La Cámara de Diputados definió la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) encargado de revisar a los aspirantes que competirán por tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos actuales titulares concluirán funciones el próximo 4 de abril. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por consenso la designación de tres magistrados para completar el órgano responsable del proceso.

El acuerdo, publicado este viernes en la Gaceta Parlamentaria, establece que Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá formarán parte del comité que evaluará a los candidatos a consejeros electorales para el periodo 2026-2035. La decisión fue respaldada por los coordinadores parlamentarios, aunque el líder del Partido Acción Nacional, José Elías Lixa, firmó el documento en abstención. Los tres perfiles participaron previamente en la elección judicial del año pasado.

Con estas designaciones quedó integrada la totalidad del CTE, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) designara previamente a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta. Ramírez Cruz es funcionaria del INE cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Entre los magistrados seleccionados, Fernández Domínguez se desempeña en la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, Estado de México. Fue designada el 28 de marzo de 2019 por un periodo de nueve años y el 1 de abril de ese mismo año fue electa presidenta del órgano por unanimidad durante tres años. En la elección judicial de 2025 participó como candidata a magistrada de salas regionales con el número 05 en la boleta.

Por su parte, Lara Patrón es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral desde julio de 2020. En la elección judicial de 2025 fue candidato a magistrado de la Sala Superior a propuesta del Poder Legislativo.

Cruz Alcalá rindió protesta el 30 de septiembre de 2024 ante el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como magistrada representante del Gobierno Federal en la Segunda Sala. Posteriormente, en 2025, fue postulada por el Poder Ejecutivo como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 06.

La integración del comité se concretó tras un acuerdo impulsado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el objetivo de evitar perfiles vinculados a partidos políticos, como ocurrió en el proceso de elección de consejeros de 2023, cuando la mayoría de los integrantes tenía relación con Morena, según legisladores consultados.

El calendario del proceso establece que el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, enviará a más tardar el 29 de marzo la documentación de los aspirantes para su revisión. El 6 de abril se aplicará un examen de conocimientos a las 10:00 horas, mientras que entre el 10 y el 12 de abril se realizará la evaluación de idoneidad, basada en currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Las entrevistas públicas iniciarán el 14 de abril y concluirán el 16 del mismo mes. Posteriormente, el CTE deberá entregar tres listas con cinco aspirantes cada una, garantizando paridad de género y la inclusión de al menos una mujer en cada propuesta. La fecha límite para presentar estas listas será el 20 de abril de 2026.

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, respondió tras la difusión de nuevos videos presentados por el medio de información Latinus en los que se observa a David León entregando recursos a candidatos de Morena durante el proceso electoral de 2015. El legislador aseguró ser ajeno a los hechos y se puso a disposición de cualquier autoridad que decida investigar.

“Yo soy ajeno a esos actos y ajeno a los actos de terceras personas. (…) Estoy abierto a que se hagan todas las investigaciones, a cualquier autoridad que me solicite mi presencia; en el momento que lo hagan con mucho gusto ahí estaré”, declaró Velasco en entrevista desde la Cámara Alta.

En las imágenes difundidas se aprecia a David León entregar un sobre amarillo con dinero al general en retiro José Antonio Moreno Alvarado, quien fue candidato de Morena a la alcaldía de Villaflores, Chiapas, en 2015. Según la confesión de León, los recursos provenían de Manuel Velasco, entonces gobernador del estado.

El senador rechazó esa versión y reiteró que no se usaron recursos públicos de su administración para financiar campañas. “Te repito, soy ajeno a los actos que hagan terceras personas”, enfatizó.

Durante la conversación con medios de comunicación, Velasco fue cuestionado sobre si conocía a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, también señalado en años recientes por aparecer en videos de entregas de dinero. El político chiapaneco aclaró que la relación fue lejana y meramente circunstancial.

“Mi abuelo materno tenía una relación de amistad pública con el licenciado Andrés Manuel y en algún momento conocí a parte de su familia, sin tener una mayor relación. Lo saludé en un par de ocasiones, él estaba promoviendo un equipo de béisbol en el estado, pero yo en lo personal nunca tuve ningún trato con él directamente ni mucho menos”, explicó.

