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La campaña electoral en Coahuila comenzó el 5 de mayo con una candidata que hasta días antes seguía compitiendo en televisión nacional. Ana Valeria “Valery” Carranza de la Rosa, participante de Exatlón México, fue registrada por Movimiento Ciudadano para contender por la diputación local del distrito 9 de Torreón.

La última aparición de la deportista en el reality ocurrió el 26 de abril, menos de dos semanas antes del arranque formal de las campañas en el estado.

En la promoción de su candidatura, Carranza aparece junto a Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de MC. En el mensaje difundido por el partido, la aspirante afirma: “Laguneros, es momento de expulsar al PRI y a los mismos de siempre”.

Según la información entregada ante el Instituto Electoral de Coahuila, la candidata tiene 30 años y experiencia en tochito y fútbol americano. También se identifica como creadora de contenido.

El perfil curricular presentado por Carranza señala además que cuenta con una licenciatura. No obstante, una revisión realizada por Latinus encontró que no existe una cédula profesional registrada a su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas.

La incorporación de figuras provenientes de Exatlón México no es nueva dentro de Movimiento Ciudadano. En 2024, el partido impulsó una candidatura federal de Amancay ‘Macky’ González Franco, quien también formó parte del programa deportivo producido por una empresa turca y transmitido por la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

Actualmente, González Franco ocupa un lugar en la Cámara de Diputados como legisladora de MC. Durante la actual legislatura ha promovido 28 iniciativas relacionadas con justicia, cultura, salud y derechos humanos.

La salida de Héctor Yunes Landa del Partido Revolucionario Institucional se formalizó con carácter irrevocable, tras más de cuatro décadas de militancia. El legislador veracruzano confirmó que presentó su renuncia la mañana del sábado 2 de abril, aunque decidió hacerla pública hasta el día siguiente.

El anuncio se difundió mediante un video en su cuenta de la red social X, donde explicó que pospuso la comunicación para no interferir con el homenaje realizado por el partido en memoria del exgobernador Fidel Herrera Beltrán y su esposa, Rosita Borunda.

En su mensaje, el diputado local lanzó críticas directas a la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno, a quien responsabilizó de la situación actual del partido. “El PRI en lugar de dirigente tiene dueño”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el instituto político “está secuestrado por un personaje impresentable que busca prolongar su control por años”.

Yunes Landa acusó que bajo esa conducción, el partido ha sufrido un deterioro interno significativo. “Alejandro Moreno no sólo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto y sin futuro”, expresó.

El exsenador y exdiputado federal también señaló que, aunque el PRI fue “por décadas el mejor partido de México”, actualmente enfrenta un rumbo incierto. En ese sentido, advirtió que la organización política “se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción”.

A lo largo de su trayectoria, Yunes Landa ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, como subsecretario de Gobierno en Veracruz, coordinador de delegación del Infonavit, gerente jurídico de Fonhapo y director jurídico de Fonatur. Además, fue candidato a la gubernatura de Veracruz en 2016 y, en junio de 2025, manifestó su interés por competir nuevamente en el proceso electoral de 2030.

De manera extraoficial, se ha señalado la posibilidad de que el ahora exmilitante priista se integre a Movimiento Ciudadano, aunque hasta el momento no ha confirmado esa versión.

El reconocimiento del aumento en el precio de alimentos básicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum detonó una serie de críticas desde el Senado, donde legisladores de oposición señalaron que el encarecimiento no responde únicamente a factores internacionales, sino también a problemas internos en la conducción económica del país.

Luego de que la mandataria atribuyera el alza a la variación del precio internacional del petróleo y al contexto internacional derivado del conflicto entre Irán y Estados Unidos, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la inflación responde también al desempeño económico nacional durante los últimos años.

El legislador añadió que el país enfrenta un escenario de estancamiento económico y aumento de precios, lo cual, afirmó, está vinculado a la gestión de los gobiernos de Morena. “Sí hay un problema económico real, está estancada la economía, están aumentando los precios, lamentablemente, en mayor medida es culpa de la pésima gestión económica que han tenido los gobiernos de Morena y no únicamente por la guerra entre Estados Unidos e Irán”, agregó.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, su coordinador en el Senado, Manuel Añorve, también cuestionó la explicación del gobierno federal y recordó la promesa hecha en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el precio del combustible.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que el aumento en alimentos como el jitomate y la carne de res debe encender alertas en el gobierno federal. El senador llamó a enfocar recursos y acciones en contener el encarecimiento y fortalecer apoyos.

 “Hay que pedirle a la presidenta de la República que se concentre en ello y que las entidades del gobierno, encargadas de proveer estos apoyos tengan disposición presupuestal y se oriente el dinero a ello, no a cosas que no se deben”, señaló.

