En una manifestación sin precedentes, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación salieron a las calles este Día del Abogado para protestar enérgicamente contra la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La manifestación fue organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) y se llevó a cabo frente al edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 

La jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Jufed, tomó la palabra para defender la integridad de los jueces y sus colaboradores. “Es absolutamente falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos, no lo somos”, afirmó con determinación, rechazando tajantemente los señalamientos de corrupción y favoritismo hacia las élites.

Fuentes Velázquez advirtió sobre los peligros de una reforma judicial apresurada, sugiriendo que podría poner en riesgo la democracia y la estabilidad de la República. “Una reforma apresurada pone en riesgo la democracia y podría poner de rodillas a la República”, alertó, subrayando la necesidad de un análisis profundo y cuidadoso antes de implementar cualquier cambio significativo en el sistema judicial.

El magistrado Mauricio Barajas también se pronunció durante la manifestación, criticando la falta de análisis adecuado en la iniciativa presentada. Según Barajas, la propuesta actual socava la independencia judicial, un pilar fundamental para el funcionamiento democrático del país. “La iniciativa presentada no cuenta con un análisis adecuado del problema, por lo que viola la independencia judicial”, explicó, haciendo un llamado a un diálogo abierto y constructivo para desarrollar una nueva propuesta de reforma.

Los miembros de la Jufed expresaron su disposición a colaborar en un proceso de reforma que sea inclusivo y que considere las opiniones y experiencias de quienes trabajan dentro del sistema judicial. La manifestación buscó no solo defender la honorabilidad de los jueces y magistrados, sino también enfatizar la importancia de preservar la independencia judicial como garantía de justicia imparcial y efectiva.

La protesta reunió a un significativo número de jueces y magistrados, quienes, portando pancartas y expresando consignas, manifestaron su preocupación por las implicaciones que la reforma podría tener en el ejercicio de sus funciones. La movilización resaltó la unidad del gremio judicial en la defensa de sus derechos y de los principios democráticos.

El llamado de los jueces y magistrados es claro: una reforma judicial debe ser el resultado de un proceso de diálogo y consenso, que respete la independencia de los poderes y que fortalezca, en lugar de debilitar, las instituciones democráticas. En este contexto, la voz de la judicatura se alza no solo en defensa de sus miembros, sino en defensa de un sistema judicial que garantice justicia para todos los ciudadanos.

La manifestación de la Jufed en el Día del Abogado marca un hito en la historia reciente del Poder Judicial de la Federación, destacando la importancia de la independencia judicial y la necesidad de reformas basadas en un análisis riguroso y en el consenso. La protesta no solo es una defensa de la integridad de los jueces, sino una defensa de la democracia misma.

La reciente auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha arrojado luz sobre una serie de irregularidades en la construcción de 120 departamentos militares en Santa Fe, Ciudad de México, llevada a cabo por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Según el informe de la Cuenta Pública 2023, la obra se realizó sin los permisos ambientales ni las aprobaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), lo que ha generado un debate significativo en torno a la legalidad y el impacto de estas construcciones. 

La ASF detalló que, al revisar el proyecto, el Instituto no presentó la acreditación de la propiedad del terreno, el comprobante de pago del predial, ni los dictámenes de impacto urbano requeridos. Tampoco se entregaron los documentos de factibilidad de servicios hidráulicos, determinación de límites de zonificación, modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano, ni el certificado de uso de suelo, todos esenciales para asegurar la viabilidad y el cumplimiento normativo del proyecto.

En mayo de 2024, la ASF notificó estas omisiones al Instituto, que respondió entregando documentos que demostraban que estaban en proceso de obtener los permisos del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la ASF decidió mantener la observación debido a la falta de documentación concreta que acreditara las factibilidades legales y ambientales necesarias para la construcción.

La construcción de la nueva unidad habitacional militar comenzó en 2022 y se extiende por 15 mil metros cuadrados, incluyendo seis edificios de cinco niveles cada uno, con un total de 120 departamentos. Cada vivienda está diseñada para albergar a cuatro personas, con sala comedor, cocina, tres recámaras, dos baños y un cuarto de servicio, ofreciendo capacidad para 480 habitantes en total.

