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El proceso para la posible creación de nuevos partidos políticos en México entró en una etapa decisiva luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara que cinco organizaciones ciudadanas presentaron formalmente su solicitud de registro, cuyo resultado será determinado en junio de 2026.

Durante una sesión del Consejo General, el organismo electoral conoció el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva sobre las organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos nacionales dentro del proceso 2025–2026. A partir de esta revisión, se confirmó que las solicitudes formales fueron entregadas en febrero de este año, lo que activó el procedimiento de evaluación correspondiente.

Las agrupaciones que buscan obtener el registro son Interacción y Empatía para Todos, A.C., que pretende conformar el Partido Interacción Empática; Construyendo Sociedades de Paz, A.C., que impulsa el Partido Paz y es encabezada por el diputado de Morena Hugo Éric Flores; así como Personas Sumando en 2025, A.C., conocida como Somos México, vinculada a la llamada “marea rosa” y presidida por Guadalupe Acosta Naranjo.

También participan la Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia, organización que en 2021 recabó firmas para la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y México Tiene Vida, A.C., que igualmente busca constituirse como fuerza política nacional.

El informe del INE detalló que, en una etapa previa, se recibieron 91 notificaciones de intención. De ese total, dos fueron presentadas fuera de plazo. Posteriormente, de las 89 restantes, 82 se consideraron procedentes y siete no cumplieron con los requisitos. Sin embargo, el proceso continuó con 31 desistimientos, lo que redujo el número final a las cinco organizaciones que formalizaron su solicitud en febrero de 2026.

“El INE, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en la legislación electoral, así como de formular el proyecto de dictamen correspondiente para su resolución por parte del Consejo General”, indicó el instituto.

Entre los requisitos establecidos para obtener el registro se encuentra acreditar documentos básicos, reunir un mínimo de afiliación equivalente al 0.26% del padrón electoral federal —256 mil 30 personas para este proceso— y demostrar la realización de asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales.

Con la sesión celebrada este martes, comenzó el plazo de 60 días hábiles para analizar las solicitudes, periodo que se extenderá del 31 de marzo al 25 de junio de 2026. En caso de que alguna organización cumpla con todos los requisitos, su registro como partido político nacional entrará en vigor a partir del 1 de julio de ese mismo año.

“El INE garantiza que el proceso de constitución de nuevos partidos políticos se realice con estricto apego a la ley, fortaleciendo la vida democrática del país mediante reglas claras, procedimientos verificables y decisiones fundadas en criterios técnicos y objetivos”, mencionó el órgano electoral nacional.

La renovación de tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene calendario definido, criterios de selección y un mecanismo alterno en caso de bloqueo político. La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que regirá todo el proceso para cubrir las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera a partir del 4 de abril.

El documento establece que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, previo al inicio del periodo de Semana Santa. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán presentar un examen programado para el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

La evaluación estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que tendrá la responsabilidad de filtrar perfiles y seleccionar a los mejor calificados. De ese proceso surgirán tres listas con cinco aspirantes por cada cargo disponible, incluyendo al menos una conformada exclusivamente por mujeres. Dichas propuestas deberán entregarse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a más tardar el 20 de abril.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los nuevos consejeros. La fecha límite para concretar estos nombramientos es el 22 de abril.

En caso de que no se alcance el consenso necesario entre los grupos parlamentarios, el proceso contempla una insaculación en el propio recinto legislativo. Si las diferencias persisten, el CTE enviará las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros realizarán la selección mediante un sorteo a partir del 29 de abril.

La integración del Comité Técnico también quedó definida en la convocatoria. La Jucopo enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos de sus integrantes, mientras que los otros tres serán elegidos por consenso entre las fuerzas políticas bajo criterios como imparcialidad, independencia, legalidad y profesionalismo.

Durante la discusión previa, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, planteó condiciones sobre la conformación del comité. “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”. Más adelante, señaló: “Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”.

La aprobación de la convocatoria alcanzó 408 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención. La única bancada que votó en contra fue la del PRI, encabezada por Rubén Moreira, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, quienes no estuvieron presentes durante la votación.