Castañeda también reconoció la presión derivada del incremento en energéticos, pero subrayó que el problema va más allá. “Sin duda el precio del petróleo, en general de las energías, ha presionado mucho los precios de los productos de consumo, pero también hay que decirlo, no es el único problema; en México lo que tenemos, más allá del incremento de la energía, de los precios de los combustibles, es un mercado interno que se contrae prácticamente todos los días y que en temas como los apoyos al campo parecen estar prácticamente olvidados”, planteó.

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de infraestructura estratégica y la envió al Senado tras una sesión nocturna que concluyó en la madrugada, marcada por la eliminación de un artículo transitorio que buscaba reforzar controles financieros y evitar posibles actos de opacidad.

El dictamen fue avalado en lo general con 359 votos a favor y 80 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 315 votos a favor y 89 en contra, ya con la modificación que eliminó el llamado “candado” propuesto previamente en comisiones.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, defendió la iniciativa al señalar que permitirá movilizar más de 5.6 billones de pesos para proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura del país. Sin embargo, horas antes había ofrecido incluir un artículo transitorio para atender preocupaciones de la oposición sobre deuda disfrazada y falta de transparencia, propuesta que finalmente fue retirada por la mayoría oficialista.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, criticó el cambio y afirmó: “prometen, lo incluyen y al final lo eliminan”. Aunque señaló que su bancada votaría a favor por la necesidad de inversión, reprochó el incumplimiento del acuerdo.

Flores también advirtió que la ley contempla contratos a largo plazo, pagos diferidos y proyectos sin suficiencia presupuestaria, lo que, dijo, podría comprometer recursos futuros con discrecionalidad.

Desde el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez alertó que la iniciativa permite desarrollar obras sin contar con recursos disponibles, lo que calificó como “deuda disfrazada”. También señaló que el esquema podría comprometer finanzas públicas hasta por 40 años y permitir manipulación contable del gasto.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, rechazó las críticas y aseguró que la ley contiene suficientes controles, calificando los señalamientos de la oposición como “ficción constitucional”.

La diputada panista Nancy Olguín pidió a legisladores oficialistas no respaldar el dictamen sin ajustes y advirtió sobre riesgos de “impunidad constitucionalizada”.

Con su aprobación en San Lázaro, la ley de infraestructura estratégica fue enviada al Senado para su análisis y eventual votación.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

La posibilidad de una alianza opositora en Veracruz rumbo a las elecciones de 2027 fue descartada por dirigentes de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusiera unir fuerzas para enfrentar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La iniciativa fue presentada el 17 de marzo por el dirigente priista Adolfo Ramírez Arana durante una conferencia de prensa, donde planteó que los partidos de oposición debían construir un frente común ante el escenario político en el estado y el país.

El líder tricolor argumentó que tanto México como Veracruz atraviesan un contexto de retrocesos y que la fragmentación de la oposición favorece a quienes actualmente gobiernan. En ese sentido, convocó públicamente a las dirigencias estatales del PAN y Movimiento Ciudadano a considerar una alianza electoral.

“Si quieren a Veracruz, si no quieren que continúen los atropellos que estamos viviendo, si quieren un mejor gobierno, mayor vigilancia, mejores leyes, así como mejorar la salud y la educación, vamos juntos”, expresó Ramírez Arana al insistir en la necesidad de una candidatura conjunta.

Pese al llamado, la respuesta de ambas fuerzas políticas fue negativa. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, rechazó de forma directa la propuesta y aseguró que su partido participará en los próximos comicios sin coaliciones.

El político emecista también reaccionó con ironía al planteamiento del PRI. “el Fofo me da ternura”, declaró al referirse a Ramírez Arana, al tiempo que reiteró que su organización buscará competir con una estrategia independiente. “Movimiento Ciudadano irá en alianza con los veracruzanos. La suma de membretes la sociedad ya advirtió que no es viable para nosotros”, señaló.

El dirigente también argumentó que el escenario electoral en Veracruz ha cambiado y que su partido ha ganado terreno en los últimos procesos. Como ejemplo, recordó los resultados de la elección de 2025, en la que Movimiento Ciudadano obtuvo 583 mil 569 votos, colocándose como segunda fuerza política en la entidad. En ese mismo proceso, el PAN registró 415 mil 797 votos y el PRI se ubicó en el cuarto lugar con 337 mil 949 sufragios.

Desde el PAN, su dirigente estatal Federico Salomón Molina también rechazó la propuesta del PRI y cuestionó la postura de Ramírez Arana. “hace un año por no hacer las alianzas municipales me tacharon de oficialista y ahora resulta que hay que ir juntos, le falta prudencia y memoria a Adolfo”, afirmó.

Dentro del propio PRI, la secretaria general estatal Carolina Gudiño Corro sostuvo que el partido se mantiene preparado para competir sin coaliciones, aunque dejó abierta la posibilidad de acuerdos electorales.

