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La Cámara de Diputados, con el respaldo de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde Ecologista, dio luz verde en su fase inicial a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de Protección Civil. Esta medida busca que los estados asignen fondos de sus presupuestos para hacer frente a desastres naturales.

La votación en el pleno legislativo resultó en 242 votos a favor, 202 en contra y ninguna abstención. Durante la discusión, se presentaron 120 enmiendas a través de reservas.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, representante de Morena, fue quien presentó la iniciativa, destacando que la nueva ley establece la obligación de los estados de destinar recursos para atender emergencias, tal como lo indica la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Esta disposición requiere la creación de un fondo destinado a la atención inmediata de la población afectada y la reconstrucción de la infraestructura pública.

Sibaja Mendoza resaltó que los estados deberán desembolsar recursos en caso de emergencia o desastre, mientras que la intervención del gobierno federal solo ocurrirá mediante un acuerdo, cuando la magnitud del evento lo amerite, como sucedió recientemente en Acapulco.

El legislador hizo hincapié en que esta reestructuración facilitará una mejor comunicación y coordinación entre los estados y el gobierno federal, a través de un mecanismo de transferencia de recursos.

Sin embargo, el diputado del PAN, Miguel Humberto Rodarte de Lara, anunció la intención de la oposición de impugnar la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando su posible inconstitucionalidad.

Durante el debate, legisladores de la oposición criticaron la iniciativa por su impacto en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), señalando que esta medida lo dejaría obsoleto.

En el marco de la VI Reunión Plenaria, Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, anunció la realización de encuentros cruciales con secretarios de Estado y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Estas reuniones buscarán abordar las reformas y temas que integrarán la agenda legislativa para el último periodo ordinario de la LXV Legislatura.

Mier Velazco destacó que los encuentros se llevarán a cabo a puerta cerrada para evitar posibles infracciones a la ley electoral. Explicó que, a pesar de la preferencia por la transparencia, las circunstancias particulares del proceso electoral requieren precaución para garantizar la libertad de expresión de los diputados y evitar violaciones a la normativa electoral.

Durante la jornada inaugural, los coordinadores del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas, recibirán a Sheinbaum Pardo, respetando los principios de autodeterminación del Grupo Parlamentario establecidos por la ley.

Mier Velazco subrayó la importancia de cumplir rigurosamente con la ley y señaló que, en la reunión, se discutirán también las iniciativas que el titular del Poder Ejecutivo enviará el próximo lunes 5 de febrero. Destacó que la columna vertebral de la agenda legislativa será la propuesta presidencial de reformas constitucionales, anunciada con anticipación.

En cuanto a la agenda prioritaria de la Coalición en San Lázaro para el segundo periodo de sesiones del tercer año de la LXV Legislatura, se incluyen las reformas laboral, electoral y al Poder Judicial. Se espera la participación de figuras clave, como el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para abordar la reforma al Poder Judicial, así como la presencia del director del IMSS, Zoé Robledo, para discutir el futuro de la salud en el país.

Entre los temas a tratar, la Secretaria Luisa María Alcalde Luján abordará las iniciativas del presidente, Ariadna Montiel se referirá a la consolidación de programas de bienestar, y Marath Baruch Bolaños López hablará sobre las reformas en materia laboral, incluyendo la reducción de la jornada y la garantía de un salario mínimo que supere la inflación. El especialista Jaime Castañeda informará sobre la reforma electoral, que busca reducir el financiamiento a los partidos políticos.

En el contexto de la reforma electoral de 2014, que les permite buscar la reelección, el 90% de los actuales diputados y senadores buscarán mantenerse en sus cargos en las próximas elecciones del 2 de junio.

Analistas y académicos expresan su preocupación, argumentando que esta tendencia podría poner en peligro la democracia, ya que muchos legisladores, según ellos, han dejado de representar a los ciudadanos para favorecer intereses partidistas o de grupo.

Mariana Calderón, directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, enfatiza la importancia del voto como una herramienta poderosa para decidir quién permanece en el cargo, señalando que los ciudadanos tienen la capacidad de retirar la posibilidad de reelección a aquellos legisladores que no cumplen con sus responsabilidades.

Calderón destaca que esta acción también impulsa a los partidos políticos a brindar oportunidades a nuevas generaciones y a personas comprometidas con trabajar en beneficio de la población.

En una conferencia de prensa, la diputada priísta Montserrat Alicia Arcos Velázquez reveló haber presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la mañana de hoy, acusando al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de violencia política de género y actos de corrupción. La legisladora argumentó que la situación inicialmente surgió como un tema de explotación, moches y corrupción.

“Quiero informarles que me dirigí al INE para presentar una denuncia contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por violencia política de género y actos de corrupción”, declaró Arcos Velázquez. “Todo comenzó como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción”.

La diputada detalló que, en un principio, fue abordada por el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, quien buscaba obtener recursos destinados por el partido para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres. Arcos Velázquez afirmó que Gutiérrez le propuso un esquema que incluía el retorno del 50 por ciento de dichos recursos, lo que, según ella, evidencia no solo un tema de violencia política sino también de corrupción.

“Los partidos políticos están obligados a destinar el 3 por ciento de su presupuesto a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres”, explicó la diputada. “Cuando no obtuve respuesta de mi parte a la propuesta del secretario de Finanzas, decidí buscar diálogo con el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, quien me pidió escuchar la propuesta legal y transparente de Gutiérrez, asegurándome que no comprometería mi integridad”.

Arcos Velázquez sostuvo que, en ese momento, no fue considerada digna de ser escuchada por el presidente del partido. “Se trata de una denuncia delicadísima”, subrayó la legisladora en San Lázaro. “Hagan de cuenta que me cayó lepra. Habrá más reacciones, pero me asiste la verdad”.

Además de Alejandro Moreno, la denuncia ante el INE también implica al secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, y cualquier persona que resulte responsable. La denuncia aborda un asunto de moches y corrupción, específicamente la no asignación de la partida presupuestal al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). Arcos Velázquez argumenta que la denuncia se relaciona con la obstaculización del cumplimiento del programa anual de trabajo del ONMPRI, alegando que el dirigente intentó extorsionarla solicitándole parte del presupuesto del organismo que ella encabezaba hasta su relevo.