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El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó ante el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un proyecto en el que propone confirmar la multa de 16 mil 857 pesos impuesta a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por haber recibido aportaciones prohibidas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante el inicio de su campaña. La discusión de este caso está programada para la próxima semana en la Sala Superior.

La sanción fue originalmente establecida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el 28 de julio, al resolver que Esquivel incurrió en una falta al no rechazar aportaciones en especie provenientes de un ente no autorizado por la ley. El señalamiento se derivó de su participación el 30 de marzo en un evento realizado en Ecatepec, Estado de México, al que acudieron maestros de la sección 36 del SNTE y que fue identificado como el arranque de su campaña bajo el título “Diálogos por la Transformación de la Justicia en México”.

El INE concluyó que Esquivel utilizó mamparas, pantallas y un podio provistos por el sindicato, elementos que fueron considerados aportaciones en especie prohibidas al constituir recursos propagandísticos accesorios al evento. Con base en ello, el órgano electoral fijó una sanción económica que, en su opinión, corresponde a la gravedad de la falta.

La entonces candidata interpuso un recurso de apelación el 8 de agosto, en el que argumentó que la sanción era desproporcionada y que el INE debió esperar la resolución de otro procedimiento sancionador antes de imponer la multa. Sin embargo, el proyecto elaborado por el magistrado Rodríguez Mondragón sostuvo que no era necesario posponer el análisis de la queja, pues la conducta imputada ya se encontraba claramente tipificada en la normativa electoral.

“El proyecto señala que la aportación de un ente no permitido se encuentra debidamente contemplada en la legislación y que, en este caso, la utilización de los recursos aportados por el SNTE sí constituyó una infracción”, indica el documento presentado al pleno. Bajo esta argumentación, Rodríguez Mondragón planteó que la multa debe ser confirmada al no considerarse excesiva ni desproporcionada frente a la conducta cometida.

La resolución definitiva sobre la apelación de Yasmín Esquivel se discutirá en una próxima sesión pública del TEPJF, donde los magistrados deberán pronunciarse sobre la propuesta de confirmar la sanción administrativa establecida por el Instituto Nacional Electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó este viernes 45 constancias de mayoría a jueces y magistrados que, en un inicio, habían sido declarados inelegibles. La decisión obedeció a una instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de evitar vacancias en cargos judiciales y garantizar el cumplimiento de la paridad de género.

Durante la sesión del Consejo General, los consejeros manifestaron su desacuerdo con la resolución del Tribunal Electoral. No obstante, votaron a favor del cumplimiento del mandato judicial, con excepción de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien expresó su respaldo abierto a la legitimidad de los triunfos.

“Estos 45 triunfos no son menos legítimos. No han sido designados, han sido electos, no representan a un sector o a una élite, su legitimidad no proviene del poder sino del pueblo de México. Su responsabilidad no es sólo con la ley, sino con la historia”, declaró Taddei Zavala.

El origen del caso se remonta a la verificación de requisitos académicos y criterios de paridad. En varios casos, los aspirantes no alcanzaron el promedio mínimo requerido en licenciatura o especialidad, lo que llevó al INE a declarar vacantes. Sin embargo, el TEPJF ordenó reconocer los resultados de la elección del 1 de junio.

En al menos 28 casos, se trató de magistraturas donde no se cumplía con el promedio de nueve en la especialidad. Además, en 12 procesos el ajuste se realizó por criterios de equidad de género: mujeres que habían obtenido el triunfo, pero cuyos lugares se habían asignado a hombres.

Entre quienes recibieron su constancia como jueces de distrito se encuentran Tania Virginia Neri Borjas, María De Fátima Ramírez Esparza, Arlette Bisteni Pérez, José Wenceslao Báez Montelongo, Julio Alberto Ramírez Martínez, Jesymar Castillo Arangute y Edgar Alejandro Domínguez Villapudua.

También figuran José Antonio Ruiz Rosales, Ricardo Jiménez Galicia, María Isabel Contreras López, Carlos Alberto Arellano Fuentes, Selene Isela Campos López, Genaro García Carrasco, Benjamín Rodríguez Cuéllar, María del Carmen Zúñiga Cleto, Rosa María Viveros Villegas, Graciela Anaya Ruiz, Marelie Mendoza Reyna y Yadira Guadalupe Dórame Enríquez.

