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El Gobierno de México publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que exenta del pago del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la venta y distribución de videojuegos con contenido violento, extremo o clasificado para adultos. El documento, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga un estímulo fiscal del 100% al gravamen que estaba previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

La medida se emite tras la reforma a la Ley del IEPS aprobada en noviembre pasado, la cual estableció la aplicación del impuesto a partir de 2026 por la enajenación de videojuegos físicos no aptos para menores de 18 años, así como por los servicios digitales que permitan su acceso o descarga, incluidos aquellos prestados desde el extranjero. Con el decreto, el Ejecutivo federal busca facilitar el cumplimiento fiscal y evitar afectaciones económicas en el sector.

De acuerdo con el texto oficial, el estímulo fiscal equivale al 100% del IEPS que deba pagarse por estas actividades, siempre que el impuesto no sea trasladado al consumidor final. El monto del estímulo será acreditable contra el propio IEPS causado, pero no dará lugar a devoluciones ni a compensaciones de ningún tipo.

El beneficio aplica a los vendedores de videojuegos en formato físico, a los residentes en el extranjero que no cuenten con establecimiento permanente en México y a los residentes en el país que ofrezcan estos contenidos mediante servicios digitales. El decreto precisa que el Ejecutivo cuenta con facultades para dictar medidas orientadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para otorgar subsidios o estímulos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Además del estímulo, el decreto libera a los contribuyentes que lo apliquen del cumplimiento de diversas obligaciones fiscales formales previstas en la Ley del IEPS. En el caso específico de los prestadores de servicios digitales, quedarán exentos de las obligaciones contempladas en los artículos 5o.-A Bis y 20-A de dicha ley, lo que implica que no se les aplicará el bloqueo temporal de plataformas por incumplimientos relacionados con este impuesto.

No obstante, la exención no alcanza a las obligaciones vinculadas con el impuesto al valor agregado (IVA). Los proveedores de servicios digitales deberán continuar cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del IVA en materia de prestación de servicios.

El decreto también establece que el estímulo fiscal no será considerado ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, y que los contribuyentes quedarán relevados de presentar el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estará facultado para emitir las reglas necesarias para la correcta aplicación del estímulo.

El estímulo entrará en vigor el 1 de enero de 2026, la misma fecha en que comenzaría a aplicarse el IEPS a estos videojuegos, lo que en la práctica neutraliza el impacto del nuevo gravamen mientras se mantengan las condiciones previstas. La semana pasada, la presidenta Sheinbaum informó que su administración decidió no cobrar el impuesto del 8% a los videojuegos debido a las dificultades para hacer efectiva su aplicación.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres empresas que proporcionaron información falsa durante procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de vehículos, servicios de recolección de residuos y suministro de alimentos. Las resoluciones incluyen multas económicas, periodos de inhabilitación para contratar con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, medida que impide de manera automática su participación en nuevos concursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones derivan de irregularidades detectadas en distintas licitaciones públicas nacionales, en las que las compañías entregaron documentación con datos que no correspondían a la realidad.

Ravisa Autos del Oriente recibió una multa por 175 mil 367 pesos y fue inhabilitada por un periodo de tres meses para celebrar contratos con el sector público. La sanción se originó por la entrega de información falsa dentro de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick-up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y el entero de descuentos.

En tanto, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas con multas de 157 mil 658 pesos cada una, además de una inhabilitación de tres meses para contratar con dependencias federales. En el caso de Gen Industrial, la falta se identificó en la documentación presentada para la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al “Servicio de Recolección de Residuos”, donde se acreditó la entrega de información falsa como parte de su propuesta.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en una falta similar durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”. La información incorrecta se encontraba en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza su vigencia y la incorporación de las empresas al registro oficial de proveedores sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas medidas refuerzan la vigilancia sobre los procesos de compra gubernamentales y subrayó: “Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”.

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, estableció que la presidenta Claudia Sheinbaum no cuenta con facultades constitucionales para dejar de aplicar el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos con contenido violento, al tratarse de una contribución vigente creada mediante ley formal. El legislador precisó que, si el Ejecutivo considera inviable su implementación, la única vía jurídicamente correcta es la modificación o derogación a través del proceso legislativo correspondiente.

