Magistrada del TEPJF Cuestiona Candidaturas de Alcaldes Foráneos: “Faltaría al Respeto a la Ley”

En una conferencia ante un auditorio de abogados en Nuevo León, la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, abordó el tema de las candidaturas de aquellos aspirantes a alcaldías en municipios donde no residen, señalando que esto podría contravenir la ley y las políticas públicas.

Otálora, quien visitó la región para participar en una ponencia, destacó que sería incongruente ocupar un cargo que requiere conocer de cerca las realidades y necesidades de un municipio del cual no se es habitante.

“Sería un contrasentido con lo que implica el cargo, ya que las políticas públicas deben contribuir a la vida diaria de un municipio o ayuntamiento donde uno reside”, afirmó la magistrada en respuesta a una pregunta del público durante la conferencia.

En el contexto de la charla con los abogados, enfatizó que la presidencia municipal es una posición de gran cercanía con la ciudadanía y dirigir la vida cotidiana de un ayuntamiento requiere un conocimiento directo de sus necesidades.

“Es lógico, es sentido común, que para dirigir la vida cotidiana de un ayuntamiento se debe residir en ese lugar, para entender cuáles son las necesidades”, agregó Otálora.

Durante su intervención, también se refirió a los desafíos que enfrentarán las elecciones próximas en junio, resaltando la importancia de la democracia y señalando la preocupación por la violencia generada por el crimen organizado.

Alerta Electoral ante 16 Aspirantes Asesinados y 50 Casos de Violencia

En un informe alarmante, el Laboratorio Electoral revela que en los últimos nueve meses, se han registrado 50 casos de violencia relacionada con el proceso electoral en México, incluyendo 33 asesinatos, de los cuales 16 aspiraban a cargos de elección popular. Este sombrío panorama arroja luces sobre la peligrosa situación que enfrentan los participantes en la contienda política, con el mes de enero destacando como el más violento con ocho asesinatos registrados.

La violencia ha golpeado con mayor fuerza a los militantes de Morena, siendo cinco de los 16 aspirantes asesinados miembros de este partido. Le siguen en la lista el PAN con cuatro, Movimiento Ciudadano con tres, y el PRD, PRI y Partido Verde, con dos, respectivamente. Esta situación desata preocupación sobre la seguridad de quienes buscan servir a través de la política, destacando la vulnerabilidad de aquellos que aspiran a cargos públicos.

La geografía de la violencia electoral se extiende por 13 entidades federativas, siendo Guerrero la más afectada con ocho casos, seguida de Veracruz y Michoacán, ambas con cinco. La repetición de Guerrero como epicentro de la violencia electoral, también observada en 2018 y 2021, subraya la urgencia de abordar la situación en este estado.

El análisis del Laboratorio Electoral se ha extendido más allá de las fechas oficiales del proceso electoral, abarcando el periodo de junio de 2023 a septiembre de 2024 debido a los procesos de selección de candidaturas realizados de manera anticipada. Este enfoque permite identificar tendencias y patrones que podrían ser fundamentales para abordar y prevenir la violencia en futuros procesos electorales.

El informe también destaca que, aunque el PRI lideró las víctimas electorales mortales en 2018, en la actualidad, Morena es el partido más afectado por la violencia política, resaltando la gravedad del problema en el contexto actual. Además, el PRD, a pesar de su estatus como partido pequeño, exhibe una preocupante estabilidad en el número de víctimas mortales de violencia.

La violencia no se limita a los aspirantes, ya que se han registrado 41 casos de violencia política no electoral contra funcionarios, sus familiares, antiguos legisladores y/o aspirantes a cargos. Estos incluyen seis atentados/ataques armados, dos amenazas, dos secuestros y un caso de denuncia de Violencia Política de Género (VPG).

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advierte que el 2024 podría convertirse en el proceso más violento en la historia del país, subrayando la necesidad urgente de abordar y revertir esta tendencia alarmante que amenaza la democracia y la participación política en México.