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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ejercerá un uso discrecional sobre datos biométricos. Así lo afirmó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien destacó que toda acción relacionada con bases de datos y procesos de investigación estará bajo la estricta conducción del Ministerio Público.

En conferencia de prensa, luego de un extenso encuentro con coordinadores parlamentarios, García Harfuch reiteró el respeto institucional a los procedimientos legales. La comparecencia, realizada a puerta cerrada y con duración de tres horas, fue escenario para acordar la instalación de mesas de trabajo incluyentes. Estas instancias contarán con la participación de todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar transparencia en la legislación relacionada con seguridad y tecnologías de vigilancia.

“No es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera”, aclaró, subrayando el carácter colaborativo del trabajo legislativo y la necesidad de mantener la tranquilidad entre las distintas bancadas.

En relación al proceso electoral del 1 de junio, el funcionario fue enfático al garantizar condiciones de seguridad en todo el país. En la jornada se renovarán autoridades judiciales y se celebrarán elecciones municipales en Durango y Veracruz. “Definitivamente habrá seguridad”, aseguró. Destacó que la estrategia incluye un despliegue importante de la Guardia Nacional, con 3,500 elementos en Veracruz y 2,500 en Durango, en coordinación estrecha con gobiernos estatales.

García Harfuch subrayó que este esfuerzo responde a una visión preventiva y coordinada, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La premisa es clara: no habrá espacio para provocaciones ni actos represivos. El compromiso, aseguró, es garantizar el bienestar de la ciudadanía, replicando la disciplina mostrada por la policía capitalina en fechas recientes.

El titular de la SSPC también abordó el reciente ataque armado en la alcaldía Benito Juárez, donde perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Aunque evitó especulaciones, fue tajante al rechazar vínculos con los atentados ocurridos en 2020 contra su persona y el perpetrado en 2022 contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que las investigaciones del caso avanzan con firmeza, profesionalismo y total compromiso. Reafirmó que no habrá impunidad, al igual que en otros hechos ocurridos en la capital: “No importa el tiempo que tarden, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados”.

La jornada electoral contará con respaldo institucional y vigilancia constante. En medio del contexto nacional, el mensaje es directo: la legalidad no se negocia y la ciudadanía contará con el respaldo total del Estado.

El cerco contra el crimen organizado se estrecha en Tabasco. Este viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de Edson Aldair Zavala Alcocer, alias “Zavala”, y Jorge Luis López Torres, dos figuras clave dentro del grupo delictivo “La Barredora”. La captura se llevó a cabo en el municipio de Cárdenas como parte de un operativo de seguimiento tras la reciente aprehensión de Francisco Javier Custodio Luna, alias “El Guasón”, líder de la organización criminal.

Las autoridades identificaron a Zavala Alcocer como el sucesor de “El Guasón”, mientras que López Torres fungía como su segundo al mando. Ambos eran responsables de coordinar actividades ilícitas que incluían extorsión a comerciantes, venta y distribución de drogas, así como la eliminación de integrantes de grupos rivales en la entidad.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que ambos sujetos “se les relaciona con hechos violentos en la entidad”. En particular, Zavala Alcocer era conocido por su alto nivel de violencia y su rol como encargado de plaza en la colonia INDECO y el Ejido José María Pino Suárez, en el municipio Centro. Su función dentro de “La Barredora” incluía la coordinación de sicarios, la identificación y neutralización de células antagónicas y la cooptación de autoridades para facilitar las actividades del grupo.

Por su parte, López Torres no solo participaba en la distribución de drogas en Tabasco, sino que también se encargaba de alertar a la organización sobre operativos de seguridad en las zonas donde operaban. Su colaboración fue clave para el funcionamiento del grupo delictivo.

Estas detenciones marcan un nuevo golpe contra “La Barredora”, que recientemente perdió a su líder. Custodio Luna, alias “El Guasón”, además de ser uno de los principales generadores de violencia en el estado, había sido identificado como un expolicía estatal de Tabasco. Durante su tiempo en las fuerzas de seguridad, cooptó a diversos elementos en activo y a integrantes de otros cuerpos policiales para expandir su control. También se le señala como el responsable de coordinar ataques contra otros grupos criminales, particularmente en su disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el objetivo de consolidar el dominio en la zona centro del estado.

