La batalla silenciosa por el control del Comité Técnico de Evaluación entre Monreal y Adán Augusto

Este martes, la Cámara de Diputados decidirá la composición del Comité Técnico de Evaluación (CTE), organismo que tendrá un papel clave en la selección de jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, el camino hacia esta votación ha sido todo menos sencillo, en medio de una intensa pugna política entre dos figuras emblemáticas de Morena: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, y Adán Augusto López Hernández, líder del partido en el Senado.

 

La disputa entre Monreal y Adán Augusto no se limita a simples desacuerdos, sino que refleja una batalla por influencia y poder dentro del partido. Según fuentes legislativas, ambos líderes han puesto sobre la mesa tres de los cinco nombres que deben integrar el comité, compuesto por tres mujeres y dos hombres. Cada uno busca asegurar la mayoría en el CTE, lo cual representaría una ventaja crucial para su facción en la futura selección de altos cargos judiciales.

 

Para evitar una escalada en el conflicto, se ha considerado la intervención de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, quienes intentarán fungir como mediadores en la elección del quinto integrante del CTE. La propuesta tiene como objetivo evitar la injerencia de otras figuras dentro del partido, como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia.

 

La noche de este lunes se perfila como decisiva: las bancadas de Morena buscarán llegar a un acuerdo que permita la presentación formal de la lista de candidatos al CTE y que ésta sea aprobada el martes en la Cámara de Diputados.

 

En una conferencia de prensa reciente, Monreal se reunió con los coordinadores parlamentarios de otros partidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer las cualidades que deben cumplir los integrantes del CTE, aunque sin presentar nombres concretos. “Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos, yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico”, señaló Monreal respecto a la ausencia de propuestas de otros líderes como Rubén Moreira (PRI) y Noemí Berenice Luna (PAN).

 

Monreal también expresó su respeto hacia Movimiento Ciudadano (MC), cuyo liderazgo, bajo Dante Delgado, se ha consolidado en la política mexicana. Ante la posibilidad de que MC abandone la reunión de Puntos Constitucionales, Monreal respondió con diplomacia: “Lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo; es su estrategia y táctica, y ellos sabrán valorar si es o no la correcta”.

 

En la sesión privada de la Jucopo, Ivonne Ortega, coordinadora de MC, lanzó una pregunta incómoda al recordar que Andrés Manuel López Obrador, durante su tiempo como jefe de Gobierno, recurrió al Poder Judicial para evitar cambios en el nombre de Ciudad de México. “¿Ahora, ante quién se debe acudir entonces?”, inquirió Ortega, subrayando la importancia de un poder judicial independiente en los conflictos constitucionales. La respuesta de Monreal, con una sonrisa evasiva, fue: “Esa no te la voy a responder”.

 

El desenlace de este conflicto definirá no sólo el control del CTE, sino también la influencia que Monreal y Adán Augusto tendrán en los nombramientos judiciales. La votación de este martes en la Cámara de Diputados podría ser la clave para resolver esta pregunta.

Solicitan juicio político contra legisladores de la 4T por aprobar la Reforma Judicial

En un movimiento inesperado, diversas organizaciones civiles presentaron una solicitud de juicio político en contra de diputados y senadores que aprobaron la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados. Esta acción fue motivada por lo que consideran una violación a las suspensiones de amparo otorgadas por jueces de Chiapas y Morelos, que buscaban frenar el avance de la reforma.

 

El abogado Alejandro Valenzuela, quien representa a las organizaciones, compareció ante la sala de prensa de la Cámara de Diputados en San Lázaro para hacer pública la solicitud. “Esta denuncia es por la violación de las suspensiones de amparo que ya habían sido otorgadas. Se presentaron todas las pruebas, incluyendo las suspensiones emitidas por los jueces”, explicó Valenzuela.

 

La reforma judicial ha sido objeto de controversia desde su aprobación en el Senado la madrugada del 11 de septiembre, luego de haber sido avalada previamente en la Cámara de Diputados. Según Valenzuela, los legisladores ignoraron las suspensiones de amparo emitidas, lo que generó un conflicto legal que podría derivar en el juicio político solicitado. “Esperamos que se proceda conforme a la ley. Los legisladores denunciados no pueden ser juez y parte en este proceso”, destacó.

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cualquier legislador involucrado en una denuncia no puede formar parte de la subcomisión que evaluará el caso. “Solo cinco diputados de Morena no participaron en la discusión y aprobación de la reforma, por lo que serían los únicos habilitados para formar parte de la subcomisión de examen previo”, aclaró el abogado.

