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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, planteó una serie de ajustes al modelo de elección judicial y al funcionamiento interno del máximo tribunal, al considerar que el esquema de voto popular debe mantenerse, aunque con modificaciones que fortalezcan su operación.

Durante su participación en los “Diálogos de reflexión: perspectivas de la reforma al Poder Judicial”, donde coincidió con los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, la integrante de la Corte expuso que uno de los cambios necesarios es la reinstalación de las salas que operaban antes de la reforma judicial de septiembre de 2024.

Según explicó, ese modelo permitía mayor agilidad en el análisis de los casos. “El trabajo de las salas era más dinámico, era una discusión dinámica, más breve y permitía un avance más rápido de la resolución de los asuntos”, afirmó.

En materia electoral, Esquivel propuso limitar los comicios judiciales a las vacantes que se generen en cargos de jueces y magistrados, con el objetivo de conservar continuidad en los criterios jurisdiccionales y, al mismo tiempo, incorporar nuevos perfiles. “Vayamos a una elección de vacantes, mantengamos estabilidad en la función, en los criterios, y cada tres años la elección con las vacantes que se vayan generando”, señaló.

Como parte de los mecanismos para fortalecer el proceso, la ministra sugirió la creación de un examen nacional de aptitud jurisdiccional dirigido a quienes aspiren a competir por estos cargos. A su juicio, esta evaluación permitiría garantizar un estándar mínimo de conocimientos y experiencia entre los candidatos. “Los justiciables tienen derecho a una justicia de excelencia, profesional, con experiencia. Hoy necesitamos que haya ese examen para que haya un piso mínimo y poder accesar a ser juez”, sostuvo.

Finalmente, Esquivel respaldó iniciativas impulsadas por legisladores de Morena que buscan ajustar el diseño de la elección judicial. Entre ellas, destacó la propuesta de establecer un comité único encargado de evaluar a los aspirantes, así como la separación de los procesos electorales judiciales respecto de las elecciones políticas.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no tendrá que cubrir el pago del impuesto predial por sus inmuebles en la Ciudad de México, tras una resolución tomada este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejó sin efecto una parte sustancial de un adeudo reclamado por el gobierno capitalino.

La decisión fue avalada por seis votos del pleno, a partir de un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. En su propuesta se estableció que los bienes del ISSSTE se encuentran exentos de este gravamen, al tratarse de propiedades federales destinadas a funciones públicas.

El origen del litigio se remonta a 2017, cuando la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera interpuso una demanda para exigir el pago de 5 mil 810 millones de pesos. El monto correspondía a distintos conceptos: impuesto predial, impuesto sobre nómina y derechos por suministro de agua, acumulados entre los ejercicios fiscales de 2009 a 2013.

De acuerdo con el argumento expuesto en el proyecto, el artículo 122 de la Constitución contempla que los inmuebles pertenecientes al dominio público de la Federación no están sujetos a impuestos locales cuando son utilizados para fines institucionales. Bajo esta interpretación, la Corte determinó improcedente el cobro del predial al ISSSTE.

Sin embargo, la resolución no abarcó todos los conceptos reclamados. La ministra puntualizó que el organismo no fue eximido del pago relacionado con el suministro de agua, por lo que ese componente del adeudo permanece vigente.

Durante la discusión en el pleno, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó la posibilidad de retirar el asunto para una revisión adicional. La propuesta fue rechazada por Lenia Batres, quien argumentó que el tema llevaba varios meses en análisis dentro del máximo tribunal.

Cabe señalar que Martí Batres Guadarrama, hermano de la ministra ponente, se desempeña actualmente como director general del ISSSTE.

Las indemnizaciones que pagan las aseguradoras en México deberán calcularse a partir de ahora con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera por unanimidad una contradicción de criterios heredada de sus salas, hoy extintas tras la reforma judicial.

La decisión surge tras la coexistencia de dos posturas distintas que generaban incertidumbre jurídica. Mientras una resolución permitía mantener el salario mínimo como referencia para calcular indemnizaciones, otra establecía que dicha práctica era incompatible con la reforma constitucional de 2016, la cual desindexó el salario mínimo y creó la UMA como unidad de referencia económica.