En el caso de las magistraturas de circuito, el INE entregó constancias a Diego Gatica Noriega, José Francisco Nieto Alcalá, Juan Pablo Vásquez Calvo, Sixto Iván Rivera López, Norma Leticia Aguilar Estrada, María Eugenia Martínez Carrillo, Edgar Iván Asencio López, Landy Giselle Brito Bernal, Carlos Francisco López Reyna, Luis Carlos Maldonado Lazos y Sonia Alejandra Martínez Mireles.

La lista incluye además a Carol Denise Gómez Castro, Darío García Cedillo, Mariela Estefanía Zurita Lugo, Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, María Valdés Leal, Sheila Taideth Díaz Colín, Jorge Medina Sarabia, Catalina Álvarez Ramales, Ana Yadira Alarcón Márquez, Ximena Jiménez García, Nadia Cecilia Lupita Licón González, Lilia Areli Zamora Colmenares, Nancy Aguilar Tovar, Melina Hernández Sánchez y Xitlali Gómez Terán.

Con esta decisión, el INE dio cumplimiento a la instrucción del TEPJF y cerró el proceso de entrega de constancias, con lo cual los nuevos jueces y magistrados podrán ejercer el cargo para el que fueron electos en las urnas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde al nuevo modelo de credencial para votar, que incorporará tecnología de vanguardia para reforzar su seguridad y autenticidad. La decisión fue tomada este jueves durante la sesión del Consejo General, donde se detallaron los cambios que tendrá el documento más utilizado para identificarse en México.

Arturo Castillo Loza, consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, informó que esta renovación se enmarca dentro de un proceso de licitación para contratar a la empresa que fabricará las nuevas credenciales. Aprovechando este proceso, el INE introducirá mejoras sustanciales tanto en diseño como en protección contra fraudes.

El nuevo diseño contará con innovaciones como microtextos, elementos ópticamente variables, tintas termocromáticas e infrarrojas, así como un diseño de seguridad de alta resolución. También se añadirá una fotografía digital en el reverso y un elemento táctil que facilitará su uso a personas con debilidad visual.

Además, se mantendrán los mecanismos actuales de verificación y lectura rápida, como los códigos de barras tradicionales y los códigos QR bidimensionales de alta densidad. El documento seguirá incluyendo hasta 650 caracteres para los datos personales del titular, así como el código OCR compuesto por la sección electoral y un identificador único.

El objetivo central, señaló Castillo, es robustecer la seguridad del documento para hacerlo prácticamente infalsificable y garantizar la integridad de los procesos democráticos en México.

“Se busca incrementar las medidas de seguridad de esta credencial y garantizar que sea prácticamente infalsificable”, afirmó.

El nuevo modelo también abre la puerta a futuras discusiones sobre la inclusión de información adicional, como la voluntad de donación de órganos o la pertenencia a un grupo indígena, a solicitud de ciudadanos. Sin embargo, estos temas serán abordados en una etapa posterior.

La renovación de la credencial forma parte de los esfuerzos del INE por mantenerse a la vanguardia tecnológica y proteger la identidad de más de 97 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Con estas modificaciones, el instituto busca no solo facilitar el ejercicio del voto, sino también fortalecer la confianza en los instrumentos electorales del país.

Una revisión fiscal iniciada en febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la aprobación de sanciones por 31.9 millones de pesos para partidos políticos nacionales, por inconsistencias en el pago de impuestos y en sus reportes fiscales. El ajuste se realizó tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que redujo casi a la mitad las multas inicialmente previstas.

La cifra inicial, dictada por la Comisión de Fiscalización, ascendía a 65.2 millones de pesos. Sin embargo, documentos de última hora enviados por el SAT provocaron una reconsideración en el Consejo General del INE, que redujo las sanciones en más de 33 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los principales beneficiados con estas reducciones.

El PT logró una baja significativa, pasando de 40.8 millones a 13.3 millones de pesos. Mientras tanto, el PVEM disminuyó su multa de casi ocho millones a apenas 283 mil pesos. Movimiento Ciudadano también vio una rebaja considerable, quedando con una sanción de solo 11 mil pesos.

Morena, por su parte, recibió la multa más baja de todo el proceso, con apenas dos mil 74 pesos, a pesar de que en febrero se había señalado que tenía pendientes fiscales por más de 60 millones. La intervención del SAT cambió por completo el escenario inicial en favor del partido oficialista.