 

La denuncia ahora será revisada por la Cámara Baja, donde se deberá formar una subcomisión de examen previo que analizará si procede o no el juicio político. Si el dictamen avanza, los legisladores denunciados no podrán participar en la votación que defina su destino. “Es fundamental que se respeten las excusas e impedimentos establecidos por la ley para evitar conflictos de interés”, recordó Valenzuela.

 

Mientras tanto, la reforma judicial continúa su camino, habiendo sido aprobada por 23 congresos locales, con la excepción de Durango. Este escenario pone en el centro del debate no solo la validez de la reforma, sino también la integridad del proceso legislativo. La decisión final sobre el juicio político está en manos del Congreso, pero el mensaje es claro: la batalla legal por la reforma judicial apenas comienza.

Monreal revela las reformas que vienen: Guardia Nacional y Derechos Indígenas

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dejó claro que el Congreso no descansará en septiembre. Tras su reunión semanal en la casa de transición de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, Monreal anunció las próximas reformas que están por aprobarse: la relativa a la Guardia Nacional y la referente a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

 

“Siempre vengo, cada ocho días, para revisar la agenda legislativa, los intereses prioritarios de la presidenta electa y para conversar sobre las últimas sesiones del Congreso”, comentó Monreal al salir de la reunión. Su visita es parte de un esfuerzo coordinado con Sheinbaum, quien asumirá el cargo en unos meses.

 

Monreal confía en que las iniciativas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador estarán aprobadas antes de que termine septiembre. “La semana que entra vamos a deliberar, a discutir y, en su caso, aprobar la reforma en materia de comunidades indígenas y afromexicanas, y luego la de la Guardia Nacional la tercera semana”, adelantó.

 

Estas reformas, consideradas prioritarias por el partido en el poder, reflejan el compromiso de la administración actual con temas de seguridad y derechos humanos. La reforma de la Guardia Nacional, en particular, ha sido un tema polémico, con debates en torno a su control y operación.

 

Mientras Monreal y su equipo preparan el terreno en el Congreso, Sheinbaum también se pronunció sobre un tema delicado: la reciente consulta lanzada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para explorar si existe alguna vía legal para detener la reforma judicial.

 

Sheinbaum criticó la medida, insinuando que la SCJN podría estar actuando en contra de la voluntad popular. “¿Pero cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal”, declaró al llegar a su casa de transición.

 

Con estas declaraciones, el ambiente político en México se vuelve aún más tenso. Las próximas semanas serán clave para determinar el rumbo de estas reformas. Lo que es claro es que tanto Monreal como Sheinbaum están decididos a avanzar con su agenda, asegurando que los cambios propuestos se concreten antes de que termine el mes.

Diputados de la 4T posponen debate sobre la GN para festejar a la virtual presidenta

En un giro inesperado en el ámbito legislativo mexicano, los diputados de la Cuarta Transformación (4T) decidieron posponer la discusión de una reforma crucial para sumarse a las celebraciones por la entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, quien ha sido oficialmente reconocida como la presidenta electa de México. 

 

Este aplazamiento ha generado diversas reacciones, poniendo en pausa el debate sobre la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una iniciativa central en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

El aplazamiento fue comunicado a través de un oficio firmado por Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien explicó que la reunión programada para este jueves se realizaría ahora en modalidad semipresencial el próximo jueves 22 de agosto. “Por razones de agenda extraordinaria y espacio, se ajusta la cita a reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales”, detalla el documento que fue enviado a los legisladores.

 

Esta decisión ha provocado un retraso en la discusión y posible aprobación de la reforma que busca incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, una medida que, según la iniciativa presidencial, es clave para “impulsar la pacificación del territorio nacional por medio de una institución profesional y disciplinada”. Sin embargo, el ajuste en el calendario legislativo ha levantado preguntas sobre las prioridades del grupo parlamentario mayoritario.

 

Los diputados de Morena, quienes son mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales, no escondieron su entusiasmo por la celebración en torno a Sheinbaum. Según informaron algunos legisladores por la mañana, “había una alta probabilidad de llevar a cabo la reunión hoy por la tarde, porque ‘vamos a la cargada con nuestra presidenta electa’”. Esta declaración revela el ánimo festivo que predominó sobre las responsabilidades legislativas, un gesto que ha sido interpretado por algunos analistas como una muestra de lealtad política, pero que también ha suscitado críticas por la falta de atención a temas de seguridad nacional.