Mediante una tarjeta informativa, Monreal explicó que este gravamen no constituye únicamente una previsión contenida en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal plenamente establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En ese sentido, subrayó que “el Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”.

El diputado recordó que el impuesto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025 y que dentro del IEPS se incorporó de manera expresa el concepto de recaudación denominado “Videojuegos con violencia”. Dicho ordenamiento asigna una recaudación estimada de 183 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, cifra incluida dentro de los ingresos aprobados para ese año.

Monreal enfatizó que tanto la Ley del IEPS como la Ley de Ingresos de la Federación fueron avaladas por el Congreso de la Unión y posteriormente promulgadas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, reiteró que el impuesto cuenta con una base legal directa y expresa, además de encontrarse reflejado y autorizado en el marco fiscal aplicable al ejercicio 2026.

El líder parlamentario detalló que el hecho imponible está claramente definido en la legislación fiscal sustantiva, que la tasa del 8 por ciento se encuentra determinada y que el impuesto forma parte del sistema tributario vigente a partir del 1 de enero de 2026. Bajo ese contexto, señaló que, pese a la solidez jurídica del gravamen, la presidenta informó en su conferencia matutina de este martes que decidió retirar el impuesto, al considerar que existe una inviabilidad técnica para su aplicación.

De acuerdo con Monreal, dicho anuncio genera un problema jurídico, ya que la ausencia de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en la ley. Añadió que posibles deficiencias en el diseño del hecho imponible, como el uso de categorías “violento”, “extremo” o “para adulto”, no facultan al Ejecutivo para dejar sin efectos una norma vigente, sino que obligan al legislador a corregirla.

El coordinador de Morena puntualizó que mientras el inciso K), fracción I, del artículo 2 de la Ley del IEPS permanezca vigente, la autoridad fiscal está obligada a aplicarlo. Como salida jurídica, planteó impulsar una reforma o derogación de dicha disposición, acompañada de un ajuste a la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con el fin de eliminar el concepto de recaudación correspondiente a videojuegos con violencia y recalibrar las estimaciones de ingresos aprobadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este martes que su administración no avanzará en la aplicación del impuesto del 8% a la compra de videojuegos previsto para el próximo año. El anuncio se realizó pese a que la tarifa ya fue aprobada por el Poder Legislativo e incluida en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, publicada el pasado 7 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante su mensaje, la mandataria explicó que no se detalló el mecanismo que permitirá dejar sin efecto el cobro, debido a que la disposición forma parte de un ordenamiento legal vigente. No obstante, señaló que el gobierno federal optará por una estrategia distinta enfocada en la prevención y la concientización, en lugar de una medida fiscal.

Sheinbaum recordó que, desde la elaboración de la Ley de Ingresos, planteó la eliminación de este gravamen. “Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó”, expresó. Añadió que uno de los principales obstáculos para aplicar la tarifa es la dificultad para diferenciar entre videojuegos con contenidos violentos y aquellos que no los incluyen.

Ante este escenario, la presidenta indicó que su administración impulsará una campaña informativa dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes. El objetivo será generar conciencia sobre los posibles efectos de ciertos contenidos y promover mensajes orientados a la convivencia pacífica. De acuerdo con lo expuesto, esta estrategia buscará ofrecer información sobre “a dónde te pueden llevar este tipo de juegos”, en referencia a los videojuegos con altos niveles de violencia.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que la decisión se tomó al considerar las complicaciones técnicas y operativas del impuesto. “Decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y realmente que haya una campaña orientada a la construcción de la paz”, afirmó durante su intervención.

El impuesto a los videojuegos fue incorporado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 como parte de una iniciativa enviada por la propia presidenta al Congreso de la Unión. La propuesta fue avalada por la mayoría legislativa y publicada posteriormente en el DOF, lo que generó reacciones entre distintos sectores.