Las recientes acciones de las autoridades buscan debilitar la estructura de “La Barredora” y frenar la ola de violencia que ha azotado la región. Con la captura de estos importantes operadores, el panorama del crimen organizado en Tabasco se reconfigura, mientras las fuerzas de seguridad continúan con los operativos para desmantelar por completo la organización.

Autoridades federales ejecutaron una orden de aprehensión en Guerrero contra Rey ‘N’, alias El Negro, ex policía municipal presuntamente implicado en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La detención se realizó por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El arresto de Flores Hernández, de 50 años, ocurrió en la colonia Plan de Iguala gracias a un operativo de vigilancia coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Investigaciones señalan que desde 2013, el detenido operaba como parte del grupo de reacción de Los Bélicos, una célula vinculada al trasiego de drogas para Guerreros Unidos, además de estar involucrado en la privación ilegal de personas de grupos rivales. En 2014, durante su periodo como policía municipal, brindó custodia a una camioneta de redilas de tres toneladas de color blanco, relacionada con la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la participación de más involucrados en este caso. Durante marzo, la FGR intensificó la búsqueda de Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o El Güereque, señalado como integrante de Guerreros Unidos y presuntamente implicado en la desaparición de los 43 estudiantes.

Declaraciones previas han señalado a La Rana en el levantamiento y secuestro de los normalistas. Testimonios como el de El Cepillo indican que varios integrantes del grupo criminal participaron en estos hechos, incluyendo a El Wereke, Dubalin, Wasa, Pajarraco, Kikis y Patricio Reyes Landa, alias Pato, bajo el liderazgo de Gildardo López Astudillo, El Gil.

El 28 de octubre de 2014, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, detalló que La Rana trasladó a cuatro personas en una camioneta estaquitas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Una de las víctimas ya había perdido la vida, con una herida en la cabeza y el cuerpo frío, lo que indicaba que llevaba horas sin vida.

Las investigaciones continúan en busca de justicia para los 43 normalistas desaparecidos, mientras las autoridades refuerzan sus operativos para dar con todos los responsables de este caso que ha marcado la historia de México.

José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con la agravante de haber sido servidor público. También enfrenta acusaciones por delitos contra la salud en su modalidad de comercio.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que junto a “El Lastra”, otra persona identificada como Abril “R” también fue vinculada a proceso por delitos contra la salud. Ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano y al Centro Federal de Readaptación Social número 16 Morelos, respectivamente, donde cumplirán con la medida de prisión preventiva oficiosa.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que José Gregorio fungía como el jefe del rancho Izaguirre, un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su función principal era el reclutamiento de personas para la organización criminal hasta principios de marzo de 2025.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Harfuch detalló que, según el testimonio del detenido, las personas privadas de la libertad en el rancho eran sometidas a entrenamiento criminal. Aquellos que se resistían o intentaban escapar eran golpeados y torturados.

José Gregorio Lastra Hermida fue identificado como colaborador de Gonzalo “N”, alias “El Sapo”, un líder regional del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Además, se le señala como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de dos estudiantes universitarios en junio del año pasado.

Desde mayo de 2024 hasta marzo de 2025, “El Lastra” lideró el reclutamiento para el CJNG, después de haber recibido órdenes directas de “El Sapo” en una reunión en Puerto Vallarta. Su grupo de colaboradores ofrecía empleos como guardias de seguridad con sueldos de entre 4 mil y 12 mil pesos semanales, una estrategia para atraer nuevos integrantes al cártel.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) continúa con la investigación para desmantelar la estructura criminal vinculada a “El Lastra” y sus operaciones en el rancho Izaguirre, reforzando la lucha contra la delincuencia organizada en el país.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) anunció la incautación de 33 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó ilegalmente al país. El operativo, realizado en la aduana de Pantaco, en la Ciudad de México, resultó en el decomiso de productos con un valor superior a los 300 millones de pesos. 

Entre los artículos asegurados se encuentran bocinas, patines eléctricos, moto-scooter, bicicletas, gatos hidráulicos, taladros, juguetes, ropa, mochilas y sillas ejecutivas. Según la ANAM, este es el decomiso más grande de mercancía ilegal proveniente de China en la historia del país.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su objetivo fue evitar la entrada de productos que no cumplen con los estándares y regulaciones nacionales, así como proteger a los consumidores mexicanos de posibles riesgos.

