Gobernadores piden a la SCJN no eliminar la prisión preventiva oficiosa

Los 32 gobernadores de México, incluyendo mandatarios de Morena y sus aliados, así como del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando que no se modifique la prisión preventiva oficiosa. La solicitud llega mientras el alto tribunal prepara proyectos para cambiar esta controvertida medida, tras la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México el año pasado, ordenando su eliminación de la Constitución.

Los políticos afirman que la prisión preventiva oficiosa es crucial para la seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la carta durante su conferencia matutina del martes, destacando la importancia de la medida para mantener el orden en el país.

La Conferencia Nacional de Gobernadores presentó la carta bajo la figura de amicus curiae, advirtiendo a la SCJN sobre el “grave impacto” que tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa. La misiva señala que modificar esta medida podría colapsar el sistema judicial, ya que los tribunales federales tendrían que analizar todas las solicitudes de modificación a esta medida cautelar.

En México, la prisión preventiva oficiosa permite encarcelar automáticamente a los acusados de 16 delitos, como feminicidio, secuestro y robo, en la primera fase del proceso judicial. Actualmente, más de 68,000 personas están en prisión preventiva oficiosa, lo que representa un tercio del total de la población carcelaria. La CIDH considera esta medida un encarcelamiento anticipado y una violación a las garantías internacionales.

El escrito de los gobernadores va dirigido al proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa en respuesta a las sentencias de la CIDH. Otros dos proyectos en preparación en la SCJN también buscan abordar esta cuestión: la acción de inconstitucionalidad 49/2021, de la ministra Margarita Ríos Farjat, y el amparo en revisión 284/2022, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La carta de los gobernadores refleja la posición del presidente López Obrador, quien ha hecho de la prisión preventiva oficiosa un pilar de su estrategia de seguridad. Además, la figura ha sido un punto de confrontación con Norma Piña, presidenta de la SCJN. El presidente ha advertido que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría llevar a la impunidad y ha elogiado la postura de los gobernadores por su firmeza.

Trabajadores del Poder Judicial marchan por respeto a autonomía

El domingo por la mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, para exigir respeto a su autonomía y rechazar la reforma judicial propuesta por el gobierno, que busca reducir el presupuesto del sector y modificar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Decenas de personas se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma para llevar a cabo la segunda marcha nacional en defensa de la independencia del Poder Judicial. Vestidos de blanco y portando pancartas, los manifestantes expresaron su descontento con ciertas medidas y declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la marcha, se escucharon consignas como “El Poder Judicial contrapeso nacional” y “¡Fuera dictador!”, refiriéndose a las críticas que el mandatario mexicano ha dirigido hacia el Poder Judicial y la ministra presidenta Norma Piña.

Otro de los señalados durante la protesta fue el exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a quien se le tildó de “corrupto” y “traidor” por haberse unido a la campaña de la candidata morenista Claudia Sheinbaum, mientras enfrenta una investigación en el Poder Judicial.

Según la organización del evento, marchas similares se realizaron en varios estados, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Morelos y el Estado de México. Los trabajadores del Poder Judicial dejaron claro su compromiso en la lucha por la independencia y la integridad de la justicia en el país.

Corte Suprema de México Ratifica Validez de Reforma a Ley de Hidrocarburos

Corte Suprema de México Ratifica Validez de Reforma a Ley de Hidrocarburos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un veredicto crucial, afirmando la constitucionalidad de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, promulgada el 4 de mayo de 2021. Este fallo, emitido por mayoría de votos bajo la ponencia de Alberto Pérez Dayán, constituye un hito en el ámbito legal y energético del país. 

La reforma, objeto de controversia desde su promulgación, ha sido sometida a un escrutinio minucioso por parte del máximo tribunal constitucional de México. La acción de inconstitucionalidad 91/2021, promovida por senadores de diversas facciones políticas, buscaba invalidar ciertos artículos de la legislación, alegando que violaban los principios de libre competencia y concurrencia.

 

Sin embargo, la SCJN ha determinado que los artículos 51, fracción III; 53, párrafo segundo; 57 y 59 bis, así como los artículos Cuarto y Sexto transitorios de la Ley de Hidrocarburos son plenamente válidos. Esta decisión, respaldada por un análisis exhaustivo de la normativa en cuestión, refleja el compromiso del tribunal con el estado de derecho y la seguridad jurídica.