La adjudicación del contrato para producir 95 millones de credenciales para votar entre 2026 y 2031 generó advertencias dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que tres consejeros señalaran posibles riesgos en el manejo de datos del padrón electoral tras la participación de Talleres Gráficos de México junto con empresas privadas en el proceso de fabricación.

Durante una sesión del Consejo General, los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala y Arturo Castillo pidieron revisar la contratación realizada por la Dirección Ejecutiva de Administración, área que depende de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, luego de que se adjudicara el contrato al consorcio integrado por Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México.

Los consejeros plantearon que para la elaboración de las credenciales es necesario utilizar datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral y la lista nominal, por lo que solicitaron mayor claridad sobre el flujo de esa información y sobre las funciones específicas que tendrá cada empresa en el proceso de impresión y personalización.

El consejero Arturo Castillo señaló que el informe presentado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores no detalla de forma suficiente los mecanismos de transmisión y resguardo de la información que será utilizada durante la fabricación de las credenciales. Indicó que se requiere una descripción precisa de los tramos de transferencia de datos hacia las empresas participantes y de los controles que garantizarán su uso exclusivo para este proceso.

Por su parte, Dania Ravel destacó que Talleres Gráficos de México es un organismo descentralizado dependiente del Ejecutivo federal, lo que, señaló, puede generar tensiones con la autonomía constitucional del INE y con la percepción de independencia que exige la ciudadanía respecto a la autoridad electoral.

La consejera también aclaró que los consejeros no participan en la definición de las licitaciones ni en los procesos de contratación, ya que esas responsabilidades corresponden a las áreas administrativas del instituto.

En la misma discusión, Claudia Zavala expresó inquietud sobre el alcance de las actividades que realizará cada empresa dentro del proceso de impresión y personalización de las credenciales, debido a que esas tareas implican el uso de información personal de los ciudadanos.

Ante los señalamientos, la consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó que exista conflicto de interés o riesgo de vulneración del padrón electoral. Señaló que ninguna empresa contratada por el INE ha tenido acceso directo al padrón o a la lista nominal y afirmó que las áreas técnicas mantienen controles sobre el manejo de los datos personales.

El contrato fue adjudicado en diciembre pasado por un monto de hasta mil 75 millones de pesos para la producción de 95 millones de credenciales, con un costo unitario estimado de 0.66 dólares, equivalente a aproximadamente 11.99 pesos mexicanos por identificación.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la comisión presidencial para la reforma electoral un amplio paquete de propuestas técnicas que serán consideradas en la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión. El documento fue entregado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y contiene un total de 316 planteamientos, de los cuales 241 cuentan con consenso del Consejo General y 75 fueron formulados a título personal por distintos consejeros.

La reunión se llevó a cabo con la asistencia de nueve de los once integrantes del Consejo General del INE, encabezados por Taddei Zavala. No acudieron las consejeras Dania Ravel ni Claudia Zavala. El texto presentado lleva por nombre “Propuesta de mejora en materia electoral” y busca incidir en diversos aspectos operativos, normativos y estructurales del sistema electoral mexicano.

Las consejeras y consejeros Carla Humphrey y Arturo Castillo señalaron que hubiera sido deseable un proceso de discusión interna más amplio antes de la entrega final del documento. Humphrey explicó que, aunque se formularon 316 propuestas, únicamente 241 lograron consenso, mientras que el resto refleja posiciones individuales. Subrayó que cada consejería incorporó los temas que consideró prioritarios.

Entre los planteamientos destacados se encuentra la propuesta de garantizar al INE un presupuesto anual vinculado al Producto Interno Bruto (PIB), como respuesta a los cuatro recortes presupuestales aplicados por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Esta idea fue rechazada de inmediato por Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, quien la calificó como inviable al considerar que una disminución del PIB podría traducirse en una reducción automática de recursos para el organismo electoral.