 

Mientras tanto, la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados se limitó a informar que “la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se cancela hasta nuevo aviso”, sin ofrecer más detalles sobre los motivos detrás de la decisión, ni sobre cómo afectará el desarrollo de otras iniciativas presidenciales en curso.

 

El retraso en la discusión de la reforma de la Guardia Nacional no es un asunto menor. Esta iniciativa ha sido uno de los pilares de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, quien ha insistido en la necesidad de fortalecer a la GN bajo el mando de la Sedena para garantizar la paz y la estabilidad en el país. La adscripción de la GN a la Sedena busca, según el mandatario, “consolidar una fuerza de seguridad que esté a la altura de los desafíos que enfrenta México en materia de delincuencia organizada y violencia”.

 

Sin embargo, la decisión de posponer la discusión ha dejado un vacío en la agenda legislativa que algunos consideran preocupante. Este aplazamiento ha generado expectativas sobre cómo se manejarán los tiempos legislativos en las próximas semanas, especialmente en lo que respecta a la reforma judicial, que también está programada para ser discutida el 22 de agosto, después de los ajustes realizados tras los nueve foros que se llevaron a cabo sobre esta iniciativa.

 

Este episodio deja en el aire la pregunta sobre el equilibrio entre el entusiasmo político y la responsabilidad legislativa. Mientras que la celebración por la primera mujer presidenta electa de México es, sin duda, un motivo de orgullo y regocijo, las tareas legislativas no pueden quedar en segundo plano. Las decisiones que se toman hoy tendrán repercusiones en la seguridad y el bienestar de millones de mexicanos, y posponer debates cruciales para un festejo, por legítimo que sea, podría enviar señales contradictorias sobre las prioridades del Congreso en estos tiempos de transformación.

 

El próximo 22 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales retomará el debate sobre la Guardia Nacional. Sin embargo, la pausa en esta discusión ya ha dejado su marca, recordándonos que en la política, cada decisión cuenta, y el equilibrio entre celebración y responsabilidad es más delicado de lo que parece.

Diputados aprueban ley de Protección Civil para financiar desastres naturales

La Cámara de Diputados, con el respaldo de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde Ecologista, dio luz verde en su fase inicial a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de Protección Civil. Esta medida busca que los estados asignen fondos de sus presupuestos para hacer frente a desastres naturales.

La votación en el pleno legislativo resultó en 242 votos a favor, 202 en contra y ninguna abstención. Durante la discusión, se presentaron 120 enmiendas a través de reservas.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, representante de Morena, fue quien presentó la iniciativa, destacando que la nueva ley establece la obligación de los estados de destinar recursos para atender emergencias, tal como lo indica la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Esta disposición requiere la creación de un fondo destinado a la atención inmediata de la población afectada y la reconstrucción de la infraestructura pública.

Sibaja Mendoza resaltó que los estados deberán desembolsar recursos en caso de emergencia o desastre, mientras que la intervención del gobierno federal solo ocurrirá mediante un acuerdo, cuando la magnitud del evento lo amerite, como sucedió recientemente en Acapulco.

El legislador hizo hincapié en que esta reestructuración facilitará una mejor comunicación y coordinación entre los estados y el gobierno federal, a través de un mecanismo de transferencia de recursos.

Sin embargo, el diputado del PAN, Miguel Humberto Rodarte de Lara, anunció la intención de la oposición de impugnar la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando su posible inconstitucionalidad.

Durante el debate, legisladores de la oposición criticaron la iniciativa por su impacto en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), señalando que esta medida lo dejaría obsoleto.

Confirma Ignacio Mier que Claudia Sheinbaum acudirá a Plenaria de Morena a puerta cerrada

En el marco de la VI Reunión Plenaria, Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, anunció la realización de encuentros cruciales con secretarios de Estado y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Estas reuniones buscarán abordar las reformas y temas que integrarán la agenda legislativa para el último periodo ordinario de la LXV Legislatura.

Mier Velazco destacó que los encuentros se llevarán a cabo a puerta cerrada para evitar posibles infracciones a la ley electoral. Explicó que, a pesar de la preferencia por la transparencia, las circunstancias particulares del proceso electoral requieren precaución para garantizar la libertad de expresión de los diputados y evitar violaciones a la normativa electoral.

