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Con órdenes de aprehensión cumplimentadas y dos detenidos bajo custodia, la Fiscalía estatal dio por esclarecida en su fase investigativa la agresión armada registrada en un parque de la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón. Los arrestados serán puestos a disposición de un juez por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste informó que las detenciones se realizaron la mañana posterior a los hechos, tras cateos ejecutados en el mismo municipio. “El asunto está plenamente resuelto en lo investigativo, tenemos órdenes de aprehensión”, declaró al detallar que el avance fue presentado ante el gabinete de seguridad. La autoridad continúa la búsqueda de otros dos hombres señalados por su participación directa en la agresión.

El ataque ocurrió la noche del martes, cuando hombres armados identificados como integrantes del grupo criminal “Los Carranza” irrumpieron en el parque. De acuerdo con la investigación, el objetivo era un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien realizaba una transacción de droga en el lugar.

En el sitio fue asesinado Fernando “N”, de 36 años. Un día después falleció Giovanni, de 24 años, debido a las lesiones sufridas durante el atentado. En medio de los disparos, ocho menores de entre cinco y 16 años resultaron heridos; cinco de ellos son hombres. Todos recibieron atención médica y ya fueron dados de alta, reportados fuera de peligro.

Las autoridades atribuyen la agresión al grupo “Los Carranza”, organización que opera desde hace más de una década en San Francisco del Rincón y a la que se le relaciona con delitos como homicidios y secuestros en la zona.

Con las dos capturas confirmadas y las órdenes judiciales en proceso de ejecución contra otros implicados, la Fiscalía sostiene que la línea de investigación está definida y que el caso avanza hacia su etapa judicial tras un ataque que dejó víctimas mortales y menores lesionados en un espacio público del municipio.

Una investigación de The New York Times documentó que organizaciones criminales mexicanas han utilizado municiones calibre .50 fabricadas en una planta estadounidense propiedad del gobierno de Estados Unidos, destinada originalmente al abastecimiento del Ejército de ese país. De acuerdo con el reportaje, estas municiones provienen de la planta Lake City Army Ammunition, ubicada en el estado de Missouri, una de las principales instalaciones productoras de cartuchos militares en territorio estadounidense.

El artículo, elaborado por los periodistas Ben Dooley, Isabella Cota y Emiliano Rodríguez, detalla que, aunque la planta opera bajo control gubernamental, distintos acuerdos comerciales han permitido que parte de su producción llegue al mercado minorista. Este esquema ha facilitado que las municiones crucen hacia la frontera y, posteriormente, sean adquiridas por grupos delictivos en México.

Las municiones calibre .50 son utilizadas en armas de alto poder, como el fusil Barret M8, diseñado para disparos de largo alcance y con capacidad para perforar blindajes. De acuerdo con el reportaje, este tipo de cartuchos ha sido asegurado por autoridades federales mexicanas en el estado de Sinaloa, en el contexto de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras el traslado a Estados Unidos y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

Según documentos revisados por The New York Times, los acuerdos entre el Ejército estadounidense y contratistas privados han permitido que las municiones calibre .50 puedan ser comercializadas, lo que ha convertido a la planta de Lake City en una fuente relevante de este tipo de cartuchos para los cárteles mexicanos. El reportaje también señala que el propio gobierno de México ha adquirido municiones a esta instalación, en operaciones distintas a las detectadas en el mercado ilegal.

El texto destaca que el mercado civil para rifles calibre .50 en Estados Unidos es limitado, por lo que este tipo de munición no suele ser adquirida con frecuencia por compradores particulares. Aun así, los cartuchos han sido rastreados hasta escenarios de violencia en México, donde, según el artículo, han sido utilizados por organizaciones criminales en ataques armados, incluidos derribos de helicópteros y homicidios cometidos con rifles de este calibre.

En este contexto, el pasado 24 de enero se llevó a cabo la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS). De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese encuentro ambos gobiernos acordaron reforzar las acciones conjuntas para combatir el tráfico de armas, uno de los factores clave en el fortalecimiento del poder de fuego de los cárteles en territorio mexicano.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia federal de seguridad implementada en el actual sexenio mantiene “saldo a favor” y que los resultados son tangibles en la reducción de delitos y el debilitamiento de grupos criminales en distintas regiones del país.

