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La negociación del denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum continúa sin un acuerdo definitivo entre Morena y sus aliados legislativos, luego de que el coordinador de los diputados del partido guinda, Ricardo Monreal, asegurara que las conversaciones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) siguen abiertas.

En un comunicado, Monreal explicó que existe disposición de ambas fuerzas políticas para avanzar en la iniciativa, pero aclaró que el consenso todavía no se ha concretado. “Hay una actitud positiva del PVEM y el PT, sin embargo todavía no hay arreglo sobre la iniciativa presidencial”, señaló el legislador.

Las negociaciones se desarrollan en la Secretaría de Gobernación, donde representantes de los partidos de la coalición oficialista mantienen reuniones para revisar el contenido del proyecto. De acuerdo con el coordinador parlamentario, las conversaciones no sólo se centran en la reforma electoral, sino también en la continuidad de la alianza política entre Morena, PVEM y PT para futuros procesos legislativos.

Monreal subrayó que, ante el contexto político actual, es necesario mantener la unidad dentro del movimiento. En ese sentido, mencionó que existe un escenario de hostilidad y amenazas provenientes del gobierno de Estados Unidos hacia México, lo que —dijo— hace indispensable fortalecer la coordinación entre los partidos aliados.

Sus declaraciones contrastan con lo expresado horas antes por el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que el acuerdo sobre el Plan B se encontraba prácticamente concluido tras una reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación.

El encuentro fue encabezado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, y contó con la participación de la consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián, así como dirigentes y legisladores del PVEM y el PT. La reunión inició la tarde del viernes y concluyó durante la madrugada del sábado.

Mientras continúan las conversaciones, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, señaló que el dictamen podría discutirse y votarse en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo, una vez que se definan los últimos ajustes al proyecto.

La discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en el Congreso de la Unión en medio de una clara división incluso entre los partidos aliados del oficialismo. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció públicamente que no espera un cambio en la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), quienes ya adelantaron su voto en contra del proyecto.

El legislador explicó que ambas fuerzas políticas hicieron pública su posición desde hace aproximadamente dos semanas, por lo que su postura ya no genera sorpresa dentro de la discusión parlamentaria. Monreal señaló que, independientemente de cuándo se lleve la iniciativa al pleno —ya sea en los próximos días o semanas—, considera difícil que el PVEM y el PT modifiquen su decisión respecto al documento legislativo enviado por el Ejecutivo federal.

A pesar de esta diferencia, el líder de la bancada morenista subrayó que su grupo parlamentario respetará la determinación de sus aliados. En ese sentido, sostuvo que Morena se mantendrá firme en la defensa de la iniciativa impulsada por la presidenta y reiteró el respaldo político del partido a la mandataria en el contexto actual del debate legislativo.

Mientras tanto, la ruta legislativa de la reforma continúa. Este martes por la tarde se reunirán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para discutir y votar el dictamen de la iniciativa presidencial. De avanzar en esta etapa, el documento podría ser llevado al pleno de la Cámara de Diputados para su votación al día siguiente.

De forma paralela, Monreal adelantó que se analiza la posibilidad de organizar un debate previamente acordado entre los grupos parlamentarios. La propuesta contempla definir un número específico de oradores para ordenar la discusión en tribuna, un planteamiento que será revisado dentro de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador morenista también hizo un llamado a que el intercambio de posturas en el Congreso se mantenga dentro de un marco de respeto entre todas las fuerzas políticas. Afirmó que el debate parlamentario debe servir para fijar posiciones y contrastar argumentos, sin recurrir a descalificaciones o confrontaciones, tanto entre aliados como con partidos de oposición.

Además del análisis de la reforma electoral, el Congreso enfrenta otra agenda relevante en las próximas semanas: la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tres integrantes del órgano electoral concluirán su periodo el próximo 4 de abril: Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.

Monreal indicó que, antes de iniciar ese proceso, la Cámara de Diputados debe resolver los temas legislativos inmediatos, entre ellos la propia reforma electoral y otros asuntos en revisión. Una vez concluidas esas discusiones, se prevé que la próxima semana pueda emitirse la convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros del INE que sustituirán a quienes terminan su encargo en abril.