El origen del conflicto se remonta a dos casos analizados por las entonces Primera y Segunda Sala del máximo tribunal. La Primera Sala concluyó que utilizar el salario mínimo como base para determinar el monto de indemnizaciones no contravenía la Constitución. En contraste, la Segunda Sala determinó que, tras la reforma constitucional, el salario mínimo ya no podía emplearse como unidad de medida, lo que abrió la puerta a interpretaciones contradictorias.

Ante este escenario, el pleno resolvió establecer un criterio único que pone fin a la disparidad. Con ello, las indemnizaciones deberán calcularse utilizando la UMA, cuyo valor diario para 2026 es de 117.31 pesos. La cifra contrasta con el salario mínimo vigente, que alcanza los 315 pesos diarios, lo que evidencia una diferencia significativa entre ambos parámetros.

Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien presentó el proyecto, reveló que recibió comunicaciones relacionadas con el impacto de la resolución. Señaló que sostuvo conversaciones con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre las posibles consecuencias financieras de la decisión.

“Recibí múltiples correos de aseguradoras, no platiqué con absolutamente ninguna. Eso sí, platiqué con el IMSS que nos refirió un altísimo impacto que un criterio de este tipo podía repercutirle a sus finanzas”, dijo la ministra Batres.

La resolución establece que, a partir de su aprobación, el cálculo de indemnizaciones deberá apegarse a la UMA, con lo que la Corte unifica el criterio judicial y cierra la controversia generada por las resoluciones divergentes emitidas previamente por sus salas.

La discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un proyecto vinculado con el cobro de impuestos en la compra de inmuebles derivó en un intercambio entre ministros sobre la imparcialidad del análisis presentado. El asunto, que fue sometido a votación este martes, generó cuestionamientos sobre el alcance del estudio jurídico incluido en la propuesta y motivó una aclaración pública del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Durante la sesión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía manifestó su desacuerdo con el contenido del proyecto al considerar que el documento analizaba una norma distinta a la señalada originalmente como acto reclamado dentro del juicio de amparo. A su juicio, esa situación implicaba una modificación del objeto del litigio que, desde su perspectiva, no correspondía al máximo tribunal.

“Estimo que este Alto Tribunal no tiene la facultad de variar la litis ante la discrepancia entre la norma combatida y la norma aplicada”, señaló el ministro Figueroa Mejía al exponer su postura ante el pleno.

El señalamiento derivó en una propuesta concreta del ministro, quien sugirió que el proyecto debía contemplar la reposición del procedimiento. De acuerdo con su planteamiento, el juzgado de Distrito tendría que solicitar al promovente del amparo que precisara el acto reclamado, ya que modificar el criterio podría afectar la seguridad jurídica.

“Alterar la litis originalmente planteada, comprometer el principio de imparcialidad y, además, adoptar un criterio que nos obligaría a analizar en todos los casos la posibilidad de variar la litis”, añadió Figueroa Mejía, postura que detonó la respuesta del ministro presidente.

Ante los cuestionamientos, Hugo Aguilar Ortiz intervino para aclarar que la elaboración del proyecto no respondía a ningún interés personal y rechazó que existiera algún compromiso que afectara la imparcialidad del análisis presentado.

“Quisiera dejar claro que no hay aquí algún compromiso. Me preocupa esta expresión del ministro Giovanni Figueroa que diga que está comprometida la imparcialidad, yo sí quiero dejar claro que no tengo ningún interés”, expresó el ministro presidente durante la sesión.

El intercambio se dio en el contexto de la discusión del proyecto relacionado con el cobro de impuestos en operaciones de compra de inmuebles, asunto que fue sometido a votación tras el debate entre los integrantes del pleno.

Finalmente, la propuesta presentada por Aguilar Ortiz fue aprobada por mayoría de siete votos. Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel se pronunciaron en contra del proyecto y respaldaron la alternativa de ordenar la reposición del procedimiento, tal como se había planteado durante la discusión.

La renovación de tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene calendario definido, criterios de selección y un mecanismo alterno en caso de bloqueo político. La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que regirá todo el proceso para cubrir las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera a partir del 4 de abril.

El documento establece que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, previo al inicio del periodo de Semana Santa. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán presentar un examen programado para el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

La evaluación estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que tendrá la responsabilidad de filtrar perfiles y seleccionar a los mejor calificados. De ese proceso surgirán tres listas con cinco aspirantes por cada cargo disponible, incluyendo al menos una conformada exclusivamente por mujeres. Dichas propuestas deberán entregarse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a más tardar el 20 de abril.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los nuevos consejeros. La fecha límite para concretar estos nombramientos es el 22 de abril.