Humphrey defendió la necesidad de asegurar un presupuesto suficiente para que el INE pueda cumplir con sus funciones constitucionales. En el ámbito técnico, el documento también plantea fortalecer los procesos de fiscalización, incluyendo la eliminación del secreto fiscal para el instituto, con el objetivo de permitir investigaciones más eficaces. Asimismo, propone reforzar las medidas de equidad en la contienda y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El consejero Jaime Rivera expuso que las propuestas buscan preservar los principios y valores democráticos. Señaló cuatro ejes centrales: fortalecer la pluralidad política sin favorecer a una sola fuerza; proteger la equidad de la contienda evitando la intervención gubernamental; salvaguardar la independencia del INE; y respetar los procedimientos colegiados para el nombramiento de funcionarios. En este contexto, pidió revertir la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgó mayores facultades a la presidencia del INE para designaciones internas.

Al término del encuentro, Pablo Gómez confirmó que el miércoles entregará a la presidenta Sheinbaum un anteproyecto de reforma electoral. Reconoció que persisten diferencias al interior de la comisión, integrada también por Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, pero aseguró que se encuentran en fase de deliberación. Aclaró que la iniciativa no modificará las fechas de la segunda elección judicial prevista para 2027 y señaló que la propuesta de elegir consejeros del INE mediante voto popular “está en la mesa”.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó ante el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un proyecto en el que propone confirmar la multa de 16 mil 857 pesos impuesta a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por haber recibido aportaciones prohibidas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante el inicio de su campaña. La discusión de este caso está programada para la próxima semana en la Sala Superior.

La sanción fue originalmente establecida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el 28 de julio, al resolver que Esquivel incurrió en una falta al no rechazar aportaciones en especie provenientes de un ente no autorizado por la ley. El señalamiento se derivó de su participación el 30 de marzo en un evento realizado en Ecatepec, Estado de México, al que acudieron maestros de la sección 36 del SNTE y que fue identificado como el arranque de su campaña bajo el título “Diálogos por la Transformación de la Justicia en México”.

El INE concluyó que Esquivel utilizó mamparas, pantallas y un podio provistos por el sindicato, elementos que fueron considerados aportaciones en especie prohibidas al constituir recursos propagandísticos accesorios al evento. Con base en ello, el órgano electoral fijó una sanción económica que, en su opinión, corresponde a la gravedad de la falta.

La entonces candidata interpuso un recurso de apelación el 8 de agosto, en el que argumentó que la sanción era desproporcionada y que el INE debió esperar la resolución de otro procedimiento sancionador antes de imponer la multa. Sin embargo, el proyecto elaborado por el magistrado Rodríguez Mondragón sostuvo que no era necesario posponer el análisis de la queja, pues la conducta imputada ya se encontraba claramente tipificada en la normativa electoral.

“El proyecto señala que la aportación de un ente no permitido se encuentra debidamente contemplada en la legislación y que, en este caso, la utilización de los recursos aportados por el SNTE sí constituyó una infracción”, indica el documento presentado al pleno. Bajo esta argumentación, Rodríguez Mondragón planteó que la multa debe ser confirmada al no considerarse excesiva ni desproporcionada frente a la conducta cometida.

La resolución definitiva sobre la apelación de Yasmín Esquivel se discutirá en una próxima sesión pública del TEPJF, donde los magistrados deberán pronunciarse sobre la propuesta de confirmar la sanción administrativa establecida por el Instituto Nacional Electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó este viernes 45 constancias de mayoría a jueces y magistrados que, en un inicio, habían sido declarados inelegibles. La decisión obedeció a una instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de evitar vacancias en cargos judiciales y garantizar el cumplimiento de la paridad de género.

Durante la sesión del Consejo General, los consejeros manifestaron su desacuerdo con la resolución del Tribunal Electoral. No obstante, votaron a favor del cumplimiento del mandato judicial, con excepción de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien expresó su respaldo abierto a la legitimidad de los triunfos.

“Estos 45 triunfos no son menos legítimos. No han sido designados, han sido electos, no representan a un sector o a una élite, su legitimidad no proviene del poder sino del pueblo de México. Su responsabilidad no es sólo con la ley, sino con la historia”, declaró Taddei Zavala.

