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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reanudará los pagos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante un esquema financiero basado en Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps).

El mecanismo contempla una emisión de 12 mil millones de dólares con vencimiento al 2030, a través de la cual se cubrirá el saldo pendiente con empresas proveedoras de la petrolera estatal. “Pemex tiene un gran problema y es la deuda del periodo neoliberal y particularmente de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto”,declaró la mandataria.

De acuerdo con la información presentada, la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares a 105 mil millones de dólares en los últimos sexenios, un incremento de 60 mil millones mientras la producción de combustible se reducía de manera sostenida.

Sheinbaum aseguró que la deuda deberá ser cubierta en su totalidad y que las amortizaciones previstas ascienden a 300 mil millones de pesos. En este contexto, precisó que la SHCP asume parte de los vencimientos, aprovechando menores tasas y una mayor capacidad de colocación en los mercados internacionales.

“Le ayuda a Pemex y aunque hay una parte que es del gobierno federal, pues finalmente como estado mexicano es una muy buena transacción (…) lo que ahora se hizo es considerar todos esos vencimientos, los refinanciamientos que se pueden hacer de toda esa deuda y además salir adelante con la empresa”, explicó la presidenta.

El anuncio ocurre después de que, en junio, proveedores de Pemex amagaran con suspender actividades debido a la falta de pagos. El 19 de ese mes, Sheinbaum aseguró que ya se habían cubierto 147 mil millones de pesos en adeudos, lo que evitó un paro en la operación de la compañía.

Posteriormente, el 30 de julio, el gobierno de México concretó la colocación internacional de las Notas Estructuradas Pre Capitalizadas, con una emisión de 12 mil millones de dólares a siete años. La operación generó una demanda de 23 mil 400 millones de dólares por parte de 295 inversionistas institucionales de diversas regiones del mundo, lo que permitió reforzar el plan de pagos de la empresa productiva del Estado.

Con esta nueva ronda de pagos, el gobierno busca aliviar la presión financiera de Pemex y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, al tiempo que se atienden los vencimientos de deuda que mantienen a la petrolera en una de sus etapas más complejas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió otorgar un amparo a Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en relación con una mención contenida en los libros de texto gratuitos de sexto grado de educación básica.

La resolución instruye a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a modificar la versión digital del libro “Proyectos comunitarios”, específicamente en su página 246, donde se hace referencia a Córdova. El texto deberá ser editado para eliminar dicha mención, por considerarse una afectación a los derechos fundamentales del exconsejero.

La impugnación fue promovida por autoridades electorales, luego de que una jueza federal determinara que la inclusión del fragmento en los libros transgrede el derecho a una educación objetiva, al presentar de forma parcial un episodio relacionado con la vida pública del exfuncionario. El proyecto judicial estuvo bajo la ponencia del ministro Javier Láynez Potisek.

En su demanda, Lorenzo Córdova argumentó que el contenido mencionado en el libro deriva de una intervención ilegal de sus comunicaciones privadas. Afirmó que su inclusión en un material educativo oficial constituye una pena “infamante y excesiva”, atribuida por el Estado mexicano, y que lo expone a riesgos y vulnerabilidades innecesarias.

La sentencia de la Corte señala que los planteamientos del quejoso son fundados, ya que la inclusión del pasaje en cuestión afecta su derecho al honor y la reputación, al modificar la percepción pública sobre su persona sin brindar un contexto completo ni equilibrado. “Resultan fundados los argumentos del quejoso a través de los cuales plantea que el acto reclamado transgrede su derecho al honor y reputación debido a que modifica la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre dicha persona”, detalla el fallo.

La resolución también respalda la interpretación previa de la jueza de primera instancia, quien advirtió que el pasaje en cuestión “sólo muestra una parte de los hechos que dieron su origen y demerita las cualidades morales y profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera académica y profesional”.

Este amparo representa un precedente relevante sobre la responsabilidad del Estado mexicano al utilizar referencias a figuras públicas en materiales educativos, especialmente cuando dichas menciones pueden afectar derechos fundamentales, como la honra, la privacidad y la imagen pública.