Este proyecto no está exento de un pasado controversial. En 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se planificó un desarrollo inmobiliario de lujo en el mismo sitio, lo que desató protestas por las posibles afectaciones al entorno local y al cercano bosque de Chapultepec. Tras asumir el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó brevemente la idea con fines recaudatorios para la Guardia Nacional, pero ante las críticas, canceló ese plan y anunció la construcción de viviendas exclusivamente para militares.

El descubrimiento de irregularidades en la construcción no es un caso aislado. Las auditorías de la Cuenta Pública 2022 ya habían encontrado excesos de pagos por más de 5 millones de pesos en el mismo proyecto. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una mayor vigilancia y cumplimiento de las normativas vigentes para evitar daños ambientales y urbanísticos.

La construcción en Santa Fe ha reavivado la discusión sobre la gestión de proyectos por parte de las Fuerzas Armadas y el impacto que estas edificaciones pueden tener en el entorno urbano y ambiental de una de las zonas más importantes de la Ciudad de México.

El futuro de la unidad habitacional en Santa Fe sigue siendo incierto, mientras las autoridades deben decidir cómo abordar las irregularidades detectadas y asegurar que los proyectos futuros cumplan con todos los requisitos necesarios para su aprobación y desarrollo. 

En un acto de protesta que refleja el descontento creciente entre los transportistas, la mañana de este viernes se registraron bloqueos significativos en la caseta Amozoc-Puebla y en la carretera Xul-Ha-Chetumal en Quintana Roo. Los manifestantes, en su mayoría transportistas involucrados en el traslado de materiales para el emblemático proyecto del Tren Maya, exigen el pago de adeudos acumulados. 

En la caseta Amozoc-Puebla, los transportistas colocaron camiones y vallas metálicas, impidiendo el tránsito vehicular. La protesta no solo interrumpió el flujo habitual de vehículos, sino que también incluyó la colocación de carteles dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, instando a que se resuelvan los pagos pendientes por el transporte de materiales esenciales para la construcción del Tren Maya.

Mary Flores, vocera de la organización Transportistas Unidos, expresó con firmeza: “Nosotros somos familias, todos estos transportistas que están aquí, tienen familia y, ¿dónde está el beneficio? Nosotros suministramos el balasto para el Tren Maya, un balasto que pagamos con nuestros propios recursos, nosotros como transportistas también hacemos el acarreo y los gastos corren por nuestra cuenta”. Estas palabras reflejan la desesperación y el impacto económico que enfrentan los transportistas.

En Quintana Roo, el bloqueo parcial de la carretera Xul-Ha-Chetumal también captó la atención de la opinión pública. Utilizando un camión de carga para obstruir parte de la vía, los manifestantes colocaron carteles denunciando la corrupción y exigiendo los pagos adeudados, señalando directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La elección de las ubicaciones estratégicas para estos bloqueos subraya la seriedad de las demandas y la frustración de los involucrados.

La protesta en Puebla llevó a un cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista Puebla-Córdoba, según reportó la Guardia Nacional a través de la red social X, alrededor de las 11:00 de la mañana. La situación dejó a numerosos vehículos, incluyendo camiones y autobuses, varados en la carretera, provocando una interrupción significativa en la movilidad y afectando tanto a transportistas como a ciudadanos comunes.

La vocera Mary Flores destacó que aproximadamente 500 transportistas han sido afectados por la falta de pagos. La organización a la que representa, Transportistas Unidos, ha dejado claro que los manifestantes permanecerán en sus posiciones hasta que se abra un diálogo con las autoridades federales. Este llamado busca no solo resolver los adeudos, sino también establecer un canal de comunicación permanente que evite futuros conflictos.

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno actual, ha sido el foco de diversas controversias, desde preocupaciones ambientales hasta problemas con las comunidades locales. Sin embargo, el actual conflicto con los transportistas agrega una nueva capa de complejidad a su ejecución, resaltando la necesidad de una gestión más efectiva y transparente en los pagos y contratos asociados al proyecto.

Los bloqueos en Puebla y Quintana Roo son un reflejo del descontento palpable entre los transportistas que han cumplido con sus obligaciones, pero se enfrentan a una incertidumbre económica debido a la falta de pagos. Este acto de protesta, que ha captado la atención a nivel nacional, demanda una respuesta rápida y eficaz por parte del gobierno para garantizar que los trabajadores sean compensados adecuadamente y que el proyecto del Tren Maya pueda avanzar sin más contratiempos. 