Las reducciones se sustentaron en documentación y aclaraciones fiscales presentadas a contrarreloj, situación que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo General. La consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, destacó que muchos partidos adoptaron la práctica de entregar documentación de última hora. Esta acción obligó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a revisar apresuradamente información adicional, afectando la exhaustividad de los procedimientos.

“El análisis de la información presentada de manera extemporánea afecta negativamente el desarrollo ordinario de la fiscalización”, sostuvo Humphrey durante la sesión.

La información oficial arrojó diferencias notables. Aunque el recorte de multas se informó como un ajuste de 33.2 millones, los datos desglosados a los consejeros indican una disminución de más de 35 millones de pesos. Estas inconsistencias numéricas dejaron abiertos cuestionamientos sobre la claridad de los ajustes.

Los partidos de oposición no corrieron con la misma suerte. El PRI mantuvo su multa de 12 millones, el PAN de poco más de cuatro millones, y el PRD de seis mil pesos, sin modificaciones. El PRI intentó entregar oficios de último momento que no fueron tomados en cuenta por el INE. El representante priista Emilio Suárez Licona afirmó que el SAT respondió apenas unas horas antes de la sesión, mientras que la diputada Marcela Guerra acusó al Instituto de ignorar diversos documentos enviados durante los últimos dos años.

Los beneficiados agradecieron el acompañamiento institucional para regularizar sus situaciones fiscales. Algunos partidos aún contemplan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir buscando una reducción en las multas impuestas. Mientras tanto, el proceso de fiscalización continúa marcando diferencias entre partidos, evidenciando la influencia que pueden tener los tiempos y la estrategia documental en las decisiones del árbitro electoral.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró un receso durante la sesión donde se discutiría la validez de la elección de magistrados de circuito, debido a múltiples irregularidades detectadas en los perfiles de algunos de los candidatos electos. La pausa fue determinada tras señalarse el incumplimiento del requisito académico de promedio mínimo y la existencia de denuncias de violencia y acoso sexual contra varios de los aspirantes.

El proyecto presentado al Consejo General del INE incluía una propuesta que contemplaba aceptar un promedio de 7.6 como equivalente a 8 en la licenciatura para los candidatos a magistrados. Esta medida fue rechazada por los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, quienes argumentaron que la flexibilización del criterio atentaría contra los requisitos formales del cargo.

Durante el desarrollo de la sesión, la consejera Carla Humphrey presentó casos específicos de candidatos que no cumplen con los criterios académicos ni con los de integridad. Entre ellos, Joel Iscac Rangel Agüeros, Eduardo Torres Carrillo y Guadalupe López Arvizu, todos con promedios inferiores al mínimo requerido. La consejera remarcó que el Instituto no puede otorgar la constancia de mayoría a quienes no acrediten el cumplimiento total de los requisitos establecidos.

A las irregularidades académicas se sumaron acusaciones graves contra otros magistrados electos. Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz, designado para el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito en Nuevo León, enfrenta señalamientos por hostigamiento y violencia docente cuando se desempeñaba como profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su defensa, el candidato declaró que las acusaciones son calumnias anónimas, y no presentó el formato de declaración de cumplimiento conocido como “ocho de ocho”.

Otro caso mencionado fue el de Genaro Antonio Valerio Pinillos, electo para el tribunal civil y de trabajo del quinto circuito en Sonora, quien tiene abiertos siete procedimientos de investigación por denuncias de acoso, hostigamiento y abuso de poder. Ocho mujeres han presentado acusaciones en su contra.

La consejera Humphrey también expuso irregularidades relacionadas con la paridad de género. Señaló que el Senado envió listas incompletas que no permiten verificar el cumplimiento de los criterios de equidad. Candidatas como Zaira Gallegos (Guerrero), Lilia Hermosillo (Jalisco), Luz Elba De la Torre (Guanajuato) y Melina Hernández (Nayarit) denunciaron que la regla de paridad no fue respetada en sus respectivas entidades.

