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El reconocimiento del aumento en el precio de alimentos básicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum detonó una serie de críticas desde el Senado, donde legisladores de oposición señalaron que el encarecimiento no responde únicamente a factores internacionales, sino también a problemas internos en la conducción económica del país.

Luego de que la mandataria atribuyera el alza a la variación del precio internacional del petróleo y al contexto internacional derivado del conflicto entre Irán y Estados Unidos, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la inflación responde también al desempeño económico nacional durante los últimos años.

El legislador añadió que el país enfrenta un escenario de estancamiento económico y aumento de precios, lo cual, afirmó, está vinculado a la gestión de los gobiernos de Morena. “Sí hay un problema económico real, está estancada la economía, están aumentando los precios, lamentablemente, en mayor medida es culpa de la pésima gestión económica que han tenido los gobiernos de Morena y no únicamente por la guerra entre Estados Unidos e Irán”, agregó.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, su coordinador en el Senado, Manuel Añorve, también cuestionó la explicación del gobierno federal y recordó la promesa hecha en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el precio del combustible.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que el aumento en alimentos como el jitomate y la carne de res debe encender alertas en el gobierno federal. El senador llamó a enfocar recursos y acciones en contener el encarecimiento y fortalecer apoyos.

 “Hay que pedirle a la presidenta de la República que se concentre en ello y que las entidades del gobierno, encargadas de proveer estos apoyos tengan disposición presupuestal y se oriente el dinero a ello, no a cosas que no se deben”, señaló.

Castañeda también reconoció la presión derivada del incremento en energéticos, pero subrayó que el problema va más allá. “Sin duda el precio del petróleo, en general de las energías, ha presionado mucho los precios de los productos de consumo, pero también hay que decirlo, no es el único problema; en México lo que tenemos, más allá del incremento de la energía, de los precios de los combustibles, es un mercado interno que se contrae prácticamente todos los días y que en temas como los apoyos al campo parecen estar prácticamente olvidados”, planteó.

La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

La posibilidad de una alianza opositora en Veracruz rumbo a las elecciones de 2027 fue descartada por dirigentes de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusiera unir fuerzas para enfrentar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La iniciativa fue presentada el 17 de marzo por el dirigente priista Adolfo Ramírez Arana durante una conferencia de prensa, donde planteó que los partidos de oposición debían construir un frente común ante el escenario político en el estado y el país.

El líder tricolor argumentó que tanto México como Veracruz atraviesan un contexto de retrocesos y que la fragmentación de la oposición favorece a quienes actualmente gobiernan. En ese sentido, convocó públicamente a las dirigencias estatales del PAN y Movimiento Ciudadano a considerar una alianza electoral.

“Si quieren a Veracruz, si no quieren que continúen los atropellos que estamos viviendo, si quieren un mejor gobierno, mayor vigilancia, mejores leyes, así como mejorar la salud y la educación, vamos juntos”, expresó Ramírez Arana al insistir en la necesidad de una candidatura conjunta.

Pese al llamado, la respuesta de ambas fuerzas políticas fue negativa. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, rechazó de forma directa la propuesta y aseguró que su partido participará en los próximos comicios sin coaliciones.

El político emecista también reaccionó con ironía al planteamiento del PRI. “el Fofo me da ternura”, declaró al referirse a Ramírez Arana, al tiempo que reiteró que su organización buscará competir con una estrategia independiente. “Movimiento Ciudadano irá en alianza con los veracruzanos. La suma de membretes la sociedad ya advirtió que no es viable para nosotros”, señaló.

El dirigente también argumentó que el escenario electoral en Veracruz ha cambiado y que su partido ha ganado terreno en los últimos procesos. Como ejemplo, recordó los resultados de la elección de 2025, en la que Movimiento Ciudadano obtuvo 583 mil 569 votos, colocándose como segunda fuerza política en la entidad. En ese mismo proceso, el PAN registró 415 mil 797 votos y el PRI se ubicó en el cuarto lugar con 337 mil 949 sufragios.

Desde el PAN, su dirigente estatal Federico Salomón Molina también rechazó la propuesta del PRI y cuestionó la postura de Ramírez Arana. “hace un año por no hacer las alianzas municipales me tacharon de oficialista y ahora resulta que hay que ir juntos, le falta prudencia y memoria a Adolfo”, afirmó.

