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Al finalizar el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial. Piña enfatizó que es crucial evitar que la búsqueda de justicia se convierta en una “pesadilla”.

En su discurso, Piña, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), advirtió que la reforma, tal como está planteada, podría llevar a los cargos de ministro, juez o magistrado a personas populares, lo cual contradice el objetivo de la propia reforma y podría perpetuar lo que se busca eliminar. “No podemos optar por soluciones fáciles que pongan en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país”, subrayó. “Un poder judicial autónomo e independiente es esencial para la defensa de nuestra democracia”.

La ministra destacó la importancia de que tanto López Obrador como Sheinbaum consideren los hallazgos del encuentro para evaluar el impacto de la reforma no solo en la justicia, sino en el futuro del país.

Durante el evento, el diputado morenista Óscar Cantón Zetina, cercano a López Obrador y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tuvo un enfrentamiento con algunos participantes al insistir en que el pueblo había mandatado la reforma el 2 de junio. Las protestas de los asistentes manifestaron desacuerdo, a lo que Cantón Zetina respondió pidiendo respeto y defendiendo la exigencia popular para llevar a cabo la reforma propuesta por el presidente.

La reunión contó también con la presencia de Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Loretta Ortiz Ahlf. Asimismo, asistieron Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra, comisionados del INAI.

A raíz de las versiones que apuntan a que la ministra Yasmín Esquivel Mossa habría solicitado la renuncia de Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Comunicación Social del máximo tribunal aseguró que la titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) sigue desempeñando sus funciones.

No obstante, el equipo de Comunicación de la SCJN no confirmó ni desmintió la información publicada por el diario Reforma, limitándose a afirmar que “la Ministra Presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo”.

Además, la Comunicación Social de la Suprema Corte indicó que la ministra Piña mantiene un diálogo activo con los poderes Legislativo y Ejecutivo en el marco de una reforma judicial, y que el próximo lunes 8 de julio clausurará el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el cual incluyó 14 foros en esta temática.

“La Presidenta de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal encabezará, el lunes 8 de julio, el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial”, destacó la Oficina de Comunicación Social de la SCJN.

Al ser cuestionada sobre la supuesta petición de renuncia que habría hecho en una sesión privada de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel no fue concluyente en confirmar o negar la versión del diario Reforma. Sin embargo, en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, Esquivel expresó su apoyo a que la ministra Piña lleve las negociaciones del Poder Judicial Federal con el Congreso de la Unión respecto a la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla la elección de ministros, ministras, magistrados y jueces por voto popular.

“Sí requerimos y necesitamos que Norma Piña sea la persona que lleve nuestra voz y que nos represente ante los otros Poderes”, respondió Esquivel cuando se le preguntó si insistiría en su solicitud de renuncia.

Previamente, Esquivel Mossa había criticado la falta de comunicación de la ministra Piña con los Poderes Ejecutivo y Legislativo y la ruptura evidente del Poder Judicial Federal con el gobierno federal “desde hace año y medio”. Esquivel señaló la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de que Piña continúe como interlocutora con el Poder Legislativo, fundamental en la discusión de la reforma al Poder Judicial Federal presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado.

La ministra Esquivel añadió que durante la sesión privada también cuestionó si la Suprema Corte debe continuar con el rumbo actual, caracterizado por una “evidente ruptura con los otros dos poderes”. Subrayó la importancia de la comunicación para que se escuche la voz de los ministros, magistrados y jueces en la discusión de la reforma.

Finalmente, Esquivel mencionó que los demás ministros del Pleno de la Suprema Corte no se pronunciaron a favor o en contra de sus reflexiones, y que la ministra Norma Piña fue receptiva ante las inquietudes planteadas, acordando continuar con el diálogo para construir una posición conjunta que se lleve ante los órganos legislativos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado la campaña “100 sentencias de La Corte”, destinada a divulgar las decisiones judiciales que han tenido un impacto significativo en la vida de personas excluidas, marginadas y en situación de vulnerabilidad en México.

A través de las redes sociales de la SCJN y con el hashtag #100Sentencias, se pueden identificar los precedentes resueltos por las ministras y ministros del Pleno, así como por la Primera y Segunda salas. Estas decisiones han protegido diversos derechos humanos reconocidos en el país, como el derecho a la igualdad y no discriminación, propiedad intelectual, libertad religiosa, salud, y libre desarrollo de la personalidad. También abordan derechos económicos, sociales y culturales, beneficiando a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores, pueblos originarios, comunidades afromexicanas y afrodescendientes, y la comunidad LGBTI+, entre otros.

La campaña no solo difunde los argumentos que sustentan cada decisión y el derecho protegido, sino que también relaciona estas sentencias con tesis aisladas y de jurisprudencia, proporcionando enlaces para consultar los expedientes completos.

