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La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando el tope en el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos mensuales. La votación registró 458 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y posteriormente el proyecto fue turnado a la discusión en lo particular.

La propuesta fue defendida por legisladores de Morena, quienes señalaron que la medida busca corregir desigualdades dentro del sistema de pensiones. La diputada Haidyd Arreola sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de atender diferencias entre beneficios elevados y pensiones bajas dentro del servicio público.

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó durante la fundamentación del dictamen.

La legisladora también aseguró que la reforma cuenta con sustento jurídico y no contraviene el principio de irretroactividad. Explicó que las reformas constitucionales pueden incidir en situaciones previas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin vulnerar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, legisladores del Partido Acción Nacional cuestionaron el alcance del dictamen y señalaron que no se incluyen todos los casos. La diputada Laura Cristina Márquez criticó que el proyecto excluya a ciertos funcionarios y planteó que la medida no aplica a ministros en retiro.

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, señaló. También cuestionó: “¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”.

La legisladora también hizo referencia a otros temas durante su intervención y criticó el impacto presupuestal de la medida frente a otros gastos del gobierno.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley. “Lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”, señaló.

El legislador agregó que modificar derechos previamente adquiridos podría afectar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. También afirmó que permitir cambios sobre beneficios establecidos implicaría que ningún derecho esté garantizado.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular del dictamen que fija el tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

Una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) derivó en la vinculación a proceso de tres personas, entre ellas la exdirectora del organismo, señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción estatal informó que las indagatorias detectaron movimientos financieros relacionados con una red que habría operado entre 2021 y 2023.

De acuerdo con la autoridad, Fernanda “N”, quien encabezó el instituto, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de lavado de dinero, luego de que se identificaran movimientos que le habrían permitido obtener al menos 762 mil pesos para uso personal.

En el mismo proceso judicial también fueron imputados Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas del INVI, y Jonathan “N”, un particular. Según la Fiscalía, el primero habría desviado 382 mil pesos para su uso personal, mientras que el segundo habría recibido más de un millón de pesos en operaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que la investigación se amplió luego de que, a inicios de 2024, se detectara una presunta red de corrupción en el manejo de recursos del instituto. Durante este proceso, también se vinculó previamente a Javier “N”, quien se desempeñaba como coordinador administrativo durante el periodo bajo investigación.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía identificó aproximadamente 3 mil 591 operaciones, transferencias y pagos que habrían sido realizados por esta red, con un monto total estimado en 54 millones 876 mil 222 pesos. 

Tras la audiencia celebrada este miércoles, el juez determinó imponer medidas cautelares a los imputados. Estas incluyen la presentación periódica mensual ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país, la restricción para acercarse al Instituto de Vivienda y la limitación para comunicarse con víctimas o testigos relacionados con el caso.

Fernanda “N” fue nombrada titular del INVI en 2021 por el gobernador Víctor Castro Cosío, al inicio de su administración. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2023, cuando fue removida tras observaciones emitidas por la Contraloría estatal. 

En ese momento, el mandatario estatal informó que la exfuncionaria asumiría funciones como “enlace de temas políticos” dentro de la Secretaría General de Gobierno, encabezada entonces por Homero Davis Castro. Sin embargo, ese puesto no formaba parte del organigrama oficial y posteriormente se informó que no se integró al equipo de trabajo.

En paralelo, familiares del exjefe del Departamento de Contabilidad han señalado que presuntamente recursos del INVI habrían sido utilizados con fines político-electorales en procesos internos de Morena. Estas acusaciones fueron rechazadas por autoridades estatales y por el actual senador Homero Davis Castro, quien participó en la coordinación de la campaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de 2023.

Al concluir la audiencia, la exdirectora del instituto aseguró que compareció ante la autoridad sin objeciones y manifestó su disposición para esclarecer los hechos. “Estamos dando la cara de frente, no tenemos ningún inconveniente. Estamos compareciendo ante la autoridad. Soy la principal interesada en que se esclarezca”, declaró.

En medio del debate sobre el financiamiento público a la política en México, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, colocó en el centro de la discusión el acceso a las candidaturas, al afirmar que competir por un cargo de elección popular se ha convertido en un proceso condicionado por recursos económicos y redes de respaldo.

Durante su programa semanal “Martes del Jaguar”, transmitido a través de redes sociales, la mandataria expuso su postura sobre el funcionamiento del sistema electoral y lo vinculó directamente con la propuesta de reforma conocida como “plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según explicó, la iniciativa busca reducir el presupuesto destinado a partidos políticos y congresos, con el objetivo de modificar las condiciones actuales de competencia.

