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El proceso para la posible creación de nuevos partidos políticos en México entró en una etapa decisiva luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara que cinco organizaciones ciudadanas presentaron formalmente su solicitud de registro, cuyo resultado será determinado en junio de 2026.

Durante una sesión del Consejo General, el organismo electoral conoció el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva sobre las organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos nacionales dentro del proceso 2025–2026. A partir de esta revisión, se confirmó que las solicitudes formales fueron entregadas en febrero de este año, lo que activó el procedimiento de evaluación correspondiente.

Las agrupaciones que buscan obtener el registro son Interacción y Empatía para Todos, A.C., que pretende conformar el Partido Interacción Empática; Construyendo Sociedades de Paz, A.C., que impulsa el Partido Paz y es encabezada por el diputado de Morena Hugo Éric Flores; así como Personas Sumando en 2025, A.C., conocida como Somos México, vinculada a la llamada “marea rosa” y presidida por Guadalupe Acosta Naranjo.

También participan la Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia, organización que en 2021 recabó firmas para la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y México Tiene Vida, A.C., que igualmente busca constituirse como fuerza política nacional.

El informe del INE detalló que, en una etapa previa, se recibieron 91 notificaciones de intención. De ese total, dos fueron presentadas fuera de plazo. Posteriormente, de las 89 restantes, 82 se consideraron procedentes y siete no cumplieron con los requisitos. Sin embargo, el proceso continuó con 31 desistimientos, lo que redujo el número final a las cinco organizaciones que formalizaron su solicitud en febrero de 2026.

“El INE, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en la legislación electoral, así como de formular el proyecto de dictamen correspondiente para su resolución por parte del Consejo General”, indicó el instituto.

Entre los requisitos establecidos para obtener el registro se encuentra acreditar documentos básicos, reunir un mínimo de afiliación equivalente al 0.26% del padrón electoral federal —256 mil 30 personas para este proceso— y demostrar la realización de asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales.

Con la sesión celebrada este martes, comenzó el plazo de 60 días hábiles para analizar las solicitudes, periodo que se extenderá del 31 de marzo al 25 de junio de 2026. En caso de que alguna organización cumpla con todos los requisitos, su registro como partido político nacional entrará en vigor a partir del 1 de julio de ese mismo año.

“El INE garantiza que el proceso de constitución de nuevos partidos políticos se realice con estricto apego a la ley, fortaleciendo la vida democrática del país mediante reglas claras, procedimientos verificables y decisiones fundadas en criterios técnicos y objetivos”, mencionó el órgano electoral nacional.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la comisión presidencial para la reforma electoral un amplio paquete de propuestas técnicas que serán consideradas en la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión. El documento fue entregado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y contiene un total de 316 planteamientos, de los cuales 241 cuentan con consenso del Consejo General y 75 fueron formulados a título personal por distintos consejeros.

La reunión se llevó a cabo con la asistencia de nueve de los once integrantes del Consejo General del INE, encabezados por Taddei Zavala. No acudieron las consejeras Dania Ravel ni Claudia Zavala. El texto presentado lleva por nombre “Propuesta de mejora en materia electoral” y busca incidir en diversos aspectos operativos, normativos y estructurales del sistema electoral mexicano.

Las consejeras y consejeros Carla Humphrey y Arturo Castillo señalaron que hubiera sido deseable un proceso de discusión interna más amplio antes de la entrega final del documento. Humphrey explicó que, aunque se formularon 316 propuestas, únicamente 241 lograron consenso, mientras que el resto refleja posiciones individuales. Subrayó que cada consejería incorporó los temas que consideró prioritarios.

Entre los planteamientos destacados se encuentra la propuesta de garantizar al INE un presupuesto anual vinculado al Producto Interno Bruto (PIB), como respuesta a los cuatro recortes presupuestales aplicados por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Esta idea fue rechazada de inmediato por Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, quien la calificó como inviable al considerar que una disminución del PIB podría traducirse en una reducción automática de recursos para el organismo electoral.

Humphrey defendió la necesidad de asegurar un presupuesto suficiente para que el INE pueda cumplir con sus funciones constitucionales. En el ámbito técnico, el documento también plantea fortalecer los procesos de fiscalización, incluyendo la eliminación del secreto fiscal para el instituto, con el objetivo de permitir investigaciones más eficaces. Asimismo, propone reforzar las medidas de equidad en la contienda y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El consejero Jaime Rivera expuso que las propuestas buscan preservar los principios y valores democráticos. Señaló cuatro ejes centrales: fortalecer la pluralidad política sin favorecer a una sola fuerza; proteger la equidad de la contienda evitando la intervención gubernamental; salvaguardar la independencia del INE; y respetar los procedimientos colegiados para el nombramiento de funcionarios. En este contexto, pidió revertir la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgó mayores facultades a la presidencia del INE para designaciones internas.

