Este domingo, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dio a conocer una contrapropuesta de reforma judicial que ha comenzado a ser discutida en el Senado de la República. Uno de los puntos más destacados de esta iniciativa es la propuesta de elegir a los jueces mediante voto popular.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Piña detalló la publicación de dos propuestas relacionadas con la justicia: una representa la visión del Poder Judicial, mientras que la otra recoge las opiniones de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia. Esta iniciativa surge tras un extenso diálogo con diversos actores del sistema de justicia, tanto a nivel federal como local.

Entre los principales puntos de la propuesta se incluyen la promoción de la desmilitarización y el fortalecimiento de las autoridades en tareas de seguridad, así como el impulso de la justicia penal y los derechos humanos. Además, se destaca la creación de la Ley General de Defensorías Públicas y el acceso equitativo a la justicia para enfrentar la desigualdad.

La ministra señaló que la iniciativa es fruto de un proceso de reflexión y autocrítica por parte de jueces y magistrados federales, así como del personal de los órganos jurisdiccionales y de 11 sistemas de justicia locales. El propósito, indicó, es contribuir al debate de la reforma judicial desde la experiencia de quienes imparten justicia.

Durante su mensaje, Piña hizo un llamado a los legisladores y autoridades para que se escuchen mutuamente y atiendan las demandas de las víctimas de la violencia y de los defensores de derechos humanos. También instó a prestar atención a los reclamos de estudiantes y jóvenes que buscan un futuro pacífico y justo.

Finalmente, subrayó que la demolición del Poder Judicial no es la solución, sino que se deben tomar acciones valientes y decididas para lograr los cambios profundos que México necesita en términos de justicia, paz y reparación.

Esta contrapropuesta de la ministra Piña llega en un contexto de alta tensión, con el Senado mexicano en pleno debate de una polémica reforma judicial, en medio de protestas de trabajadores judiciales, estudiantes y miembros de la oposición. La reforma ha generado manifestaciones en México, incluyendo un paro en la SCJN y advertencias de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, y de entidades económicas que alertan sobre los posibles riesgos a la inversión privada y los tratados comerciales.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, ha presentado una propuesta que plantea modificar la distribución de diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados,

El objetivo es reducir la mayoría calificada que actualmente sostiene el bloque de la Cuarta Transformación (4T), esto implicaría una disminución en la representación de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso.

Según el nuevo esquema propuesto, Morena y sus aliados tendrían 317 legisladores, en lugar de los 364 que les corresponderían de acuerdo con el proyecto aprobado el 21 de agosto por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en este escenario, Morena contaría con 214 diputaciones, el PVEM con 65 y el PT con 38, lo que dejaría al bloque de la 4T sin la mayoría calificada.

En este contexto, la mayoría de morena y sus aliados sería necesaria para aprobar reformas constitucionales como la reforma al Poder Judicial que propone la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.

En contraste, la oposición vería incrementada su representación a 181 diputados, superando los 135 que se les había asignado inicialmente, la propuesta de Zavala busca equilibrar la representación en la Cámara para promover una mayor equidad en la toma de decisiones.

Cabe mencionar que esta propuesta solo afecta la distribución en la Cámara de Diputados, en cuanto al Senado, la composición permanece igual, dejando a Morena con 60 senadores, al PVEM con 14, al PT con 9, al PAN con 22, al PRI con 16, a Movimiento Ciudadano con 5 y al PRD con 2.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa que busca una profunda transformación en el Poder Judicial de la Federación. En este sentido, se propone la destitución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los jueces y magistrados de circuito.

La reforma plantea un cambio significativo en la forma en que se eligen estos cargos. Según la propuesta, se llevarán a cabo elecciones directas el 8 de junio de 2025, para que los nuevos funcionarios asuman sus cargos en septiembre del próximo año, mientras que los actuales deberán dejar sus puestos.

En cuanto a la duración en el cargo de los ministros de la Suprema Corte, se establece un período variable entre ocho y 14 años, dependiendo del respaldo obtenido en la votación correspondiente. Además, se contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo en su lugar la creación de un Tribunal de Disciplina y otro órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial.

Para la selección de los candidatos a ministros de la Corte, la iniciativa sugiere que la Presidencia de la República, la Suprema Corte y el Congreso propongan a diez aspirantes cada uno, siendo estos sometidos posteriormente a votación popular.

Asimismo, la iniciativa busca blindar las leyes aprobadas mediante el establecimiento del principio de “presunción de legitimidad y constitucionalidad”, con el objetivo de evitar su anulación por parte de la Suprema Corte.

Otros aspectos destacados de la propuesta incluyen la reducción de la integración de la Corte de 11 a nueve ministros y la eliminación de las dos salas de resolución, centralizando todos los asuntos en el Pleno.

Por último, se plantea una limitación en las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial, estableciendo que aquellos en funciones al momento de la entrada en vigor de la reforma no podrán percibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Además, se elimina el derecho a una pensión vitalicia para los ministros, magistrados y jueces destituidos.