En ese contexto, Sansores expresó: “Ahora pues casi que tienes que ser narco, tener muchos padrinos, ¿no? Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos”. La declaración formó parte de un planteamiento más amplio en el que señaló que el sistema vigente limita la participación de ciudadanos sin respaldo económico o político.

De acuerdo con lo señalado por la gobernadora, las condiciones actuales favorecen a perfiles con acceso a financiamiento significativo o con vínculos dentro de estructuras de poder, lo que, afirmó, reduce las posibilidades de que aspirantes sin esos recursos puedan competir en igualdad de condiciones. En su intervención, vinculó esta situación con la necesidad de replantear el gasto público destinado a la política.

La mandataria también cuestionó las diferencias presupuestales entre congresos locales, al considerar desproporcionado que algunos operen con montos de hasta 39 millones de pesos por diputado, mientras otros lo hacen con cinco millones. Desde su perspectiva, estas variaciones reflejan un uso desigual de los recursos públicos y forman parte de los problemas estructurales del sistema político.

En su mensaje, Sansores dirigió críticas hacia los partidos de oposición, a los que comparó con “franquicias familiares”que, según dijo, han convertido la actividad política en un negocio. Estas declaraciones se producen en un contexto nacional marcado por señalamientos sobre la posible infiltración de grupos delictivos en distintas regiones del país, así como por un aumento en los niveles de violencia.

Al mismo tiempo, medios locales han reportado que al menos 20 presuntos familiares de la gobernadora ocupan cargos públicos, entre ellos su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, quien funge como asesor. Este señalamiento ha sido parte del entorno en el que se desarrollan sus declaraciones.

Las afirmaciones de Sansores se integran así al debate sobre la estructura del sistema electoral mexicano y el financiamiento de la política, en un momento en que se discuten cambios orientados a modificar las reglas de acceso al poder público.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que plantea reducir el gasto en órganos legislativos, modificar reglas sobre la revocación de mandato presidencial y ajustar las remuneraciones de autoridades electorales.

El documento fue entregado por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y al coordinador de Morena, Ignacio Mier. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de optimizar el uso del presupuesto público y destinar los ahorros a sectores que más lo requieren.

Uno de los puntos principales es la reducción del gasto legislativo. En el caso del Senado, el proyecto plantea disminuir el presupuesto en 15% el próximo año respecto al aprobado para 2026. Para los congresos estatales se propone establecer un límite: su presupuesto anual no deberá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

La iniciativa también incluye cambios en la integración de las legislaturas locales. Entre ellos, se plantea prohibir la reelección inmediata de diputadas y diputados estatales. Asimismo, se establecen restricciones para evitar candidaturas con vínculos familiares con quienes ocupan una diputación.

El documento señala: “En ningún caso, podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”.

En materia de revocación de mandato, el proyecto establece que la consulta para la persona titular del Ejecutivo federal podrá solicitarse una sola vez y únicamente durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo presidencial, lo que ubicaría el proceso en 2026 o 2027. La iniciativa también contempla que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, aunque mantiene la prohibición de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas o la contratación de propaganda.

La reforma también propone que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales se ajusten a los límites establecidos en el artículo 127 constitucional y elimina prestaciones financiadas con recursos públicos que no estén previstas en la ley.

De acuerdo con la iniciativa, los cambios permitirían generar ahorros estimados en 4 mil millones de pesos anuales. Estos recursos permanecerían en la hacienda pública municipal y deberán destinarse a obras de infraestructura en beneficio de la población.

Liliana Rodas Villatoro, quien se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF del municipio de Suchiate, en Chiapas, fue destituida de su cargo luego de que se revelara un presunto esquema de desvío de recursos públicos dentro del organismo asistencial. La medida fue tomada por el gobierno municipal tras la difusión de señalamientos que apuntan a transferencias de dinero público a cuentas personales de funcionarios.

Las acusaciones surgieron a partir de una denuncia presentada por el exadministrador del DIF municipal, Onam Abimael Pérez Pacheco, quien aseguró haber entregado 79 elementos de prueba ante las autoridades. Entre los documentos presentados se incluyen estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias y conversaciones de chat que, según la denuncia, evidencian movimientos de recursos públicos hacia cuentas vinculadas con Rodas Villatoro y otros servidores públicos.

De acuerdo con la denuncia, el presunto esquema también involucra a otros integrantes del gobierno municipal, entre ellos el alcalde Elmer de Jesús Vázquez Gallardo; la síndica municipal Claudia Reyna González; la directora del DIF Araceli Ordóñez Beliz; y Juan Rodas Villatoro, secretario particular del presidente municipal.