 

El magistrado Pérez Dayán, en su explicación detallada del veredicto, destacó la importancia del régimen establecido por la reforma constitucional, el cual redefine el papel de Pemex en el mercado de hidrocarburos. Específicamente, señaló el reconocimiento de la participación de terceros en la cadena de valor de los hidrocarburos, un aspecto fundamental para la apertura y competitividad del sector.

 

En cuanto a la controvertida disposición sobre la revocación contemplada en el Sexto transitorio, Pérez Dayán subrayó que no representa una amenaza para los participantes actuales del mercado ni constituye una barrera de entrada para nuevos interesados. Más bien, argumentó que esta disposición garantiza la legalidad y la seguridad jurídica al establecer condiciones claras para la revocación de autorizaciones, sin incurrir en retroactividad.

 

Este fallo de la SCJN tiene implicaciones significativas para el futuro del sector energético mexicano. Al confirmar la validez de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, se envía un mensaje claro sobre el compromiso del país con la apertura y la competencia en este ámbito crucial para su desarrollo económico.

 

En respuesta a la decisión del tribunal, diversos actores del ámbito político y empresarial han expresado sus opiniones. Algunos han elogiado la ratificación de la reforma como un paso necesario hacia la modernización y diversificación del sector energético, mientras que otros han expresado preocupaciones sobre posibles repercusiones en la inversión y la competencia.

 

La decisión de la SCJN refuerza la importancia del Estado de Derecho como fundamento de la estabilidad y el progreso en México. A medida que el país avanza en su camino hacia una mayor apertura y competitividad en el sector de los hidrocarburos, este fallo marca un hito significativo en su evolución legal y económica.

Cuestiones de Política 

Directorio

SCJN Desestima Controversia Constitucional Sobre Regulación Satelital del IFT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La SCJN determinó que el IFT tiene la autoridad para regular la comunicación vía satélite sin afectar las atribuciones del Presidente para definir y administrar los tiempos en radio y televisión destinados al Estado.

La controversia, identificada como 257/2023, fue promovida por la Consejería Jurídica, encabezada por María Estela Ríos González, contra un acuerdo del IFT emitido en enero de 2023. La Consejería argumentaba que el IFT carecía de facultades para regular la comunicación satelital, sugiriendo que podría afectar la capacidad del Ejecutivo para ejercer sus funciones de comunicación social.

El pleno de ministros, sin embargo, determinó que los argumentos de la Consejería Jurídica no tenían fundamento. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar infundada la controversia, señaló que la demanda se basaba en hechos hipotéticos y no presentaba evidencia de que el nuevo reglamento hubiera llevado a la rescisión de convenios entre concesionarios de radio y televisión y el Poder Ejecutivo.

El fallo de la SCJN confirmó que el IFT tiene la competencia constitucional para regular la comunicación vía satélite y que el Ejecutivo federal no tiene la autoridad para invadir el campo regulatorio de otro órgano. La Corte también aclaró que la simple existencia de las nuevas disposiciones regulatorias no constituye motivo suficiente para que los concesionarios rescindan sus convenios con el gobierno.

El Ministro González Alcántara subrayó que el Ejecutivo no demostró cómo las disposiciones del IFT podrían causar la terminación de convenios con concesionarios de radio y televisión. También enfatizó que el IFT tiene atribuciones para celebrar convenios con concesionarios para la prestación de servicios públicos y para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, refutando así las preocupaciones presentadas por el Ejecutivo.

Magistrado del TEPJF Reyes Rodríguez Mondragón Bajo la Lupa

El magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón enfrenta serias denuncias por presuntos actos de parcialidad y falta de objetividad en el desempeño de sus funciones. La denuncia, presentada de forma anónima, fue dirigida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al cual pertenece Rodríguez Mondragón, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

El fundamento de la acusación es la supuesta relación del magistrado con el Partido Acción Nacional (PAN). La denuncia señala su paso por administraciones de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y resalta que desde 2016 se cuestiona su cercanía con el PAN, a pesar de lo cual ascendió de la Sala Regional de Monterrey a la Sala Superior del TEPJF.

Un ejemplo reciente de controversia fue la acusación por parte de Américo Villarreal en 2022, quien afirmó que Rodríguez Mondragón intentó revertir su victoria en Tamaulipas para favorecer al PAN. Otros señalamientos se centran en la pérdida de confianza de sus colegas magistrados en diciembre pasado.

