresas vinculadas con su organización y desarrollo a partir del último cuatrimestre de 2025.

El documento incluye también nuevas disposiciones fiscales: por primera vez dejarán de ser deducibles tres cuartas partes de las cuotas que la banca múltiple paga al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y las instituciones Fintech deberán retener y enterar el ISR y el IVA en las operaciones donde funjan como intermediarias.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas criticó las exenciones otorgadas a patrocinadores y organizadores del Mundial, argumentando que “se renuncian ingresos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura, mientras se presiona a las empresas que sostienen la economía cotidiana”.

Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.

El Senado de la República aprobó este jueves en comisiones la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con la cual el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de combate a la extorsión.

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 47 votos a favor de senadores de todas las bancadas en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos. El dictamen será presentado la próxima semana al pleno para su discusión.

Durante el debate, legisladores de distintos partidos coincidieron en la gravedad del delito y en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentarlo. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la extorsión representa “una realidad oculta”, debido a que los registros oficiales no reflejan la magnitud del problema. 

“Mientras los números oficiales hablan de miles de casos, sabemos que la situación real alcanza los millones de personas afectadas año con año, consolidando a la extorsión como un impuesto criminal tolerado socialmente, rentable para los delincuentes y difícil de perseguir para las propias autoridades”, afirmó.

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, destacó que la cifra negra de este delito es del 94%, la más alta después del fraude, que alcanza el 98%. Señaló que la modalidad más común de extorsión es la telefónica, muchas veces vinculada con el cobro de piso.

La senadora Verónica Ramírez, del PAN, manifestó el respaldo de su bancada a la iniciativa presidencial, al reconocer que se trata de un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los niveles de gobierno. “La extorsión es un crimen que vulnera la tranquilidad y la esperanza de las y los mexicanos. Hoy millones de personas viven bajo la amenaza de cobros de piso, llamadas de extorsión y la presión de grupos criminales que operan con impunidad”, declaró.

En la misma línea, Ramírez resaltó que los sectores más afectados son los pequeños comerciantes, empresarios, productores del campo, transportistas y ciudadanos que enfrentan este delito en su vida cotidiana.

Desde la bancada de Morena, la senadora Lucía Trasviña explicó que la reforma permitirá al Congreso de la Unión emitir una ley general en materia de extorsión, que incluya la tipificación del delito, las penas aplicables, los agravantes y la atención integral a las víctimas.

Con este avance en comisiones, el Senado prepara la discusión en el pleno, donde se definirá si la reforma constitucional continúa su camino legislativo para convertirse en una herramienta clave en la lucha contra la extorsión en México.

El uso de fuegos artificiales en celebraciones oficiales podría tener los días contados en México. Diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) presentarán este miércoles una iniciativa que busca reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de limitar los artificios pirotécnicos en eventos públicos y reemplazarlos por alternativas tecnológicas como drones, espectáculos de luces o láser.

La propuesta, impulsada por Laura Ballesteros Mancilla, Iraís Reyes de la Torre y Miguel Ángel Sánchez Rivera, pretende reducir la contaminación atmosférica que generan los fuegos artificiales, además de disminuir riesgos para la salud y reforzar la seguridad en concentraciones masivas.

El texto legislativo establece que los gobiernos estatales, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México deberán condicionar los permisos de espectáculos o el uso de suelo para eventos sociales, prohibiendo el uso de pirotecnia en caso de declararse una contingencia ambiental el día de la celebración.

La iniciativa también propone que, tras la realización de actos públicos donde se utilicen fuegos artificiales, las autoridades competentes evalúen el impacto ambiental y determinen si es necesario activar una contingencia. Para ello se deberán atender los niveles de contaminación generados y los parámetros ya establecidos en la normatividad vigente.

En caso de aprobarse, las nuevas disposiciones entrarían en vigor a partir de las próximas fiestas patrias, lo que marcaría un giro en las tradicionales celebraciones mexicanas que han estado históricamente acompañadas de pirotecnia.

Los legisladores de MC destacaron antecedentes en el país que respaldan su propuesta. Recordaron que el municipio de Tehuacán, Puebla, se convirtió en el primero en México y América Latina en prohibir de manera definitiva el uso de fuegos artificiales. La medida, explicaron, fue resultado de un amparo promovido por la asociación ambientalista TAC Una Protección al Entorno A.C. y el colectivo Círculo de Amparo.

De aprobarse, el cambio no solo tendría impacto en las celebraciones nacionales como las del 15 y 16 de septiembre, sino también en fiestas locales, ferias patronales y eventos sociales donde los fuegos artificiales forman parte del atractivo. La propuesta subraya que alternativas como los drones y los espectáculos de luces ofrecen innovaciones capaces de mantener el carácter festivo, reduciendo al mismo tiempo la huella ambiental y los riesgos a la salud pública.

Con esta iniciativa, la bancada de MC busca alinear las celebraciones mexicanas con prácticas sostenibles que ya se aplican en distintas ciudades del mundo, donde los espectáculos de luces han sustituido paulatinamente a la pirotecnia tradicional.