Tras la difusión de estas denuncias, el alcalde confirmó la separación del cargo de la presidenta del DIF y del administrador del organismo mientras se desarrollan las investigaciones. A través de sus redes sociales, Vázquez Gallardo informó que ya existen procesos abiertos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

En un mensaje público explicó: “Hago del conocimiento de todas y todos los suchiatenses que, desde antes de este señalamiento, ya se habían iniciado las respectivas denuncias. Asimismo, mientras se esclarecen los hechos, el administrador y la presidenta del Sistema DIF fueron separados de su cargo en su momento”.

Las denuncias presentadas ante las autoridades incluyen posibles delitos como desvío de recursos, abuso de autoridad, encubrimiento por favorecimiento, usurpación de funciones, ejercicio ilegal del servicio público, intimidación, peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Además de las acusaciones por manejo irregular de recursos públicos, en las denuncias también se mencionan presuntos casos de nepotismo relacionados con integrantes de la familia Rodas Villatoro dentro de la administración municipal. El alcalde no emitió comentarios sobre esos señalamientos.

Pérez Pacheco informó que renunció a su cargo en mayo de 2025 después de no recibir respaldo del gobierno municipal para proceder contra los presuntos responsables. El exfuncionario también señaló que, tras presentar las denuncias, ha recibido amenazas y responsabilizó al alcalde y a integrantes de la familia Rodas Villatoro de cualquier agresión que pudiera ocurrir en su contra o contra sus familiares.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 66 millones 563 mil pesos en el ejercicio de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionadas con materiales, suministros y servicios generales utilizados durante el Proceso Electoral 2023-2024 y en los comicios extraordinarios del Poder Judicial.

La observación forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, en la que el órgano fiscalizador examinó cuatro partidas presupuestales vinculadas con los capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales. Como resultado, determinó que el instituto deberá aclarar el uso y comprobación de los recursos señalados.

En el análisis del Proceso Electoral 2023-2024, la ASF identificó pagos por 63.2 millones de pesos por concepto de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro destinados a la capacitación electoral. Sin embargo, el informe advierte que no se integró documentación completa que acredite la prestación efectiva del servicio contratado.

En lo que respecta al Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, el ente auditor reportó la falta de documentos que respalden la recepción, uso y destino de materiales didácticos por un monto de un millón 70 mil pesos. Esta observación se suma a otras inconsistencias detectadas en la comprobación del gasto.

Asimismo, la ASF señaló que no se acreditó el uso adecuado de vehículos arrendados para fines distintos a los autorizados, por los cuales se erogaron 2 millones 250 mil 700 pesos. El órgano fiscalizador indicó que no se presentó evidencia suficiente para justificar el destino de dichas unidades.

En el mismo informe, la Auditoría reportó que el INE pagó 793.9 millones de pesos por boletas y materiales didácticos y de simulacro correspondientes al proceso extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Aunque en la documentación se asentó que estos insumos fueron recibidos en tiempo y forma en 2024, el reporte indica que su producción, suministro y entrega se realizó hasta 2025.

Las observaciones emitidas implican que el instituto deberá presentar la información y documentación necesaria para solventar los señalamientos y comprobar el ejercicio de los recursos públicos en los rubros revisados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Guerrero desmintió la existencia de una supuesta “carta de liberación” relacionada con el proceso de revisión a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023. La dependencia precisó que el procedimiento de fiscalización continúa vigente y se desarrolla conforme a lo establecido en la ley.

La aclaración se emitió luego de que diversos medios de comunicación difundieran versiones sobre una presunta exención o cierre del procedimiento en favor de la presidenta municipal. Ante ello, la ASF señaló que dicha información es incorrecta y responde a una confusión de términos sobre el alcance real de la revisión en curso.

En un comunicado oficial, la auditoría reiteró que su actuación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normatividad en el uso de los recursos públicos. “La ASF reitera su postura por hacer cumplir la ley respecto a la fiscalización de los recursos que utilizan todos los entes públicos en estricto apego a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el estado”, indicó la institución.

La ASF explicó que el proceso al que se ha hecho referencia corresponde a una revisión del Ramo 28, relativo a las Participaciones Federales, y no a una supuesta “carta de liberación”, como se había informado. En ese sentido, puntualizó que no existe ningún documento que exonere o concluya de manera anticipada el procedimiento de fiscalización relacionado con el Ayuntamiento de Acapulco.

Asimismo, la dependencia detalló que se inició un proceso de fiscalización específico al municipio en relación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Esta revisión forma parte de las atribuciones legales de la ASF y se centra en conceptos distintos a los que han sido mencionados en algunas publicaciones.