El origen del caso se remonta a la verificación de requisitos académicos y criterios de paridad. En varios casos, los aspirantes no alcanzaron el promedio mínimo requerido en licenciatura o especialidad, lo que llevó al INE a declarar vacantes. Sin embargo, el TEPJF ordenó reconocer los resultados de la elección del 1 de junio.

En al menos 28 casos, se trató de magistraturas donde no se cumplía con el promedio de nueve en la especialidad. Además, en 12 procesos el ajuste se realizó por criterios de equidad de género: mujeres que habían obtenido el triunfo, pero cuyos lugares se habían asignado a hombres.

Entre quienes recibieron su constancia como jueces de distrito se encuentran Tania Virginia Neri Borjas, María De Fátima Ramírez Esparza, Arlette Bisteni Pérez, José Wenceslao Báez Montelongo, Julio Alberto Ramírez Martínez, Jesymar Castillo Arangute y Edgar Alejandro Domínguez Villapudua.

También figuran José Antonio Ruiz Rosales, Ricardo Jiménez Galicia, María Isabel Contreras López, Carlos Alberto Arellano Fuentes, Selene Isela Campos López, Genaro García Carrasco, Benjamín Rodríguez Cuéllar, María del Carmen Zúñiga Cleto, Rosa María Viveros Villegas, Graciela Anaya Ruiz, Marelie Mendoza Reyna y Yadira Guadalupe Dórame Enríquez.

En el caso de las magistraturas de circuito, el INE entregó constancias a Diego Gatica Noriega, José Francisco Nieto Alcalá, Juan Pablo Vásquez Calvo, Sixto Iván Rivera López, Norma Leticia Aguilar Estrada, María Eugenia Martínez Carrillo, Edgar Iván Asencio López, Landy Giselle Brito Bernal, Carlos Francisco López Reyna, Luis Carlos Maldonado Lazos y Sonia Alejandra Martínez Mireles.

La lista incluye además a Carol Denise Gómez Castro, Darío García Cedillo, Mariela Estefanía Zurita Lugo, Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, María Valdés Leal, Sheila Taideth Díaz Colín, Jorge Medina Sarabia, Catalina Álvarez Ramales, Ana Yadira Alarcón Márquez, Ximena Jiménez García, Nadia Cecilia Lupita Licón González, Lilia Areli Zamora Colmenares, Nancy Aguilar Tovar, Melina Hernández Sánchez y Xitlali Gómez Terán.

Con esta decisión, el INE dio cumplimiento a la instrucción del TEPJF y cerró el proceso de entrega de constancias, con lo cual los nuevos jueces y magistrados podrán ejercer el cargo para el que fueron electos en las urnas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde al nuevo modelo de credencial para votar, que incorporará tecnología de vanguardia para reforzar su seguridad y autenticidad. La decisión fue tomada este jueves durante la sesión del Consejo General, donde se detallaron los cambios que tendrá el documento más utilizado para identificarse en México.

Arturo Castillo Loza, consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, informó que esta renovación se enmarca dentro de un proceso de licitación para contratar a la empresa que fabricará las nuevas credenciales. Aprovechando este proceso, el INE introducirá mejoras sustanciales tanto en diseño como en protección contra fraudes.

El nuevo diseño contará con innovaciones como microtextos, elementos ópticamente variables, tintas termocromáticas e infrarrojas, así como un diseño de seguridad de alta resolución. También se añadirá una fotografía digital en el reverso y un elemento táctil que facilitará su uso a personas con debilidad visual.

Además, se mantendrán los mecanismos actuales de verificación y lectura rápida, como los códigos de barras tradicionales y los códigos QR bidimensionales de alta densidad. El documento seguirá incluyendo hasta 650 caracteres para los datos personales del titular, así como el código OCR compuesto por la sección electoral y un identificador único.

El objetivo central, señaló Castillo, es robustecer la seguridad del documento para hacerlo prácticamente infalsificable y garantizar la integridad de los procesos democráticos en México.

“Se busca incrementar las medidas de seguridad de esta credencial y garantizar que sea prácticamente infalsificable”, afirmó.

El nuevo modelo también abre la puerta a futuras discusiones sobre la inclusión de información adicional, como la voluntad de donación de órganos o la pertenencia a un grupo indígena, a solicitud de ciudadanos. Sin embargo, estos temas serán abordados en una etapa posterior.

