La transparencia aterriza en Mexicana de Aviación: los ciudadanos tienen el derecho

La transparencia aterriza en Mexicana de Aviación: los ciudadanos tienen el derecho

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha dado un paso firme hacia la claridad en la gestión de recursos públicos. Este organismo ordenó a Mexicana de Aviación entregar los contratos de arrendamiento de aviones que la conectan con Petrus Aero Holdings y otras empresas. La decisión busca despejar cualquier nube de opacidad en una industria que a menudo se mueve entre bastidores.


Este caso comenzó cuando el Grupo Olmeca-Maya-Mexica, responsable de la operación estatal de Mexicana, reservó la información argumentando que los contratos estaban involucrados en un litigio judicial. Sin embargo, para la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, esto no fue suficiente. En su análisis, destacó que los contratos en cuestión fueron firmados antes del inicio del juicio y no tienen vínculo con el proceso judicial activo.


“Son documentos públicos desde el momento en que se crearon”, afirmó Del Río Venegas durante su intervención, resaltando que la Ley Federal de Transparencia obliga a publicar y actualizar información relacionada con la contratación de bienes o servicios financiados con recursos públicos. Según la comisionada, la reserva de información en este caso es improcedente.


El litigio que envuelve a Mexicana de Aviación se desarrolla en tribunales estadounidenses, donde la aerolínea enfrenta una demanda por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales. A pesar de esto, los contratos solicitados no forman parte de las actuaciones legales y, por ende, deben ser accesibles al público.


La resolución del INAI refuerza la idea de que los ciudadanos tienen el derecho de saber cómo y en qué se utilizan los recursos públicos. La transparencia no solo mejora la confianza en las instituciones, sino que también permite una supervisión activa de su funcionamiento.


Este fallo marca un precedente importante en un sector donde la información sensible tiende a manejarse con discreción. Más allá del caso específico, la orden del INAI subraya la importancia de rendir cuentas en toda actividad financiada con dinero público.


Mexicana de Aviación ahora debe entregar los contratos solicitados, garantizando el acceso a datos que, desde su firma, pertenecen a la esfera pública. En una era donde la información es poder, la transparencia sigue siendo el mejor combustible para un vuelo seguro hacia la rendición de cuentas. 

Ernesto Zedillo advierte sobre los riesgos de la reforma al Poder Judicial

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, quien gobernó entre 1994 y 2000, advirtió este domingo que la propuesta de reformar el Poder Judicial, permitiendo que los jueces sean elegidos por voto popular, amenaza con destruir su independencia y someterlo a los intereses del grupo político en el poder.

Zedillo pronunció estas palabras durante el discurso inaugural de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo del 15 al 20 de septiembre en la Ciudad de México.

En su intervención, el exmandatario alertó que “las modificaciones propuestas llevan, en última instancia, a la destrucción del Poder Judicial y a la desaparición de otras instituciones autónomas del Estado, esenciales para la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo del país”.

Zedillo también subrayó la relevancia del Estado de derecho para que las sociedades, especialmente en América Latina, puedan alcanzar su pleno desarrollo.

A este evento de apertura también asistieron la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y los ministros Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán.

Naciones Unidas alerta sobre los riesgos de eliminar el INAI

Las Relatorías Especiales de la ONU han expresado su rotundo rechazo a la propuesta de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus homólogos a nivel estatal. Esta iniciativa, que será debatida y votada próximamente por la Cámara de Diputados, ha encendido alarmas a nivel internacional.

Ana Brian Nougéres, relatora especial sobre el derecho a la privacidad, junto con Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, han instado al Gobierno federal a reconsiderar la eliminación del INAI.

En un informe especial dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las relatorías advirtieron que esta medida podría poner en riesgo el derecho a la privacidad en México. El documento subraya que suprimir el INAI sin establecer mecanismos alternativos y efectivos podría debilitar la rendición de cuentas y limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos.

“La eliminación del INAI, sin la creación de alternativas adecuadas, podría erosionar la rendición de cuentas y la participación ciudadana que esta institución ha buscado promover”, señala el reporte.

La ONU resalta que el INAI ha sido fundamental en empoderar a los ciudadanos mexicanos, dándoles control sobre su información personal en un contexto dominado por tecnologías avanzadas.

La organización internacional sostiene que una entidad autónoma como el INAI es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales, asegurar la correcta aplicación de las leyes de protección de datos, y mantener a México como líder global en esta materia.

En respuesta, las Relatorías Especiales de la ONU han instado al Gobierno mexicano a buscar mecanismos alternativos que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de los ciudadanos. Además, han ofrecido asistencia técnica para facilitar la implementación de soluciones adecuadas.

El 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para disolver siete órganos autónomos, incluido el INAI. Esta iniciativa será ahora sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

María Amparo Casar Desmiente Acusaciones de Pablo Gómez Sobre Financiamiento de MCCI

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), rechazó las afirmaciones hechas por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, alegó que MCCI había recibido más de 96 millones de pesos de la Embajada de Estados Unidos en México entre agosto de 2018 y diciembre de 2024.

Casar, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, calificó las declaraciones de Gómez como falsas y excesivas. “Utilizar una hora completa en la mañanera para detallar los donantes, sueldos, gastos e ingresos de nuestra organización me parece un ataque sin precedentes”, afirmó.

La presidenta de MCCI destacó que la organización presenta anualmente un informe de transparencia cada 30 o 31 de mayo desde su fundación en 2016, cumpliendo con las obligaciones legales sin recibir observaciones.

Casar explicó que MCCI recibió financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante seis años, finalizando en diciembre de 2023. Aclaró que en los primeros dos años no recibió fondos debido a la necesidad de demostrar la efectividad de su trabajo en rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.

La presidenta también subrayó que MCCI es auditada por varias instituciones, incluyendo el SAT, y que Claudio X. González, quien dejó la organización en julio de 2020, no tiene influencia en su funcionamiento actual. “Estamos completamente auditados y todo está en orden”, concluyó Casar.

Propuesta del PT para sancionar a candidatos que no entreguen informe de ingresos

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Pedro Vázquez González, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) con el objetivo de establecer sanciones más proporcionales para las precandidaturas que no entreguen a tiempo sus informes de ingresos y gastos de precampaña.

La propuesta incluye amonestaciones públicas y multas de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a unos 542 mil 850 pesos.

El diputado sugiere añadir un primer párrafo al numeral 3 del artículo 229 de la LGIPE para señalar que si una precandidatura no entrega sus informes en el tiempo establecido y resulta ganadora en las elecciones internas o asambleas del partido, podrá ser sancionada de acuerdo con el artículo 456, inciso c), fracciones I o II de la ley. Estas sanciones van desde una amonestación pública hasta multas sustanciales.

El documento, enviado a la Comisión de Reforma Política-Electoral, señala que la normativa actual establece que si un precandidato incumple con la presentación de informes, no podrá ser registrado oficialmente como candidato. El diputado Vázquez González considera que esta sanción puede ser excesiva, ya que podría restringir el derecho de ser votado sin proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a la gravedad de la falta.

El legislador resalta la necesidad de equilibrar la aplicación de sanciones para proteger la transparencia electoral y, al mismo tiempo, evitar barreras que limiten injustamente los derechos políticos. Sugiere que la pérdida de registro como sanción debería ser el último recurso y no la primera opción, buscando alternativas más adecuadas para corregir las conductas irregulares y fomentar la rendición de cuentas sin comprometer los derechos fundamentales.