En cuanto a una supuesta solicitud de recursos por parte de Morena para la campaña de 2015, Velasco negó esa versión al recordar que en ese proceso electoral su partido y Morena eran adversarios políticos. Subrayó que el PVEM, que lo postuló a la gubernatura, obtuvo el primer lugar, mientras que Morena tuvo un desempeño menor.

“En el 2015 los resultados electorales ahí hablan, Morena me parece que quedó en quinto o sexto lugar, la primera fue el Verde, el segundo lugar el PRI y después las demás fuerzas. No tuvo un buen resultado electoral, incluso en los actos de campaña permanentemente había un golpeteo hacia mi persona”, sostuvo.

Velasco reiteró que está dispuesto a colaborar con las instancias correspondientes para esclarecer el caso y deslindarse de las acusaciones que surgen a raíz de los videos difundidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado 3 de agosto la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una instancia que será encabezada por el economista y exlegislador Pablo Gómez Álvarez. El objetivo central de esta nueva comisión es realizar un diagnóstico profundo del sistema electoral mexicano y diseñar una propuesta de reforma legislativa acorde a los desafíos actuales del país.

La decisión fue comunicada a través de una tarjeta informativa emitida por Presidencia, en la que se detalla que la comisión analizará de manera integral el modelo actual de representación política, así como los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de impulsar una reforma que atienda los problemas estructurales del sistema de partidos y fortalezca la democracia representativa.

Con esta designación, Pablo Gómez concluyó su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo en el que había sido ratificado el 3 de octubre de 2023. Su experiencia legislativa y técnica ha sido clave en procesos de transformación política previos, incluida la promoción de reformas electorales durante su paso por el Congreso.

De acuerdo con la Presidencia, en los próximos días se dará a conocer la integración completa de la Comisión, que trabajará de manera conjunta con legisladores, académicos, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos para diseñar una propuesta legislativa que será discutida en el Congreso de la Unión.

Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el debate formal de esta reforma iniciará a partir del 1 de septiembre, fecha de arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Pablo Gómez, egresado de la UNAM, ha sido diputado federal en cuatro ocasiones y senador de la República, además de activista desde su juventud, cuando participó en el movimiento estudiantil de 1968. A lo largo de su trayectoria ha sido autor y coautor de diversos libros, además de colaborador en medios nacionales.

En 2022, mientras encabezaba la UIF, Gómez Álvarez ya había anticipado que una eventual reforma electoral debería enfocarse en cerrar el paso a la injerencia del crimen organizado en las elecciones, proponiendo modelos de proporcionalidad pura y mecanismos de listas abiertas que permitan una mayor transparencia en la selección de candidatos.

El anuncio marca el inicio formal de un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema electoral mexicano, con la intención de modernizar las reglas del juego democrático e incorporar garantías para una representación ciudadana más efectiva y menos vulnerable a intereses externos.

El escenario postelectoral en Veracruz se torna tenso tras el anuncio de Morena sobre la impugnación de resultados en 23 municipios del estado. Esta decisión se presenta días después de las elecciones del 1 de junio, donde se renovaron las 212 alcaldías veracruzanas.

El representante del partido ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Zúñiga Ovando, confirmó que las impugnaciones están enfocadas en localidades con márgenes de victoria ajustados y en donde se detectaron presuntas anomalías tanto durante la jornada electoral como en los cómputos municipales.

Entre los municipios que figuran en esta estrategia legal destaca Boca del Río. En esta demarcación, la panista Maryjose Gamboa recibió la constancia de mayoría el 5 de junio, tras obtener 635 votos más que la candidata de Morena, Bertha Ahued Malpica. Según Zúñiga Ovando, el proceso ahí estuvo marcado por situaciones que calificó como irregulares y que buscarán acreditar ante las instancias correspondientes.

Uno de los señalamientos incluye la sustitución de funcionarios de casilla con personas que no pertenecían a la sección correspondiente, lo que, de acuerdo con Morena, representa una causal de nulidad del proceso en ese municipio. También se menciona el tema de la fiscalización, en especial el presunto rebase en los topes de gastos de campaña por parte de algunos candidatos.

Otro de los casos destacados es el del municipio de Tlalnelhuayocan, donde, según el partido, se quemó la documentación electoral. Esto coloca a esa elección dentro del rango que permite iniciar un procedimiento de impugnación, al encontrarse bajo el umbral del 5% de diferencia entre los contendientes.