La denuncia anónima también revela la estrecha relación laboral y de amistad entre Rodríguez Mondragón y el exsenador panista Roberto Gil Zuarth. El documento señala que esta amistad pudo haber influido en las decisiones del magistrado y cita varios casos en los que Gil Zuarth tenía intereses, como la defensa de la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o el impulso a la candidatura al Senado de Ricardo Anaya.

Por estas razones, la denuncia solicita una investigación exhaustiva, incluyendo la revisión de la situación patrimonial de Rodríguez Mondragón, quien no ha hecho pública su declaración de bienes desde su paso por las administraciones panistas. También se pide un análisis de sus gastos desde que asumió su cargo en el TEPJF, con detalles sobre numerosos viajes nacionales e internacionales, presuntamente con cargo al erario público.

El caso llama la atención debido a las similitudes con el reciente escándalo que involucra al exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, relacionado con la campaña de Claudia Sheinbaum. Las autoridades tendrán que investigar a fondo estas denuncias para determinar si Reyes Rodríguez Mondragón violó la imparcialidad requerida en su función como magistrado electoral.

SCJN Ratifica Constitucionalidad de la Ley Agraria que Fomenta la Participación Femenina en Ejidos

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley Agraria, en su versión previa a una reforma de 2023. Este artículo establece que no más del 60 por ciento de las candidaturas para el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia pueden ser ocupadas por personas de un solo género.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso a sus colegas de la SCJN que ratificaran la validez de esta disposición, argumentando que obliga a incluir mujeres candidatas en los órganos de representación ejidal sin violar la libertad de asociación.

Según el dictamen aprobado, la ministra destacó que esta medida busca garantizar la participación de las mujeres en la gestión de los núcleos ejidales, una iniciativa crucial dada la discriminación histórica que las mujeres han sufrido, especialmente en zonas rurales.

En consecuencia, se concluyó que el artículo 37 es constitucional, ya que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, como establece el artículo 4 de la Constitución Federal. Este artículo exige que, en las elecciones para representantes ejidales, las mujeres también tengan la oportunidad de postularse y ser elegidas.

La ministra Esquivel Mossa subrayó que esta decisión ayuda a cerrar la brecha de género, permitiendo una mayor participación femenina en la toma de decisiones, incluso en el ámbito de los ejidos.

López Obrador exige Respeto tras Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que respete a su país, luego de que en el Informe de Derechos Humanos 2023 se mostrara preocupación por los ataques verbales del Ejecutivo mexicano contra el Poder Judicial, especialmente en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

En una conferencia de prensa, López Obrador criticó el informe estadounidense, calificándolo como una intromisión en los asuntos internos de México. El presidente mexicano cuestionó la autoridad de Estados Unidos para emitir tales informes, diciendo: “Ellos se sienten como jueces del mundo. Nosotros los respetamos, pero ellos deberían respetarnos a nosotros”.

El mandatario mexicano señaló que el gobierno de México no se mete en asuntos internos de Estados Unidos, y citó ejemplos como el encarcelamiento de Julian Assange, el gasto militar, y el tratamiento a los migrantes. Además, mencionó la crisis de opioides y fentanilo en Estados Unidos como un problema que requiere atención.

López Obrador hizo referencia a la doctrina Monroe, una política estadounidense de hace 200 años, para destacar que Estados Unidos sigue utilizando métodos antiguos y agresivos en su política exterior. También afirmó que el gobierno mexicano no emite “cartas de buena conducta” a otros países porque no le corresponde, dejando en claro su desacuerdo con la actitud estadounidense.

En resumen, el presidente de México exigió respeto y pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que deje de interferir en los asuntos internos de su país.

Suprema Corte ratifica la “Ley Godoy” para la reelección del Fiscal de la Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la llamada “Ley Godoy”, una reforma que establece el proceso de ratificación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por un periodo equivalente al de su mandato original.

Esta reforma, promulgada en mayo de 2023 por el Congreso de la Ciudad de México, surgió de una iniciativa presentada por Ernestina Godoy, entonces fiscal, quien buscaba extender su permanencia en el cargo por cuatro años más, con el argumento de una necesaria reestructuración administrativa en la FGJCDMX. La ley tomó el nombre de “Ley Godoy” porque fue presentada por la fiscal, poco antes de que concluyera su mandato.

La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición fue desestimada por la SCJN. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, explicó que el proceso legislativo que aprobó la reforma no presentaba irregularidades ni violaciones a las normas de votación y publicidad.

