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La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

El escenario electoral rumbo a 2027 comenzó a perfilar tensiones dentro de Partido Acción Nacional, luego de que el senador Marko Cortés planteara la necesidad de permitir alianzas en elecciones locales, aun cuando el partido ya definió competir sin coaliciones en las diputaciones federales.

La postura del legislador surge después de que el dirigente nacional panista, Jorge Romero, anunciara que el PAN participará en solitario en la contienda federal de 2027. Aunque Cortés respaldó esa determinación para la Cámara de Diputados, consideró que el partido debe flexibilizar su estrategia en las elecciones de gubernaturas y ayuntamientos.

El también expresidente nacional del PAN sostuvo que la prioridad debe ser incrementar la competitividad electoral en distintos niveles. En ese contexto, defendió la posibilidad de construir acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional y otras fuerzas políticas en contiendas estatales y municipales.

“Busquemos que podamos ser lo más competitivos posible, tanto en lo federal, teniendo más diputados federales de mayoría y pluris, logrando más de los que obtuvimos en el 2021 y también tratar de recuperar terreno en gubernaturas, refrendando lo que tenemos, y teniendo más alcaldías de las que actualmente tenemos”, planteó.

El senador subrayó que la decisión sobre alianzas locales debe considerar la opinión de los aspirantes a gubernaturas, particularmente en entidades donde el PAN busca consolidar o ampliar su presencia política. En ese sentido, mencionó casos específicos como Zacatecas, Colima y Michoacán.

Hay que preguntarle a Riult Rivera, que es alcalde de Colima, que ganó en coalición y que puede ser el gobernador, el primer gobernador panista de Colima. Yo no sé si él ocupe o no la coalición para ser candidato. Hay que preguntarle a Alfonso Martínez, alcalde Morelia, Michoacán, que eventualmente va a ser nuestro candidato a gobernador. Puede convertirse en el primer gobernador, pero seguramente él ha de querer una coalición”, planteó.

“Si nosotros tenemos candidatos en 300 distritos federales electorales, es claro que tendremos más votos y también tendremos más representación proporcional, no sólo mayoría, sino más representación. Cuando haces una coalición en lo federal ganas más mayorías, pero algo de representación proporcional”, señaló.

A pesar de esta apertura para acuerdos locales, Cortés Mendoza coincidió con la dirigencia panista en competir sin coaliciones en la elección federal, al considerar que esa estrategia puede aumentar la representación legislativa del partido.

La discusión interna se da en un contexto en el que Acción Nacional busca recuperar posiciones políticas y fortalecer su presencia territorial de cara a los comicios de 2027, donde se renovarán cargos federales y locales en distintas entidades del país.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando el tope en el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos mensuales. La votación registró 458 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y posteriormente el proyecto fue turnado a la discusión en lo particular.

La propuesta fue defendida por legisladores de Morena, quienes señalaron que la medida busca corregir desigualdades dentro del sistema de pensiones. La diputada Haidyd Arreola sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de atender diferencias entre beneficios elevados y pensiones bajas dentro del servicio público.

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó durante la fundamentación del dictamen.

La legisladora también aseguró que la reforma cuenta con sustento jurídico y no contraviene el principio de irretroactividad. Explicó que las reformas constitucionales pueden incidir en situaciones previas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin vulnerar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, legisladores del Partido Acción Nacional cuestionaron el alcance del dictamen y señalaron que no se incluyen todos los casos. La diputada Laura Cristina Márquez criticó que el proyecto excluya a ciertos funcionarios y planteó que la medida no aplica a ministros en retiro.

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, señaló. También cuestionó: “¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”.

La legisladora también hizo referencia a otros temas durante su intervención y criticó el impacto presupuestal de la medida frente a otros gastos del gobierno.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley. “Lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”, señaló.