“100 sentencias de La Corte” busca hacer accesibles estas decisiones tanto para especialistas en derecho como para el público en general, destacando los alcances y repercusiones de las decisiones del Máximo Tribunal del país en su historia reciente.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han confirmado su asistencia a los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, organizados por el Congreso de la Unión.

En un comunicado, sin especificar nombres ni fechas, se destacó que la participación busca promover un diálogo abierto sobre un tema de gran importancia. Los ministros y ministras de la SCJN, junto con los integrantes del CJF, se unirán a estos diálogos para discutir la Reforma del Poder Judicial, subrayando la necesidad de escuchar las voces de los jueces y magistrados federales en un asunto de tal envergadura.

El primero de los nueve foros convocados por el Poder Legislativo para analizar la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se llevará a cabo este jueves 27 de junio. A estos foros han sido invitados especialistas y abogados, y se ha confirmado la participación de los ministros del Pleno y jueces de diferentes niveles del PJF.

Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó su pesar por la decisión de desechar el amparo de un grupo de ejidatarios que fueron despojados de sus tierras debido a la mala actuación de un abogado. Este abogado, mediante engaños, consiguió representar a ambas partes de un mismo juicio, logrando un fallo a su favor.

Los ejidatarios afectados, al descubrir el engaño, denunciaron la vulneración de su derecho a una defensa técnica adecuada. El caso llegó a la SCJN como el amparo directo en revisión 1076/2024, pero fue rechazado por la Segunda Sala con una votación de cuatro contra uno. La decisión se basó en que el caso no presentaba cuestiones constitucionales ni relacionadas con tratados internacionales, por lo que no correspondía al máximo tribunal revisarlo.

Batres Guadarrama argumentó que la SCJN debería haber revisado el caso debido a la violación del derecho humano a una defensa adecuada, especialmente en contextos agrarios. Subrayó que una defensa adecuada es esencial para proteger derechos y pretensiones, y criticó que la autoridad judicial no haya advertido el conflicto de intereses al permitir que un mismo abogado representara a partes contrarias.

Batres enfatizó la importancia de garantizar una defensa justa y adecuada, particularmente en asuntos agrarios donde los derechos de los ejidatarios están en juego.

Ricardo Monreal, futuro coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que, tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el Legislativo propondrá profesionales para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta reforma, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de diez candidatos cada uno, de los cuales se seleccionarán los nuevos miembros mediante votación ciudadana.

“El proceso de selección de ministros, magistrados y jueces será un esfuerzo conjunto. Cada poder presentará diez perfiles y será responsable de sus propuestas”, explicó Monreal en una conferencia de prensa. Añadió que la mayoría legislativa analizará minuciosamente los perfiles para garantizar su profesionalismo, ética y honestidad.

Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera presidenta de México, aseguró que esta reforma, una de las veinte modificaciones constitucionales promovidas por López Obrador antes de finalizar su mandato, no implicará autoritarismo ni concentración de poder, como sostienen sus críticos. La propuesta de elección popular de los integrantes del Poder Judicial ha sido cuestionada por la oposición, que teme que afecte la democracia y la independencia de los poderes.

El nuevo Congreso, que se instalará en septiembre, tendrá un mes para aprobar esta reforma antes del cambio de presidencia.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, informó que tres encuestas ciudadanas sobre el desempeño del Poder Judicial revelaron que, en promedio, el 59% de los encuestados creen que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por voto popular y que es necesaria una reforma en este ámbito.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que las encuestas fueron realizadas por De las Heras, Enkoll y el partido Morena, recopilando un total de mil 200 entrevistas presenciales este fin de semana. “Más del 59% considera que debe haber una reforma y una elección directa de los ministros. Esta información es relevante para la discusión que se abrirá próximamente,” subrayó Sheinbaum.

Según los resultados, la mayoría de los encuestados reconocen la necesidad de una reforma judicial y perciben corrupción en el Poder Judicial. Los porcentajes detallados fueron: Morena reportó que el 75% de los encuestados apoyan la elección popular de los ministros, mientras que De las Heras y Enkoll reportaron un 68% y 75% respectivamente.

En cuanto a la necesidad de una reforma, las cifras fueron similares: Morena registró un 81% a favor, De las Heras un 77% y Enkoll un 83%.

Sheinbaum desestimó preocupaciones sobre la estabilidad del peso mexicano tras la presentación de estas encuestas, asegurando que la moneda es fuerte y se mantendrá así. También mencionó que el Banco de México mantendrá su autonomía durante su mandato.

Finalmente, Sheinbaum anunció que Ricardo Monreal informará próximamente sobre las fechas de inicio del Parlamento Abierto y que se reunirá con diputados y senadores electos para discutir la reforma judicial y otros temas relevantes.