Dentro del propio PRI, la secretaria general estatal Carolina Gudiño Corro sostuvo que el partido se mantiene preparado para competir sin coaliciones, aunque dejó abierta la posibilidad de acuerdos electorales.

Las elecciones previstas para 2027 en Veracruz contemplan la renovación del Congreso de la Unión y del Congreso local, en un escenario político donde las dirigencias partidistas ya comienzan a definir sus estrategias y posicionamientos frente a los comicios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral, luego de dos días de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista y tras una serie de ajustes derivados de negociaciones con sus aliados legislativos del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La iniciativa fue recibida formalmente en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien informó que el documento será turnado a comisiones para su análisis y dictaminación. También adelantó que el proyecto será publicado en la Gaceta Parlamentaria, al tratarse de un tema que ha concentrado la conversación pública en los últimos días.

Aunque el Ejecutivo tenía previsto remitir el proyecto el lunes, la propia mandataria explicó que decidió revisarlo nuevamente y realizar modificaciones adicionales antes de enviarlo al Congreso. El ajuste final ocurrió después de intercambios con legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo, fuerzas que forman parte de la coalición gobernante.

Horas antes de la entrega formal, Sheinbaum expuso en su conferencia matutina los ejes centrales de la iniciativa, a la que denominó “decálogo por la democracia”. Entre los puntos planteados se encuentran cambios en el modelo de representación proporcional, una reducción del gasto en el sistema electoral, la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos comiciales y modificaciones a los cómputos distritales.

La propuesta busca redefinir aspectos operativos y financieros del sistema electoral, así como actualizar su marco normativo frente a nuevas tecnologías. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el objetivo es fortalecer el funcionamiento democrático mediante ajustes estructurales en la organización y supervisión de las elecciones.

Tras su recepción en San Lázaro, el contenido específico de los artículos a modificar será dado a conocer una vez que se publique oficialmente el documento legislativo. A partir de ese momento iniciará el proceso formal de discusión en comisiones y, posteriormente, en el pleno.

En caso de que la reforma no obtenga la aprobación del Congreso, la presidenta señaló que contempla un “plan B”, aunque no detalló las acciones que incluiría esa alternativa. Con la entrega de la iniciativa, el proceso legislativo entra en una etapa clave para definir el alcance de los cambios propuestos al sistema electoral mexicano.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que no procede retirar el promocional de televisión de Morena titulado “Por el Bien”, en el que aparecen imágenes del expresidente Enrique Peña Nieto, exgobernadores del PRI, PAN y PRD, así como del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La resolución se dio luego de que se presentara una queja ante la autoridad electoral, en la que se solicitó la suspensión de la transmisión del spot bajo el argumento de que contenía la imputación de hechos falsos. El recurso fue turnado a la Comisión de Quejas y Denuncias para su análisis.

Tras revisar el contenido del promocional, las consejerías concluyeron que no se advierte la atribución directa de un hecho o delito falso en contra del denunciante. En consecuencia, declararon improcedente ordenar su retiro del pautado en televisión.

El material cuestionado incluye la participación de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien en el mensaje expresa: “hay quienes ven a México como un botín que se puede entregar (…) ¿Y tú de qué lado estás?”, mientras se proyectan imágenes de figuras políticas vinculadas a los partidos PRI, PAN y PRD, además del empresario mencionado.

De acuerdo con la determinación de la Comisión, las expresiones contenidas en el promocional forman parte de la opinión del emisor respecto de asuntos de interés general. Los consejeros consideraron que no existen elementos que permitan establecer que la frase esté dirigida de manera inequívoca y directa al denunciante, ni que se configure una imputación concreta de hechos falsos.

No obstante, la Comisión precisó que esta resolución no implica una autorización amplia para que los partidos políticos utilicen la imagen de cualquier persona en su propaganda. Subrayó que el criterio se limita a casos en los que se trate de personas privadas con proyección pública, en el contexto del debate político.

