En medio de la controversia generada por las recientes acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contra el diario The New York Times, Estados Unidos ha salido en defensa de la libertad de prensa, rechazando las críticas y expresando su compromiso con un ambiente donde los periodistas puedan informar libremente.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, abordó el tema durante una rueda de prensa, respondiendo a las acciones de López Obrador que desataron la polémica. Jean-Pierre manifestó su desaprobación, señalando que no es algo que el gobierno estadounidense respalde. Además, condenó enérgicamente el acoso que podría derivarse de tales acciones presidenciales contra la libertad de prensa.

“Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, destacó la vocera de la Casa Blanca.

El jueves pasado, López Obrador exhibió públicamente el teléfono y una carta de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México, durante una conferencia de prensa. Esta acción se produjo como respuesta a la investigación que Kitroeff estaba llevando a cabo para un artículo que, finalmente, fue publicado después de los comentarios del presidente.

El artículo reveló que Estados Unidos había mantenido una investigación abierta sobre presuntos fondos del narcotráfico destinados a los hijos de López Obrador y algunos de sus aliados durante la campaña presidencial de 2018.

El incidente ha suscitado preocupaciones sobre la intimidación y el respeto a la libertad de prensa en México. Jean-Pierre subrayó la importancia de que los periodistas puedan realizar su trabajo de manera segura y sin temor a represalias, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con los principios fundamentales de la libertad de expresión.

La polémica continúa generando reacciones en el ámbito internacional, destacando la importancia de preservar un entorno en el que los periodistas puedan desempeñar su papel crucial en la sociedad, informando con independencia y responsabilidad.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.