La renovación de la credencial forma parte de los esfuerzos del INE por mantenerse a la vanguardia tecnológica y proteger la identidad de más de 97 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Con estas modificaciones, el instituto busca no solo facilitar el ejercicio del voto, sino también fortalecer la confianza en los instrumentos electorales del país.

Una revisión fiscal iniciada en febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la aprobación de sanciones por 31.9 millones de pesos para partidos políticos nacionales, por inconsistencias en el pago de impuestos y en sus reportes fiscales. El ajuste se realizó tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que redujo casi a la mitad las multas inicialmente previstas.

La cifra inicial, dictada por la Comisión de Fiscalización, ascendía a 65.2 millones de pesos. Sin embargo, documentos de última hora enviados por el SAT provocaron una reconsideración en el Consejo General del INE, que redujo las sanciones en más de 33 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los principales beneficiados con estas reducciones.

El PT logró una baja significativa, pasando de 40.8 millones a 13.3 millones de pesos. Mientras tanto, el PVEM disminuyó su multa de casi ocho millones a apenas 283 mil pesos. Movimiento Ciudadano también vio una rebaja considerable, quedando con una sanción de solo 11 mil pesos.

Morena, por su parte, recibió la multa más baja de todo el proceso, con apenas dos mil 74 pesos, a pesar de que en febrero se había señalado que tenía pendientes fiscales por más de 60 millones. La intervención del SAT cambió por completo el escenario inicial en favor del partido oficialista.

Las reducciones se sustentaron en documentación y aclaraciones fiscales presentadas a contrarreloj, situación que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo General. La consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, destacó que muchos partidos adoptaron la práctica de entregar documentación de última hora. Esta acción obligó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a revisar apresuradamente información adicional, afectando la exhaustividad de los procedimientos.

“El análisis de la información presentada de manera extemporánea afecta negativamente el desarrollo ordinario de la fiscalización”, sostuvo Humphrey durante la sesión.

La información oficial arrojó diferencias notables. Aunque el recorte de multas se informó como un ajuste de 33.2 millones, los datos desglosados a los consejeros indican una disminución de más de 35 millones de pesos. Estas inconsistencias numéricas dejaron abiertos cuestionamientos sobre la claridad de los ajustes.

Los partidos de oposición no corrieron con la misma suerte. El PRI mantuvo su multa de 12 millones, el PAN de poco más de cuatro millones, y el PRD de seis mil pesos, sin modificaciones. El PRI intentó entregar oficios de último momento que no fueron tomados en cuenta por el INE. El representante priista Emilio Suárez Licona afirmó que el SAT respondió apenas unas horas antes de la sesión, mientras que la diputada Marcela Guerra acusó al Instituto de ignorar diversos documentos enviados durante los últimos dos años.

Los beneficiados agradecieron el acompañamiento institucional para regularizar sus situaciones fiscales. Algunos partidos aún contemplan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir buscando una reducción en las multas impuestas. Mientras tanto, el proceso de fiscalización continúa marcando diferencias entre partidos, evidenciando la influencia que pueden tener los tiempos y la estrategia documental en las decisiones del árbitro electoral.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró un receso durante la sesión donde se discutiría la validez de la elección de magistrados de circuito, debido a múltiples irregularidades detectadas en los perfiles de algunos de los candidatos electos. La pausa fue determinada tras señalarse el incumplimiento del requisito académico de promedio mínimo y la existencia de denuncias de violencia y acoso sexual contra varios de los aspirantes.

El proyecto presentado al Consejo General del INE incluía una propuesta que contemplaba aceptar un promedio de 7.6 como equivalente a 8 en la licenciatura para los candidatos a magistrados. Esta medida fue rechazada por los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, quienes argumentaron que la flexibilización del criterio atentaría contra los requisitos formales del cargo.