La tarde del lunes, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda para la reconocida activista Ceci Flores, quien fue vista por última vez en el estado de Querétaro. Su última comunicación con sus familiares tuvo lugar la noche anterior, lo que ha desatado una urgente campaña de búsqueda. 

Ceci Flores, una incansable madre buscadora y defensora de derechos humanos, residía en un refugio proporcionado por las autoridades en Querétaro. La ficha de búsqueda, distribuida ampliamente en redes sociales, detalla que la activista estaba bajo protección debido a su labor peligrosa en la búsqueda de personas desaparecidas, principalmente en el estado de Sonora, de donde es originaria.

Las comisiones de búsqueda de Querétaro y Sonora están colaborando estrechamente para localizar a Ceci Flores. El reporte de su desaparición fue presentado oficialmente a las 11:20 de la mañana del lunes, y las autoridades han estado en constante comunicación con su familia y con el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos.

Milagros Flores, hija de Ceci, ha utilizado las redes sociales para lanzar un emotivo llamado a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, solicitando su intervención para encontrar a su madre. En su mensaje, Milagros pidió a Sheinbaum que se ponga en su lugar: “Ayúdenos a hacer la localización de mi mamá más fácil”.

Asimismo, Milagros dirigió un apasionado reclamo al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando su ayuda y humanidad en esta crisis: “Sea un poco más humano por una vez con nosotras y ayude”, expresó con voz quebrantada.

El video de Milagros también va dirigido a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En él, Milagros autoriza la entrada al domicilio de su madre para verificar si ella se encuentra allí, demostrando la desesperación y el desespero de la familia por encontrarla.

La desaparición de Ceci Flores ha causado conmoción en la comunidad de defensores de derechos humanos y activistas en México. Ceci es conocida por su ardua labor en la búsqueda de desaparecidos, una tarea que la ha puesto en constante peligro. Su trabajo ha sido una luz de esperanza para muchas familias que buscan a sus seres queridos.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda han expresado su apoyo y solidaridad con la familia Flores. La situación subraya la continua vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en México, quienes a menudo enfrentan amenazas y violencia debido a su labor.

La desaparición de Ceci Flores no es un caso aislado. México enfrenta una crisis de desaparecidos, con más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas en las últimas décadas. Los activistas y defensores de derechos humanos juegan un papel crucial en abordar esta crisis, pero también se convierten en blanco de ataques y desapariciones.

La pronta localización de Ceci Flores es de suma importancia, no solo para su familia, sino también para la comunidad de defensores de derechos humanos en México. La intervención de altos funcionarios como AMLO y Sheinbaum podría ser decisiva en estos esfuerzos.

La familia Flores, junto con la comunidad de derechos humanos, espera que este caso movilice a las autoridades y genere un compromiso renovado para proteger a aquellos que arriesgan sus vidas buscando justicia y verdad en México.

En medio de un clima de incertidumbre y tensión, dirigentes y consejeros nacionales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se reunieron en su sede nacional en la avenida Benjamín Franklin, Ciudad de México, para discutir el futuro del partido ante la posible pérdida de su registro electoral. Esta situación ha generado una serie de reacciones y propuestas, incluida la creación de una nueva fuerza política. 

La sede nacional del PRD ha sido testigo de un incesante ir y venir de militantes, presidentes municipales, consejeros y diputados electos. La actividad en las oficinas ha sido frenética, con trabajadores de mudanzas empacando objetos, en un claro indicio de los cambios inminentes. A pesar de la recomendación oficial de no dar declaraciones, la situación ha obligado a algunos miembros del partido a expresar sus opiniones.

Eloí Vázquez López, fundador y vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, subrayó la continuidad histórica del partido. “El PRD sigue existiendo, no es algo que desaparezca mágicamente por la existencia de un porcentaje mayor o menor. Es una fuerza política centenaria que existe desde 1919 y la mayor parte de su existencia no tuvo registro electoral”, declaró Vázquez López, enfatizando la importancia histórica y la resiliencia del partido.

El partido está a la espera del recuento de votos que realizará la autoridad electoral a finales de agosto, con la esperanza de alcanzar el 3% necesario para mantener su registro. Vázquez López expresó su descontento con el linchamiento mediático que, según él, ha sido impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “No es mi voluntad que haya un ambiente de linchamiento como lo ha estado impulsando la presidencia de la República”, afirmó, pidiendo respeto para el partido al que, según él, el presidente debe buena parte de su carrera política.