Con la decisión de la Corte, la SEP deberá proceder a modificar la versión digital del libro y acatar la resolución para garantizar la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos en sus contenidos pedagógicos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el presidente estadounidense Donald Trump le propuso el ingreso del ejército de Estados Unidos a territorio mexicano como parte de una estrategia contra el crimen organizado. La mandataria rechazó de inmediato la sugerencia, subrayando el principio de soberanía nacional.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum relató que la propuesta se dio en una llamada telefónica sostenida con Trump desde que asumió la presidencia, aunque no precisó la fecha exacta. Según explicó, fue clara y firme en su respuesta: “Le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba en discusión, y él lo entendió”.

El tema volvió a ser abordado públicamente luego de que The Wall Street Journal difundiera en mayo de 2025 que Trump habría ofrecido apoyo militar directo en territorio mexicano como parte de su ofensiva contra el narcotráfico. Posteriormente, la presidenta confirmó la versión, y ese mismo 3 de mayo compartió detalles del diálogo que sostuvo con el republicano.

En aquel momento, Sheinbaum enfatizó su postura ante el ofrecimiento de Trump: “¿Saben qué le dije? ‘No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende’”, recordó con contundencia.

A pesar del rechazo a la intervención militar directa, Sheinbaum reiteró su disposición a mantener una colaboración estrecha con Estados Unidos en temas de seguridad, siempre y cuando se respete el marco de la soberanía mexicana. Explicó que su administración está abierta a mecanismos de cooperación bilateral, particularmente en el intercambio de información, pero advirtió que esto debe realizarse “sin subordinación y respetando nuestra soberanía”.

La postura de Sheinbaum marca una línea clara en la relación bilateral, especialmente en un contexto en que sectores conservadores de Estados Unidos han impulsado ideas como la intervención militar directa en México para combatir a los cárteles del narcotráfico. La presidenta mexicana ha sido enfática en que la estrategia de seguridad nacional será diseñada e implementada exclusivamente por el Estado mexicano.

Con esta declaración, Sheinbaum reafirma su compromiso con la defensa del territorio y el manejo soberano de los asuntos de seguridad, delineando con claridad los límites de la cooperación con Washington. La mandataria mantiene la ruta de colaboración con respeto mutuo como eje de la política exterior en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

El sistema judicial mexicano se encuentra en una encrucijada tras la admisión de una queja internacional contra el proceso de elecciones populares para jueces y magistrados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha solicitado detener de inmediato la elección judicial promovida por el Estado mexicano, al considerar que pone en riesgo la autonomía judicial.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó una comunicación conjunta presentada por la JUFED y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. En este documento se señala que la reforma judicial impulsada por el gobierno compromete la independencia del Poder Judicial, al establecer que los cargos de jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.

La JUFED ha sido categórica en su postura. Califica el proceso como una amenaza directa a la división de poderes y una transgresión a principios democráticos fundamentales. En su comunicado más reciente, destaca que el Comité de la ONU ha solicitado al Estado mexicano implementar medidas de protección para jueces y magistrados. La finalidad es garantizar su seguridad e impedir represalias por haber acudido al sistema internacional de derechos humanos.

Este llamado internacional marca un momento clave en el debate nacional sobre la reforma judicial. La JUFED afirma que la decisión del Comité representa un reconocimiento del riesgo que enfrentan actualmente los integrantes del Poder Judicial mexicano. En este contexto, subraya que continuar con el proceso electoral sin acatar las medidas provisionales establecidas por la ONU sería una “violación flagrante” de los compromisos internacionales firmados por México.

El mecanismo de elección popular para cargos judiciales federales no tiene precedente en el país y ha generado una intensa controversia. Se contempla someter a votación 881 cargos judiciales, lo que ha despertado preocupación entre sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones del sector. Las críticas se enfocan en las posibles consecuencias para la imparcialidad y la profesionalización del sistema judicial.

La JUFED considera que las repercusiones de este proceso pueden ser graves y duraderas para la institucionalidad democrática del país. La observación internacional se intensifica mientras se define el curso de una reforma que podría transformar de manera profunda el equilibrio de poderes en México. En este escenario, la exigencia es clara: suspender el proceso mientras se resuelve la queja ante las instancias correspondientes. La decisión, ahora, está en manos del Estado.

Una conversación clave tuvo lugar en el corazón político de México. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este lunes en Palacio Nacional a Jane Fraser, directora general de Citigroup, en un encuentro que marca un nuevo capítulo para la presencia del gigante financiero estadounidense en territorio nacional.