En caso de que no se alcance el consenso necesario entre los grupos parlamentarios, el proceso contempla una insaculación en el propio recinto legislativo. Si las diferencias persisten, el CTE enviará las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros realizarán la selección mediante un sorteo a partir del 29 de abril.

La integración del Comité Técnico también quedó definida en la convocatoria. La Jucopo enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos de sus integrantes, mientras que los otros tres serán elegidos por consenso entre las fuerzas políticas bajo criterios como imparcialidad, independencia, legalidad y profesionalismo.

Durante la discusión previa, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, planteó condiciones sobre la conformación del comité. “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”. Más adelante, señaló: “Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”.

La aprobación de la convocatoria alcanzó 408 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención. La única bancada que votó en contra fue la del PRI, encabezada por Rubén Moreira, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, quienes no estuvieron presentes durante la votación.

La Cámara de Diputados de México inició el proceso de entrevistas para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y supervisar la correcta aplicación del gasto del gobierno. En esta etapa, legisladores revisan perfiles y trayectorias de los aspirantes que buscan dirigir la institución responsable de la rendición de cuentas en el país.

El proceso ha generado debate por la participación de la magistrada Natalia Téllez, quien compite por el cargo pese a haber sido candidata en la elección judicial del año pasado para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La discusión surge debido a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece como requisito no haber sido postulado para un cargo de elección popular durante el año previo al nombramiento.

Durante su comparecencia ante legisladores, el diputado del Partido del Trabajo, Javier Vázquez Calixto, planteó un escenario hipotético: si se produjera la ausencia de una ministra en la Suprema Corte, ¿optaría por ese puesto o por dirigir la ASF? La magistrada respondió que no dejaría sin conducción a una institución que consideró fundamental para la fiscalización del gasto público.

En la elección judicial pasada, Téllez obtuvo 2 millones 303 mil 18 votos, resultado que la colocó por debajo de Sara Irene Herrerías y en el sexto lugar entre las candidatas mujeres, posición que la mantiene como posible integrante del máximo tribunal en caso de una vacante femenina.

Téllez fue designada en abril de 2021 como magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para un periodo de 15 años. Su nombramiento fue aprobado por el Senado con 96 votos a favor y 21 en contra, en una sesión donde legisladores de oposición cuestionaron el procedimiento, debate que fue respondido por el entonces coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al presentar el acuerdo que respaldaba la designación.

Ante los cuestionamientos sobre su elegibilidad para la ASF, la magistrada envió el 2 de marzo una carta a los diputados encargados del proceso. En el documento argumentó que la candidatura a ministra de la Suprema Corte no debe considerarse técnicamente un cargo de elección popular dentro del sistema constitucional mexicano, por lo que —según su postura— la restricción legal no aplicaría en su caso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo y confirmó que la exdirigente magisterial deberá pagar 19 millones 200 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La resolución respalda los créditos determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al establecer que Gordillo no comprobó las transacciones que originaron la deuda fiscal. En su defensa, la exlideresa argumentó que los movimientos financieros estaban vinculados con sus funciones como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que ocupaba durante los años observados. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que no acreditó debidamente dichas operaciones.

El litigio se remonta a 2021, cuando Gordillo Morales fue notificada por la autoridad hacendaria sobre presuntos adeudos fiscales. A partir de esa notificación, promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), bajo el argumento de que la determinación del SAT era ilegal y que existía un procedimiento específico para aclarar una posible discrepancia fiscal.

En julio de 2024, la Sala Superior del TFJA confirmó la validez de los cobros exigidos por la autoridad tributaria, al considerar que los créditos fiscales estaban debidamente fundados. Tras ese revés, la exdirigente sindical acudió a la Suprema Corte en busca de amparo, recurso que finalmente fue desechado.

El proyecto para rechazar la solicitud fue elaborado por la ministra Lenia Batres. El asunto fue admitido antes de la renovación del Poder Judicial, lo que permitió que el expediente siguiera su curso hasta la resolución definitiva.

