Sheinbaum acusa que Estados Unidos no aclaró captura de “El Mayo” y la vincula con violencia en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, a un año y siete meses de la detención de Ismael Zambada García, autoridades de Estados Unidos no han esclarecido completamente las circunstancias en las que ocurrió su arresto en Nuevo México. Durante una conferencia en Sinaloa, la mandataria señaló que la falta de claridad sobre ese hecho coincide con el incremento de la violencia en la entidad.

Nunca quedó claro qué fue lo que pasó y a partir de ahí se incrementa la violencia”, expresó la presidenta, al referirse al traslado del líder criminal a territorio estadounidense. Añadió que el enfoque del gobierno federal se mantiene en la protección de la población y en la implementación de estrategias orientadas a reducir la impunidad y atender las causas estructurales de la violencia.

En el mismo acto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios en Sinaloa han disminuido 50% desde junio de 2025. No obstante, en contraste con esa reducción, las lesiones provocadas por arma de fuego registraron un incremento de 36.1% en el estado. Las autoridades federales no presentaron cifras actualizadas sobre desapariciones, pese a que este delito ha tenido presencia relevante en la entidad en meses recientes.

Sheinbaum también destacó indicadores relacionados con la actividad económica y turística, particularmente en Mazatlán, donde señaló que el desarrollo de eventos como el carnaval impulsó la ocupación hotelera. Indicó que el hotel donde se hospedó reportó prácticamente lleno, con presencia significativa de visitantes internacionales.

Ismael Zambada, de 77 años, es identificado como cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera. Fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Estados Unidos. Posteriormente, el propio Zambada aseguró mediante una carta que fue engañado y llevado a ese país en contra de su voluntad.

Según esa versión, Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio, lo citó a una reunión en Sinaloa en la que presuntamente estarían presentes el gobernador Rubén Rocha Moya y el exfuncionario Héctor Melesio Cuén para abordar un conflicto político. Sin embargo, al encontrarse en privado, hombres armados ingresaron al sitio, lo sometieron y lo trasladaron a una pista aérea, donde fue obligado a abordar una avioneta con destino a Estados Unidos.

El traslado incluyó el uso de sedantes, de acuerdo con el relato difundido posteriormente. La detención del líder criminal marcó un punto relevante en el contexto de seguridad regional, mientras autoridades mexicanas continúan señalando la necesidad de esclarecer plenamente el proceso que derivó en su captura y traslado internacional.

Aprueban sanciones de hasta 36 horas de arresto contra franeleros en CDMX

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron, en sesión virtual, la iniciativa de la jefa de Gobierno Clara Brugada para imponer sanciones a quienes aparten lugares en la vía pública o cobren por permitir estacionarse, comúnmente conocidos como “franeleros”. La propuesta obtuvo 17 votos a favor y dos abstenciones, y ahora será discutida en el pleno del Congreso capitalino.

La iniciativa establece que las personas que aparten lugares con objetos, impidan el libre tránsito o exijan dinero por permitir el estacionamiento en la vía pública podrían recibir sanciones de 24 a 36 horas de arresto. El objetivo central de esta reforma es desincentivar conductas asociadas a delitos como extorsión, robo de vehículos y autopartes, amenazas, daño a la propiedad y lesiones, al tiempo que se promueve el uso libre y seguro del espacio público.

El dictamen fue presentado por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La propuesta contempla adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México: se suma la Fracción XXXIX al artículo 3, se añade el artículo 28 Bis con infracciones especiales en materia de seguridad ciudadana vinculadas a la ocupación de espacios públicos, se incorpora un nuevo párrafo al artículo 31 y se modifica el artículo 32.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena subrayaron que la reforma no está dirigida contra trabajadores no asalariados ni personas en situación de calle, sino contra quienes realizan acciones que afectan a terceros al obstruir el uso del espacio público, coaccionar a los automovilistas o lucrar con bienes que no les pertenecen. Aseguraron que la iniciativa tiene como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El argumento central detrás de la medida, según lo expresado en la comisión, es garantizar que la ciudadanía disfrute del espacio público y de la movilidad de manera libre, sin temor a ser extorsionada ni obligada a pagar por ocupar un espacio en la calle. Además, se busca frenar la apropiación informal y no regulada de espacios vehiculares, muchas veces vinculada a redes de ilegalidad y microextorsión.

Con esta aprobación en comisiones, la iniciativa de Brugada avanza hacia una etapa clave en el Congreso local, donde las y los legisladores deberán debatirla y, en su caso, convertirla en ley.