Una sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México dejó imágenes poco habituales durante los trabajos legislativos, luego de que dos diputados participaran en la reunión mientras realizaban actividades ajenas al debate parlamentario. La legisladora Diana Sánchez Barrios apareció conectada desde lo que parecía ser un salón de belleza mientras era arreglada por estilistas, mientras que el diputado Víctor Varela se enlazó a la sesión desde el interior de su automóvil mientras circulaba por calles de la capital.

El episodio ocurrió durante una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, en la que legisladores analizaron y aprobaron presentar al pleno una iniciativa de reforma al artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo. La sesión tuvo una duración de poco más de nueve minutos.

Al inicio de la reunión, la diputada Diana Sánchez Barrios mantuvo activada su cámara. En la transmisión se observó cómo un hombre intentaba retirar mechones de cabello de su rostro mientras ella misma utilizaba un peine para acomodar la línea que dividiría su peinado. Posteriormente decidió apagar la cámara.

Minutos después, en otra toma del enlace virtual, se alcanzó a observar al estilista trabajando en su cabello para sujetarlo mientras la legisladora bebía café y revisaba el resultado del peinado. Durante ese momento también se sumó otra persona al arreglo personal de la diputada.

A pesar de algunas fallas en la transmisión, que provocaron distorsiones en su voz durante ciertas intervenciones, la legisladora permaneció conectada a la reunión. En distintos momentos encendía la cámara únicamente cuando debía participar, mientras continuaba el trabajo del maquillista y del peinador.

De acuerdo con el registro legislativo, Sánchez Barrios forma parte de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente dentro del Congreso capitalino. Durante la sesión virtual, se le observó mientras terminaban de recogerle el cabello en una coleta.

Al mismo tiempo, otro legislador participaba desde un entorno distinto. El diputado Víctor Varela, integrante del Partido Verde Ecologista de México, se conectó a la reunión desde el interior de un automóvil que aparentemente se encontraba en circulación en la Ciudad de México.

Durante toda la sesión, el legislador permaneció dentro del vehículo mientras se desarrollaban las intervenciones y la votación del dictamen. La transmisión mostró al diputado enlazado desde su automóvil mientras continuaba el trayecto.

Pese a las circunstancias en las que participaron algunos legisladores, la reunión virtual se llevó a cabo y concluyó con la aprobación para presentar ante el pleno la iniciativa de reforma al artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo.

La iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal incluirá únicamente los puntos contenidos en el “Decálogo por la Democracia” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. El legislador adelantó que el proyecto podría llegar a la Cámara entre la noche del martes y el miércoles, una vez que concluya su redacción definitiva en Palacio Nacional.

Monreal explicó que la mandataria solicitó ajustar el documento para limitarlo estrictamente a los compromisos incluidos en el decálogo dado a conocer el 25 de febrero. Indicó que existían propuestas adicionales que no formaban parte de ese paquete y que fueron retiradas antes de su envío formal. Por esa razón, la iniciativa no se remitió en la fecha inicialmente prevista.

De acuerdo con el diputado, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se encuentra en la fase final de elaboración del borrador, el cual será presentado a la presidenta para su firma y posterior envío a la Cámara correspondiente. Aunque dijo conocer “pinceladas” del contenido, precisó que el grupo parlamentario aún no dispone del texto oficial y que lo conocerán formalmente cuando sea entregado.

En términos generales, la propuesta busca reducir en 25% el costo de las elecciones, medida que impactaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los tribunales electorales. También contempla disminuir salarios y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional.

El proyecto plantea además eliminar duplicidades en funciones entre órganos electorales, ajustar el gasto del Congreso de la Unión y de los congresos locales, así como modificar el número de regidurías municipales con base en la población de cada demarcación.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de 32 escaños en el Senado y el cambio en la fórmula de asignación de legisladores plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representación popular. Esta última propuesta ha sido rechazada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados legislativos de Morena.

Con los ajustes en curso y la revisión presidencial en puerta, la iniciativa se encuentra a horas de iniciar su trámite legislativo, centrada exclusivamente en los ejes delineados en el decálogo presidencial.

La propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal abrió un nuevo frente de confrontación política en la San Lázaro, donde legisladores de oposición advirtieron cambios en la elección de diputados, el acceso a resultados preliminares y las reglas de representación política en el Congreso.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa podría propiciar el uso de “acordeones” para influir en la elección de legisladores. Señaló que el nuevo modelo contempla la designación de 100 diputados mediante circunscripciones plurinominales, lo que, aseguró, facilitaría la imposición de perfiles y el fortalecimiento de estructuras políticas locales.

El planteamiento establece que cada partido presentará listas de 40 candidaturas, de las cuales los electores podrán elegir a un hombre y una mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este mecanismo busca ampliar la participación ciudadana en la selección de representantes. Sin embargo, Moreira sostuvo que este esquema podría debilitar a la oposición y consolidar grupos de poder regionales.

Otro de los puntos señalados es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que permite conocer tendencias la noche de la elección. El legislador advirtió que su desaparición limitaría el acceso inmediato a la información electoral. También cuestionó la intención de eliminar la lista de senadores de representación proporcional, mecanismo que permitió ampliar la pluralidad política desde su creación.

Moreira recordó que este modelo fue impulsado por Porfirio Muñoz Ledo y afirmó que su eliminación modificaría la integración del Senado. Además, señaló que su bancada no participará en el debate bajo las condiciones actuales, al considerar que la mayoría legislativa pretende modificar reglas fundamentales del sistema electoral.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, condicionó cualquier respaldo a la inclusión de medidas contra el financiamiento ilícito. Entre ellas, propuso rastrear recursos en campañas, anular elecciones con intervención criminal, retirar el registro a partidos involucrados y sancionar a dirigentes responsables.

El legislador también cuestionó el origen de la iniciativa presentada por Pablo Gómez, al señalar que no refleja un ejercicio amplio de consulta. La reforma continúa en discusión y plantea cambios en la integración del Congreso y el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la presencia militar en Sinaloa con el arribo de mil 600 elementos del Ejército mexicano, como parte de una estrategia para atender el incremento de hechos de violencia registrado en la entidad. Con este nuevo despliegue, el número total de efectivos militares en el estado asciende a aproximadamente tres mil, entre los que se incluyen alrededor de 200 integrantes de Fuerzas Especiales.

El envío de los nuevos contingentes se concretó a menos de 24 horas de un ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos pertenecientes a ese instituto político. Este contexto marcó la urgencia del refuerzo de seguridad en puntos estratégicos del territorio sinaloense.

De acuerdo con la Sedena, entre los elementos movilizados se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron trasladados desde distintos estados del país. El despliegue se realizó por vía aérea mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales arribaron a los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados zonas clave dentro del esquema de seguridad estatal.

La institución castrense informó que estos efectivos se integran al operativo permanente que ya mantienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sinaloa, enfocado en el combate a las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región. El objetivo central del refuerzo es fortalecer las capacidades operativas de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar, responsables de la seguridad en la entidad.

Según lo detallado por la Sedena, la misión específica del personal desplegado consiste en actuar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las tareas asignadas incluyen acciones de disuasión, prevención del delito y patrullajes en diferentes zonas del estado, con la finalidad de generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

La dependencia subrayó que las operaciones se realizan conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos. El despliegue busca beneficiar directamente a la población sinaloense mediante un entorno de mayor seguridad, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia que han impactado tanto a actores políticos como a la sociedad en general.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la gran mayoría de la militancia del partido mantiene el compromiso con los principios que lo rigen, entre ellos la austeridad, aunque admitió que existen casos que contradicen esa doctrina. En declaraciones a medios, sostuvo que “el 99%” de quienes integran el movimiento cumple con dichos postulados, mientras que el “1% restante” genera distorsiones que afectan la imagen del partido.

Monreal explicó que los integrantes de Morena deben ser un ejemplo de los valores que han promovido, aunque reconoció que no siempre se actúa conforme a ellos. “Nosotros tenemos que ser ejemplo, aunque no siempre lo somos, nos excedemos y abusamos, e incluso violamos lo que nosotros construimos como doctrina filosófica”, expresó.