Durante 2008 y 2009, periodo al que corresponden los adeudos, Gordillo encabezaba el SNTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina. Años después, en 2013, enfrentó un proceso penal por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2018 fue absuelta, hacia el cierre de esa administración y meses antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Con la decisión de la SCJN, queda firme la obligación fiscal por más de 19 millones de pesos determinada por el SAT, derivada de operaciones no comprobadas en los ejercicios fiscales señalados.

Un acuerdo político previo entre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro en retiro Arturo Zaldívar marcó el proceso de elección en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según relata Julio Scherer Ibarra en su libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder.

En el capítulo 26, titulado “La Corte”, el exconsejero jurídico de la Presidencia detalla que respaldaba la candidatura de Zaldívar porque existía un compromiso político mutuo con el titular del Ejecutivo federal. “El candidato que yo apoyaba era Arturo Zaldívar, que había hecho un compromiso político con el presidente y el presidente con él”, expone en la obra.

De acuerdo con el testimonio, en la contienda interna también participaba el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien contaba con el apoyo de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Scherer señala que López Obrador le solicitó dialogar con la titular de Gobernación para construir un acuerdo que favoreciera a Zaldívar, al ser el único con quien tenía un compromiso político directo.

El exfuncionario describe una reunión celebrada en la casa de Sánchez Cordero, donde Zaldívar y él buscaron sumar apoyos entre los ministros. Según su versión, aunque hubo diálogo en un ambiente distendido, la entonces secretaria no manifestó respaldo explícito a la candidatura.

Scherer también atribuye el voto decisivo a favor de Zaldívar al entonces ministro Eduardo Medina Mora. Añade que, tiempo después, Medina Mora fue presionado por la Fiscalía General de la República para presentar su renuncia al cargo. El libro sostiene que López Obrador depositaba plena confianza en Zaldívar y que, bajo esa lógica, impulsó la propuesta para extender su mandato al frente del máximo tribunal.

Finalmente, Scherer afirma que, tras su salida de la Consejería Jurídica y la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, se perdió la interlocución con el Poder Judicial. En su relato, considera que una relación más efectiva pudo haber evitado la profunda reforma judicial aprobada posteriormente, al estimar que no existían razones suficientes para una transformación de tal magnitud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la controversia generada en torno a Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la difusión de un video en el que se observa a dos empleados limpiándole los zapatos en plena vía pública. De acuerdo con la mandataria, las críticas dirigidas al ministro no se explican únicamente por las imágenes, sino por el desacuerdo de diversos sectores con los cambios recientes en el Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que Aguilar ofreció una explicación pública sobre lo ocurrido y presentó una disculpa tras el incidente registrado previo a la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Constitución, celebrada en Querétaro. Señaló que el ministro presidente dio a conocer las razones del hecho y asumió su responsabilidad al pronunciarse de manera directa.

“Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero todo lo que han hecho alrededor de esto, es en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial”, expresó la presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum evitó adelantar si la difusión del video podría afectar la imagen o el funcionamiento de la nueva integración de la Corte. En ese contexto, subrayó que lo negativo habría sido que el ministro no hubiera fijado una postura frente a lo ocurrido. Asimismo, hizo un llamado general a las y los servidores públicos para mantener una conducta basada en la humildad en el ejercicio de sus funciones.

El video que detonó la polémica fue captado la mañana del jueves, cuando Hugo Aguilar se encontraba en calles de Querétaro, momentos antes de acudir al Teatro de la República para participar en la ceremonia oficial. En las imágenes se observa a una mujer, vestida con tacones, agacharse para limpiar las puntas de los zapatos del ministro en medio de la calle. Posteriormente, otro hombre se aproxima y repite la acción utilizando un pañuelo.

Una vez concluida la limpieza, el ministro presidente sonríe y es interceptado por el gobernador Alejandro Armenta, con quien camina algunos pasos hasta la banqueta. La escena se difundió ampliamente en redes sociales y generó reacciones en distintos espacios públicos.

Este episodio se da en un contexto de atención pública sobre la Suprema Corte, marcado también por la reciente controversia relacionada con la adquisición de nuevas camionetas blindadas por parte del máximo tribunal. Tras las críticas recibidas, los ministros decidieron no hacer uso de dichos vehículos, lo que mantuvo a la SCJN en el centro del debate político y mediático.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.