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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles un relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que Juan Ramón de la Fuente solicitara dejar el cargo para someterse a un proceso de rehabilitación. En su lugar, la mandataria federal designó a Roberto Velasco Álvarez, quien actualmente se desempeñaba como subsecretario para América del Norte.

El anuncio fue realizado por la propia presidenta a través de un video difundido en la red social X, donde explicó que propondrá al Senado la ratificación de Velasco Álvarez como titular de la Cancillería. En el mismo mensaje, Sheinbaum señaló que De la Fuente podría integrarse a otra área del gobierno una vez que su condición de salud mejore.

La salida de De la Fuente ocurre después de que, en noviembre pasado, solicitara licencia para someterse a una intervención quirúrgica. Durante ese periodo, Roberto Velasco quedó al frente de la dependencia, asumiendo temporalmente la conducción de la política exterior del país.

Durante su gestión, Juan Ramón de la Fuente enfrentó diversos desafíos diplomáticos, particularmente ante el gobierno de Donald Trump, con quien se abordaron temas relacionados con seguridad, comercio exterior y migración. Entre los asuntos que marcaron su administración destacaron las redadas realizadas por agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

El entonces canciller también respondió a críticas por los nombramientos políticos realizados en embajadas y consulados durante la administración de Sheinbaum. Ante los cuestionamientos por la designación de exgobernadores y figuras sin trayectoria diplomática, De la Fuente defendió la decisión de incorporar perfiles diversos como representantes del país en el exterior.

Como parte de su estrategia de comunicación, el funcionario impulsó conferencias periódicas enfocadas en la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, estos encuentros dejaron de realizarse tras la licencia solicitada en noviembre.

Entre los encuentros relevantes de su periodo, De la Fuente recibió en septiembre pasado a Marco Rubio, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a México. En esa reunión se abordaron temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico.

Antes de encabezar la Cancillería, De la Fuente se desempeñó como embajador ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, dejó ese cargo para integrarse al equipo de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Tras la victoria electoral, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores, posición que ahora deja después de un año y medio al frente de la dependencia.

En medio de la controversia generada por el derrame de hidrocarburo en el litoral de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle aseguró que existe una campaña coordinada para dañar la imagen del estado, señalando directamente a medios de comunicación por difundir lo que calificó como información difamatoria.

Durante un encuentro con reporteros, la mandataria reaccionó a las críticas surgidas desde hace casi un mes, cuando se reportó la presencia de hidrocarburo en la costa del Golfo de México. Visiblemente molesta, sostuvo que no responderá a provocaciones y rechazó las versiones que, según ella, han circulado en ese periodo. En ese contexto, acusó a la prensa de actuar en “nado sincronizado” y aseguró que existe una estrategia mediática para afectar la percepción pública del estado.

Nahle insistió en que las críticas forman parte de un “ataque sistemático” y afirmó que el objetivo no es su administración, sino el territorio veracruzano. Para reforzar su postura, reiteró una frase que ha utilizado en días recientes: “el ataque sistemático es contra Veracruz, no contra mí, pues yo qué, yo ya en esto yo ya me hice, mucho tiempo”.

La gobernadora también estableció una comparación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que las críticas hacia figuras públicas pueden prolongarse durante años. “a él le duraron 20 años y todavía, el presidente está allá en su casa descansando, y lo mencionan todos los días”, declaró.

Mientras defendía su postura, Nahle aseguró que la situación en las playas se mantiene bajo control y destacó labores de limpieza en las zonas afectadas. Según explicó, quienes cuestionan la respuesta gubernamental omiten las condiciones actuales del litoral. “en contraparte, ven a Veracruz, las playas están limpias, se están limpiando”, afirmó.

Asimismo, subrayó que, pese a la polémica, la actividad turística continúa en el estado, especialmente durante el periodo vacacional. En ese sentido, señaló que, a pesar de la “campaña contra Veracruz, principalmente en estas fechas de Semana Santa, el turismo continúa llegando al territorio veracruzano”.

La mandataria también invitó a visitantes a acudir a los destinos costeros y reiteró que las condiciones son favorables. “están limpias y otras más se están limpiando”, expresó al referirse a las playas.

Paralelamente, Nahle publicó un mensaje en su cuenta de Facebook donde aseguró: “una gran afluencia en nuestras playas durante este fin de semana, Veracruz está listo para recibirte en estas vacaciones de Semana Santa a los turistas”.La publicación generó reacciones inmediatas de usuarios en redes sociales, quienes respondieron con comentarios críticos, entre ellos el mensaje: “venga a bañarse”.

En respuesta al incremento sostenido en la demanda de energía en distintas regiones del país, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) delineó un nuevo paquete de infraestructura enfocado en fortalecer el sistema de transmisión eléctrica durante el periodo 2026-2027. La estrategia contempla el desarrollo de 58 proyectos que buscan ampliar y robustecer la red nacional mediante un esquema que incorpora participación del sector privado.