Tras su aprobación, la medida recibió críticas por parte de comunidades de jugadores y especialistas del sector, quienes señalaron diversos efectos económicos y de consumo asociados al gravamen. Con el anuncio realizado este martes, el gobierno federal anticipa un cambio en la ruta prevista, al sustituir la política fiscal por una acción de carácter preventivo y social, centrada en la promoción de la paz y la reducción de la violencia en contenidos digitales.

El Senado concluyó su último día del periodo ordinario con la aprobación exprés de una reforma a la Ley Monetaria que permitirá modificar el diseño y la composición de las monedas de 10 y 20 pesos. La decisión avanzó bajo el argumento de disminuir los costos de producción sin alterar su valor de circulación. La minuta proveniente de la Cámara de Diputados recibió dispensa de trámites y fue llevada de inmediato al pleno, donde la mayoría legislativa respaldó el proceso acelerado.

El dictamen avalado faculta al Banco de México a emplear materiales alternativos en la fabricación de las monedas de 10 pesos. Con 89 votos a favor y 16 en contra, el Senado aprobó que el instituto central pueda utilizar aleaciones distintas a las empleadas actualmente, ampliando el margen técnico para su acuñación.

De forma paralela, la reforma también abre la puerta a la emisión de monedas de 20 pesos bajo un modelo estándar y genérico. Este punto fue aprobado por 91 votos a favor y 14 en contra, lo que confirma el respaldo mayoritario a la propuesta de actualización monetaria.

La nueva moneda de 10 pesos mantendrá en su anverso el Escudo Nacional acompañado de la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En el reverso continuará la representación de la Piedra del Sol, con la figura de Tonatiuh y su máscara de fuego, además de los elementos obligatorios como valor nominal y año de acuñación. Este modelo seguirá siendo circular y bimetálico, con posibilidad de incorporar plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel en la parte central, mientras que el anillo exterior podrá emplear bronce-aluminio, acero recubierto de bronce, bronce-aluminio-hierro o alpaca dorada.

En cuanto a la moneda de 20 pesos, la reforma define que su diseño de reverso mostrará el Templo de Kukulkán en Chichén Itzá, acompañado de sus identificadores de valor y fecha de emisión. El anverso permanecerá igual que en las demás piezas de circulación, con el Escudo Nacional y la leyenda oficial. El diseño genérico y estandarizado busca simplificar la producción y reducir costos para el Banco de México.

Con la aprobación de ambos dictámenes, el Senado turnó la reforma al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso requerido para que los nuevos modelos y materiales puedan entrar en vigor.

El avance del gusano barrenador del ganado encendió la alerta máxima en todo México. Lo que comenzó como un problema focalizado en la frontera sur ahora se convirtió en una amenaza nacional que llevó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a extender el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal a los 32 estados del país. El objetivo: contener la propagación de esta plaga que afecta directamente al sector pecuario y amenaza la exportación de animales vivos.

El anteproyecto, publicado por la Sader en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), busca reforzar las acciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para evitar que el gusano barrenador continúe desplazándose hacia el norte. Este parásito, capaz de infestar heridas abiertas en animales y provocar graves daños, se ha extendido desde el sur hasta el centro del país, poniendo en riesgo regiones ganaderas que hasta ahora se mantenían libres de la plaga.

Las nuevas medidas obligan a todos los propietarios de animales a notificar de inmediato cualquier caso sospechoso de “gusanera” detectado en sus hatos. Además, para mover cualquier ejemplar —bovino, bufalino, ovino, caprino, porcino o bisonte— será obligatorio contar con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), expedido por Senasica.

Obtener este documento no será un simple trámite: el ganado deberá recibir un tratamiento con lactonas macrocíclicas entre tres y cinco días antes de la solicitud, seguido de un baño insecticida y una inspección física para confirmar que no existan larvas ni heridas activas.

Si el traslado del ganado no ocurre de inmediato, el protocolo exige repetir el tratamiento entre seis y quince días después. En caso de que pasen más de quince días, todo el proceso deberá reiniciarse desde cero. Estas medidas buscan garantizar que ningún animal infectado pueda ser movilizado dentro del territorio nacional, reduciendo así el riesgo de contagio en regiones productoras.

