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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las empresas de Grupo Salinas deberán cubrir los 48 mil millones de pesos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como adeudos fiscales, y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrán iniciarse nuevos procedimientos jurídicos para asegurar el pago. La determinación marca la fase más relevante de un conflicto tributario que involucra a varias compañías del conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego.

El señalamiento de la mandataria surge después de que la SCJN validara de forma definitiva diversas sentencias emitidas por tribunales desde antes de 2018, mismas que confirman los créditos fiscales reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución del máximo tribunal establece que el monto total a cubrir asciende a 48 mil millones de pesos, resultado de múltiples expedientes acumulados contra empresas del grupo.

Durante una conferencia, Sheinbaum precisó que el proceso no deriva de decisiones discrecionales, sino del cumplimiento estricto de obligaciones tributarias. Al respecto, señaló: “Aquí no hay ningún autoritarismo ni nada, sino sencillamente el cálculo de lo que se debe a lo que tiene beneficios, si es que paga, si no paga, pues también hay procedimientos para garantizar que pague, porque es la ley”.

El caso más reciente analizado por la Corte corresponde al amparo directo en revisión 6321/2024 promovido por Grupo Elektra. Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, con el cual se desechó dicho recurso. Este expediente representaba el adeudo individual más elevado de la empresa, por un total de 33 mil 306 millones de pesos.

Tras esa resolución, la SCJN también desechó otros seis recursos de revisión identificados con los números 5654/2024, 5608/2025, 5145/2025, 5731/2025, 5778/2025 y 6293/2025. En conjunto, estos casos acumulan adeudos por 15 mil 020 millones de pesos correspondientes a obligaciones fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca.

La presidenta añadió que la decisión de la Corte se encuentra plenamente alineada con los fallos previos emitidos por tribunales federales y aclaró textualmente que “sencillamente, lo que dijeron es queda, tal cual lo estoy leyendo aquí porque hay que usar las palabras, quedan firmes las sentencias de los tribunales y colegiados de circuito. Eso es lo que resolvió la corte”.

Sheinbaum también explicó que, si Grupo Salinas opta por no realizar el pago en los plazos establecidos, el proceso legal podría extenderse considerablemente, lo que implicaría un incremento adicional en las obligaciones debido a la acumulación de multas y recargos. El SAT mantiene la facultad de emprender acciones legales complementarias para garantizar el cumplimiento del monto establecido.

Con esta determinación, el caso entra en una nueva etapa en la que las autoridades fiscales esperan que el conglomerado empresarial acate la resolución definitiva del máximo tribunal del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para resolver uno de los capítulos más relevantes en los litigios fiscales de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. En la sesión del próximo 13 de noviembre, el máximo tribunal discutirá cuatro proyectos de sentencia relacionados con amparos promovidos por Grupo Elektra y TV Azteca, en los que se propone negar los recursos a favor del empresario.

Los asuntos que llegarán al pleno corresponden a los amparos directos en revisión 5654/2024, 5608/2025, 5154/2025 y 5731/2025, bajo las ponencias de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González y Hugo Aguilar Ortiz, actual presidente de la Corte. Tres de estos casos fueron promovidos por Grupo Elektra y uno por TV Azteca, todos en torno a la disputa por créditos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con los proyectos publicados, las ministras y ministros proponen rechazar los recursos de las empresas al considerar que no existe un tema de constitucionalidad que justifique la intervención del máximo tribunal. 

Los documentos señalan que los planteamientos de las compañías no presentan un “interés excepcional” que amerite que la Corte entre al fondo del asunto, por lo que quedarían firmes las resoluciones de los tribunales colegiados que previamente negaron los amparos.

Esta etapa llega después de que la SCJN desechara la semana pasada los impedimentos promovidos por Grupo Salinas contra la nueva integración del pleno, con lo que se despejó el camino para que los proyectos pudieran ser enlistados y discutidos. 

Junto con los cuatro amparos, la Corte también incluyó en el orden del día varios recursos de reclamación e impedimentos solicitados tanto por las empresas como por la Secretaría de Hacienda, los cuales se prevé que también sean desechados.

A pesar de este avance, el caso más relevante aún no tiene fecha de resolución. Se trata del amparo directo en revisión 6321/2024, a cargo del ministro Arístides Guerrero García, considerado el de mayor cuantía económica en la serie de litigios fiscales de Grupo Elektra frente al SAT. Este asunto permanece pendiente de enlistarse, aunque su desenlace será determinante para definir el alcance financiero de la disputa.