El programa presentado incluye la construcción y modernización de 138 líneas de transmisión, así como la instalación de 249 subestaciones. Estos proyectos estarán organizados en 49 paquetes que serán sometidos a procesos de concurso, bajo esquemas de financiamiento mixto como Fibra E y obra pública financiada.

Dentro del calendario inmediato, la empresa estatal informó que cinco proyectos ya se encuentran en fase de licitación, con una inversión que supera los mil 48 millones de pesos. A este bloque se sumarán, en los próximos meses, otros 14 desarrollos que en conjunto rebasan los 6 mil 700 millones de pesos.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, destacó que esta cartera forma parte del Plan de Expansión 2025-2030, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento del sistema eléctrico nacional. En ese contexto, subrayó la relevancia de la coordinación entre los distintos actores involucrados en la infraestructura energética. “La articulación entre quienes planean, financian, construyen y operan el sistema eléctrico es clave para garantizar su viabilidad”, señaló en un comunicado.

El anuncio también refleja un ajuste en la estrategia energética hacia 2030, al considerar una mayor integración de capital privado en el desarrollo de proyectos eléctricos. Este enfoque contrasta con la política aplicada en años recientes, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se priorizó el fortalecimiento de las empresas del Estado y se limitó la participación privada.

La puesta en marcha de este portafolio ocurre en un entorno donde la presión sobre la red de transmisión ha ido en aumento, derivado del crecimiento en el consumo eléctrico. Con esta iniciativa, la CFE busca ampliar la capacidad operativa del sistema y atender los retos asociados al suministro energético en el país.

Una iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar las reglas de la revocación de mandato para la persona titular del Ejecutivo federal. Entre los cambios propuestos se incluye permitir que el propio mandatario pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, además de abrir la posibilidad de que la consulta se realice en 2027 junto con otras elecciones.

La propuesta forma parte del llamado “plan B” de la reforma electoral que la mandataria envió al Congreso. En el proyecto se plantea modificar el artículo 35 de la Constitución para redefinir la forma en que se organiza y desarrolla este mecanismo de participación ciudadana.

El documento establece que la revocación de mandato podrá solicitarse una sola vez durante el periodo presidencial y únicamente dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o del tercer año del mandato. Bajo ese esquema, el proceso podría realizarse en 2026 o en 2027.

De concretarse en 2027, la consulta coincidiría con el proceso electoral federal en el que se elegirán diputaciones federales, además de cargos locales. También se empalmaría con la segunda etapa del proceso de elección de jueces y magistrados.

Uno de los cambios centrales de la iniciativa se refiere a la participación directa del titular del Ejecutivo durante el proceso. El proyecto propone que la persona sujeta a revocación pueda intervenir públicamente en la difusión del mecanismo y llamar al voto. El texto de la iniciativa señala: “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

En caso de aprobarse la reforma, la presidenta podría promover el voto durante eventos públicos o incluso en sus conferencias matutinas realizadas en Palacio Nacional. La propuesta implicaría modificar el esquema vigente que limita la promoción institucional en este tipo de procesos. Actualmente, el artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Además, el artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales, así como a los partidos políticos y sus candidatos.

El tema de la intervención del Ejecutivo en procesos de revocación ya había generado controversia en el pasado. Durante el ejercicio realizado en 2021, la participación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador provocó desacuerdos con el Instituto Nacional Electoral, que en ese momento emitió medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos relacionado con la promoción del proceso.

La iniciativa presentada por Sheinbaum busca establecer nuevas reglas constitucionales para la revocación de mandato y definir el momento en que podría realizarse durante el sexenio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que realizará una aportación económica personal a la asociación civil Humanidad con América Latina, iniciativa promovida por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador con el propósito de respaldar acciones de ayuda dirigidas a Cuba.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la jefa del Ejecutivo federal explicó que la organización está representada por el artista Carlos Pellicer López y la escritora Laura Esquivel. Aunque no ofreció detalles sobre el proceso específico mediante el cual se conformó la asociación, sostuvo que su creación siguió los mismos procedimientos administrativos que cualquier otra organización de este tipo.

En una primera respuesta a los cuestionamientos de la prensa, la mandataria señaló que el respaldo a este tipo de iniciativas forma parte de los principios que, dijo, caracterizan al movimiento político que representa. “—Nos corresponde— seguir apoyándolo porque ese es la esencia de lo que somos. Y al mismo tiempo como persona, pues ya veré si hacemos una aportación”, expresó inicialmente.

Posteriormente, ante nuevas preguntas sobre si contribuiría económicamente con la organización, confirmó que contempla realizar una donación de manera individual. “Sí, yo creo que sí, lo voy a hacer de manera personal”, reiteró.