A su llegada al Senado de la República, donde compareció en el marco de la glosa del primer informe de gobierno, el funcionario rechazó que la estrategia haya sido rebasada por los recientes hechos de violencia, como el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y del presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano.

“No estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no haya crímenes o hechos lamentables como los que suceden en varios estados de la República. Lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay 27 homicidios menos diarios, que hay un 32% menos homicidios y una cantidad sin precedentes de droga asegurada. Estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas; los miles de detenidos son resultado de la coordinación con los estados”, señaló el secretario.

García Harfuch destacó que los resultados de la política de seguridad son “muy medibles” y responden a un trabajo sostenido entre las fuerzas federales y estatales. Subrayó que la estrategia actual se centra en la cooperación interinstitucional y en acciones conjuntas que han permitido importantes decomisos, detenciones y una baja constante en los indicadores de homicidio.

Cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar la pacificación del país durante el sexenio, el funcionario respondió que el gobierno avanza año con año hacia ese objetivo. “Estamos con saldo mucho a favor de lo que comenzamos”, expresó, al tiempo que reiteró que los esfuerzos de seguridad han dado resultados concretos desde el inicio de la administración.

En relación con las investigaciones por la red de “huachicol fiscal”, en la que estarían implicados empresarios y elementos de la Marina, García Harfuch informó que las detenciones comenzaron en marzo y que las investigaciones continúan para desmantelar por completo las estructuras involucradas.

El titular de Seguridad también respondió a los cuestionamientos sobre la persistencia de los cárteles del narcotráfico y la aparición de nuevos grupos criminales, como “La Chokiza”, que opera principalmente en el Estado de México. “¿Usted cree que no se ha podido debilitar? ‘La Chokiza’, la detención la hizo la Estrategia de Seguridad Nacional. Nosotros fuimos quienes los detuvimos en coordinación con el estado y con la Fiscalía General de la República. Cuando no hay detenciones, no pueden bajar los delitos. Nosotros, mes con mes, estamos presentando detenciones”, afirmó.

García Harfuch reiteró que la coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales ha sido clave para mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto. “La estrategia de seguridad federal está funcionando”, insistió, al destacar que los datos muestran una disminución sostenida de homicidios y un incremento en los aseguramientos y detenciones en todo el territorio nacional.

En un amplio operativo de seguridad, autoridades federales y estatales detuvieron en el Estado de México a Bryan Antonio García Luna, de 27 años, señalado como jefe de plaza de La Familia Michoacana en varios municipios de la región. La captura ocurrió el domingo durante un despliegue estratégico que tuvo lugar sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad de El Xhitey.

García Luna, considerado “objetivo prioritario” por las autoridades, es identificado como líder operativo del cártel en Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay. De acuerdo con información oficial, también es señalado como responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo. La SSPC precisó que existe conocimiento de su participación, el 22 de julio de 2025, en el secuestro de un líder de taxistas en Jilotepec.

Durante el operativo, los elementos de seguridad detectaron una camioneta blanca sin placas de circulación. Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, los tripulantes intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución que culminó metros más adelante con la detención de los ocupantes.

En la revisión al vehículo se encontró un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares. El segundo detenido fue identificado como Edgar de Jesús Ramos, de 25 años. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El despliegue fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN). También intervinieron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal de Jilotepec, en un esfuerzo coordinado para neutralizar actividades delictivas en la región.

Con esta detención se asesta un golpe importante a la estructura operativa de La Familia Michoacana en el Estado de México. Las autoridades continúan con las investigaciones para profundizar en las redes criminales asociadas al detenido y el alcance de sus operaciones ilícitas en la zona norte de la entidad.

Un hecho que ha estremecido a la comunidad de Pinotepa de Don Luis y ha generado atención a nivel estatal fue confirmado este lunes por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Un hombre identificado con las iniciales M.G.A. fue detenido por presuntamente haber asesinado a su propio padre, J.F.G., en un ataque directo con arma de fuego ocurrido el pasado 13 de abril.

El crimen tuvo lugar en el Barrio Chico de dicho municipio. Según la información preliminar, el presunto agresor habría acudido de manera deliberada al domicilio de su progenitor, donde disparó en varias ocasiones. La víctima, gravemente herida, fue trasladada de inmediato a un hospital local con la esperanza de recibir atención médica especializada. Sin embargo, las lesiones sufridas resultaron fatales y J.F.G. falleció en el trayecto.