El acuerdo, registrado bajo el expediente 12/0076/061125, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que sea aprobado. Su aplicación busca no solo contener la plaga, sino también recuperar la confianza sanitaria de los socios comerciales, especialmente de Estados Unidos, que desde noviembre de 2024 mantiene cerrada la frontera a la importación de ganado mexicano.

Ese cierre, decretado por el Departamento de Agricultura estadounidense, frenó el comercio de más de un millón de cabezas de ganado al año y afectó a miles de productores nacionales. Con las nuevas medidas de emergencia, México intenta proteger su cabaña ganadera, restaurar su estatus sanitario y reabrir una de las rutas comerciales más importantes del sector agropecuario.

La presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo y publicó en una sola jugada 11 reformas nuevas en el Diario Oficial de la Federación. Todas salidas del reciente periodo extraordinario del Congreso, y sí, entre ellas va esa que en redes ya bautizaron como “la ley espía”. 

Con esta reforma, ahora el gobierno tiene permiso de crear una base nacional con datos biométricos de todos los mexicanos y usar la CURP como identificación oficial obligatoria. También se abrió la puerta para que las autoridades puedan rastrear celulares en tiempo real. Según el texto, esto se aplicará sobre todo en casos de personas desaparecidas, aunque la oposición no tardó en prender las alertas.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también viene en el paquete. Con ella, se formaliza la posibilidad de localizar teléfonos móviles sin tener que dar tantas vueltas legales. Todo, bajo el argumento de reforzar tareas de seguridad.

Otra de las grandes reformas es a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde se busca mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Aquí entra fuerte el CURP con datos biométricos, que se convertirá en la identificación nacional por excelencia. Así como suena: aceptación universal, uso obligatorio y monitoreo en tiempo real en ciertos casos.

El paquete también incluye una actualización a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, se endurecen las reglas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y todo lo que huela a redes criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá ahora más poder y más herramientas para rastrear movimientos sospechosos.

Adiós también al Coneval. A partir de ahora, sus facultades pasan al Inegi, gracias a los cambios en leyes de presupuesto, contabilidad gubernamental y desarrollo social. Se cierra un capítulo en temas de evaluación de política pública, y se abre otro con más control central.

Otra bomba: nace la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la antigua Cofece. Cambia el nombre, cambia la estructura, pero el objetivo es el mismo: ir contra quienes controlen mercados de forma abusiva. Todo esto respaldado por reformas a leyes de competencia económica y de entidades paraestatales.

También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca que hacer un trámite no sea una tortura. Además, se actualizaron reglas para la Guardia Nacional, el sistema de inteligencia y seguridad pública.

Y como broche final: se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos. Así que los delfines quedan fuera del show por ley. Literal.

Once reformas, una sola tarde y mucha tela por cortar. La administración de Sheinbaum arranca con fuerza y un combo legal que va a dar de qué hablar.

El Senado de la República cerró su periodo ordinario con un golpe firme al crimen. Con 105 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, aprobó reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enfocadas en fortalecer el control de armas, explosivos y sustancias relacionadas en todo el país. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación oficial en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva reforma marca un antes y un después en la legislación mexicana. Se fija una pena de prisión de 20 años a toda persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera o use artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. Si el delito se comete con fines de delincuencia organizada, la condena podría escalar hasta los 50 años de prisión.

El endurecimiento de las penas no se detiene ahí. Cualquier alteración o modificación de un arma también será castigada con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, buscando frenar la tendencia de adaptar armas para incrementar su letalidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional apoyó esta iniciativa, resaltando su importancia para fortalecer las tareas de seguridad pública que llevan a cabo sus elementos en las calles del país.

La reforma también toca a quienes ejercen actividades legales relacionadas con armas. Ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán poseer varias armas en sus domicilios, específicamente escopetas de cualquier calibre, con excepción de aquellas con cañones de longitud inferior a .635 milímetros o de calibre superior a 18.5 milímetros. Además, los practicantes de tiro o cacería debidamente acreditados ante la Sedena podrán tener hasta 10 armas de fuego en sus hogares.