Explosión en Tultepec: Una tragedia que sacudió La Saucera

Este miércoles 11 de junio, el cielo de Tultepec se estremeció con el estruendo de una explosión que hizo eco mucho más allá de la zona de La Saucera. Lo que muchos pensaron que era una explosión menor, terminó por convertirse en una tragedia: un polvorín explotó y dejó como saldo una persona fallecida y nueve más lesionadas. Así lo informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El estallido ocurrió alrededor de la 1 de la tarde, y rápidamente se activaron los protocolos de emergencia. Las autoridades acordonaron el área, impidiendo el paso a curiosos y vecinos para evitar más riesgos. Tres de los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, donde recibieron atención médica por la gravedad de sus lesiones.

Pero aún con el fuego casi extinguido, las autoridades advirtieron que siguen existiendo zonas con vestigios de incendio, lo que impide confirmar cuántas personas pudieron estar cerca del lugar en el momento exacto de la explosión. Por eso, el llamado fue claro y urgente: nadie debe acercarse hasta que los equipos de emergencia concluyan con la revisión de la zona y determinen que ya no hay peligro.

El gobierno municipal, a través de un comunicado, quiso aclarar un dato importante: no hay ductos de gas ni otro tipo de combustible en el lugar afectado. Así que lo ocurrido no fue una fuga o una falla en instalaciones industriales, sino un incidente relacionado directamente con la manipulación de pirotecnia.

Este tipo de hechos, aunque estremecen, no son completamente nuevos para el municipio. Tultepec es conocido en todo el país por su tradición pirotécnica, pero también ha sido escenario de varios accidentes similares a lo largo de los años. La situación obliga a una reflexión: ¿cómo equilibrar una tradición que da identidad y empleo a muchas familias con la necesidad urgente de reforzar la seguridad y evitar más pérdidas humanas?

Por ahora, lo que queda es esperar el dictamen final de las autoridades y, sobre todo, atender sus indicaciones para no poner en riesgo más vidas. A quienes trabajan con pólvora y artefactos explosivos, se les pide extremar cuidados; y a quienes observamos desde fuera, nos toca ser empáticos, responsables y estar informados.

Este suceso nos recuerda lo frágil que puede ser todo en un segundo… y la importancia de actuar con prevención.

Elección Judicial en la mira tras impugnación de candidaturas por vínculos penales

En una acción sin precedentes dentro del nuevo proceso electoral judicial en México, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas. Esta solicitud, presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, apunta directamente a la integridad de los aspirantes involucrados.

Las objeciones se basan en dos frentes contundentes. El primero, de carácter legal y ético: 18 de las personas impugnadas se encuentran presuntamente vinculadas a investigaciones penales federales, algunas con órdenes de aprehensión activas. Las acusaciones incluyen delitos de alto impacto como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y presunta relación con la delincuencia organizada. A juicio de los legisladores, esta situación representa una clara violación del requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, indispensable para aspirar a un cargo judicial.

El segundo punto crítico recae en el desempeño académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8.0 en estudios de licenciatura. Las calificaciones de estas personas oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, según Gutiérrez Luna, pone en entredicho no solo la preparación profesional, sino la calidad ética que debe caracterizar a los futuros jueces, juezas y magistrados. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, puntualizó el diputado.

El informe presentado a las autoridades electorales incluye documentación sobre carpetas de investigación abiertas, así como detalles de las relaciones de algunos aspirantes con personajes vinculados al crimen organizado. También se hace referencia a casos en los que los candidatos han ejercido como abogados defensores de individuos procesados por delitos de alto perfil, generando así posibles conflictos de interés.

En palabras de Gutiérrez Luna, “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Su declaración resalta la importancia de proteger la legitimidad del Poder Judicial frente al contexto electoral que, por primera vez en la historia de México, permitirá a la ciudadanía elegir directamente a jueces, magistrados y otros cargos de este poder del Estado.

El 1 de junio de 2025, más de 99 millones de votantes están convocados a las urnas para elegir 881 cargos entre más de 3,400 postulaciones. En medio del proceso, las campañas —que finalizarán el 28 de mayo— se desarrollan bajo la mirada atenta de la sociedad civil, organismos internacionales y la oposición, que han encendido alertas sobre una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.

La impugnación de estas candidaturas podría marcar un precedente clave en la consolidación de una justicia verdaderamente independiente, transparente y profesional en el país.