La auditoría subrayó que todas las acciones emprendidas se realizan respetando el debido proceso y con el objetivo de fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. En ese contexto, aclaró que la revisión en curso no implica una resolución definitiva, sino una etapa dentro del procedimiento de fiscalización establecido en la normatividad vigente.

La aclaración de la ASF se da en el marco de una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco, encabezado por Abelina López. Al respecto, la auditoría local señaló que se mantendrá atenta y acatará la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre dicho recurso.

Con esta postura, la ASF de Guerrero reafirmó que el proceso de fiscalización continúa y que no existe, hasta el momento, ninguna determinación que implique la liberación o conclusión del caso relacionado con la revisión de la Cuenta Pública 2023 del municipio de Acapulco.

Raúl Navarro, quien encabezó la Secretaría de Hacienda de Sonora en el gobierno de Claudia Pavlovich, fue sometido a proceso judicial tras determinarse su posible implicación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La resolución se dio en una audiencia reciente, donde un juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y consideró que existían bases suficientes para continuar con la investigación en su contra.

La fiscalía estatal informó que, a partir de la determinación judicial, se fijó un periodo de seis meses para que la indagatoria sea concluida. En su comunicado, la autoridad destacó que los datos de prueba expuestos permitieron establecer la probable responsabilidad del ex funcionario. El caso está relacionado con contratos de servicios profesionales firmados entre 2017 y 2020, los cuales estaban dirigidos a la realización de asesorías vinculadas con procedimientos administrativos.

La vinculación de Navarro ocurre en un contexto donde otros ex integrantes del gabinete de Pavlovich también han enfrentado procesos similares. En agosto, las autoridades detuvieron a José Víctor Guerrero González, quien se desempeñó como secretario de Educación durante el mismo sexenio, igualmente por presunto peculado.

Mientras tanto, la trayectoria política de la exgobernadora ha continuado bajo la mirada pública. Tras desempeñarse como cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich fue ratificada en agosto por la Comisión Permanente del Congreso como embajadora de México en Panamá, luego del nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su toma de protesta, la senadora panista Lilly Téllez interrumpió la ceremonia al gritar “¡corrupta, corrupta!”, acusándola de encubrir el incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo. El señalamiento fue parte de la protesta de la legisladora, quien ha mantenido críticas constantes hacia la exmandataria.

El caso de Navarro añade un nuevo capítulo a las investigaciones emprendidas por presuntas irregularidades durante el sexenio pasado en Sonora. Las autoridades continúan integrando los expedientes relacionados con el manejo de recursos públicos y la celebración de contratos de asesoría durante ese periodo. Con la vinculación a proceso formalizada, los próximos meses serán clave para determinar el rumbo de la acusación y el desarrollo de las diligencias que la fiscalía deberá completar conforme al plazo establecido.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, inauguró los trabajos de la plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados con un mensaje en el que defendió la reforma electoral como“una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación”.

En su intervención, la funcionaria destacó que esta reforma busca dejar atrás “el viejo orden con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política” y señaló que el objetivo es avanzar hacia “un segundo piso para la transformación democrática con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos”.

Desde el presídium, acompañada por legisladores como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador de operación política de Morena, Pedro Haces Barba, y el vocero de la bancada, Arturo Ávila, Rodríguez Velázquez insistió en que la austeridad es un pilar fundamental del actual gobierno. “La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”, enfatizó.

Durante su mensaje, felicitó a los legisladores de Morena “por honrar el respaldo de millones de mexicanas y mexicanos que optaron por consolidar la transformación del país bajo la vía democrática” y reconoció el trabajo legislativo realizado. “En un año han creado una nueva legalidad que nos permite responder a las expectativas de la población que exige un gobierno y un parlamento eficientes y austeros que corrijan las injusticias del pasado”, apuntó.

La titular de Segob subrayó también que los resultados en materia social respaldan el modelo de gobierno impulsado por la cuarta transformación. Señaló que, con las bases del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y bajo la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, “13.4 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza y le busquen por donde le busquen, ese es un dato contundente”.

Sobre las razones detrás de esta reducción en los índices de pobreza, explicó: “¿Cómo logramos bajar los índices de pobreza en sólo seis años? Pues con la reducción de gastos. Del gasto burocrático, la eliminación de los privilegios, el combate a la corrupción y una mejor distribución de los recursos públicos, ello nos permitió reforzar una política social basada en derechos y en programas en favor de la población y construir un verdadero estado de bienestar”.

El nombre de Andrés Manuel López Obrador generó en la plenaria vítores de “¡Es un honor estar con Obrador!”, a lo que siguieron las consignas de “¡presidenta!, ¡presidenta!”, en referencia a Claudia Sheinbaum.