El legislador agregó que modificar derechos previamente adquiridos podría afectar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. También afirmó que permitir cambios sobre beneficios establecidos implicaría que ningún derecho esté garantizado.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular del dictamen que fija el tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

La posibilidad de una alianza opositora en Veracruz rumbo a las elecciones de 2027 fue descartada por dirigentes de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusiera unir fuerzas para enfrentar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La iniciativa fue presentada el 17 de marzo por el dirigente priista Adolfo Ramírez Arana durante una conferencia de prensa, donde planteó que los partidos de oposición debían construir un frente común ante el escenario político en el estado y el país.

El líder tricolor argumentó que tanto México como Veracruz atraviesan un contexto de retrocesos y que la fragmentación de la oposición favorece a quienes actualmente gobiernan. En ese sentido, convocó públicamente a las dirigencias estatales del PAN y Movimiento Ciudadano a considerar una alianza electoral.

“Si quieren a Veracruz, si no quieren que continúen los atropellos que estamos viviendo, si quieren un mejor gobierno, mayor vigilancia, mejores leyes, así como mejorar la salud y la educación, vamos juntos”, expresó Ramírez Arana al insistir en la necesidad de una candidatura conjunta.

Pese al llamado, la respuesta de ambas fuerzas políticas fue negativa. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, rechazó de forma directa la propuesta y aseguró que su partido participará en los próximos comicios sin coaliciones.

El político emecista también reaccionó con ironía al planteamiento del PRI. “el Fofo me da ternura”, declaró al referirse a Ramírez Arana, al tiempo que reiteró que su organización buscará competir con una estrategia independiente. “Movimiento Ciudadano irá en alianza con los veracruzanos. La suma de membretes la sociedad ya advirtió que no es viable para nosotros”, señaló.

El dirigente también argumentó que el escenario electoral en Veracruz ha cambiado y que su partido ha ganado terreno en los últimos procesos. Como ejemplo, recordó los resultados de la elección de 2025, en la que Movimiento Ciudadano obtuvo 583 mil 569 votos, colocándose como segunda fuerza política en la entidad. En ese mismo proceso, el PAN registró 415 mil 797 votos y el PRI se ubicó en el cuarto lugar con 337 mil 949 sufragios.

Desde el PAN, su dirigente estatal Federico Salomón Molina también rechazó la propuesta del PRI y cuestionó la postura de Ramírez Arana. “hace un año por no hacer las alianzas municipales me tacharon de oficialista y ahora resulta que hay que ir juntos, le falta prudencia y memoria a Adolfo”, afirmó.

Dentro del propio PRI, la secretaria general estatal Carolina Gudiño Corro sostuvo que el partido se mantiene preparado para competir sin coaliciones, aunque dejó abierta la posibilidad de acuerdos electorales.

Las elecciones previstas para 2027 en Veracruz contemplan la renovación del Congreso de la Unión y del Congreso local, en un escenario político donde las dirigencias partidistas ya comienzan a definir sus estrategias y posicionamientos frente a los comicios.

La propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal abrió un nuevo frente de confrontación política en la San Lázaro, donde legisladores de oposición advirtieron cambios en la elección de diputados, el acceso a resultados preliminares y las reglas de representación política en el Congreso.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa podría propiciar el uso de “acordeones” para influir en la elección de legisladores. Señaló que el nuevo modelo contempla la designación de 100 diputados mediante circunscripciones plurinominales, lo que, aseguró, facilitaría la imposición de perfiles y el fortalecimiento de estructuras políticas locales.

El planteamiento establece que cada partido presentará listas de 40 candidaturas, de las cuales los electores podrán elegir a un hombre y una mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este mecanismo busca ampliar la participación ciudadana en la selección de representantes. Sin embargo, Moreira sostuvo que este esquema podría debilitar a la oposición y consolidar grupos de poder regionales.

Otro de los puntos señalados es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que permite conocer tendencias la noche de la elección. El legislador advirtió que su desaparición limitaría el acceso inmediato a la información electoral. También cuestionó la intención de eliminar la lista de senadores de representación proporcional, mecanismo que permitió ampliar la pluralidad política desde su creación.