Las elecciones previstas para 2027 en Veracruz contemplan la renovación del Congreso de la Unión y del Congreso local, en un escenario político donde las dirigencias partidistas ya comienzan a definir sus estrategias y posicionamientos frente a los comicios.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió sobre la posibilidad de que el partido gobernante Morena y el gobierno federal estén detrás de la formación de nuevos partidos políticos con miras a las elecciones federales y locales de 2027. De acuerdo con el legislador, esta estrategia podría buscar fragmentar el voto durante los próximos comicios.

Castañeda señaló que el proceso de creación de nuevas fuerzas políticas que actualmente se desarrolla ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser observado con atención. El senador subrayó la importancia de identificar quién impulsa a las asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos y cuál es el objetivo de su participación en el escenario electoral.

“Hay que estar muy atentos de lo que sucede con la creación de partidos políticos. Porque me parece que ahí el régimen lo que intenta hacer desde el poder es fragmentar justamente la votación”, afirmó el legislador al referirse al proceso de registro que se encuentra en marcha.

El coordinador parlamentario insistió en que también es necesario revisar si las agrupaciones que buscan su registro cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, planteó analizar con qué propósito se conforman estas organizaciones y cuáles son las expectativas electorales que podrían tener rumbo a los próximos comicios.

Castañeda llamó a “sacar la antena” sobre este tema, al considerar que el oficialismo podría enfrentar una contienda electoral compleja en 2027. En ese contexto, señaló que el comportamiento político actual se asemeja a prácticas observadas en el pasado.

“Como este oficialismo se comporta de forma muy similar a como se comportaba el régimen priista, no hace falta tener una bola de cristal para tratar de prever que mucho de los nuevos partidos políticos será parte de la construcción de la estrategia electoral del oficialismo”, expresó.

Mientras se desarrolla el proceso de registro, diversas organizaciones avanzan en los requisitos necesarios para convertirse en partidos políticos nacionales. Entre ellas se encuentra Somos México, agrupación vinculada al movimiento ciudadano conocido como Marea Rosa. También figura Construyendo Sociedades de Paz, organización que surge tras la desaparición del partido Encuentro Social, así como México tiene Vida, proyecto político relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Datos del INE indican que actualmente 65 organizaciones buscan obtener el registro como partido político nacional. Sin embargo, hasta ahora solo tres han logrado avanzar en uno de los requisitos clave del proceso: reunir al menos 256 mil afiliaciones válidas.

El proceso de revisión continuará dentro del organismo electoral mientras las agrupaciones interesadas completan las etapas establecidas por la legislación para poder participar formalmente en el sistema de partidos políticos de México rumbo a las elecciones de 2027.

Legisladores de oposición en el Senado de la República de México pidieron al gobierno federal intensificar el combate contra el crimen organizado para evitar que la situación de seguridad en el país sea utilizada como argumento para una posible intervención extranjera. Los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano afirmaron que la defensa de la soberanía nacional es una prioridad, pero insistieron en que el Estado debe actuar con mayor contundencia frente al narcotráfico.

El senador Ricardo Anaya señaló que México debe responder con firmeza ante cualquier amenaza externa, al tiempo que exigió al gobierno federal reforzar su estrategia de seguridad. “Siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país frente a cualquier amenaza extranjera, eso no debe quedar ninguna duda”, declaró. No obstante, añadió que también se debe combatir “de manera frontal al crimen organizado” para evitar que la violencia sea utilizada como justificación para acciones desde el exterior.

El legislador panista sostuvo que la estrategia contra los grupos delictivos debe centrarse en labores de inteligencia y en el desmantelamiento de las estructuras criminales. En ese contexto, planteó la exigencia de que el partido gobernante rompa cualquier vínculo con organizaciones del narcotráfico y termine con posibles alianzas con estos grupos.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta, Clemente Castañeda, advirtió que las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos no deben tomarse a la ligera. El senador explicó que el comunicado difundido por la Casa Blanca describe una postura firme frente a los cárteles y plantea la posibilidad de acciones directas contra las organizaciones criminales. 

“Ellos hablan prácticamente de una intervención unilateral, de exterminio de los mismos y nos están anunciando una probable intervención sin consentimiento de México”, expresó el legislador, quien reiteró que el respeto a la soberanía es un principio inalienable del Estado mexicano.

El debate surgió después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que México se ha convertido en el epicentro del tráfico de drogas en América y aseguró que su gobierno hará todo lo necesario para proteger a su país frente al avance del narcotráfico.

En medio de estas tensiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado la defensa de la soberanía nacional ante cualquier intento de intervención extranjera. Las declaraciones de legisladores y autoridades se producen en un contexto marcado por el combate a organizaciones criminales que operan en el país, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El posicionamiento de los senadores refleja la discusión política que se mantiene en torno a la estrategia de seguridad y a las implicaciones que las declaraciones del gobierno estadounidense podrían tener en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico.