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Las nuevas reglas para competir sin partido en Michoacán quedaron bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, promoviera una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Electoral del estado.

El recurso busca que el máximo tribunal analice las disposiciones aprobadas por el Congreso de Michoacán, las cuales establecen nuevas restricciones para quienes pretendan contender por un cargo de elección popular sin el respaldo de un partido político, incluida la gubernatura.

Entre los puntos impugnados destaca el requisito de reunir 73 mil 196 firmas ciudadanas para validar el registro de una candidatura independiente. La reforma también prohíbe que los aspirantes compartan emblemas, colores o identidad gráfica, además de impedirles realizar propaganda conjunta o coordinar campañas.

Grecia Quiroz acudió a la sede de la SCJN acompañada por el activista Julián LeBarón, quien también aspira a contender de manera independiente por el gobierno de Chihuahua, así como por el diputado local michoacano Carlos Bautista Tafolla.

A su llegada, decenas de simpatizantes la recibieron con consignas de apoyo como: “Viva Grecia” y “Grecia el pueblo de México está contigo”, antes de ingresar al recinto.

La alcaldesa y sus acompañantes fueron recibidos por una comisión especial, ante la que solicitaron que las ministras y ministros reviertan los límites impuestos a las candidaturas independientes por la reforma electoral aprobada en Michoacán.

Quiroz llegó a la Suprema Corte con la expectativa de que el máximo tribunal garantice el derecho de los mexicanos a elegir a quienes consideren dignos de su representación. La alcaldesa de Uruapan es viuda de Carlos Manzo, fundador del llamado “Movimiento del Sombrero”, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

El proceso que llevará a Michoacán a elegir gobernador en 2027 enfrentará su etapa inicial con una reconfiguración inesperada en su autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la salida del presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y de cuatro consejeros, una decisión que modifica la integración del organismo local cuando faltan menos de tres meses para el inicio formal de los comicios.

La determinación fue avalada por ocho integrantes del Consejo General del INE, mientras que tres votaron en contra. Con ello quedaron separados de sus cargos Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, así como los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Claudia Marcela Carreño Mendoza y Silvia Verónica Mauricio Salazar.

El origen del caso se remonta al 17 de julio de 2025. Ese día, los integrantes del instituto electoral local designaron a un encargado de despacho del Órgano Interno de Control después de que concluyera el periodo del anterior contralor y el Congreso estatal no nombrara a un sustituto.

Para el INE, esa designación implicó asumir facultades que corresponden al Poder Legislativo de Michoacán. En contraste, Ignacio Hurtado defendió la actuación del organismo al señalar que la ausencia de una figura responsable en el área podía frenar procedimientos en curso y generar incumplimientos institucionales.

Tras conocerse la resolución, los funcionarios removidos adelantaron que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la medida, al considerar que la sanción aplicada es excesiva.

La decisión también abrió un frente político. Las dirigencias estatales del PRI y del PAN atribuyeron la remoción a una presunta estrategia de Morena de cara a la elección estatal. Guillermo Valencia Reyes, dirigente priista, aseguró: “Es evidente que Morena quiere apoderarse del órgano local y distraer la atención del cochinero que significa el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato a gobernador”.

En el mismo sentido, Carlos Quintana Martínez, líder estatal panista, afirmó: “El ‘cártel’ de Morena se ha quitado la máscara y busca el control absoluto del IEM, de cara al proceso electoral del 2027 en el que los michoacanos darán un voto de castigo a Morena”.

Desde el gobierno estatal también hubo respuesta. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó la resolución y sostuvo que “se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán”.

Mientras continúa la controversia, el IEM deberá operar con únicamente dos consejeras en funciones, Carol Berenice Arellano Rangel y Selene Lizbeth González Medina, de entre quienes saldrá la persona que asumirá temporalmente la presidencia del organismo.

Las veladoras encendidas y las cartulinas colocadas frente al Palacio de Gobierno marcaron el final de una jornada de protesta que reunió a cientos de personas en Morelia. Familiares, amigos, colectivos y ciudadanos llegaron hasta la sede del gobierno estatal para exigir justicia por Valeria, la adolescente de 15 años asesinada tras ser privada de la libertad.

La movilización recorrió el corazón de la capital michoacana. Desde la fuente de Las Tarascas, los participantes avanzaron por la Avenida Madero hasta alcanzar el edificio gubernamental, que permaneció protegido con vallas metálicas y bajo resguardo de elementos de la Guardia Civil.

Durante el trayecto, las consignas se concentraron en la demanda de justicia para la menor y en los reclamos por las condiciones de inseguridad que, señalaron los manifestantes, afectan a Morelia y al resto de Michoacán. La marcha contó además con el acompañamiento de observadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, organismo que también ha brindado apoyo a la familia de la víctima.

El caso que detonó la protesta comenzó el 25 de mayo. De acuerdo con las investigaciones, Valeria fue vista por última vez alrededor de las 11:30 horas en la colonia 3 de Agosto, cercana a la zona conocida como La Aldea. Al día siguiente, su cuerpo fue localizado en una zona de alta marginación ubicada al oriente de Morelia.

Las autoridades informaron que la adolescente presentaba severas huellas de violencia. También señalaron que fue encontrada con el rostro cubierto y las manos atadas con cinta adhesiva.

Mientras la exigencia de justicia crecía en las calles, la Fiscalía de Michoacán informó sobre la detención de Alexandr “N”, de 18 años, señalado como presunto responsable del asesinato. Su captura se realizó el jueves en el municipio de Tacámbaro, a unos 130 kilómetros de Morelia.

Según las investigaciones, el joven fue detenido en posesión del teléfono celular de Valeria. Las autoridades indicaron que desde ese dispositivo se solicitaba a los familiares el pago de un rescate. La fiscalía mantiene abiertas las indagatorias y continúa la búsqueda de al menos otro posible cómplice relacionado con el crimen.

Un despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales en Tepalcatepec, Michoacán, culminó con la detención de un hombre que presuntamente tendría relación familiar con Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo” Farías, señalado como líder del llamado “Cártel de Tepalcatepec” y considerado uno de los narcotraficantes más buscados por autoridades de México y Estados Unidos.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la calle Aquiles Serdán, en la colonia Los Mangos, donde fue localizado Víctor Noé Farías, de 35 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el individuo fue sorprendido en posesión de diversas armas de fuego y equipo táctico durante el operativo de seguridad.

En la acción participaron elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército, quienes ingresaron a la zona a bordo de vehículos tácticos blindados. La movilización también contó con el respaldo aéreo de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, debido a la posibilidad de que el despliegue generara una reacción violenta por parte de integrantes del “Cártel de Tepalcatepec”.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos rifles de asalto, cuatro pistolas calibre .9 milímetros, 28 cargadores y 470 cartuchos útiles. Además, se decomisaron dos chalecos tácticos con portaplacas antibalas, tres placas balísticas, 39 mil pesos en efectivo, varios teléfonos celulares y un pasaporte expedido a nombre de otra persona.

Tras su captura, Víctor Noé Farías fue trasladado a la ciudad de Morelia, donde quedó a disposición de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial que el detenido Víctor ‘N’, sea hijo de Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, líder de los Cárteles Unidos, de acuerdo con versiones no oficiales, el principal objetivo de esta operación era la detención de Juan José Farías Álvarez, sin embargo, la línea de investigación se mantiene abierta mientras se recaba información adicional sobre el vínculo entre ambos.

“El Abuelo” Farías figura entre los objetivos prioritarios de seguridad, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Las autoridades estadounidenses lo consideran líder de una organización catalogada como terrorista, lo que ha intensificado los esfuerzos binacionales para su localización.

El operativo en Tepalcatepec se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad y con participación de distintas corporaciones, en una acción que buscaba neutralizar posibles riesgos ante la presencia de armamento y la posible conexión con uno de los líderes criminales más buscados.

La posibilidad de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentre fuera del país ha intensificado las acciones de búsqueda en su contra, luego de que autoridades estatales y federales señalaran que el exmandatario habría escapado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un operativo realizado a inicios de marzo de 2025.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Aureoles fue localizado en el estado de Jalisco, pero logró evadir la acción desplegada entre el 1 y 2 de marzo de 2025. Según explicó, integrantes del grupo criminal facilitaron su traslado hacia el norte del país, lo que habría permitido su salida del territorio nacional.

En paralelo, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, iniciar gestiones internacionales para ubicar al exmandatario, incluyendo la emisión de una ficha roja ante la Interpol y la colaboración con otros países.

Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2014 y 2021 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, enfrenta dos órdenes de aprehensión. La primera corresponde al presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán, actualmente denominada Guardia Civil.

La segunda orden judicial está relacionada con la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas durante un operativo realizado en 2017 en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen. En este caso también enfrenta cargos por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Por los mismos hechos, el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como 14 exfuncionarios y policías, también cuentan con órdenes de aprehensión.

El operativo en Arantepacua ocurrió el 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Michoacán intentaban recuperar cerca de cien vehículos retenidos por habitantes de la comunidad, en medio de un conflicto agrario con la población de Capácuaro, en el municipio de Uruapan. Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado que dejó un policía muerto, cuatro indígenas fallecidos —uno de ellos menor de edad—, además de 35 personas lesionadas y 38 detenidos que posteriormente fueron liberados.

En su momento, la administración estatal sostuvo que el tiroteo fue iniciado por un grupo armado vinculado a Benito Morales Jiménez, alias “El Beny”, identificado como jefe de plaza del cártel de Los Viagras y exintegrante de Los Caballeros Templarios. El presunto líder criminal no fue detenido y su paradero continúa sin esclarecerse.

El escenario electoral rumbo a 2027 comenzó a perfilar tensiones dentro de Partido Acción Nacional, luego de que el senador Marko Cortés planteara la necesidad de permitir alianzas en elecciones locales, aun cuando el partido ya definió competir sin coaliciones en las diputaciones federales.

La postura del legislador surge después de que el dirigente nacional panista, Jorge Romero, anunciara que el PAN participará en solitario en la contienda federal de 2027. Aunque Cortés respaldó esa determinación para la Cámara de Diputados, consideró que el partido debe flexibilizar su estrategia en las elecciones de gubernaturas y ayuntamientos.

El también expresidente nacional del PAN sostuvo que la prioridad debe ser incrementar la competitividad electoral en distintos niveles. En ese contexto, defendió la posibilidad de construir acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional y otras fuerzas políticas en contiendas estatales y municipales.

“Busquemos que podamos ser lo más competitivos posible, tanto en lo federal, teniendo más diputados federales de mayoría y pluris, logrando más de los que obtuvimos en el 2021 y también tratar de recuperar terreno en gubernaturas, refrendando lo que tenemos, y teniendo más alcaldías de las que actualmente tenemos”, planteó.

El senador subrayó que la decisión sobre alianzas locales debe considerar la opinión de los aspirantes a gubernaturas, particularmente en entidades donde el PAN busca consolidar o ampliar su presencia política. En ese sentido, mencionó casos específicos como Zacatecas, Colima y Michoacán.

Hay que preguntarle a Riult Rivera, que es alcalde de Colima, que ganó en coalición y que puede ser el gobernador, el primer gobernador panista de Colima. Yo no sé si él ocupe o no la coalición para ser candidato. Hay que preguntarle a Alfonso Martínez, alcalde Morelia, Michoacán, que eventualmente va a ser nuestro candidato a gobernador. Puede convertirse en el primer gobernador, pero seguramente él ha de querer una coalición”, planteó.

“Si nosotros tenemos candidatos en 300 distritos federales electorales, es claro que tendremos más votos y también tendremos más representación proporcional, no sólo mayoría, sino más representación. Cuando haces una coalición en lo federal ganas más mayorías, pero algo de representación proporcional”, señaló.

A pesar de esta apertura para acuerdos locales, Cortés Mendoza coincidió con la dirigencia panista en competir sin coaliciones en la elección federal, al considerar que esa estrategia puede aumentar la representación legislativa del partido.

La discusión interna se da en un contexto en el que Acción Nacional busca recuperar posiciones políticas y fortalecer su presencia territorial de cara a los comicios de 2027, donde se renovarán cargos federales y locales en distintas entidades del país.

A más de un año de las elecciones intermedias de 2027, el Movimiento Regeneración Nacional puso en marcha una estrategia de reorganización territorial a nivel nacional con la instalación de 2 mil 53 Consejos Municipales, una estructura que busca reforzar la coordinación interna del partido y consolidar su presencia en todo el país.

El arranque de este despliegue comenzó este sábado con la instalación inicial de 260 Consejos Municipales distribuidos en 5 mil 839 secciones electorales. La operación forma parte de un plan que se extenderá hasta el 31 de mayo, con excepción de los fines de semana del 4 y 5 de abril, así como del 9 y 10 de mayo, fechas en las que se suspenderán temporalmente las actividades.

La dirigencia nacional del partido explicó que estos nuevos órganos estarán integrados por las Presidencias y Secretarías de los 71 mil 541 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación. Entre sus principales funciones se encuentran la promoción de los principios del movimiento, la defensa del voto durante los procesos electorales, la distribución del periódico Regeneración, la organización de actividades de formación política y el impulso a la afiliación partidista.

Este movimiento organizativo ocurre meses antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para septiembre de 2026, cuando el Instituto Nacional Electoral comience la preparación de los comicios federales y locales programados para 2027.

Como parte del arranque, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, encabezó la instalación del Consejo Municipal en Chalco, Estado de México. De manera paralela, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, participó en la conformación del órgano correspondiente en Sahuayo, Michoacán.

La creación de estos Consejos Municipales se deriva del acuerdo aprobado durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido, celebrada el pasado 7 de marzo, donde se definió el inicio de esta etapa organizativa con el objetivo de consolidar lo que la dirigencia denomina como “Partido-Movimiento”.

El despliegue territorial se enfoca en la preparación de los comicios en 17 entidades donde se renovarán cargos de elección popular. Los estados contemplados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, en Veracruz se renovarán únicamente el Congreso local y los ayuntamientos, mientras que en Durango solo se elegirá el Congreso estatal, debido a que los procesos municipales se realizaron previamente en 2025.

La instalación escalonada de los Consejos Municipales representa la primera movilización territorial del partido rumbo a los comicios intermedios, con el objetivo de reforzar su estructura organizativa y coordinar a sus comités seccionales en todo el país.

Un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. La medida también alcanza al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a 14 agentes de la Policía Estatal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el juez otorgó los mandamientos judiciales al considerar que existen elementos suficientes para presumir la participación de los señalados en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Los hechos se remontan a un operativo ordenado el 5 de abril de 2017, cuando, de acuerdo con la fiscalía, Aureoles habría instruido a Corona Martínez desplegar fuerzas policiales en Arantepacua con el objetivo de recuperar aproximadamente un centenar de vehículos retenidos por habitantes indígenas. La protesta respondía a un conflicto territorial con la comunidad de Capácuaro, perteneciente al municipio de Uruapan.

Durante el ingreso de los agentes de la entonces denominada Policía Michoacán, se registró un enfrentamiento en el acceso al poblado. El saldo fue de cuatro indígenas muertos por disparos —entre ellos un menor de edad—, 31 personas heridas por golpes o impactos de bala y 38 detenidos. Un elemento policial también falleció en el operativo.

Años después, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal, así como actos constitutivos de tortura, afectaciones al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia en perjuicio de la comunidad indígena. Además, el organismo señaló que elementos policiales realizaron cateos ilegales en 56 viviendas del poblado. 

Tras los hechos, la administración estatal encabezada por Aureoles atribuyó la violencia al narcotraficante Benito Morales Jiménez, conocido como “El Beny”, identificado entonces como líder regional del cártel de Los Viagras, a quien acusaron de atacar a los policías durante el ingreso. Sin embargo, “El Beny” no fue detenido.

Posteriormente, el juez de control Juan Salvador Alonso Mejía ordenó la liberación de los indígenas detenidos, luego de que la defensa acreditó que el gobierno estatal había sembrado armas de fuego y fabricado pruebas.

Esta nueva orden judicial se suma a otro proceso que enfrenta Silvano Aureoles por el presunto desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. Por este caso ya se encuentran detenidos Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, mientras que Juan Bernardo Corona también cuenta con orden de aprehensión relacionada con ese expediente.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abrió una etapa decisiva para la estructura del grupo criminal, marcada por la posible sucesión interna o el surgimiento de conflictos entre sus principales operadores. Especialistas en seguridad advierten que la ausencia del mando central representa un momento clave que podría definir el futuro de una de las organizaciones criminales de mayor expansión y violencia en México.

Durante años, Oseguera Cervantes ejerció un control vertical sobre el cártel, concentrando la toma de decisiones estratégicas y operativas. Su liderazgo definía las acciones en los territorios bajo influencia del CJNG. De acuerdo con el especialista en seguridad David Saucedo, actualmente existen al menos cuatro figuras con capacidad para asumir el mando. “El Mencho condujo esta organización con mano de hierro; actualmente hay cuando menos cuatro liderazgos, comandantes que pueden asumir el control de la organización y habrá que ver si se ponen de acuerdo”, explicó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha identificado a los perfiles más relevantes dentro de la organización tras la caída del líder. Entre los nombres señalados por analistas destacan Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”; Heraclio Gutiérrez Martínez, llamado “Tío Lako”; y Juan Carlos Valencia González, hijastro de Oseguera Cervantes. Estas figuras forman parte del círculo cercano que mantenía la operación del cártel y son considerados posibles sucesores.

El investigador en seguridad nacional Víctor Sánchez Valdés señaló que la muerte del líder representa un impacto estructural significativo. A diferencia de otros grupos criminales con mandos distribuidos, el CJNG dependía directamente de la autoridad de Oseguera Cervantes, lo que convierte su ausencia en un punto de inflexión para la organización.

El escenario que enfrenta el CJNG contempla diversas posibilidades. Una de ellas es que uno de los líderes logre consolidarse como jefe único mediante acuerdos internos, lo que permitiría mantener la cohesión operativa. Otra posibilidad es el surgimiento de disputas internas que deriven en enfrentamientos por el control del grupo. Saucedo advirtió que, en caso de no lograrse consensos, podría desencadenarse una “guerra sucesoria” para determinar quién asume el liderazgo. También planteó que el cártel podría fragmentarse en varias estructuras regionales que operen bajo el mismo nombre, pero con mandos autónomos.

El reacomodo interno también podría abrir oportunidades para organizaciones rivales. Sánchez Valdés mencionó que grupos como el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y el Cártel Santa Rosa de Lima podrían intentar expandir su presencia en territorios disputados. En particular, entidades como Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Guerrero figuran entre las regiones con mayor riesgo debido a la disputa territorial existente.

El proceso actual representa una etapa de reconfiguración dentro del CJNG, en la que el resultado dependerá de la capacidad de sus principales figuras para consolidar el control o de la evolución de las tensiones internas y externas. La organización enfrenta así un periodo determinante que puede redefinir su estructura, liderazgo y presencia en distintas regiones del país.