El dictamen establece seis objetivos fundamentales: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley; extender su observancia a todo el territorio nacional; reforzar el control estatal sobre actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; actualizar la tipología de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; y obligar a los tres niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.

Con esta reforma, México busca blindarse frente a los nuevos desafíos de seguridad, cerrando la puerta a las amenazas que representan los explosivos improvisados y las armas ilegales, mientras impulsa una cultura de responsabilidad y paz.

El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo, que permitirá la creación de una empresa filial constructora y fomentará el arrendamiento accesible. Con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones en lo general, y 67 votos a favor y 35 en contra en lo particular, el dictamen fue enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. 

Uno de los principales cambios que introduce esta reforma es la posibilidad de que el Infonavit adquiera terrenos cedidos por estados y municipios para construir viviendas a un costo hasta 30% menor. Según la senadora Beatriz Mojica, esta medida facilitará el acceso a vivienda social y beneficiará a miles de trabajadores en el país.

Además, la reforma otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar las operaciones de crédito del Infonavit. No obstante, la nueva filial constructora no estará sujeta a la misma vigilancia, lo que ha generado preocupación entre la oposición.

Los legisladores opositores han expresado su inquietud por los 2.4 billones de pesos en activos que posee el Infonavit, argumentando que la reforma podría poner en riesgo estos recursos al no establecer mecanismos claros de control y transparencia. A pesar de estos señalamientos, el Senado aseguró en un comunicado que los ahorros y créditos de los trabajadores no serán afectados y contarán con supervisión fiscal.

Tras una discusión de casi seis horas y la votación de 24 reservas, el dictamen fue finalmente aprobado. “Pueblo de México, volvemos a cumplir y habrá vivienda para el pueblo trabajador”, declaró José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente del Senado, tras la aprobación.

Ahora, la reforma solo necesita ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. Con esta medida, el gobierno busca fortalecer el acceso a la vivienda y ampliar las opciones habitacionales para los trabajadores mexicanos.

México ha eliminado las restricciones a la importación de maíz transgénico tras un fallo adverso en una disputa con Estados Unidos dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La decisión se formalizó el miércoles 5 de febrero con la publicación de un acuerdo en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La reversión de estas restricciones responde a un fallo de un panel de solución de controversias del T-MEC que determinó que las medidas impuestas por México no estaban basadas en evidencia científica y restringían el acceso al mercado acordado en el tratado. Como consecuencia, México tenía hasta el 5 de febrero para acatar la resolución y evitar posibles represalias comerciales.

El acuerdo publicado en el DOF deja sin efectos los artículos Sexto, fracción II, Séptimo y Octavo del decreto del 13 de febrero de 2023, en el cual se establecían diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Esta decisión significa que el comercio de maíz transgénico entre Estados Unidos y México podrá continuar sin las restricciones impuestas previamente.

Estados Unidos es el principal proveedor de maíz de México, con exportaciones que ascendieron a 4,800 millones de dólares entre enero y octubre de 2024. La prohibición mexicana generó preocupación entre los agricultores y exportadores estadounidenses, lo que llevó al gobierno de ese país a solicitar la intervención del mecanismo de solución de controversias del T-MEC el 17 de agosto de 2023.

La disputa se centró en dos medidas establecidas en el decreto de febrero de 2023: la prohibición inmediata del uso de maíz transgénico en la producción de masa y tortillas, y la eliminación gradual de su uso en otros productos alimenticios y en la alimentación animal. La entonces representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, celebró la decisión del panel al considerar que la posición de su país estaba respaldada por la normativa del tratado.

Por su parte, el Gobierno de México manifestó su desacuerdo con la resolución del panel y sostuvo que las medidas buscaban proteger la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, conforme a la legislación nacional e internacional. No obstante, confirmó que respetaría la determinación debido a la importancia del mecanismo de solución de controversias del T-MEC para la estabilidad del tratado.

Con esta decisión, el comercio de maíz transgénico entre ambos países continuará sin las restricciones establecidas en 2023, manteniendo el flujo comercial y la relación bilateral en este sector clave.