Durante la jornada inaugural, los coordinadores del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas, recibirán a Sheinbaum Pardo, respetando los principios de autodeterminación del Grupo Parlamentario establecidos por la ley.

Mier Velazco subrayó la importancia de cumplir rigurosamente con la ley y señaló que, en la reunión, se discutirán también las iniciativas que el titular del Poder Ejecutivo enviará el próximo lunes 5 de febrero. Destacó que la columna vertebral de la agenda legislativa será la propuesta presidencial de reformas constitucionales, anunciada con anticipación.

En cuanto a la agenda prioritaria de la Coalición en San Lázaro para el segundo periodo de sesiones del tercer año de la LXV Legislatura, se incluyen las reformas laboral, electoral y al Poder Judicial. Se espera la participación de figuras clave, como el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para abordar la reforma al Poder Judicial, así como la presencia del director del IMSS, Zoé Robledo, para discutir el futuro de la salud en el país.

Entre los temas a tratar, la Secretaria Luisa María Alcalde Luján abordará las iniciativas del presidente, Ariadna Montiel se referirá a la consolidación de programas de bienestar, y Marath Baruch Bolaños López hablará sobre las reformas en materia laboral, incluyendo la reducción de la jornada y la garantía de un salario mínimo que supere la inflación. El especialista Jaime Castañeda informará sobre la reforma electoral, que busca reducir el financiamiento a los partidos políticos.

90% de Legisladores buscarán reelección el 2 de junio

En el contexto de la reforma electoral de 2014, que les permite buscar la reelección, el 90% de los actuales diputados y senadores buscarán mantenerse en sus cargos en las próximas elecciones del 2 de junio.

Analistas y académicos expresan su preocupación, argumentando que esta tendencia podría poner en peligro la democracia, ya que muchos legisladores, según ellos, han dejado de representar a los ciudadanos para favorecer intereses partidistas o de grupo.

Mariana Calderón, directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, enfatiza la importancia del voto como una herramienta poderosa para decidir quién permanece en el cargo, señalando que los ciudadanos tienen la capacidad de retirar la posibilidad de reelección a aquellos legisladores que no cumplen con sus responsabilidades.

Calderón destaca que esta acción también impulsa a los partidos políticos a brindar oportunidades a nuevas generaciones y a personas comprometidas con trabajar en beneficio de la población.

Diputada Montserrat Arcos Denuncia por Violencia de Género y Corrupción al Líder Nacional del PRI

En una conferencia de prensa, la diputada priísta Montserrat Alicia Arcos Velázquez reveló haber presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la mañana de hoy, acusando al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de violencia política de género y actos de corrupción. La legisladora argumentó que la situación inicialmente surgió como un tema de explotación, moches y corrupción.

“Quiero informarles que me dirigí al INE para presentar una denuncia contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por violencia política de género y actos de corrupción”, declaró Arcos Velázquez. “Todo comenzó como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción”.

La diputada detalló que, en un principio, fue abordada por el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, quien buscaba obtener recursos destinados por el partido para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres. Arcos Velázquez afirmó que Gutiérrez le propuso un esquema que incluía el retorno del 50 por ciento de dichos recursos, lo que, según ella, evidencia no solo un tema de violencia política sino también de corrupción.

“Los partidos políticos están obligados a destinar el 3 por ciento de su presupuesto a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres”, explicó la diputada. “Cuando no obtuve respuesta de mi parte a la propuesta del secretario de Finanzas, decidí buscar diálogo con el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, quien me pidió escuchar la propuesta legal y transparente de Gutiérrez, asegurándome que no comprometería mi integridad”.

Arcos Velázquez sostuvo que, en ese momento, no fue considerada digna de ser escuchada por el presidente del partido. “Se trata de una denuncia delicadísima”, subrayó la legisladora en San Lázaro. “Hagan de cuenta que me cayó lepra. Habrá más reacciones, pero me asiste la verdad”.

Además de Alejandro Moreno, la denuncia ante el INE también implica al secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, y cualquier persona que resulte responsable. La denuncia aborda un asunto de moches y corrupción, específicamente la no asignación de la partida presupuestal al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). Arcos Velázquez argumenta que la denuncia se relaciona con la obstaculización del cumplimiento del programa anual de trabajo del ONMPRI, alegando que el dirigente intentó extorsionarla solicitándole parte del presupuesto del organismo que ella encabezaba hasta su relevo.