Asimismo, se hizo mención de que otras candidatas, como Alicia del Carmen Hernández (Chihuahua) y Alelí Feria (Veracruz), reportaron haber recibido mayor cantidad de votos sin haber sido consideradas en la asignación alternada, lo que representa un posible incumplimiento en la garantía de igualdad de oportunidades para mujeres en el proceso.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ordenó un receso de 45 minutos con el objetivo de reorganizar la votación de la elección y atender las observaciones presentadas por los consejeros. La sesión se mantiene en pausa mientras se determina la ruta a seguir para garantizar que los nombramientos cumplan con los principios de legalidad, paridad y elegibilidad.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo pidió no declarar la validez de la reciente elección judicial, tras advertir que el uso de “acordeones” influyó de forma significativa en los resultados. La propuesta se sustentó en lo que definió como “dudas razonables” sobre la legalidad del proceso, sin que ello impidiera entregar constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores.

El consejero señaló que se identificaron 818 casillas con irregularidades, incluyendo boletas sin extraer de las urnas, resultados con 100 por ciento de apoyo para ciertas candidaturas y una “inducción evidente” al voto mediante los llamados acordeones. Aunque este conjunto representa apenas el 0.97 por ciento de las casillas instaladas a nivel nacional, el funcionario lo calificó como “sumamente grave”.

En un momento clave del proceso electoral, Castillo fue el primero en exponer estas anomalías en la sesión dedicada a validar el cómputo nacional y entregar constancias de mayoría a los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, electos por voto popular por primera vez.

Durante su intervención, afirmó: “Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones. 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos”.

Castillo detalló que al menos 37 modelos distintos de acordeones fueron distribuidos en 15 estados del país y a nivel nacional. Estos documentos coincidieron hasta en un 80 por ciento con las candidaturas ganadoras a nivel de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para las Salas Regionales, el porcentaje de coincidencia alcanzó el 85 por ciento.

El consejero sostuvo que se trató de una “estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas”, lo cual, a su juicio, generó un entorno de inequidad. Agregó que el INE no puede pasar por alto los indicios, aunque aclaró que estos no constituyen prueba plena.

Su propuesta consistió en no declarar la validez —que no implica declarar la invalidez— de las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales, salvo la de Toluca. También planteó entregar las constancias correspondientes y dar vista a las autoridades competentes.

El Consejo General continúa deliberando sobre cómo validar los resultados, mientras se mantiene en análisis un cambio respecto al proyecto inicial, que solo consideraba excluir 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El nuevo enfoque contempla omitir las más de 800 casillas señaladas, sin que eso altere el resultado general.

A pesar del debate, esta misma tarde el INE entregará las constancias de mayoría a cinco ministras y cuatro ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, actuales ministras y candidatas para continuar en el Poder Judicial, se deslindaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de cualquier relación con los llamados “acordeones” que circularon en redes y calles para orientar el voto ciudadano hacia perfiles afines al oficialismo.

El deslinde fue presentado por escrito, en línea con lo que también hicieron alrededor de cien aspirantes más. La acción busca evitar que esos materiales sean considerados como parte de sus gastos de campaña, en el marco de la fiscalización que el INE ya realiza tras las elecciones judiciales celebradas recientemente.

Entre quienes también presentaron su deslinde se encuentran Claudia Valle Aguilasocho y Dolores Ruvalcaba, aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Luis Ibarra Navarrete, candidato a juez de distrito en la Ciudad de México, así como otros dos aspirantes a magistrado regional en materia electoral y al Tribunal de Disciplina Judicial.

La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que estos escritos buscan deslindar a los candidatos de una posible vinculación con el financiamiento, producción y distribución de los acordeones. Aclaró que la Unidad Técnica de Fiscalización ya indaga el origen de los recursos destinados a ese material propagandístico.

En caso de que la investigación detecte una relación directa entre los materiales y alguna candidatura, el costo será sumado al tope de gastos correspondiente. Si dicho límite es rebasado, se aplicará la sanción correspondiente, conforme a la normativa vigente.

La fiscalización en curso se centra en los más de 3 mil 300 aspirantes que compitieron por 881 cargos dentro del Poder Judicial. De acuerdo con Humphrey, la mayoría ya entregó sus informes de gastos, y será el próximo 18 de julio cuando la Comisión de Fiscalización resuelva si existen anomalías. Posteriormente, el Consejo General del INE aprobará los informes definitivos el 28 de julio.

La consejera aclaró que estos procedimientos no afectan la entrega de constancias de mayoría, prevista para el 15 de junio, ni el proceso de toma de posesión de los cargos, programada para el 1 de septiembre. Añadió que, durante ese periodo, podrán presentarse impugnaciones que serán atendidas conforme al marco legal.