Si el pleno de la Suprema Corte aprueba los cuatro proyectos en discusión, el SAT quedará en posición de exigir el pago de los créditos fiscales controvertidos por las empresas de Salinas Pliego, lo que marcaría un paso importante en la conclusión de una larga batalla legal entre el grupo empresarial y la autoridad tributaria.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que los integrantes del pleno del máximo tribunal acordaron donar parte de su sueldo para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias que han golpeado a Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz durante la última semana.

“Quiero comunicar que el pleno de ministros y ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres”, declaró Aguilar Ortiz al inicio de la sesión de este lunes.

Antes de abordar los asuntos en lista, el ministro presidente solicitó realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales que dejaron las inundaciones y deslaves registrados en distintos puntos del país.

Como parte del plan de apoyo, Aguilar Ortiz adelantó que también se revisarán los recursos institucionales disponibles de la Suprema Corte para destinar un monto adicional en beneficio de las familias damnificadas. Además, convocó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a sumarse a esta iniciativa solidaria mediante la donación de víveres y artículos de primera necesidad.

“De igual manera, convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal”, expresó el ministro presidente.

La SCJN habilitó dos centros de acopio principales: el edificio sede en Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y la sede alterna en Avenida Revolución, en la colonia Guadalupe Inn. A su vez, se instalarán puntos de recolección en los edificios judiciales del país, incluyendo juzgados y tribunales federales en diferentes estados.

Entre los insumos solicitados se encuentran agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa para bebé, materiales de primeros auxilios y herramientas que faciliten las labores de limpieza y reconstrucción.

El gesto de solidaridad de los ministros y trabajadores del Poder Judicial se suma a las acciones emprendidas en diversas instituciones del país para respaldar a las comunidades afectadas por las lluvias. Con esta decisión, la Suprema Corte busca canalizar recursos y esfuerzos coordinados que permitan atender las necesidades más urgentes de las familias que enfrentan las consecuencias de los recientes fenómenos meteorológicos.

Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó de “postura regresiva” el cambio de criterio adoptado por los nuevos integrantes del máximo tribunal respecto a las consultas a personas con discapacidad. En su opinión, esta nueva postura impone a los propios grupos vulnerables la carga de defender derechos que deberían ser protegidos de manera preventiva.

A través de su cuenta en X, recientemente creada, Laynez Potisek expresó que el nuevo criterio que se perfila en la SCJN servirá como base para analizar impugnaciones a leyes que afecten a grupos vulnerables, incluso si no se llevaron a cabo consultas durante el proceso legislativo. “Sin intervención oficiosa, la desigualdad se reproduce”, subrayó el exministro en su publicación del martes.

Este lunes, el pleno de la SCJN invalidó un artículo de la Ley para personas con discapacidad de Guerrero, manteniendo la discusión abierta sobre el derecho a la consulta. El argumento mayoritario de los ministros fue que la violación al derecho a la consulta debe ser analizada únicamente cuando los grupos vulnerables afectados presenten impugnaciones.

La ministra Lenia Batres explicó que invalidar leyes por falta de consulta previa representaba “una deformación de los fines del derecho a la consulta conquistado por las personas con discapacidad para permitir que se utilizase en su contra al invalidar decretos que regulaban o ampliaban derechos”.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar recordó que la práctica de la anterior composición de la SCJN consistía en invalidar automáticamente leyes o decretos por la ausencia de consulta, incluso cuando la legislación era favorable para pueblos y comunidades indígenas. Aguilar destacó que el nuevo criterio busca un “punto medio” en las decisiones del Pleno de la Corte.

Laynez Potisek abrió su cuenta de X el 1 de septiembre, apenas un día después de dejar el cargo la anterior composición de la Suprema Corte. La crítica al nuevo criterio sobre el derecho a la consulta constituye la primera postura pública que manifiesta un ministro en retiro respecto a las decisiones de los actuales integrantes del tribunal.

El exministro enfatizó que la carga de defender los derechos de las personas con discapacidad recae ahora directamente sobre los propios afectados, una situación que considera regresiva en términos de igualdad y protección legal. Su intervención marca un señalamiento importante dentro del debate sobre la forma en que la SCJN abordará la protección de grupos vulnerables en el futuro, particularmente en lo relativo al derecho a ser consultados antes de la aprobación de leyes y normas que les conciernen.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado conocido por encabezar la defensa legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como nuevo integrante del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el directorio disponible en la página oficial de la Corte, Rosales ocupa ahora el cargo de secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de Presidencia. En esta posición, su responsabilidad principal será analizar expedientes para proponer a los ministros las determinaciones jurídicas a seguir, además de participar en las sesiones donde se resuelven los casos.

