Este martes, la Cámara de Diputados decidirá la composición del Comité Técnico de Evaluación (CTE), organismo que tendrá un papel clave en la selección de jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, el camino hacia esta votación ha sido todo menos sencillo, en medio de una intensa pugna política entre dos figuras emblemáticas de Morena: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, y Adán Augusto López Hernández, líder del partido en el Senado.

La disputa entre Monreal y Adán Augusto no se limita a simples desacuerdos, sino que refleja una batalla por influencia y poder dentro del partido. Según fuentes legislativas, ambos líderes han puesto sobre la mesa tres de los cinco nombres que deben integrar el comité, compuesto por tres mujeres y dos hombres. Cada uno busca asegurar la mayoría en el CTE, lo cual representaría una ventaja crucial para su facción en la futura selección de altos cargos judiciales.

Para evitar una escalada en el conflicto, se ha considerado la intervención de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, quienes intentarán fungir como mediadores en la elección del quinto integrante del CTE. La propuesta tiene como objetivo evitar la injerencia de otras figuras dentro del partido, como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia.

La noche de este lunes se perfila como decisiva: las bancadas de Morena buscarán llegar a un acuerdo que permita la presentación formal de la lista de candidatos al CTE y que ésta sea aprobada el martes en la Cámara de Diputados.

En una conferencia de prensa reciente, Monreal se reunió con los coordinadores parlamentarios de otros partidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer las cualidades que deben cumplir los integrantes del CTE, aunque sin presentar nombres concretos. “Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos, yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico”, señaló Monreal respecto a la ausencia de propuestas de otros líderes como Rubén Moreira (PRI) y Noemí Berenice Luna (PAN).

Monreal también expresó su respeto hacia Movimiento Ciudadano (MC), cuyo liderazgo, bajo Dante Delgado, se ha consolidado en la política mexicana. Ante la posibilidad de que MC abandone la reunión de Puntos Constitucionales, Monreal respondió con diplomacia: “Lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo; es su estrategia y táctica, y ellos sabrán valorar si es o no la correcta”.

En la sesión privada de la Jucopo, Ivonne Ortega, coordinadora de MC, lanzó una pregunta incómoda al recordar que Andrés Manuel López Obrador, durante su tiempo como jefe de Gobierno, recurrió al Poder Judicial para evitar cambios en el nombre de Ciudad de México. “¿Ahora, ante quién se debe acudir entonces?”, inquirió Ortega, subrayando la importancia de un poder judicial independiente en los conflictos constitucionales. La respuesta de Monreal, con una sonrisa evasiva, fue: “Esa no te la voy a responder”.

El desenlace de este conflicto definirá no sólo el control del CTE, sino también la influencia que Monreal y Adán Augusto tendrán en los nombramientos judiciales. La votación de este martes en la Cámara de Diputados podría ser la clave para resolver esta pregunta.

En un acto que marcará un antes y un después en la política salarial del país, el Senado de la República aprobó de manera unánime una reforma constitucional que garantiza que los salarios mínimos no queden por debajo de la inflación. Con un contundente apoyo de 124 votos a favor, la reforma es vista como un paso crucial en la protección del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, en un contexto en el que la inflación ha sido un enemigo constante de las familias.

Esta reforma, enviada en febrero por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, busca instaurar un mecanismo que asegure que la fijación anual de los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, sea siempre superior a la inflación registrada durante su vigencia. Con esto, se evitarán los retrocesos económicos que han afectado a los trabajadores más vulnerables en décadas pasadas.

La reforma no solo abarca a los trabajadores del sector privado, sino que también establece que sectores clave del servicio público, como las maestras y maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, personal de las fuerzas armadas, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta medida, además de proteger a estos grupos esenciales, busca reconocer su importancia en el desarrollo y seguridad del país.

Alfonso Cepeda, senador de Morena y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), celebró con entusiasmo la aprobación de la reforma, destacando su impacto en la justicia social. En su intervención, Cepeda señaló: “Durante años, los trabajadores fueron víctimas de un modelo económico que promovía salarios bajos. Hoy, con esta reforma, la transformación de México se refleja en hechos, no solo en palabras”. Para Cepeda, esta es una de las reformas más significativas en términos de recuperación del poder adquisitivo y dignificación del trabajo en México.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, también mostró su apoyo a la medida, subrayando la importancia de proteger a las familias mexicanas frente a los embates de la inflación. “Esta reforma no solo es necesaria, es urgente. Los mexicanos no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, y con esta medida estamos dándoles un respiro económico”, afirmó el priista.

Por su parte, el panista Ricardo Anaya coincidió en la importancia de la reforma, pero instó a Morena a aclarar ciertos puntos. “Es una reforma que tiene dos grandes aciertos: primero, que nunca más el salario aumente por debajo de la inflación, y segundo, que ningún docente, enfermero o policía gane menos que el salario promedio registrado. Sin embargo, necesitamos claridad sobre si esta reforma beneficiará también a los policías estatales y municipales”, comentó Anaya.

Ante esta inquietud, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, aclaró que la aplicación de la reforma en policías de distintos niveles quedará a consideración de los estados, un aspecto que los congresos locales deberán analizar y decidir en los próximos meses.

Con la aprobación de esta reforma, se vislumbra una transformación radical en la política salarial de México. La medida no solo busca corregir los errores del pasado, donde el salario mínimo crecía de manera desproporcionada frente a la inflación, sino también crear un marco donde el bienestar económico de los trabajadores esté garantizado.

El dictamen ahora pasa a los congresos estatales para su discusión y aprobación final, una fase crucial que definirá su implementación efectiva en todo el país. Los legisladores tienen en sus manos la oportunidad de consolidar una reforma que podría cambiar el curso económico de México y mejorar significativamente la calidad de vida de millones de trabajadores.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dejó claro que el Congreso no descansará en septiembre. Tras su reunión semanal en la casa de transición de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, Monreal anunció las próximas reformas que están por aprobarse: la relativa a la Guardia Nacional y la referente a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

“Siempre vengo, cada ocho días, para revisar la agenda legislativa, los intereses prioritarios de la presidenta electa y para conversar sobre las últimas sesiones del Congreso”, comentó Monreal al salir de la reunión. Su visita es parte de un esfuerzo coordinado con Sheinbaum, quien asumirá el cargo en unos meses.

Monreal confía en que las iniciativas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador estarán aprobadas antes de que termine septiembre. “La semana que entra vamos a deliberar, a discutir y, en su caso, aprobar la reforma en materia de comunidades indígenas y afromexicanas, y luego la de la Guardia Nacional la tercera semana”, adelantó.

Estas reformas, consideradas prioritarias por el partido en el poder, reflejan el compromiso de la administración actual con temas de seguridad y derechos humanos. La reforma de la Guardia Nacional, en particular, ha sido un tema polémico, con debates en torno a su control y operación.

Mientras Monreal y su equipo preparan el terreno en el Congreso, Sheinbaum también se pronunció sobre un tema delicado: la reciente consulta lanzada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para explorar si existe alguna vía legal para detener la reforma judicial.

Sheinbaum criticó la medida, insinuando que la SCJN podría estar actuando en contra de la voluntad popular. “¿Pero cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal”, declaró al llegar a su casa de transición.

Con estas declaraciones, el ambiente político en México se vuelve aún más tenso. Las próximas semanas serán clave para determinar el rumbo de estas reformas. Lo que es claro es que tanto Monreal como Sheinbaum están decididos a avanzar con su agenda, asegurando que los cambios propuestos se concreten antes de que termine el mes.