Sin emitir juicios, el INE mantiene en marcha la revisión del ejercicio electoral que marcó un precedente al abrir a votación popular la integración de instancias clave del sistema judicial. Mientras tanto, el proceso continúa, con la lupa puesta en los gastos, la legalidad y la legitimidad de los resultados.

Con el objetivo de fortalecer su papel como garante de la transparencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio un paso firme al aprobar su reestructura interna en esta materia. Este cambio llega tras la reciente reforma constitucional que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ahora, el INE no solo conserva su responsabilidad como árbitro electoral, sino que amplía sus funciones y se convierte en una pieza clave en la defensa de los derechos relacionados con la información pública y los datos personales.

El Consejo General del instituto definió que el Órgano Interno de Control (OIC) asumirá la autoridad en lo relativo a la información institucional del INE. Este órgano será el encargado de recibir, revisar y resolver los recursos relacionados con el acceso a la información, así como con los derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Las resoluciones emitidas por el OIC serán definitivas, vinculatorias e inapelables dentro del instituto.

En paralelo, el Consejo General del INE tomará el rol de autoridad garante en lo que respecta a los partidos políticos nacionales. Esto implica supervisar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, así como asegurar el acceso a la información que generan y detentan, sin dejar de lado la protección de datos personales.

Este cambio institucional está diseñado para garantizar que cada resolución, cada decisión tomada, se ajuste a los principios que rigen no solo la función electoral, sino también el acceso a la información y el derecho a la privacidad.

Con esta reestructura, el INE también pone en marcha la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que será la responsable directa de operar como autoridad garante en el nuevo esquema organizativo.

“Este acuerdo fortalece la capacidad institucional del INE en el cumplimiento de sus nuevas atribuciones legales. Y garantiza que la transparencia y protección de datos personales continúen siendo derechos vigentes y accesibles para toda la ciudadanía”, afirmó Guadalupe Taddei, presidenta del organismo.

El nuevo modelo de operación busca responder a la necesidad de mantener viva la transparencia en la administración pública, aún en contextos de cambio legislativo. La reestructura representa un ajuste sustancial en el andamiaje institucional del INE, sin perder su esencia como garante de la equidad, la legalidad y la confianza ciudadana.

La transformación está en marcha y el INE asume una nueva dimensión de responsabilidad mientras la transparencia no se detiene.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que regirán la campaña electoral para la elección del Poder Judicial de la Federación, estableciendo criterios que garantizan equidad, orden y transparencia en el proceso.

Con la contienda a punto de iniciar, se definieron restricciones clave para los candidatos: queda prohibido el uso de templetes, sonido profesional y carpas en eventos públicos. Tampoco podrá utilizarse perifoneo. La consejera Carla Humphrey precisó que las reuniones en espacios abiertos están permitidas siempre que sean “no onerosas, sin erogaciones ni montajes“. Como únicos medios autorizados para amplificar la voz, se podrán emplear megáfonos y bocinas no profesionales.

Las y los aspirantes tendrán acceso a foros, universidades, podcasts y mesas de diálogo, siempre que no implique un costo adicional para la candidatura. Además, se permitirá la creación de canales en YouTube, páginas web y perfiles en redes sociales, aunque sin opción de pagar por publicidad o aumentar su alcance mediante pauta digital.

El uso de propaganda impresa estará limitado a materiales en papel biodegradable. Se autoriza que los candidatos porten camisas o prendas con su nombre, pero queda prohibido uniformar a los equipos de apoyo. No se podrán rotular vehículos ni bardas, y la instalación de espectaculares y propaganda utilitaria también queda fuera de los lineamientos permitidos.

En materia de seguridad, la consejera del INE indicó que “los vehículos blindados y el personal de seguridad podrán ser utilizados atendiendo las problemáticas en materia de seguridad que aquejan a nuestro país”. Cualquier candidato que decida contar con un equipo de seguridad deberá informar a la unidad del cargo que ocupa actualmente.

El objetivo de estas disposiciones es claro: proteger el principio de equidad en la contienda y asegurar el correcto uso de los recursos. “El INE no solo regula y fiscaliza, sino que acompaña”, destacó la consejera Humphrey.

El instituto reafirma su compromiso con una elección ordenada, legal y transparente, en la que la confianza ciudadana sea el pilar fundamental del proceso.