Los coordinadores y legisladores del PRI, PAN y PRD han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Ley de Pensiones del Bienestar.

Desde el Senado, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, comunicó que los partidos de oposición decidieron impugnar la reforma. “Solo se ha publicado la ley relacionada con las afores, lo cual nos genera sospechas. Las otras dos leyes no han sido publicadas, pero urgía quedarse con el dinero de las afores, por lo que esta fue publicada rápidamente. Con el respaldo de todas las diputadas y diputados de los tres partidos, presentamos la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para evitar que Morena se apropie de 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”, explicó Moreira.

Jorge Romero Herrera, coordinador de los legisladores del PAN en la Cámara Baja, subrayó que la reforma intenta confiscar los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años. “Hoy, el PAN, PRI y PRD presentamos una acción de inconstitucionalidad contra lo que llamamos la Ley de la Confiscación de las Afores. Queremos recordar a la gente que esta reforma, impuesta por la mayoría de Morena, busca quitar los ahorros guardados por más de 70 años”, afirmó Romero Herrera.

Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD, apoyó las razones expuestas por sus colegas del PRI y PAN. “Al presentar esta acción de inconstitucionalidad, defendemos el patrimonio de los trabajadores mexicanos. Protegemos lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir a lo largo de los años, y que ahora el gobierno federal intenta arrebatar”, detalló Pérez.

La reforma fue aprobada por el Senado el 26 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril para su entrada en vigor.

El 23 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma al Poder Judicial promovida por la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez. En el pleno de la SCJN, se resolvió la acción de inconstitucionalidad 191/2024, decidiendo no invalidar ninguno de los artículos reformados.

Los aspectos más destacados de la reforma son:

Oficinas Municipales: La reforma prevé la creación de oficinas del Poder Judicial en cada municipio, facilitando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Incremento de Jueces: Se incrementará en más de 15 el número de jueces, lo cual ayudará a disminuir el rezago en recursos de apelación.

Sala de lo Familiar: Aguascalientes contará por primera vez con una sala de lo familiar, mejorando la atención a los casos de derecho familiar.

Medios de Impugnación Constitucionales: Se implementarán medios de impugnación constitucionales en el estado, fortaleciendo el sistema judicial.

Presupuesto Histórico: Se garantizará un presupuesto histórico para el Poder Judicial, asegurando recursos adecuados para su operación.

Independencia Judicial: La reforma asegura la independencia judicial mediante un consejo de la judicatura con mayoría de votos del Poder Judicial.

Las modificaciones también incluyen la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional Local, integrada por cinco magistrados elegidos por el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial.

El pleno de la SCJN determinó que el Decreto 405, publicado el 8 de agosto de 2023, respeta los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Además, garantiza una justicia pronta y expedita sin violar la Constitución.

El decreto aborda temas como el escalonamiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Supremo Tribunal de Justicia, los requisitos para ser fiscal general del Estado, y los plazos para promover controversias locales.

Los 32 gobernadores de México, incluyendo mandatarios de Morena y sus aliados, así como del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando que no se modifique la prisión preventiva oficiosa. La solicitud llega mientras el alto tribunal prepara proyectos para cambiar esta controvertida medida, tras la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México el año pasado, ordenando su eliminación de la Constitución.

Los políticos afirman que la prisión preventiva oficiosa es crucial para la seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la carta durante su conferencia matutina del martes, destacando la importancia de la medida para mantener el orden en el país.

La Conferencia Nacional de Gobernadores presentó la carta bajo la figura de amicus curiae, advirtiendo a la SCJN sobre el “grave impacto” que tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa. La misiva señala que modificar esta medida podría colapsar el sistema judicial, ya que los tribunales federales tendrían que analizar todas las solicitudes de modificación a esta medida cautelar.

En México, la prisión preventiva oficiosa permite encarcelar automáticamente a los acusados de 16 delitos, como feminicidio, secuestro y robo, en la primera fase del proceso judicial. Actualmente, más de 68,000 personas están en prisión preventiva oficiosa, lo que representa un tercio del total de la población carcelaria. La CIDH considera esta medida un encarcelamiento anticipado y una violación a las garantías internacionales.

El escrito de los gobernadores va dirigido al proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa en respuesta a las sentencias de la CIDH. Otros dos proyectos en preparación en la SCJN también buscan abordar esta cuestión: la acción de inconstitucionalidad 49/2021, de la ministra Margarita Ríos Farjat, y el amparo en revisión 284/2022, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La carta de los gobernadores refleja la posición del presidente López Obrador, quien ha hecho de la prisión preventiva oficiosa un pilar de su estrategia de seguridad. Además, la figura ha sido un punto de confrontación con Norma Piña, presidenta de la SCJN. El presidente ha advertido que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría llevar a la impunidad y ha elogiado la postura de los gobernadores por su firmeza.