Moreira recordó que este modelo fue impulsado por Porfirio Muñoz Ledo y afirmó que su eliminación modificaría la integración del Senado. Además, señaló que su bancada no participará en el debate bajo las condiciones actuales, al considerar que la mayoría legislativa pretende modificar reglas fundamentales del sistema electoral.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, condicionó cualquier respaldo a la inclusión de medidas contra el financiamiento ilícito. Entre ellas, propuso rastrear recursos en campañas, anular elecciones con intervención criminal, retirar el registro a partidos involucrados y sancionar a dirigentes responsables.

El legislador también cuestionó el origen de la iniciativa presentada por Pablo Gómez, al señalar que no refleja un ejercicio amplio de consulta. La reforma continúa en discusión y plantea cambios en la integración del Congreso y el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un amparo que será determinante para definir la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. La decisión del máximo tribunal del país abre la puerta a que se determine si Aburto debe continuar en prisión para cumplir una condena de 45 años o si procede una modificación a la sentencia impuesta por el homicidio cometido en 1994.

La notificación oficial fue enviada a un Tribunal Colegiado, en la que se informa que la SCJN ejercerá su facultad de atracción para conocer el amparo directo 104/2021. De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), esta atracción deriva de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de diciembre de 2025, al considerar que el caso reviste una relevancia especial para el Estado mexicano.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, durante un mitin político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por este crimen, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, pena que ha cumplido de manera continua desde entonces.

En el acuerdo de admisión, la Corte señaló: “Se adjunta el acuerdo emitido el quince de diciembre de la pasada anualidad, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 947/2025 (…) para conocer del amparo directo 104/2021 en que se actúa”. Con esta determinación, el caso será analizado directamente por el Pleno del alto tribunal.

La FGR argumentó su interés en que la SCJN conozca el asunto “por la trascendencia que reviste para el Estado mexicano, toda vez que será analizada una cuestión de competencia jurisdiccional”, según consta en los listados oficiales. El punto central del debate jurídico radica en cuál legislación penal debía aplicarse al momento de dictar la sentencia.

El Tribunal Colegiado involucrado es el mismo que, en octubre de 2023, emitió una resolución favorable a Aburto al considerar que su proceso debió regirse por el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual establecía una pena máxima de 30 años por homicidio calificado. En contraste, la condena de 45 años se impuso con base en el Código Penal Federal, lo que abrió la discusión sobre la correcta aplicación de la norma.

Mientras el caso es enlistado y sometido al análisis del Pleno, la Suprema Corte ordenó suspender cualquier trámite adicional. “El Ministro Presidente del Alto Tribunal de Justicia ordenó suspender el dictado de la sentencia en este asunto, hasta en tanto el Tribunal Pleno resuelva lo conducente”, señala el acuerdo. La resolución final marcará un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de la historia política y judicial de México.

A los 72 años de edad falleció Marco Antonio Bernal Gutiérrez, político tamaulipeco con una trayectoria de más de tres décadas en la vida pública del país y reconocido por su papel como coordinador para el Diálogo, la Concordia y la Pacificación en Chiapas durante el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El deceso fue confirmado por el presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Eduardo “Lalo” Gattás.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el alcalde lamentó la muerte del exlegislador priista y expresó sus condolencias a familiares y seres cercanos. En su publicación, Gattás lo describió como “un gran amigo y un destacado político tamaulipeco, cuyo legado de trabajo y compromiso con Tamaulipas permanecerá en la memoria de muchos”.

Originario de Matamoros, Tamaulipas, Marco Antonio Bernal Gutiérrez se incorporó de manera activa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1981, fuerza política en la que desarrolló gran parte de su carrera. A lo largo de los años ocupó diversas responsabilidades estratégicas tanto en el ámbito legislativo como en tareas de organización y planeación electoral.