Durante el desarrollo de la sesión, la consejera Carla Humphrey presentó casos específicos de candidatos que no cumplen con los criterios académicos ni con los de integridad. Entre ellos, Joel Iscac Rangel Agüeros, Eduardo Torres Carrillo y Guadalupe López Arvizu, todos con promedios inferiores al mínimo requerido. La consejera remarcó que el Instituto no puede otorgar la constancia de mayoría a quienes no acrediten el cumplimiento total de los requisitos establecidos.

A las irregularidades académicas se sumaron acusaciones graves contra otros magistrados electos. Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz, designado para el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito en Nuevo León, enfrenta señalamientos por hostigamiento y violencia docente cuando se desempeñaba como profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su defensa, el candidato declaró que las acusaciones son calumnias anónimas, y no presentó el formato de declaración de cumplimiento conocido como “ocho de ocho”.

Otro caso mencionado fue el de Genaro Antonio Valerio Pinillos, electo para el tribunal civil y de trabajo del quinto circuito en Sonora, quien tiene abiertos siete procedimientos de investigación por denuncias de acoso, hostigamiento y abuso de poder. Ocho mujeres han presentado acusaciones en su contra.

La consejera Humphrey también expuso irregularidades relacionadas con la paridad de género. Señaló que el Senado envió listas incompletas que no permiten verificar el cumplimiento de los criterios de equidad. Candidatas como Zaira Gallegos (Guerrero), Lilia Hermosillo (Jalisco), Luz Elba De la Torre (Guanajuato) y Melina Hernández (Nayarit) denunciaron que la regla de paridad no fue respetada en sus respectivas entidades.

Asimismo, se hizo mención de que otras candidatas, como Alicia del Carmen Hernández (Chihuahua) y Alelí Feria (Veracruz), reportaron haber recibido mayor cantidad de votos sin haber sido consideradas en la asignación alternada, lo que representa un posible incumplimiento en la garantía de igualdad de oportunidades para mujeres en el proceso.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ordenó un receso de 45 minutos con el objetivo de reorganizar la votación de la elección y atender las observaciones presentadas por los consejeros. La sesión se mantiene en pausa mientras se determina la ruta a seguir para garantizar que los nombramientos cumplan con los principios de legalidad, paridad y elegibilidad.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo pidió no declarar la validez de la reciente elección judicial, tras advertir que el uso de “acordeones” influyó de forma significativa en los resultados. La propuesta se sustentó en lo que definió como “dudas razonables” sobre la legalidad del proceso, sin que ello impidiera entregar constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores.

El consejero señaló que se identificaron 818 casillas con irregularidades, incluyendo boletas sin extraer de las urnas, resultados con 100 por ciento de apoyo para ciertas candidaturas y una “inducción evidente” al voto mediante los llamados acordeones. Aunque este conjunto representa apenas el 0.97 por ciento de las casillas instaladas a nivel nacional, el funcionario lo calificó como “sumamente grave”.

En un momento clave del proceso electoral, Castillo fue el primero en exponer estas anomalías en la sesión dedicada a validar el cómputo nacional y entregar constancias de mayoría a los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, electos por voto popular por primera vez.

Durante su intervención, afirmó: “Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones. 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos”.

Castillo detalló que al menos 37 modelos distintos de acordeones fueron distribuidos en 15 estados del país y a nivel nacional. Estos documentos coincidieron hasta en un 80 por ciento con las candidaturas ganadoras a nivel de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para las Salas Regionales, el porcentaje de coincidencia alcanzó el 85 por ciento.

El consejero sostuvo que se trató de una “estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas”, lo cual, a su juicio, generó un entorno de inequidad. Agregó que el INE no puede pasar por alto los indicios, aunque aclaró que estos no constituyen prueba plena.

Su propuesta consistió en no declarar la validez —que no implica declarar la invalidez— de las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales, salvo la de Toluca. También planteó entregar las constancias correspondientes y dar vista a las autoridades competentes.

El Consejo General continúa deliberando sobre cómo validar los resultados, mientras se mantiene en análisis un cambio respecto al proyecto inicial, que solo consideraba excluir 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El nuevo enfoque contempla omitir las más de 800 casillas señaladas, sin que eso altere el resultado general.

A pesar del debate, esta misma tarde el INE entregará las constancias de mayoría a cinco ministras y cuatro ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.