Al término del encuentro, Pablo Gómez confirmó que el miércoles entregará a la presidenta Sheinbaum un anteproyecto de reforma electoral. Reconoció que persisten diferencias al interior de la comisión, integrada también por Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, pero aseguró que se encuentran en fase de deliberación. Aclaró que la iniciativa no modificará las fechas de la segunda elección judicial prevista para 2027 y señaló que la propuesta de elegir consejeros del INE mediante voto popular “está en la mesa”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará en noviembre su propuesta de reforma electoral, de acuerdo con lo informado por su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. La titular del organismo confirmó que los trabajos de elaboración del documento ya comenzaron formalmente este jueves en la sede central del instituto.

Taddei explicó que el proceso incluirá la consulta a todas las áreas del INE con el objetivo de integrar propuestas que fortalezcan el desempeño institucional y consoliden un planteamiento integral. “Estamos pensando que para finales de noviembre, entiendo que en enero se presentará la iniciativa (de la presidenta Claudia Sheinbaum), estaremos entregando el documento, justo hoy empiezan los trabajos aquí en el instituto”, señaló.

La presidenta del órgano electoral detalló que la elaboración del proyecto se realiza de manera interna y con la participación de los distintos equipos técnicos y operativos del instituto. Con ello, se busca garantizar que la propuesta refleje la experiencia acumulada del INE en más de tres décadas de organización de procesos electorales en México.

En torno a la posibilidad de que la propuesta sea tomada en cuenta por la comisión presidencial para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, o por los legisladores de mayoría de Morena, Taddei reconoció que no existe una garantía formal. “Esa garantía la va a dar la comisión para la reforma en el Congreso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantar la voz, decir quiénes somos, hablar de la experiencia, poner a consideración de estas dos instancias la experiencia acumulada de más de 35 años”, sostuvo.

La titular del INE subrayó que el instituto cumplirá con su responsabilidad de participar en el proceso de análisis y discusión de la reforma desde su ámbito técnico y operativo, aportando información, diagnósticos y propuestas sustentadas en la experiencia institucional.

De manera paralela, este jueves integrantes del Colegio de Ejecutivos Electorales de México entregaron al INE su propia propuesta de reforma electoral, con el objetivo de contribuir al debate y fortalecer el proceso de revisión del sistema electoral mexicano.

Con estos trabajos, el INE avanza en la construcción de un documento que buscará incidir en la discusión nacional sobre la reforma electoral que se prevé sea presentada por el Ejecutivo federal en enero. El organismo electoral trabaja en consolidar una propuesta basada en su experiencia y conocimiento técnico, a fin de mantener un papel activo dentro del proceso de transformación institucional que se avecina.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, oficializó el cierre de los cómputos distritales de las seis elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio, marcando así el fin de un proceso inédito en la historia electoral del país. En esta jornada, la ciudadanía participó activamente para decidir sobre 881 cargos judiciales, en un proceso que implicó más de 3 mil 395 candidaturas en todo el territorio nacional.

La cifra total reportada asciende a 458.7 millones de votos emitidos, una cantidad que incluye tanto los votos válidos como los anulados y aquellos no utilizados por los electores. Esta magnitud representa más del doble de los sufragios registrados en la última elección federal, un dato que dimensiona la envergadura del proceso y la complejidad logística enfrentada por el organismo electoral.

“Cada votante tomó hasta 39 decisiones en una misma jornada. La magnitud del esfuerzo es difícil de dimensionar”, compartió la consejera presidenta al presentar el balance de la elección. Este ejercicio democrático es calificado como extraordinario por su carácter pionero y por la intensidad de su operación en todo el país.

La participación de la ciudadanía también alcanzó cifras sin precedentes. Un total de 170 mil personas fungieron como observadores electorales, tanto en las casillas como en los cómputos, un número que multiplica por seis el registrado durante la elección presidencial anterior. Esta presencia masiva fortaleció el monitoreo y seguimiento del proceso, aportando una capa adicional de legitimidad y transparencia.

Taddei Zavala destacó que el INE actuó con estricto apego al marco constitucional y con total transparencia, cumpliendo con la organización de una elección inédita de jueces, magistrados y ministros. “Hemos sido leales al mandato constitucional, demostrando una vez más que cuando las instituciones trabajan con profesionalismo y transparencia, los resultados están a la altura de las expectativas ciudadanas”, señaló.

El reconocimiento también se extendió al personal operativo que trabajó en los 300 distritos electorales y en los 32 consejos locales, así como a las y los funcionarios de casilla que hicieron posible el ejercicio ciudadano. Según Taddei, la jornada representa un paso fundamental para acercar el sistema judicial a la población.

Si bien se presentó el total de votos computados, que incluyen 47 millones 976 mil 253 sufragios anulados o no utilizados, no se desglosaron cifras específicas de votos nulos por tipo de elección o motivo. Esta omisión marca una diferencia frente a otros procesos, en los que se solía detallar el porcentaje de votos inválidos.

Con la conclusión oficial del conteo, el INE cierra un capítulo inédito en la historia democrática del país, abriendo paso a una etapa de transformación en la justicia mexicana. La jornada electoral del 1 de junio no solo estableció nuevos estándares en términos de participación y magnitud operativa, sino que también sentó las bases para una mayor cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Este ejercicio marca un precedente relevante y muestra un sistema electoral con capacidad para enfrentar desafíos complejos con estructura, vigilancia ciudadana y compromiso institucional.