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El proceso que llevará a Michoacán a elegir gobernador en 2027 enfrentará su etapa inicial con una reconfiguración inesperada en su autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la salida del presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y de cuatro consejeros, una decisión que modifica la integración del organismo local cuando faltan menos de tres meses para el inicio formal de los comicios.

La determinación fue avalada por ocho integrantes del Consejo General del INE, mientras que tres votaron en contra. Con ello quedaron separados de sus cargos Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, así como los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Claudia Marcela Carreño Mendoza y Silvia Verónica Mauricio Salazar.

El origen del caso se remonta al 17 de julio de 2025. Ese día, los integrantes del instituto electoral local designaron a un encargado de despacho del Órgano Interno de Control después de que concluyera el periodo del anterior contralor y el Congreso estatal no nombrara a un sustituto.

Para el INE, esa designación implicó asumir facultades que corresponden al Poder Legislativo de Michoacán. En contraste, Ignacio Hurtado defendió la actuación del organismo al señalar que la ausencia de una figura responsable en el área podía frenar procedimientos en curso y generar incumplimientos institucionales.

Tras conocerse la resolución, los funcionarios removidos adelantaron que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la medida, al considerar que la sanción aplicada es excesiva.

La decisión también abrió un frente político. Las dirigencias estatales del PRI y del PAN atribuyeron la remoción a una presunta estrategia de Morena de cara a la elección estatal. Guillermo Valencia Reyes, dirigente priista, aseguró: “Es evidente que Morena quiere apoderarse del órgano local y distraer la atención del cochinero que significa el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato a gobernador”.

En el mismo sentido, Carlos Quintana Martínez, líder estatal panista, afirmó: “El ‘cártel’ de Morena se ha quitado la máscara y busca el control absoluto del IEM, de cara al proceso electoral del 2027 en el que los michoacanos darán un voto de castigo a Morena”.

Desde el gobierno estatal también hubo respuesta. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó la resolución y sostuvo que “se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán”.

Mientras continúa la controversia, el IEM deberá operar con únicamente dos consejeras en funciones, Carol Berenice Arellano Rangel y Selene Lizbeth González Medina, de entre quienes saldrá la persona que asumirá temporalmente la presidencia del organismo.

La elección para renovar el Congreso de Coahuila entró en una nueva etapa de disputa política y jurídica. Morena anunció que buscará anular los resultados de los 16 distritos locales ganados por el PRI en los comicios celebrados el pasado 7 de junio, al considerar que existen elementos suficientes para cuestionar la validez de la jornada electoral.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, informó que la estrategia incluye la presentación de recursos ante diversas autoridades electorales y financieras. Entre las instancias a las que acudirán se encuentran la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), el Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente su Unidad Técnica de Fiscalización, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La decisión, explicó, se basa en la detección de presuntas anomalías en 962 casillas, cifra que representa el 22.6 por ciento de la votación emitida en la entidad. Con esos argumentos, Morena solicitará la nulidad total de la elección correspondiente a los 16 distritos locales.

Durante una conferencia de prensa, Montiel sostuvo que el partido cuenta con pruebas relacionadas con distintos hechos ocurridos durante el proceso electoral. Entre los señalamientos mencionó presuntas prácticas de compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, utilización electoral de programas sociales y rebase de topes de campaña.

La dirigente aseguró que los recursos legales buscarán que dichas conductas sean revisadas por las autoridades competentes y formen parte del análisis sobre la validez de la elección. Al explicar la postura de Morena, afirmó que la controversia no se limita al resultado final de los comicios, sino a las condiciones en las que se desarrolló la votación.

“Lo que nosotros no podemos permitir, adelante, es que se vulnere la democracia de esta manera; está en juego la legalidad íntegra del proceso electoral, pero también la libertad y la secrecia del voto, que es un valor fundamental para el respeto del sufragio”, declaró.

Con la presentación de estos recursos, la disputa por la integración del Congreso de Coahuila se trasladará al terreno legal, donde Morena buscará que se revisen los resultados obtenidos por el PRI en los 16 distritos locales.

La última sesión del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados derivó este jueves en una confrontación entre legisladores de Morena y PRI, marcada por mensajes internos, descalificaciones desde tribuna y protestas con mantas en el pleno de San Lázaro.

Antes del inicio de la sesión, el diputado morenista Arturo Ávila envió instrucciones a integrantes de su bancada mediante un grupo de mensajería. En el mensaje pidió intervenir contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y presentar reclamos dirigidos a la mesa directiva, en particular contra la panista Paulina Rubio. “Todos pidan la palabra”, escribió como parte de las indicaciones compartidas al mediodía.

Minutos después comenzaron las intervenciones desde la tribuna. El diputado de Morena, Mario Miguel Carrillo, afirmó que el PRI podría perder su registro en 2027 y responsabilizó directamente a Alejandro Moreno por la situación del partido.

A los señalamientos se sumó el legislador Guillermo Rafael Santiago, quien vinculó al dirigente priista con investigaciones judiciales y lanzó críticas también contra las dirigencias del PAN y Movimiento Ciudadano.

“Y ahora vamos con el PRI, Alejandro Moreno, un delincuente con fuero que tiene más de cuatro carpetas de investigación y que vaya que es un delincuente, que casi todo lo que se roba se lo gasta en bótox, cuidado con eso, por cierto”, declaró.

Mientras continuaban las participaciones de Morena, diputados del PRI organizaron una protesta desde los balcones del salón de sesiones. Carlos Gutiérrez Mancilla, junto con Ariana Rejón, Ivonne Ruiz y Xitlalic Ceja, desplegó mantas con mensajes contra Morena y con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos mayores.

Las lonas incluían frases como “El cártel de Morena. rateros, corruptos, asesinos, criminales” y “Morena, Los narcos del Bienestar”.

Las legisladoras priistas utilizaron además un megáfono y una sirena para lanzar consignas desde el segundo piso del recinto, mientras en tribuna esperaba intervenir el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez.

La tensión obligó al despliegue de personal de Protección Civil dentro del salón de sesiones ante el riesgo de una caída desde las galerías. Los elementos bloquearon parte del pasillo principal para restringir el paso. En medio del intercambio, la diputada Dolores Padierna criticó el desempeño de la presidencia de la Mesa Directiva encabezada por el PAN.

La discusión por el ajuste al calendario escolar escaló al Senado luego de que el coordinador del PRI, Manuel Añorve, reiterara su exigencia de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, deje el cargo por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

El legislador acusó al titular de la SEP de afectar la educación de estudiantes de nivel básico al plantear un periodo vacacional que abarcaría del 5 de junio al 29 de agosto, medida que fue presentada bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un video, Añorve sostuvo que Delgado “debe renunciar ya” y aseguró que el funcionario “no sólo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que también está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños”.

El senador priista también vinculó al secretario con otras polémicas y afirmó: “Mario Delgado vive entre escándalos: el huachicol, los pésimos resultados educativos y ahora su obsesión por las vacaciones, diciendo que es por el calor y el fútbol. Mario Delgado ya se debe de ir”.

La Secretaría de Educación Pública informó el jueves pasado sobre modificaciones al calendario de educación básica y media superior. Mediante un comunicado indicó que el ciclo escolar concluiría el 5 de junio y que las actividades del periodo 2026-2027 arrancarían formalmente el 31 de agosto.

Sin embargo, un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en conferencia de prensa que todavía no existe un calendario definitivo. Explicó que la propuesta surgió desde los estados y respondió a solicitudes de algunos maestros que plantearon adelantar vacaciones debido al Mundial de Futbol.

Añorve aseguró que, tras las críticas de asociaciones de padres de familia, integrantes del gobierno federal y de Morena comenzaron a deslindarse de la propuesta. Según dijo, ahora buscan responsabilizar a docentes, padres y secretarios estatales de Educación, incluidos funcionarios de gobiernos morenistas.

“Es increíble que Mario Delgado, el responsable de la política educativa de México, sólo piense en cómo tener más vacaciones. Ante el rechazo social y la presión pública que esto generó, tuvieron desde la mañana que corregir”, declaró el coordinador priista. El legislador añadió que, pese a las aclaraciones posteriores, Morena intenta evitar asumir la responsabilidad de la iniciativa sobre el calendario escolar.

El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, resolución que se dio durante la audiencia inicial del caso.

Pese a la determinación judicial, ambos exfuncionarios continuarán el proceso en libertad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Al concluir la comparecencia, Peralta Sánchez sostuvo ante medios de comunicación que las acusaciones están relacionadas con modificaciones al presupuesto estatal y defendió la legalidad de las decisiones tomadas durante su administración.

“El presupuesto de egresos y este presupuesto por diferentes razones puede sufrir alteraciones y únicamente quien tiene la capacidad de poder autorizar estas modificaciones es el titular del Poder Ejecutivo”, declaró el exmandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El exgobernador también rechazó haber cometido algún delito y adelantó que su defensa incorporará nuevos elementos para sustentar su postura jurídica.

“Vamos a buscar agregar una serie de análisis de referencia de carácter jurídico que nos permita fortalecer los argumentos que hoy se expusieron y demostrar que se apegó conforme a la ley y que no hubo la comisión de ningún delito”, afirmó en entrevista con medios locales.

Mientras Peralta Sánchez ofreció declaraciones tras la audiencia, Carlos Noriega evitó emitir comentarios sobre el proceso judicial abierto en su contra. Ignacio Peralta encabezó el gobierno de Colima entre 2016 y 2021.

La salida de Héctor Yunes Landa del Partido Revolucionario Institucional se formalizó con carácter irrevocable, tras más de cuatro décadas de militancia. El legislador veracruzano confirmó que presentó su renuncia la mañana del sábado 2 de abril, aunque decidió hacerla pública hasta el día siguiente.

El anuncio se difundió mediante un video en su cuenta de la red social X, donde explicó que pospuso la comunicación para no interferir con el homenaje realizado por el partido en memoria del exgobernador Fidel Herrera Beltrán y su esposa, Rosita Borunda.

En su mensaje, el diputado local lanzó críticas directas a la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno, a quien responsabilizó de la situación actual del partido. “El PRI en lugar de dirigente tiene dueño”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el instituto político “está secuestrado por un personaje impresentable que busca prolongar su control por años”.

Yunes Landa acusó que bajo esa conducción, el partido ha sufrido un deterioro interno significativo. “Alejandro Moreno no sólo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto y sin futuro”, expresó.

El exsenador y exdiputado federal también señaló que, aunque el PRI fue “por décadas el mejor partido de México”, actualmente enfrenta un rumbo incierto. En ese sentido, advirtió que la organización política “se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción”.

A lo largo de su trayectoria, Yunes Landa ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, como subsecretario de Gobierno en Veracruz, coordinador de delegación del Infonavit, gerente jurídico de Fonhapo y director jurídico de Fonatur. Además, fue candidato a la gubernatura de Veracruz en 2016 y, en junio de 2025, manifestó su interés por competir nuevamente en el proceso electoral de 2030.

De manera extraoficial, se ha señalado la posibilidad de que el ahora exmilitante priista se integre a Movimiento Ciudadano, aunque hasta el momento no ha confirmado esa versión.

El reconocimiento del aumento en el precio de alimentos básicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum detonó una serie de críticas desde el Senado, donde legisladores de oposición señalaron que el encarecimiento no responde únicamente a factores internacionales, sino también a problemas internos en la conducción económica del país.

Luego de que la mandataria atribuyera el alza a la variación del precio internacional del petróleo y al contexto internacional derivado del conflicto entre Irán y Estados Unidos, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la inflación responde también al desempeño económico nacional durante los últimos años.

El legislador añadió que el país enfrenta un escenario de estancamiento económico y aumento de precios, lo cual, afirmó, está vinculado a la gestión de los gobiernos de Morena. “Sí hay un problema económico real, está estancada la economía, están aumentando los precios, lamentablemente, en mayor medida es culpa de la pésima gestión económica que han tenido los gobiernos de Morena y no únicamente por la guerra entre Estados Unidos e Irán”, agregó.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, su coordinador en el Senado, Manuel Añorve, también cuestionó la explicación del gobierno federal y recordó la promesa hecha en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el precio del combustible.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que el aumento en alimentos como el jitomate y la carne de res debe encender alertas en el gobierno federal. El senador llamó a enfocar recursos y acciones en contener el encarecimiento y fortalecer apoyos.

 “Hay que pedirle a la presidenta de la República que se concentre en ello y que las entidades del gobierno, encargadas de proveer estos apoyos tengan disposición presupuestal y se oriente el dinero a ello, no a cosas que no se deben”, señaló.

Castañeda también reconoció la presión derivada del incremento en energéticos, pero subrayó que el problema va más allá. “Sin duda el precio del petróleo, en general de las energías, ha presionado mucho los precios de los productos de consumo, pero también hay que decirlo, no es el único problema; en México lo que tenemos, más allá del incremento de la energía, de los precios de los combustibles, es un mercado interno que se contrae prácticamente todos los días y que en temas como los apoyos al campo parecen estar prácticamente olvidados”, planteó.

La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.