“Me reuní en Palacio Nacional con Jane Fraser, una mujer muy inteligente que dirige Citigroup, para hablar sobre las grandes oportunidades que tiene México”, expresó la mandataria a través de su cuenta oficial en X. La frase, breve pero cargada de intención, pone sobre la mesa la dimensión de la reunión, no sólo como acto protocolario, sino como parte de una estrategia que busca consolidar la relación entre el Estado mexicano y uno de los bancos más influyentes del mundo.

El contexto del encuentro está directamente relacionado con el proceso de transformación que vive Citigroup en México. Tras anunciar su separación de Banamex, el grupo financiero se prepara para operar como una entidad independiente bajo el nombre de Grupo Financiero Citi México. Esta nueva etapa estará enfocada exclusivamente en la banca institucional, un modelo que busca otorgar créditos únicamente a empresas, dejando atrás el enfoque de banca minorista que compartió durante años con Banamex.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a esta reestructura, aprobando la creación del nuevo grupo financiero. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Citi México tendrá participación directa en operaciones bursátiles, lo que confirma su orientación hacia los grandes capitales y mercados corporativos.

Jane Fraser, quien lidera Citigroup desde 2019 como presidenta y directora ejecutiva de Banca de Consumo, ha impulsado cambios relevantes dentro del conglomerado financiero global. Su presencia en Palacio Nacional apunta a un interés real por fortalecer los lazos de cooperación con el gobierno mexicano en esta nueva etapa.

Este movimiento no solo representa una modificación empresarial, sino también un reacomodo en el mapa financiero del país. Con la creación del Grupo Financiero Citi México, se redefine el papel del banco estadounidense en el desarrollo económico nacional, enfocándose en proyectos empresariales e inversiones a gran escala.

La visita de Fraser también se interpreta como una señal de confianza hacia la administración de Sheinbaum, así como una apuesta por el potencial económico del país en un momento clave para los mercados internacionales. La visión de futuro comienza a trazarse desde los espacios más altos del poder político y económico.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido un llamado urgente al Estado mexicano. El foco: el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio, recientemente identificado como campo de reclutamiento y ejecución, debe ser resguardado de inmediato, junto con todos los restos y pruebas localizadas.

Las acciones solicitadas incluyen análisis genéticos inmediatos de los fragmentos óseos encontrados, comparación con perfiles de personas desaparecidas, y un estudio profundo de los objetos personales hallados. Además, se subraya la importancia de respetar rigurosamente la cadena de custodia en cada etapa del proceso.

El Comité también enfatiza la necesidad de una búsqueda e investigación exhaustivas y coordinadas, que incluyan activamente a los familiares y sus representantes. Todo esto en respuesta a las solicitudes presentadas por la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes documentaron 18 casos respaldados con medidas cautelares ante instancias internacionales.

Raymundo Sandoval, vocero de la Plataforma, destaca la urgencia de garantizar no solo el resguardo de pruebas, sino también la participación significativa de las familias afectadas. Su preocupación, compartida por diversos colectivos y organismos como el Cepad y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se intensifica tras el operativo realizado por las autoridades en el rancho, que dejó un sabor amargo entre los asistentes por la falta de transparencia y sensibilidad.

El Comité expresó inquietud por el riesgo de daño irreparable a las evidencias recuperadas, así como por las denuncias de intimidación y amenazas dirigidas a los colectivos de búsqueda que realizaron el hallazgo. A pesar de contar con medidas cautelares por parte del Estado mexicano, sus integrantes no se sienten seguros.

Además del resguardo físico, el Comité exige al Estado garantizar acceso a información sobre el avance de las investigaciones y mecanismos reales de participación para los familiares. Se hace un llamado a reforzar la protección de quienes integran los colectivos de búsqueda, frente a un panorama alarmante: en los últimos quince años, 24 buscadores han sido asesinados y cuatro más desaparecidos, entre ellos Teresa González Murillo, quien murió días después de un atentado mientras buscaba a su hermano.

El Comité anunció que activará el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que contempla la intervención de la Asamblea General de la ONU en casos donde se detecte que este crimen ocurre de manera generalizada o sistemática.

La atención internacional está puesta sobre México. El mensaje es claro: no puede haber más omisiones ni negligencia frente a una crisis que duele y se expande. Las decisiones tomadas hoy determinarán el rumbo de la justicia para miles de familias.