Tras conocerse los hechos, la FGEO abrió una carpeta de investigación por el delito de parricidio. La indagatoria avanzó con rapidez, permitiendo reunir elementos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión contra el señalado. La orden fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes lograron ubicar y detener a M.G.A.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, donde enfrentará el proceso legal correspondiente. La justicia oaxaqueña avanza en el esclarecimiento de un caso que ha generado consternación entre la ciudadanía, dada la cercanía y gravedad del delito.

Este suceso se suma a una serie de crímenes registrados recientemente en la entidad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Oaxaca reportó un total de 504 homicidios en el primer trimestre del año. De estos, 175 fueron clasificados como dolosos y 329 como culposos. Además, en ese mismo periodo, se documentaron 929 delitos por lesiones, de los cuales 38 involucraron el uso de armas de fuego.

Las cifras, aunque estadísticas, reflejan una realidad preocupante para la seguridad en el estado. Aunado a ello, la tipificación de parricidio, uno de los delitos más severamente sancionados por el Código Penal, pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a conflictos intrafamiliares.

El municipio de Pinotepa de Don Luis, ubicado en la región de la Costa, no ha sido ajeno a los desafíos en materia de seguridad. Si bien mantiene una vida comunitaria marcada por la tradición y la convivencia, este crimen ha dejado una huella significativa en la memoria colectiva.

Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer completamente los motivos detrás del acto y garantizar que se haga justicia conforme a la ley. La sociedad oaxaqueña sigue con atención el desarrollo del caso, mientras las instancias correspondientes reiteran su compromiso con la aplicación del Estado de Derecho.

En un esfuerzo por reforzar la seguridad en Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez anunció el nombramiento de Serafín Tadeo Lazcano como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado. Este relevo se da tras la renuncia del general Víctor Hugo Chávez Martínez, quien regresará a sus actividades en la Secretaría de la Defensa Nacional. 

May Rodríguez expresó su agradecimiento a Chávez Martínez por los servicios prestados y reconoció su dedicación al frente de la SSPC. En su lugar, Lazcano asume el cargo con una amplia trayectoria en seguridad, acumulando más de 30 años de experiencia en la entonces Procuraduría General de la República como policía judicial federal. Ha desempeñado funciones en estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Tabasco, lo que refuerza su capacidad para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

Otro cambio significativo en la estructura de seguridad del estado es el nombramiento de Jesús Amaya Guerrero como Comisionado de la Policía Estatal. Amaya Guerrero es maestro en Seguridad Pública y cuenta con 28 años de experiencia en la Fiscalía General de la República, donde ocupó diversos cargos estratégicos.

El gobernador subrayó que estos cambios forman parte de una estrategia para recuperar la paz en Tabasco. Destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del titular de la SSPC a nivel federal, Omar García Harfuch, quienes han manifestado su apoyo en la implementación de nuevas medidas de seguridad. En este sentido, May Rodríguez anunció una inversión significativa en tecnología, infraestructura del C5, equipamiento y capacitación de las fuerzas de seguridad.

El comisionado del Servicio de Protección Federal de la SSPC de México, Francisco Javier Moreno, enfatizó que la seguridad no solo se garantiza con medidas reactivas o el uso de la fuerza. Señaló que es fundamental atender las causas de la violencia mediante programas sociales que ofrezcan oportunidades a los jóvenes, refuercen el tejido social y fomenten el desarrollo comunitario.

Estos cambios ocurren en un contexto de creciente violencia en el estado. Desde diciembre de 2023, Tabasco ha experimentado un aumento en hechos delictivos como homicidios, ataques incendiarios y la aparición de narcomantas. En enero de 2025, se registraron 93 homicidios dolosos, mientras que en febrero la cifra asciende a 65 casos. Además, dos motines en el Centro de Readaptación Social de Tabasco resultaron en la muerte de siete reos, lo que llevó a la remoción de directores y custodios.

Con estas modificaciones en la estructura de seguridad y un enfoque integral para combatir la violencia, las autoridades buscan restaurar la tranquilidad en Tabasco y garantizar mejores condiciones para sus ciudadanos.