Sheinbaum también aprovechó el espacio para referirse a las críticas que se han difundido tras el mensaje del exmandatario López Obrador en relación con esta iniciativa. La presidenta sostuvo que en torno al tema se han propagado afirmaciones que calificó como falsas. Según explicó, se han difundido “mentiras tremendas” respecto a la postura del país y al origen del proyecto.

En su intervención, la mandataria recordó la posición histórica de México respecto al embargo económico contra Cuba. Señaló que el país ha mantenido una postura crítica frente a ese tipo de medidas internacionales y subrayó que México ha defendido históricamente una política exterior basada en la solidaridad entre pueblos.

“México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte (…) el racismo, el clasismo, la mezquindad es lo que caracteriza a la oposición de derecha, y acá pues es el humanismo, la fraternidad”, declaró.

La asociación Humanidad con América Latina fue presentada como un mecanismo para canalizar apoyo hacia Cuba, país con el que México ha mantenido relaciones diplomáticas continuas durante décadas. En ese contexto, la presidenta reiteró que la solidaridad con otras naciones forma parte de la identidad histórica del país. 

“México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca”, afirmó.

Con la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque formal de una obra que dotará a la entidad de 560 camas y ampliará la capacidad de atención médica en la región.

El complejo hospitalario contará con 2 mil 63 trabajadores dedicados a áreas como urgencias, cuidados intensivos, atención neonatal, servicios para adultos y pediatría. Incluirá mastógrafos, tomógrafos, resonancia magnética, rayos X y ultrasonido, además de nueve quirófanos y 49 especialidades médicas. La construcción responde a una demanda planteada desde hace cinco años y busca reducir la saturación en los servicios de salud.

Durante el acto, la mandataria señaló que hasta 1983 se habían construido 37 mil camas hospitalarias en el país; entre ese año y 2018 se sumaron solo 4 mil, pese al incremento en el número de derechohabientes, lo que derivó en presión operativa para el instituto. Indicó que su administración impulsará el fortalecimiento del IMSS “no privatizando, sino rescatándolo”, y detalló que entre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el suyo se proyecta la construcción de 12 mil camas en un periodo de 12 años.

En el mismo evento, Sheinbaum supervisó los avances del tren México–Saltillo, proyecto ferroviario iniciado en octubre de 2025 y previsto para concluir antes de 2030. La ruta conectará Ciudad de México con Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Nuevo Laredo, integrando además a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila dentro del corredor.

La presidenta informó que el tramo Ciudad de México–Querétaro presenta buen avance; posteriormente se licitará la fase Querétaro–San Luis Potosí; después continuará hacia Saltillo, mientras que el segmento Saltillo–Nuevo Laredo ya se trabaja, con una parte pendiente por licitar este año. El proyecto contempla un tren de alta velocidad que cubriría el trayecto completo en aproximadamente cuatro horas.

Sheinbaum destacó que la reactivación del servicio de pasajeros busca fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo regional. “El tren no solo es un medio de transporte muy bueno, sino que además permite el desarrollo de muchas localidades que antes vivían del tren (…) ahora vamos recuperar todas esas estaciones del tren y eso va a ayudar a todo el desarrollo del todo el país”, afirmó. Con el hospital en marcha y el avance ferroviario en proceso, Coahuila se integra a dos proyectos estratégicos federales enfocados en infraestructura de salud y movilidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo y confirmó que la exdirigente magisterial deberá pagar 19 millones 200 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La resolución respalda los créditos determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al establecer que Gordillo no comprobó las transacciones que originaron la deuda fiscal. En su defensa, la exlideresa argumentó que los movimientos financieros estaban vinculados con sus funciones como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que ocupaba durante los años observados. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que no acreditó debidamente dichas operaciones.

El litigio se remonta a 2021, cuando Gordillo Morales fue notificada por la autoridad hacendaria sobre presuntos adeudos fiscales. A partir de esa notificación, promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), bajo el argumento de que la determinación del SAT era ilegal y que existía un procedimiento específico para aclarar una posible discrepancia fiscal.

En julio de 2024, la Sala Superior del TFJA confirmó la validez de los cobros exigidos por la autoridad tributaria, al considerar que los créditos fiscales estaban debidamente fundados. Tras ese revés, la exdirigente sindical acudió a la Suprema Corte en busca de amparo, recurso que finalmente fue desechado.

El proyecto para rechazar la solicitud fue elaborado por la ministra Lenia Batres. El asunto fue admitido antes de la renovación del Poder Judicial, lo que permitió que el expediente siguiera su curso hasta la resolución definitiva.