El legislador abordó el tema en el contexto de la adquisición de nueve camionetas blindadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destinadas a los ministros que asumieron funciones el pasado 1 de septiembre, bajo el argumento de que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios. Al respecto, señaló que este tipo de decisiones contrastan con la filosofía del movimiento político al que pertenece.

“Me preocupa porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos y, evidentemente, frente a la población nos critican y nos cuestionan, y la gente que lo hace tiene razón”, indicó. En relación con la posibilidad de que los ministros reconsideren la compra de las unidades blindadas, Monreal evitó intervenir en decisiones de otro poder, al señalar que se trata de un asunto interno de la SCJN. “Es un asunto de ellos. No me quiero meter con otro poder, porque no quiero que se metan conmigo; pero, ellos tendrán que reflexionar, es una autorreflexión y corrección también”, puntualizó.

En otro tema, el coordinador de la bancada de Morena se refirió al proceso de construcción de una reforma electoral impulsada por el gobierno federal en conjunto con Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo. Reconoció que el avance del tiempo ha incrementado la presión para concretar la iniciativa. “Cada día que pasa, sí mete presión”, afirmó, al recordar que el plazo para su presentación vence en la segunda semana de febrero.

Monreal señaló que las reuniones entre las fuerzas que integran la llamada Cuarta Transformación continúan con el objetivo de presentar una propuesta que cuente con el mayor consenso posible. Indicó que ya han comenzado a definirse temas y redacciones preliminares del proyecto. Sobre la existencia de un borrador con modificaciones a artículos de la Constitución, mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que ya hay avances, aunque aclaró que él no tiene conocimiento directo del documento.

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, estableció que la presidenta Claudia Sheinbaum no cuenta con facultades constitucionales para dejar de aplicar el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos con contenido violento, al tratarse de una contribución vigente creada mediante ley formal. El legislador precisó que, si el Ejecutivo considera inviable su implementación, la única vía jurídicamente correcta es la modificación o derogación a través del proceso legislativo correspondiente.

Mediante una tarjeta informativa, Monreal explicó que este gravamen no constituye únicamente una previsión contenida en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal plenamente establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En ese sentido, subrayó que “el Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”.

El diputado recordó que el impuesto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025 y que dentro del IEPS se incorporó de manera expresa el concepto de recaudación denominado “Videojuegos con violencia”. Dicho ordenamiento asigna una recaudación estimada de 183 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, cifra incluida dentro de los ingresos aprobados para ese año.

Monreal enfatizó que tanto la Ley del IEPS como la Ley de Ingresos de la Federación fueron avaladas por el Congreso de la Unión y posteriormente promulgadas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, reiteró que el impuesto cuenta con una base legal directa y expresa, además de encontrarse reflejado y autorizado en el marco fiscal aplicable al ejercicio 2026.

El líder parlamentario detalló que el hecho imponible está claramente definido en la legislación fiscal sustantiva, que la tasa del 8 por ciento se encuentra determinada y que el impuesto forma parte del sistema tributario vigente a partir del 1 de enero de 2026. Bajo ese contexto, señaló que, pese a la solidez jurídica del gravamen, la presidenta informó en su conferencia matutina de este martes que decidió retirar el impuesto, al considerar que existe una inviabilidad técnica para su aplicación.

De acuerdo con Monreal, dicho anuncio genera un problema jurídico, ya que la ausencia de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en la ley. Añadió que posibles deficiencias en el diseño del hecho imponible, como el uso de categorías “violento”, “extremo” o “para adulto”, no facultan al Ejecutivo para dejar sin efectos una norma vigente, sino que obligan al legislador a corregirla.

El coordinador de Morena puntualizó que mientras el inciso K), fracción I, del artículo 2 de la Ley del IEPS permanezca vigente, la autoridad fiscal está obligada a aplicarlo. Como salida jurídica, planteó impulsar una reforma o derogación de dicha disposición, acompañada de un ajuste a la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con el fin de eliminar el concepto de recaudación correspondiente a videojuegos con violencia y recalibrar las estimaciones de ingresos aprobadas.