La aduana de Pantaco es una de las principales vías de acceso y salida de mercancías en México. Debido a su importancia estratégica, las autoridades han reforzado los controles para evitar el contrabando y la circulación de artículos que no cumplen con la normativa vigente.

Desde noviembre de 2024, el gobierno de México implementó un plan nacional contra el contrabando y la piratería en los 32 estados del país, incluyendo puertos y aeropuertos. Esta iniciativa surgió tras el operativo realizado en la Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que los operativos denominados “Limpieza” son una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. No solo buscan frenar la venta de productos ingresados ilegalmente, sino también sancionar a quienes facilitan su ingreso y distribución. Entre los objetivos de estas acciones se encuentran las agencias aduaneras, los transportistas y los arrendadores de locales donde se comercializan estos productos.

Este decomiso representa un paso importante en la lucha contra el contrabando en México. Las autoridades han reafirmado su compromiso con el cumplimiento de las leyes y la protección de la economía formal, asegurando que continuarán con los operativos para frenar el comercio ilegal en el país.

Este viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició la impresión de 602 millones de boletas para los comicios judiciales del 1 de junio. Las primeras boletas que se producirán corresponden a la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En los próximos días comenzará la impresión de las boletas para otros cargos judiciales, una vez que el INE finalice la verificación de candidaturas.

La impresión de las boletas se lleva a cabo en Talleres Gráficos de México (TGM), bajo estrictas medidas de seguridad proporcionadas por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En total, se imprimirán 602 millones 387 mil 442 boletas, utilizando materiales con medidas de seguridad similares a las del papel moneda para garantizar su autenticidad y confiabilidad en la jornada electoral.

El evento de inicio de impresión fue encabezado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la directora de TGM, Maribel Aguilera Cháirez, junto con consejeros electorales. Durante el acto, se destacó la relevancia de esta elección como un hito en la historia política de México, al tratarse de la primera vez que los ciudadanos elegirán directamente a los integrantes del Poder Judicial.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que el proceso electoral contará con las garantías de seguridad necesarias para la protección y el traslado de la documentación electoral. Además, subrayó la importancia de un Poder Judicial autónomo y confiable, enfatizando que el resguardo de los materiales contribuirá a la legitimidad de la elección.

Por su parte, Guadalupe Taddei calificó este proceso como un “parteaguas en la historia político-electoral de nuestro país”, señalando que podría influir en otras naciones que aún no han adoptado un modelo de elección similar para su sistema judicial. La reforma en curso busca fortalecer la credibilidad del Poder Judicial, promoviendo su independencia e integridad mediante un sistema de elección democrática.

Con la impresión en marcha y los protocolos de seguridad en funcionamiento, México se prepara para una jornada electoral sin precedentes, en la que la ciudadanía tendrá un papel fundamental en la transformación del sistema judicial del país.

Facundo Santillán Julián ha sido nombrado como el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Este cargo era anteriormente ocupado por José Agustín Ortiz Pinchetti. El nombramiento fue notificado al Senado, que solo tomará conocimiento del aviso sin necesidad de aprobación.

Con una trayectoria sólida en la administración pública, docencia y el sector privado, Santillán Julián cuenta con experiencia en diversas áreas de seguridad y justicia. Antes de asumir este nuevo reto, dirigió la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de ocupar la titularidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la misma institución en 2022.

Su trayectoria incluye el desempeño como asesor en la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México y como coordinador general de estrategias en esa misma institución en 2021. También ha trabajado en el ámbito estatal como subdirector de amparos en una secretaría de seguridad pública.

El anuncio de su designación se realiza en el contexto de la primera sesión ordinaria del Senado de la República, presidida por Gerardo Fernández Noroña. En esta jornada, además del nombramiento, se abordarán otros temas clave, incluyendo reformas y nuevos proyectos legislativos.

Las comisiones del Senado también iniciarán reuniones para trabajar en las iniciativas prioritarias de la Cámara Alta en los próximos días. Con este nombramiento, la FISEL continuará con su labor de garantizar el cumplimiento de la ley en procesos electorales, contribuyendo a la transparencia y legalidad en los comicios del país.