Durante 2008 y 2009, periodo al que corresponden los adeudos, Gordillo encabezaba el SNTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina. Años después, en 2013, enfrentó un proceso penal por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2018 fue absuelta, hacia el cierre de esa administración y meses antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Con la decisión de la SCJN, queda firme la obligación fiscal por más de 19 millones de pesos determinada por el SAT, derivada de operaciones no comprobadas en los ejercicios fiscales señalados.

El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, arribó a Ciudad Juárez en medio de abucheos, luego de ser oficialmente despedido de su cargo y abandonar su oficina en la Ciudad de México tras casi 100 horas atrincherado.

A su llegada al aeropuerto de la ciudad fronteriza, decenas de personas lo recibieron con pancartas y consignas como “los libros no son tuyos”. Sin detenerse a ofrecer declaraciones a los medios, el exfuncionario abordó un vehículo negro y se retiró del lugar.

Horas antes, desde la capital del país, Arriaga había informado que regresaba a Chihuahua para reincorporarse a su plaza como docente y retomar actividades frente a grupo. No ofreció mayores detalles sobre su salida de la SEP en ese momento.

El martes recibió la notificación oficial de su despido, lo que puso fin a los cuatro días en que permaneció dentro de su oficina. Tras dialogar brevemente con reporteros al salir, se dirigió a la puerta principal llevando consigo un cuadro de Karl Marx, figura emblemática del pensamiento socialista y del movimiento obrero internacional.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la destitución represente una ruptura con el movimiento político fundado por Andrés Manuel López Obrador. “Nadie está traicionando el movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando, esa no es la discusión, sino más bien, pues hay que continuar, hay que seguir avanzando”, afirmó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que se ofreció a Arriaga integrarse a otra área, incluida la posibilidad de representar a México en un país latinoamericano. Según explicó, la propuesta fue rechazada.

Más tarde, el propio Arriaga confirmó en una transmisión en redes sociales que se le planteó ocupar la embajada de Costa Rica, oferta que declinó. “Me ofreció una embajada para que dejara este puesto y permitiera que se cambiara; y sí, es verdad, la ofreció y no la quise tomar, porque no iba a traicionar a la base magisterial”, expresó durante el mensaje que inició como protesta.

Con su salida formalizada y su regreso a labores docentes anunciado, el episodio cierra un capítulo marcado por el atrincheramiento en oficinas federales, el rechazo a un cargo diplomático y una recepción dividida en su estado de origen.

Marx Arriaga afirmó que su salida de la Dirección General de Materiales Educativos se originó por negarse a modificar los libros de texto gratuitos vinculados a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), proyecto educativo impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, sostuvo que recibió instrucciones para realizar cambios de fondo que, a su juicio, resultan incompatibles con la orientación pedagógica de ese modelo.

El funcionario explicó que las solicitudes comenzaron con ajustes al libro del maestro y posteriormente se extendieron a los materiales de Educación Primaria y Preescolar. Según detalló, le presentaron una tabla con los proyectos que debían modificarse, lo que en los hechos implicaba elaborar nuevos libros. “Prácticamente es hagan unos nuevos libros de texto”, señaló.

Entre los contenidos que se pidió retirar mencionó referencias a las violencias que ha enfrentado el magisterio, los mecanismos de organización docente y una visión histórica construida desde los territorios. También aseguró que se buscaba privilegiar un enfoque “instrumental” con una didáctica simplificada. “Que no se hablara ni de las violencias que ha sufrido el magisterio ni del mecanismo que ha utilizado para organizarse”, expresó.

Desde su oficina en un edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicado sobre Avenida Universidad en la colonia Xoco, Arriaga indicó que la presión se intensificó en semanas recientes mediante oficios y estrategias legales que calificó como intimidatorias. Afirmó que la normativa fue utilizada como “cachiporra” para forzar la decisión.

El exfuncionario vinculó las exigencias con la intención de elaborar un nuevo plan de estudios alejado de la NEM. En respuesta, dijo haber impulsado la creación de comités para defender el modelo educativo. Subrayó que los 107 libros del plan de estudios 2022 ya fueron publicados y recordó que su elaboración contó con la participación de docentes del país.

Arriaga aseguró que no ha recibido notificación formal de despido y que, por lo tanto, no entregará la oficina, pese a que este viernes fue escoltado por cinco policías que le solicitaron retirarse. Señaló que no atribuye la decisión a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo desconocer si fue avalada por el secretario de Educación, Mario Delgado, al tiempo que apuntó a la Subsecretaría de Educación Básica.

En su posicionamiento, defendió que los materiales incluyan temas como abusos del Estado contra el magisterio y episodios de la llamada guerra sucia. Añadió que, de no continuar en el cargo, regresará a la docencia y a la organización gremial, y reiteró que permanecerá en el espacio mientras no exista un oficio oficial que determine su separación.

El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.