Entre 1997 y 2000 formó parte del Senado de la República durante la LVII Legislatura, periodo en el que representó a su estado y participó en los trabajos parlamentarios de la Cámara Alta. Previamente, tuvo una intervención relevante en la campaña presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, donde se desempeñó como subcoordinador de prospectiva, aportando análisis y planeación política.

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria ocurrió entre 1995 y 1997, cuando fue designado coordinador para el Diálogo, la Concordia y la Pacificación en Chiapas. Desde esa posición, encabezó los esfuerzos institucionales para establecer canales formales de comunicación con el EZLN, en un contexto marcado por la tensión social y política en la región.

Su experiencia política también se reflejó en procesos internos del PRI. Fue coordinador de giras del entonces precandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa, participando activamente en la organización territorial y logística de su proyecto político.

Más adelante, Bernal Gutiérrez regresó al Congreso como diputado federal en la LX Legislatura, correspondiente al periodo de 2006 a 2009. Durante esos años integró diversas comisiones legislativas, entre ellas Presupuesto y Cuenta Pública, Energía, Derechos Humanos y la Comisión Especial para la Reforma del Estado, además de participar en la primera y tercera comisión de trabajo.

Con su fallecimiento, concluye la trayectoria de un político que estuvo presente en momentos clave de la historia política reciente de México, tanto en el ámbito legislativo como en procesos de diálogo nacional y campañas presidenciales.

Con una amplia mayoría de 352 votos a favor y 128 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación 2026, propuesta que contempla un endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos. La iniciativa fue respaldada por los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), en medio de un intenso debate con los partidos de oposición.

La aprobación también autoriza un endeudamiento externo neto superior a los 15 mil millones de dólares, destinado a financiar parte del gasto público para el ejercicio fiscal del próximo año. Con esta medida, el gobierno federal busca cubrir sus compromisos económicos y sostener los programas prioritarios de desarrollo, pese a las críticas de diversos sectores legislativos.

Durante la sesión, el legislador Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió sobre los riesgos del alto nivel de deuda, señalando que con estas cifras “los gobiernos de Morena prácticamente habrán duplicado la deuda histórica del país, empeñando el futuro de nuestras hijas e hijos”. Según el diputado, al cierre de 2026 la deuda nacional alcanzará los 20 billones de pesos, lo que equivaldría a que “cada mexicano deba alrededor de 153 mil pesos”.

El dictamen aprobado será turnado al Senado de la República, donde se espera sea analizado la próxima semana. Una vez votado en la Cámara Alta, el documento pasará al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.

Durante la discusión en el Pleno, Morena presentó tres reservas con el objetivo de realizar ajustes al dictamen. Una de las modificaciones busca evitar que las aseguradoras retengan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las personas aseguradas, lo que podría implicar una recuperación de alrededor de 20 mil millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2025.

La Ley de Ingresos aprobada prevé un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, una inflación del 3%, un precio promedio del petróleo de 54.9 dólares por barril y un tipo de cambio estimado en 19.3 pesos por dólar. Estos indicadores servirán como base para la elaboración del Presupuesto de Egresos del próximo año.

Los legisladores de oposición manifestaron su rechazo, argumentando que el nivel de deuda propuesto compromete las finanzas públicas y aumenta la vulnerabilidad económica del país. En contraste, los diputados de Morena defendieron la iniciativa, asegurando que la estrategia financiera busca garantizar el crecimiento económico y la continuidad de los programas sociales impulsados por el actual gobierno.

La sesión concluyó con un ambiente de polarización entre las bancadas, marcando el inicio del siguiente paso legislativo en el Senado para definir la ruta económica del país en 2026.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de combate a la extorsión y al cobro de piso. Con 106 votos a favor de todos los partidos políticos, se avaló la modificación al artículo 73 de la Constitución y el proyecto fue turnado a las legislaturas locales, donde al menos 17 congresos estatales deberán ratificarlo para que pueda entrar en vigor.