El salario bruto asignado al puesto es de aproximadamente 168 mil pesos mensuales; sin embargo, después de las deducciones fiscales correspondientes, su ingreso neto asciende a 118 mil 138 pesos al mes. A este monto se suman diversas prestaciones otorgadas a los funcionarios de este nivel en el Poder Judicial.

Entre los beneficios laborales se encuentran aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y quinquenal. También incluye seguros de gastos médicos mayores, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individualizado, cobertura del ISSSTE, así como apoyo económico para lentes graduados. En el apartado de estímulos destacan el bono por el Día del Padre, estímulo por antigüedad y por jubilación. Además, cuenta con licencias prejubilatorias, ayuda por incapacidad médica, gastos funerales y pago por defunción.

Este nuevo nombramiento ocurre semanas después de que, a finales de agosto, Rosales anunciara públicamente su salida de la representación legal del caso Ayotzinapa. En ese momento, no precisó hacia dónde dirigiría su carrera profesional, únicamente adelantó que continuaría su labor en defensa de los derechos humanos desde otros espacios.

En un posicionamiento compartido entonces, expresó: “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.

Con este movimiento, Rosales deja atrás casi una década de acompañamiento legal a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y pasa a integrarse a la estructura más alta del sistema judicial en México, con un cargo que combina tareas técnicas de análisis jurídico con beneficios laborales de amplio alcance.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su primera sesión pública con la nueva integración tras los comicios judiciales, celebrados el 1 de septiembre. El arranque estuvo marcado por una jornada de cuatro horas en la que sólo se resolvieron tres de los 15 asuntos agendados, pese a la promesa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de agilizar los trabajos.

La sesión comenzó con un saludo en lengua originaria por parte de Aguilar Ortiz, quien asumió el liderazgo del pleno con la expectativa de hacer las deliberaciones más comprensibles y dinámicas para la sociedad. Como parte de este propósito, la SCJN publicó un reglamento que establece tiempos para las intervenciones de cada ministro y ordena que los miércoles y jueves se dediquen a discutir amparos. Sin embargo, en este primer encuentro se abordaron únicamente acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

El tema central fue una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de salud mental de Chihuahua. Durante la discusión, varios ministros excedieron los minutos fijados en el nuevo reglamento, lo que impidió que se avanzara con la totalidad de la lista prevista.

Previo al análisis del primer proyecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa tomó la palabra para agradecer a los votantes que le permitieron continuar en el máximo tribunal, destacando la legitimidad del nuevo mecanismo de elección democrática.

Otros ministros, como Giovanni Figueroa Mejía, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, subrayaron el inicio de una etapa distinta en la Corte, en la que resaltaron cambios como el recorte a sus salarios.

En su intervención, la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó su visión sobre los litigios en contra de leyes aprobadas por el Congreso. “Debemos ser respetuosos de la voluntad del legislativo y no asumirnos más allá de nuestras facultades. Si el Legislativo ha emitido nuevas normas, es porque ha sido elegido democráticamente y pasó por un proceso”, expuso.

La primera división de criterios entre los ministros surgió al analizar si debía declararse la invalidez de una norma por no haberse consultado a grupos vulnerables afectados durante el proceso legislativo.

Las ministras Lenia Batres y Ríos González se pronunciaron por mantener la vigencia de la ley, al considerar que el beneficio para los grupos vulnerables es mayor que la omisión de consulta. Batres calificó como “una perversión” el criterio anterior de la Corte y defendió que la consulta debe entenderse como un medio, no un fin.

Finalmente, el resto de los ministros se inclinó por la propuesta de Yasmín Esquivel, que planteó invalidar diversos artículos de la Ley de salud mental de Chihuahua.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su nueva integración, comenzó la reasignación de los asuntos que quedaron pendientes de resolución y que fueron devueltos a la Secretaría General de Acuerdos para su distribución entre las nuevas ponencias. Entre ellos destacan litigios de gran relevancia política y económica, como los promovidos por Ricardo Salinas Pliego y sus empresas frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La ministra Lenia Batres Guadarrama recibió dos amparos directos en revisión relacionados con compañías del empresario. Se trata de recursos presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay en contra de créditos fiscales, a pesar de que en otros procesos Batres había sido declarada impedida para conocer de los asuntos vinculados con Salinas Pliego.