En sintonía con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, diputadas y diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión se alistan para discutir y, en su caso, aprobar este martes un dictamen que busca frenar la privatización de las playas en México. La propuesta plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de garantizar el acceso público a estos espacios.

El proyecto, presentado inicialmente por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señala que las restricciones actuales —como cobros o impedimentos— vulneran derechos consagrados en la Constitución al afectar al público en general y a las comunidades locales. El documento establece la obligación de que las autoridades federales aseguren al menos un día de acceso gratuito por semana para toda la población, dando prioridad a los días de mayor afluencia social.

La Mesa Directiva turnó la iniciativa el pasado 5 de septiembre a la Comisión de Turismo, presidida por la panista Tania Palacios Kuri. El dictamen también cuenta con la firma del diputado Enrique Vázquez. Durante las sesiones previas, la mayoría de integrantes de la comisión coincidieron en que actualmente los cobros se aplican mediante brazaletes cuyo precio varía según el Área Natural Protegida (ANP) y la condición del visitante —nacional, extranjero o estudiante—, bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

La CONANP es la entidad encargada de gestionar y administrar estas tarifas y ofrece el “Pasaporte de la Conservación Digital” para visitas anuales a todas las ANP. Sin embargo, el proyecto enfatiza que cobrar por acceder a espacios que por su naturaleza constitucional pertenecen a la nación constituye una forma de privatización indirecta del patrimonio natural. Además, la Comisión dictaminadora considera que estos hechos contravienen el artículo 4° de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Para fortalecer la reforma, el proyecto propone dividir temáticamente el contenido de los artículos 8 y 8 Bis para evitar repeticiones y dar mayor solidez jurídica. También recomienda no incluir la modificación al artículo 127 por no guardar relación con el objeto central de la iniciativa.

La Comisión de Turismo advirtió que la reforma podría implicar un impacto presupuestal en materia recaudatoria y posibles conflictos de competencia, por lo que sugiere que la responsabilidad de garantizar el acceso a las playas sea compartida con autoridades estatales y municipales. Asimismo, no recomienda modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dado que no todas las áreas naturales protegidas corresponden a playas.

Se prevé que, tras su discusión y aprobación en la Comisión de Turismo, el dictamen sea votado al día siguiente en el pleno. Durante su conferencia del 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum reiteró que “las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse”.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que en 2026 habrá ajustes a la baja en el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Poder Judicial de la Federación, debido a que no se celebrarán elecciones federales ni judiciales durante ese año.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que en 2026 “no hay elecciones y vamos a ajustarlo más a la baja”. Detalló que, en el caso del INE, el año pasado ejerció un presupuesto de 27 mil millones de pesos, mientras que para 2026 el propio instituto propuso una reducción de 4.162%, equivalente a 22 mil millones de pesos. No obstante, Monreal anticipó que este monto será objeto de una revisión. “El INE que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja”, subrayó.

Sobre el Poder Judicial, señaló que solicitó un aumento de 15 mil millones de pesos, cifra planteada antes de la renovación de la Suprema Corte. Aclaró que, por tratarse de organismos autónomos, la propuesta no provino del Ejecutivo federal.

Sin embargo, consideró que ese incremento no se aprobará. “Yo no creo que quede en estos montos, también se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15 mil millones de pesos”, afirmó. De acuerdo con los escenarios planteados, el presupuesto del Poder Judicial se mantendría en aproximadamente 70 mil 983 millones de pesos.

El TEPJF también fue señalado como uno de los organismos que podrían registrar recortes. Monreal explicó que, sin un calendario electoral federal cargado, no existe justificación para un aumento en su solicitud de recursos. 

Recordó que en 2025 contó con un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos, y consideró que no debe incrementarse. “No puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación, yo creo que el tribunal también va a ir a la baja, incluso menos de los 3 mil 749 millones de pesos que tuvo asignados en 2025”, expuso.

El legislador puntualizó que los escenarios que presentó son “primicias” y que corresponderá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto dictaminar el proyecto final para el ejercicio fiscal de 2026.