Su informe fue aprobado por una mayoría de 10 votos, con el ministro Luis María Aguilar Morales votando en contra. Aguilar Morales sostuvo que el procedimiento de aprobación pudo haber tenido problemas relacionados con el acceso y la participación de los diputados en el proceso.

El Pleno también aprobó por unanimidad las reglas para la conformación del Consejo Ciudadano, encargado de analizar la ratificación del fiscal capitalino.

Aunque esta reforma permitía la ratificación de Godoy, finalmente ella no logró obtener la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que su intento fue rechazado.

Como resultado, desde enero pasado, Ulises Lara asumió el cargo de fiscal interino hasta que el Congreso designe a un nuevo titular. Este proceso, que comenzó en febrero, podría prolongarse hasta el último trimestre de 2024 debido a la renovación legislativa en junio.

Tras no lograr la ratificación, Ernestina Godoy optó por postularse como candidata al Senado de la República por el partido Morena.

La Suprema Corte Confirma el Derecho a Compensación Económica en Casos de Tareas del Hogar

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado el derecho tanto de mujeres como de hombres a reclamar una compensación económica al finalizar una relación de matrimonio o concubinato, cuando han dedicado su tiempo principalmente a las labores del hogar y al cuidado de la familia.

La decisión fue tomada tras el análisis de un caso en el que un hombre buscaba una pensión compensatoria y una compensación económica para su exconcubina, fundamentando su aporte en las responsabilidades domésticas y en el cuidado de los hijos durante la convivencia.

A pesar del rechazo inicial de sus demandas, el hombre llevó su caso a un juicio de amparo directo, cuestionando la constitucionalidad de una disposición legal en el Código Civil de Guanajuato.

El Tribunal Colegiado desestimó el amparo, argumentando que la normativa no discriminaba y que ambos géneros podían acceder a la compensación económica si demostraban que las labores del hogar fueron su principal ocupación durante la relación.

La Suprema Corte respaldó esta interpretación, enfatizando que la norma no presupone roles de género, sino que se centra en la desventaja económica de quien se dedicó a las labores no remuneradas del hogar al término de la relación.

Con esta sentencia, la Suprema Corte reitera la igualdad de género en el acceso a la compensación económica tras una relación, basándose en la demostración de dedicación a las responsabilidades del hogar y el cuidado familiar, sin distinción de género.

La resolución, emitida por unanimidad de votos en sesión del 17 de abril de 2024, en el amparo directo en revisión 4316/2023, contó con la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

SCJN busca establecer mecanismos de sanción para ministros en retiro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en un vacío normativo con respecto a la investigación y sanción de ministros en retiro, como es el caso de Arturo Zaldívar. En respuesta a esta situación, el ministro Juan Luis González Alcántara ha elaborado un proyecto que propone la implementación de mecanismos para imponer sanciones administrativas a los exmagistrados que alguna vez formaron parte del máximo tribunal del país.

Funcionarios del alto tribunal indicaron que este proyecto, solicitado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, busca establecer un precedente para sancionar a los ministros sin recurrir al juicio político, una medida que actualmente solo puede aplicarse a los ministros en activo según lo estipulado por la Constitución.

En caso de ser aprobado por mayoría, este proyecto crearía un marco legal que no excedería los límites constitucionales al no permitir el juicio político contra ministros en activo. Además, serviría como un medio para ejercer presión sobre aquellos que no estén alineados con las corrientes mayoritarias de la SCJN.

Los miembros de la Corte consultados revelaron que González Alcántara presentará el documento al pleno para su aprobación por mayoría, estableciendo los términos para iniciar investigaciones que podrían resultar en sanciones administrativas. Actualmente, el órgano encargado de investigar estas faltas no posee facultades específicas para los exministros.

Por otro lado, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, regulada en el Reglamento Interior en Materia de Administración de la Corte, tiene la facultad de coordinar, revisar y proponer proyectos normativos para garantizar que la contraloría cumpla con sus atribuciones.

En cuanto a la denuncia anónima que originó la investigación contra Zaldívar, se considera un caso excepcional dado que ya es ministro en retiro. En este contexto, la dirección de responsabilidades administrativas solo puede regular el proceso de declaración patrimonial de los servidores públicos ante la Corte.

En resumen, la SCJN busca establecer mecanismos para sancionar a los ministros en retiro como parte de un esfuerzo por llenar el vacío normativo existente en este ámbito.