Uno de los casos más significativos es el amparo directo en revisión 6321/2024, con el que Grupo Elektra reclama un crédito fiscal superior a 33 mil millones de pesos. Este expediente, que estaba bajo análisis del ministro Alberto Pérez Dayán, fue reasignado al ministro Arístides Guerrero García. Además de este litigio fiscal, Guerrero también tendrá a su cargo la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra las reformas legales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en 2020 bajo el mecanismo fast track.

En el mismo despacho del ministro Guerrero recayó la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco, que cuestiona el proceso de remoción de su alcaldesa, Abelina López Rodríguez, derivado de presuntas irregularidades en el manejo de más de 900 millones de pesos cuyo destino no habría sido comprobado.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía se encargará de resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición contra la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Morena. Dicha modificación eliminó la posibilidad de que jueces y magistrados decretaran la suspensión de normas generales mientras se analiza la constitucionalidad de las mismas.

A la ministra Sara Irene Herrerías se le turnó la impugnación contra la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sustituyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el Conahcyt, ahora elevado al rango de secretaría de Estado.

En tanto, el ministro Irving Espinosa Betanzo asumirá quince controversias constitucionales interpuestas por municipios gobernados por la oposición. Estas acciones van dirigidas contra la nueva Ley de Transparencia y fueron presentadas por administraciones municipales de ciudades como Morelia, Irapuato, Monterrey, Guanajuato, Campeche, Atizapán y Hermosillo, entre otras.

Con estos turnos, la Corte redistribuye expedientes que marcan el rumbo de batallas fiscales, políticas y legales de gran trascendencia para el país, ahora bajo la responsabilidad de los ministros recién incorporados al máximo tribunal.

Norma Lucía Piña Hernández presentó su último informe como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cerrando así una etapa de dos años y ocho meses al frente del máximo tribunal del país. En su mensaje final destacó que, durante su gestión, la Corte ejerció los recursos públicos con estricto apego a la ley, priorizando la disciplina presupuestaria, la transparencia, la eficiencia y la austeridad, lo que permitió generar ahorros anuales al operar con un gasto menor al autorizado.

Uno de los ejes centrales de su informe fue la transferencia de recursos derivada de la reforma judicial de 2024, que establece la entrada en funciones de nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación a partir del 1 de septiembre de 2025.

Piña subrayó que el grupo de trabajo encargado de la transición mantuvo informado al Tribunal Pleno y a la Comisión de Transición en cinco momentos clave, asegurando un proceso ordenado en lo material, humano, presupuestal y financiero.

La ministra también resaltó avances inéditos en el levantamiento de inventarios de bienes muebles bajo metodologías actualizadas, conciliados con la contabilidad institucional. Este ejercicio, dijo, aportará certeza y precisión en el proceso de entrega de recursos previsto en la reforma, además de constituir un ejemplo de administración eficiente apoyada en personal capacitado y tecnologías avanzadas.

En una sesión solemne marcada por ausencias significativas —como las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena— Piña sostuvo que, pese al asedio, las calumnias y la desinformación, la Corte respondió siempre con sentencias y no con estridencias. “No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho”, afirmó, al tiempo que recalcó que la Judicatura trabajó sin descanso en un entorno de adversidad sin precedentes.

El informe también estuvo acompañado de las intervenciones de los presidentes de la Primera y Segunda Sala. Loretta Ortiz Ahfl enfatizó que “la historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora”, mientras que Javier Laynez Potisek presentó cifras de productividad, señalando que solo quedaron 47 asuntos pendientes de resolución, la mayoría en la ponencia de la ministra Lenia Batres.

Entre los asistentes destacaron ex presidentes de la Corte como Guillermo Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar Morales, así como la ministra en retiro Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. También estuvieron presentes consejeros de la Judicatura Federal cercanos a Piña y representantes de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, organización que se opuso a la reforma judicial.

El acto representó el cierre de una era de 30 años iniciada con la reforma de 1995 impulsada por Ernesto Zedillo, y el inicio de una nueva etapa en la que, por primera vez, los jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular, tras la reforma aprobada en septiembre de 2024.

Más allá del balance administrativo, la trayectoria de Piña en la Corte ha estado marcada por un compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y la defensa del Estado laico. Formó parte de la mayoría que en 2021 declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, destacando que obligar a una mujer a continuar un embarazo vulnera sus derechos fundamentales. En ese mismo fallo enfatizó la necesidad de reconocer la pluralidad de creencias y garantizar condiciones dignas para la interrupción legal del embarazo.

Su independencia también se reflejó en su voto contra la Ley de la Industria Eléctrica, por considerarla contraria a los principios constitucionales, y en proyectos pioneros como el que permitió la explotación legal de la fibra de cannabis con fines industriales, sentando un precedente económico y regulatorio.