Morena también alude que no se trata únicamente de resultados cerrados, sino de prácticas que comprometerían la transparencia del proceso. En todos los casos señalados, afirman contar con elementos que serán presentados ante los tribunales electorales para sustentar sus reclamos.

Hasta ahora, en el balance general de las elecciones del pasado 1 de junio, la coalición Morena-Partido Verde obtuvo el control de por lo menos 80 municipios. De manera individual, el Partido Verde Ecologista de México logró 13 triunfos, mientras que Morena aseguró 11 alcaldías.

El OPLE de Veracruz concluirá oficialmente los cómputos municipales este domingo 8 de junio, lo que marcará un punto clave en la etapa postelectoral y abrirá paso a las resoluciones judiciales que se deriven de las impugnaciones anunciadas.

El ambiente político en el estado se mantiene expectante ante lo que podría desencadenar una revisión judicial en varios puntos del territorio veracruzano. Morena asegura que defenderá lo que considera triunfos legítimos.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha oficializado la lista de candidatos y candidatas que competirán por un lugar en el Poder Judicial de la capital. En un sorteo electrónico, se determinaron los nombres que formarán parte de las boletas en la elección de 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 99 jueces y 34 magistrados.

Entre los nombres aprobados se encuentran figuras con antecedentes en otros estados, como Víctor Manuel Martínez Corte, quien buscará una magistratura en materia familiar en el distrito 1, tras haberse registrado también en Tlalnepantla para un cargo similar en el poder legislativo.

Otro perfil relevante es el de Alberto Trejo Villafuerte, aspirante a juez en materia civil, quien hasta 2022 formaba parte del equipo de la diputada local Elizabeth Mateos. También destaca Anaid Valero Manzano, excandidata a presidir la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ahora en la contienda por una magistratura en el distrito 2, en materia penal.

La lista también incluye a José Francisco Sánchez Magallán González, integrante del Consejo Judicial Ciudadano y pieza clave en la selección de la Fiscal capitalina, quien busca ahora una magistratura en materia civil en el distrito 4.

El IECM ha puesto en marcha una plataforma digital para que la ciudadanía pueda consultar los perfiles de los aspirantes y tomar una decisión informada en el proceso electoral. Además, se han revelado las boletas oficiales que se utilizarán en la elección. En total, serán 9 boletas: 3 para la elección de jueces y magistrados locales, y 6 para los juzgadores federales. Se estima que cada votante empleará aproximadamente 14 minutos en completar su participación.

El arranque de las campañas está previsto para abril, cuando los candidatos comenzarán a exponer sus propuestas y trayectorias. La transparencia y el escrutinio ciudadano serán esenciales para garantizar la elección de perfiles idóneos que fortalezcan la justicia en la CDMX.

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este domingo la lista de más de 4 mil candidatos que participarán en la histórica elección judicial del 1 de junio. Esta elección, sin precedentes en México, permitirá a los ciudadanos elegir jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.

La publicación de la lista se retrasó dos días debido a inconsistencias en los datos entregados por el Senado. Finalmente, el INE difundió en su portal un documento de 97 páginas con los nombres de 4,224 aspirantes a distintos puestos judiciales.

Los candidatos están organizados por el cargo al que aspiran, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También se incluyen los aspirantes a magistrados de las Salas Regionales del TEPJF en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa.

Adicionalmente, la lista comprende a magistrados de circuito y jueces especializados en distintas áreas del derecho, como penal, laboral, civil y administrativo. La autoridad electoral ha programado una sesión para este lunes 17 con el fin de aprobar la lista definitiva, que se usará para la impresión de boletas electorales.

Para facilitar el acceso a la información de los aspirantes, el INE habilitará el micrositio “Conóceles”, donde los ciudadanos podrán consultar los datos de los candidatos según su distrito electoral.

La elección judicial del 1 de junio renovará alrededor de mil cargos, incluyendo 386 jueces y 464 magistraturas. Este proceso forma parte de la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024, que transformó la estructura del Poder Judicial en México. Entre los cambios más significativos destaca la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a nueve y la creación del TDJ, encargado de supervisar la conducta de jueces y magistrados.

Esta reforma ha generado amplio debate, ya que por primera vez en la historia del país, los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, lo que plantea nuevos retos para la impartición de justicia en México.