Con esta decisión, el spot “Por el Bien” continuará su transmisión conforme a la pauta vigente, al no actualizarse, según el análisis preliminar de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, elementos suficientes para ordenar su suspensión cautelar.

La propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal abrió un nuevo frente de confrontación política en la San Lázaro, donde legisladores de oposición advirtieron cambios en la elección de diputados, el acceso a resultados preliminares y las reglas de representación política en el Congreso.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa podría propiciar el uso de “acordeones” para influir en la elección de legisladores. Señaló que el nuevo modelo contempla la designación de 100 diputados mediante circunscripciones plurinominales, lo que, aseguró, facilitaría la imposición de perfiles y el fortalecimiento de estructuras políticas locales.

El planteamiento establece que cada partido presentará listas de 40 candidaturas, de las cuales los electores podrán elegir a un hombre y una mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este mecanismo busca ampliar la participación ciudadana en la selección de representantes. Sin embargo, Moreira sostuvo que este esquema podría debilitar a la oposición y consolidar grupos de poder regionales.

Otro de los puntos señalados es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que permite conocer tendencias la noche de la elección. El legislador advirtió que su desaparición limitaría el acceso inmediato a la información electoral. También cuestionó la intención de eliminar la lista de senadores de representación proporcional, mecanismo que permitió ampliar la pluralidad política desde su creación.

Moreira recordó que este modelo fue impulsado por Porfirio Muñoz Ledo y afirmó que su eliminación modificaría la integración del Senado. Además, señaló que su bancada no participará en el debate bajo las condiciones actuales, al considerar que la mayoría legislativa pretende modificar reglas fundamentales del sistema electoral.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, condicionó cualquier respaldo a la inclusión de medidas contra el financiamiento ilícito. Entre ellas, propuso rastrear recursos en campañas, anular elecciones con intervención criminal, retirar el registro a partidos involucrados y sancionar a dirigentes responsables.

El legislador también cuestionó el origen de la iniciativa presentada por Pablo Gómez, al señalar que no refleja un ejercicio amplio de consulta. La reforma continúa en discusión y plantea cambios en la integración del Congreso y el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

Con 61 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen que plantea reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas de manera gradual hasta el año 2030. El proyecto recibió respaldo unánime, aunque la oposición adelantó que presentará reservas para modificar puntos clave antes de su eventual discusión en el Pleno.

La propuesta establece una disminución progresiva de la jornada, con el objetivo de permitir que sectores productivos y centros de trabajo se adapten de forma escalonada. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en apoyar la reducción, pero marcaron diferencias respecto a su implementación y alcances.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, respaldó el dictamen en lo general, pero exigió que se incorpore expresamente el esquema de “cinco días de trabajo por dos de descanso”. Recordó que desde marzo de 2023 existe una minuta sobre el artículo 123 constitucional que señala que “por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”. Subrayó que esa iniciativa, impulsada por la entonces diputada Susana Prieto, fue apoyada por todas las fuerzas políticas y que, conforme al artículo 288, “no ha precluido, está viva”. También cuestionó por qué no se ha desahogado primero esa propuesta.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Iraís Reyes afirmó que la reducción a 40 horas debe implicar dos días de descanso obligatorios, no opcionales ni diferidos hasta 2030. Señaló que omitir ese punto dejaría a más de 20 millones de trabajadores sin certeza plena sobre su derecho al descanso y la desconexión.

En la misma línea, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, precisó que su bancada no se opone a disminuir la jornada, sino a la forma planteada. Indicó que, como está redactado, se mantienen seis días laborales con un solo día de descanso y se amplían las horas extras de nueve a 12 por semana, lo que —dijo— impediría que la reforma funcione adecuadamente.

Por Morena, la diputada Mirna Rubio defendió el carácter gradual de la iniciativa. Argumentó que la transición escalonada permitirá ajustes ordenados sin afectar la estabilidad laboral ni económica. Aclaró que el dictamen no modifica salarios ni prestaciones y aseguró que se trabajará menos tiempo con el mismo ingreso.

Aunque la votación en comisiones fue unánime en lo general, los grupos de oposición confirmaron que buscarán cambios para garantizar dos días de descanso por cada cinco laborados y para que la reducción a 40 horas entre en vigor de manera inmediata.

La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.