En casos mediáticos, defendió la igualdad de género, como en el amparo relacionado con expresiones discriminatorias contra la periodista Flor Rubio.

Otro episodio destacado fue su negativa a otorgar un amparo al juez Efraín Cázares López, involucrado en el “Michoacanazo”, reafirmando su postura de fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Al concluir su gestión, Piña enfatizó que la misión de la Suprema Corte y los derechos que protege la Constitución permanecen vigentes, y que el rumbo del país debe construirse con trabajo conjunto y con apego al proyecto nacional plasmado en la Carta Magna. Con su salida, inicia un capítulo inédito en la vida judicial mexicana bajo el esquema de elección popular de sus integrantes.

El estado de Querétaro adoptó este domingo una medida inédita en el país: prohibir la interpretación o difusión de música que glorifique la violencia o haga apología del delito. La decisión fue anunciada por el gobernador Mauricio Kuri, quien exhortó a los presidentes de los 18 municipios queretanos a aplicar las medidas necesarias para garantizar que el decreto sea eficaz en todo el territorio.

El mandatario explicó que la disposición no está dirigida contra un género musical específico, sino contra contenidos que, desde cualquier estilo, promuevan conductas delictivas o degraden los valores sociales. “No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, se trata de proteger nuestros valores, de cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes”, afirmó Kuri en un mensaje compartido a través de sus redes sociales.

En su declaración, el gobernador recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido la existencia de límites a la libertad de expresión cuando esta normaliza la violencia, incita al delito o atenta contra la moral pública. Bajo ese argumento, defendió el alcance del decreto y aseguró que las expresiones artísticas que exaltan el crimen representan mensajes que “deforman, seducen y producen falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que viene del crimen”.

Kuri detalló que la aplicación de esta medida deberá extenderse también a establecimientos mercantiles y centros de entretenimiento privados, donde suele reproducirse este tipo de contenidos. Su intención, dijo, es evitar que la población, en especial la juventud, normalice mensajes que incitan a la violencia o exaltan figuras criminales.

El gobernador panista enfatizó que la política se enmarca en una visión de seguridad y cultura cívica que busca reforzar los valores sociales en Querétaro. “La libertad no existe sin responsabilidad y en Querétaro la libertad no es pretexto para fomentar la violencia. Aquí no celebramos a los criminales, celebramos a la gente buena”, puntualizó.

Con este decreto, la entidad abre un nuevo capítulo en la discusión nacional sobre los alcances de la libertad artística y el papel de los gobiernos locales en la regulación de contenidos que promueven conductas violentas. La implementación en los 18 municipios será clave para conocer el impacto real de la medida y su aplicación en espacios públicos y privados.

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, encabezó una reunión estratégica con los demás ministros electos para definir el rumbo que tomará el máximo tribunal del país a partir de su instalación el 1 de septiembre.

En el encuentro, se estableció que los asuntos penales y fiscales recibirán atención prioritaria. Aguilar Ortiz explicó que el objetivo es resolver este tipo de casos dentro de los plazos establecidos por la Constitución, reforzando así la eficacia y el cumplimiento de la ley en materia judicial.

También se abordó la integración de los equipos de trabajo y la distribución de asuntos entre las nuevas ponencias, una tarea clave para el arranque de la nueva etapa de la Corte tras la reciente reestructuración.

Uno de los anuncios más relevantes fue el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos, motivado por la desaparición de las dos salas de la SCJN. El nuevo esquema incluirá la emisión de reglamentos internos actualizados, con el objetivo de lograr “sesiones ágiles, eficientes y sustantivas”, según palabras del propio Aguilar Ortiz.

Además, se inició el análisis de los perfiles que integrarán el Órgano de Administración Judicial, instancia que sustituirá al extinto Consejo de la Judicatura Federal, y que será clave en la gestión administrativa del Poder Judicial de la Federación.

La agenda de los ministros electos para el 1 de septiembre contempla tres actos significativos:

• 16:00 horas: Ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando.
  
• 19:30 horas: Toma de protesta ante el Senado de la República.
  
• 22:00 horas: Sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte.
  

La reorganización del trabajo interno, las reformas en la Secretaría General de Acuerdos y la definición de prioridades marcan el inicio de una etapa que busca optimizar el funcionamiento del máximo tribunal. Con estas decisiones, la próxima gestión apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de la SCJN y garantizar que las resoluciones judiciales se emitan de forma más ágil y con pleno apego al marco legal.