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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a asumir competencia y revelar el procedimiento que deben seguir las escuelas particulares en la Ciudad de México al conocer la existencia de una Alerta Amber sobre alguno de sus alumnos.

El INAI también pidió a la SEP identificar la instancia facultada para sancionar a las escuelas particulares que se nieguen a presentar a un menor de edad ante las autoridades, así como las sanciones y el fundamento legal aplicable.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que la Alerta Amber se emite cuando un menor está en riesgo inminente de daño grave debido a su desaparición y destacó que México fue pionero en América Latina al implementar este programa para localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Ella añadió que las desapariciones de menores suelen estar vinculadas a la explotación infantil, prostitución y trata de personas.

Del Río Venegas exhortó a la sociedad a apoyar la difusión de la Alerta Amber a través de redes sociales, donde se publican las cédulas de búsqueda con datos y fotografías de menores desaparecidos.

El fallo del INAI llegó después de que la SEP se declaró incompetente para responder a una solicitud de información sobre el protocolo para las escuelas particulares respecto a la Alerta Amber. Del Río Venegas indicó que la SEP no realizó la búsqueda de información prevista por la Ley Federal de Transparencia, ya que no consultó todas las unidades administrativas que podrían tener los datos requeridos.

La ponencia del INAI determinó que la Subsecretaría de Educación Básica, la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, y la Jefatura de Oficina de la Secretaría son áreas que podrían poseer la información solicitada.

Por lo tanto, el pleno del INAI revocó la respuesta de la SEP y le ordenó asumir competencia y realizar una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas para proporcionar la información solicitada.

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, ha instado al Senado de la República a concretar los nombramientos pendientes en el organismo, al cumplirse dos años de su funcionamiento incompleto. Alcalá Méndez enfatizó que esta situación no solo afecta el ejercicio de los derechos de los ciudadanos mexicanos, sino que además va en detrimento de una conquista social surgida en 2002 como parte del proceso democratizador del país.

Desde el 31 de marzo de 2022, el INAI enfrenta la vacante de dos comisionados, a los que se sumó una tercera vacante desde el mismo día pero de 2023, según lo señalado por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de que en 2023 el Senado realizó dos designaciones, estas fueron vetadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, generando un estancamiento en el proceso de integración del INAI.

Alcalá Méndez recordó que el diseño institucional del INAI establece la conformación de un Pleno con siete integrantes, por lo que instó al Senado a cumplir con su responsabilidad constitucional para garantizar dicha integración plena. Por su parte, Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), respaldó la labor del INAI y expresó su compromiso en la defensa de los organismos constitucionales autónomos como pilares de la democracia mexicana.

La reunión, en la que participaron también destacadas figuras del ámbito jurídico, evidenció la urgencia de concretar las designaciones pendientes en el INAI para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los ciudadanos mexicanos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reafirmó su compromiso este sábado, asegurando que ejerce sus funciones sin distinción y con las puertas abiertas para atender las denuncias de todos los ciudadanos.

En un comunicado emitido, el INAI subrayó su papel como un órgano autónomo constitucional encargado de salvaguardar el derecho a la protección de datos personales en los ámbitos público y privado. Enfatizó que este derecho humano es tutelado y defendido para todas las personas, independientemente de su estatus.

Esta declaración surge en medio de la difusión en redes sociales de números telefónicos de funcionarios gubernamentales, líderes de Morena, periodistas afiliados a la llamada Cuarta Transformación y del hijo del presidente, José Ramón López Beltrán.

Además, coincide con las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justificó haber compartido el número celular de la corresponsal en México del diario estadounidense The New York Times, Natalie Kitroeff.

El INAI enfatizó que tiene la facultad de iniciar investigaciones ante posibles violaciones a los principios y deberes establecidos en la legislación sobre protección de datos personales, ya sea de oficio o a solicitud de parte. Actúa de oficio cuando se identifica a la persona, empresa o institución responsable del tratamiento indebido de datos, mientras que en otros casos espera denuncias para actuar.

Adrián Alcalá, presidente del INAI, condenó en sus redes sociales la filtración o vulneración de información privada y anunció que el organismo ejercerá sus facultades para proteger este derecho.

En relación con las declaraciones del presidente López Obrador, Alcalá reiteró que nadie está por encima de la ley y que es responsabilidad del INAI garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales. Explicó que la ley establece que los datos personales no pueden ser divulgados sin el consentimiento expreso del titular, a menos que existan causas extraordinarias previstas en la legislación.

El INAI determinará si hubo violaciones a los principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Las sanciones administrativas por estas violaciones pueden variar desde amonestaciones hasta multas económicas e inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de la infracción.

En cuanto a los plazos de investigación, Alcalá explicó que la ley establece un periodo de 50 días para iniciar la investigación y otros 50 días para verificar posibles violaciones.

En una reciente conferencia de prensa, la comisionada Julieta del Río, parte del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), criticó la iniciativa de reforma que busca eliminar los organismos autónomos, señalando que el Ejecutivo federal ha convertido al instituto en una pieza en el tablero electoral y en un objeto de intereses políticos.

A diferencia de lo afirmado por el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, quien declaró que el instituto “se mantiene al margen de coyunturas políticas”, Del Río sostuvo que es imposible desligarse de la situación actual, ya que el organismo ha sido arrastrado al ámbito político sin su consentimiento.

Del Río también expresó su preocupación sobre cómo esta situación puede convertirse en un caldo de cultivo para que varios actores políticos, de diferentes partidos, intenten influir en las decisiones del instituto. Sin embargo, destacó la importancia de mantener la madurez técnica y política para no caer en estas provocaciones.

En respuesta a la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, el pleno del INAI ofreció una rueda de prensa. Alcalá pidió que esta iniciativa sea procesada a través de un ejercicio de parlamento abierto, similar al realizado hace una década, cuando se creó el INAI como organismo autónomo.

Además, Alcalá advirtió sobre las posibles repercusiones internacionales de eliminar al INAI, haciendo referencia al artículo 19.8 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige legislación similar para la protección de datos personales en transacciones electrónicas internacionales.

En cuanto a las acciones futuras, Alcalá afirmó que, en caso de que la propuesta sea aprobada, el instituto recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para defender el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

Por otro lado, la comisionada Josefina Román llamó a no politizar el tema y mencionó una reunión reciente con el equipo de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, donde hubo disposición para discutir la utilidad del instituto.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.