Durante la discusión en tribuna, legisladores de diferentes bancadas coincidieron en la gravedad del delito de extorsión y en la urgencia de dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentarlo. La senadora María del Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México, advirtió que se trata de un fenómeno criminal que afecta de manera indiscriminada a negocios de todos tamaños. “Una herida que no distingue desde la tortillería hasta la tiendita de la esquina o los negocios más grandes y vistosos. Todos absolutamente pueden ser víctimas”, señaló.

Corona subrayó que el mensaje que envían los grupos delincuenciales es brutal: “No me pagas, te quemo tu negocio”. Aseguró que el cobro de piso se realiza “a plena luz del día” y que en muchos lugares es un secreto a voces. “Aquí no caben tibiezas, México necesita mano dura”, expresó.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, destacó que una legislación específica en la materia permitirá una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, advirtió que será indispensable que estados y municipios cuenten con presupuestos adecuados para cumplir con las nuevas responsabilidades que la reforma implicará.

El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, presentó datos que muestran el crecimiento sostenido de este delito en los últimos años. Recordó que en 2015 se registraban entre 400 y 500 carpetas de investigación por extorsión, mientras que para 2025 la cifra supera las 850.

Agregó que el problema es aún más grave si se toma en cuenta la llamada “cifra negra”, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, menos del 1% de los casos se denuncian formalmente.

Con esta aprobación, la reforma avanza hacia su discusión en los congresos estatales. De obtener el respaldo de al menos 17 de ellos, se dará un paso más en la ruta de establecer un marco legal uniforme a nivel nacional para enfrentar un delito que impacta directamente en la seguridad, la economía y la vida cotidiana de millones de personas en México.

En un nuevo intento por regular el consumo de bebidas energizantes en México, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para prohibir su venta a menores de edad. La propuesta contempla sanciones que, en casos graves, podrían superar 1 millón 357 mil pesos.

El planteamiento busca modificar la Ley General de Salud mediante la adición de los artículos 215 y 216, estableciendo definiciones claras y restricciones precisas. En primer término, se propone que una bebida energizante sea considerada como toda bebida no alcohólica que contenga combinaciones de sustancias como glucuronolactona, taurina, cafeína, guaraná, extractos de azúcar, acidulantes u otros ingredientes estimulantes, con el fin de aumentar la energía física o mental.

La iniciativa establece que estará prohibida la venta, distribución o suministro de estos productos a menores de 18 años. Asimismo, los comercios que expendan bebidas alcohólicas al copeo deberán abstenerse de ofrecer energizantes de manera conjunta o alternada con alcohol.

En el apartado de etiquetado, la propuesta es clara: los envases deberán mostrar, con un tamaño de letra superior al de la lista de ingredientes, las siguientes advertencias: “Venta prohibida a menores de 18 años”; “No mezclar ni consumir con bebidas alcohólicas”; “No se recomienda su consumo para mujeres embarazadas o en lactancia, ni para personas sensibles a la cafeína o con problemas de tensión nerviosa”; y “No se recomienda su consumo con fines deportivos o de actividad física intensa”.

En cuanto a sanciones, la propuesta detalla que el incumplimiento en la restricción de venta o consumo a menores podrá implicar multas de hasta 226 mil 280 pesos. En el caso de no cumplir con el etiquetado establecido, las sanciones se elevarían hasta 1 millón 357 mil 680 pesos.

La diputada subrayó que la iniciativa también prohíbe explícitamente el consumo simultáneo o alternado de bebidas energizantes y alcohólicas en establecimientos, con el objetivo de reducir riesgos a la salud asociados a la combinación de estimulantes con alcohol.

Este proyecto se suma a la propuesta presentada el 9 de julio por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que igualmente plantea restringir la venta, distribución y suministro de bebidas energéticas a menores de edad.

De aprobarse, la medida representaría un cambio sustancial en la regulación de estos productos en México, con el fin de proteger la salud de la población joven y establecer controles más estrictos para su comercialización y etiquetado.