Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para reforzar la seguridad y garantizar el orden durante dos procesos decisivos para la vida democrática capitalina: la elección del Poder Judicial local del próximo 1 de junio y la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, programada para el 17 de agosto.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada explicó que este acuerdo busca blindar el derecho al voto mediante condiciones de seguridad confiables y transparentes. La administración local se comprometió a brindar custodia a casillas electorales, transporte y resguardo del material electoral, así como apoyo vial, servicios de emergencia, protección civil y presencia de bomberos durante ambas jornadas.

“Con este convenio brindaremos la protección que solicite el Instituto Electoral (…) todo ello, para que los procesos democráticos que tenemos este año se lleven a cabo de manera efectiva, sin ningún contratiempo”,declaró la mandataria capitalina al formalizar el compromiso.

El proceso electoral del 1 de junio marcará un hito en la historia democrática de la Ciudad de México. Por primera vez, la ciudadanía elegirá directamente a jueces, juezas, magistrados y magistradas. En total, se definirán 137 cargos del Poder Judicial local: 98 jueces, 34 magistraturas y 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Para ello, se postularon 607 candidaturas y se instalarán 6,134 casillas a lo largo de la ciudad.

Brugada resaltó que esta nueva etapa posiciona al Poder Judicial como una institución más cercana al pueblo, construida con una visión de ética, imparcialidad y responsabilidad social. “El Poder Judicial que va a resultar electo el primero de junio va a responder al pueblo, a la ciudadanía; esa es la apuesta de esta nueva etapa democrática”, puntualizó.

Durante la firma, Patricia Avendaño Durán, presidenta del IECM, aseguró que la preparación técnica del proceso se ha desarrollado con rigurosidad y coordinación junto al INE. Entre las acciones realizadas destacan la verificación de casillas, el resguardo de documentación electoral y la definición de rutas seguras para el traslado de los paquetes de votación.

Avendaño también destacó que se trata de una elección sin precedentes, con mecanismos diseñados para que el proceso sea accesible, eficiente y claro para todas las personas. “Estoy segura –y no temo equivocarme– que en la parte técnica hemos logrado resolver [los retos] (…) para que la ciudadanía pueda participar en esta elección”, expresó.

El convenio firmado también incluye la colaboración del gobierno capitalino en la Consulta de Presupuesto Participativo del 17 de agosto, mediante la cual los ciudadanos decidirán en qué se invierte una parte del presupuesto en sus colonias. Este ejercicio refuerza los canales de participación ciudadana directa.

Tanto el gobierno de la ciudad como las autoridades electorales reafirmaron su compromiso de garantizar un entorno seguro y bien organizado durante ambos procesos, en una apuesta firme por fortalecer la democracia desde lo local.

En una acción sin precedentes dentro del nuevo proceso electoral judicial en México, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas. Esta solicitud, presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, apunta directamente a la integridad de los aspirantes involucrados.

Las objeciones se basan en dos frentes contundentes. El primero, de carácter legal y ético: 18 de las personas impugnadas se encuentran presuntamente vinculadas a investigaciones penales federales, algunas con órdenes de aprehensión activas. Las acusaciones incluyen delitos de alto impacto como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y presunta relación con la delincuencia organizada. A juicio de los legisladores, esta situación representa una clara violación del requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, indispensable para aspirar a un cargo judicial.

El segundo punto crítico recae en el desempeño académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8.0 en estudios de licenciatura. Las calificaciones de estas personas oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, según Gutiérrez Luna, pone en entredicho no solo la preparación profesional, sino la calidad ética que debe caracterizar a los futuros jueces, juezas y magistrados. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, puntualizó el diputado.

El informe presentado a las autoridades electorales incluye documentación sobre carpetas de investigación abiertas, así como detalles de las relaciones de algunos aspirantes con personajes vinculados al crimen organizado. También se hace referencia a casos en los que los candidatos han ejercido como abogados defensores de individuos procesados por delitos de alto perfil, generando así posibles conflictos de interés.

En palabras de Gutiérrez Luna, “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Su declaración resalta la importancia de proteger la legitimidad del Poder Judicial frente al contexto electoral que, por primera vez en la historia de México, permitirá a la ciudadanía elegir directamente a jueces, magistrados y otros cargos de este poder del Estado.

El 1 de junio de 2025, más de 99 millones de votantes están convocados a las urnas para elegir 881 cargos entre más de 3,400 postulaciones. En medio del proceso, las campañas —que finalizarán el 28 de mayo— se desarrollan bajo la mirada atenta de la sociedad civil, organismos internacionales y la oposición, que han encendido alertas sobre una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.

La impugnación de estas candidaturas podría marcar un precedente clave en la consolidación de una justicia verdaderamente independiente, transparente y profesional en el país.