Verónica Juárez, otra de las dirigentes del PRD, anunció que ya se están tomando medidas para la creación de una nueva fuerza política. “Ya se trabaja en la creación de una nueva fuerza política y responder a los 16 estados donde aún no se pierde el registro y transformarlo en otra cosa porque el sistema de partidos se ha agotado”, explicó Juárez.

La dirigente detalló que, con o sin registro, el PRD está comprometido a lanzar una convocatoria para conformar una nueva fuerza que represente tanto a sus votantes como a los ciudadanos que buscan defender los derechos humanos y combatir el autoritarismo. “Esta posibilidad con registro o sin registro tenemos que lanzar una convocatoria para conformar una nueva fuerza que represente a esos que votaron por nosotros”, añadió.

A medida que los dirigentes abandonaban la sede nacional alrededor de las 4:00 de la tarde, la atmósfera era de reflexión y planificación. Jesús Zambrano, el dirigente nacional, evitó hablar con la prensa, mientras que Verónica Juárez proporcionó algunos detalles sobre las acciones a seguir.

Los perredistas confían en que en los próximos días se llevará a cabo una reunión del consejo nacional para discutir los próximos pasos. Mientras tanto, el edificio que ha sido el hogar del PRD se mantiene bajo su posesión, un símbolo de resistencia y de la lucha continua por la relevancia política.

La posible creación de una nueva fuerza política refleja un intento por adaptarse y seguir siendo una voz importante en la política mexicana. Los próximos meses serán decisivos para determinar si este esfuerzo logrará revitalizar al partido o si marcará el inicio de una nueva era política en México.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció hoy el fin del paro indefinido que mantenía desde el 15 de mayo en la sección 9 de la Ciudad de México. Pese a este avance, el plantón en el Zócalo capitalino continuará, según informaron los líderes de la sección en una conferencia de prensa. La decisión llega tras la aceleración del diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, destacó los logros alcanzados y la disposición del gobierno federal para el diálogo, aunque subrayó que aún quedan pendientes importantes. “Logramos soluciones parciales en las demandas económicas, laborales, asistenciales y de justicia, las cuales consideramos insuficientes e ilimitadas. Sin embargo, los logros más importantes son la reactivación de la CNTE y la movilización unitaria en las calles”, afirmó Hernández.

Hernández explicó que aunque se han obtenido avances, estos no son suficientes para satisfacer todas las demandas del magisterio. “Declaramos el receso del paro indefinido en la sección 9 democrática para iniciar otra etapa, siendo necesario la cohesión, aglutinamiento y organización de los trabajadores de la Educación de la Ciudad de México, el acompañamiento y organización de las madres y padres de familia de nuestras comunidades escolares, con las organizaciones sociales”, expresó.

La CNTE ha sido una voz crítica en la lucha por mejoras laborales y educativas desde su fundación en diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde entonces, ha buscado contrarrestar la ‘alianza’ entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno, exigiendo democracia sindical, basificación y rezonificación.

Gonzalo Martínez, otro integrante de la sección 9, admitió que el plantón comenzará a reducirse gradualmente, dado que los maestros deben enfocarse en el cierre del ciclo escolar 2023-2024. “Uno de los elementos importantes es que se acerca el fin del ciclo escolar, se tiene que evaluar a los muchachos, se tienen que entregar calificaciones, etcétera. Esa es parte también un elemento importante del por qué hoy estamos planteando el levantamiento del paro”, comentó Martínez.

El futuro del plantón se definirá en una asamblea nacional que la CNTE realizará el próximo martes 11 de junio. Ese mismo día, una delegación de la CNTE se reunirá con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para continuar las negociaciones.

La CNTE es una facción disidente dentro del SNTE, el sindicato más grande de maestros en México. Su historia de lucha comenzó en 1979, cuando maestros de todo el país se unieron para demandar un sindicalismo democrático y mayores beneficios laborales. A lo largo de los años, la CNTE ha sido protagonista de múltiples movilizaciones y paros en su esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y la calidad de la educación pública en México.

El paro más reciente de la sección 9 en la Ciudad de México refleja la persistencia de problemas estructurales en el sector educativo, así como la capacidad de organización y movilización de la CNTE. La decisión de suspender el paro, aunque temporal, muestra un avance en las negociaciones con el gobierno federal y la disposición para continuar el diálogo.