Etiqueta: delincuencia organizada

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), hizo una advertencia contundente este miércoles, señalando que el actual proceso electoral en México está marcado por un nivel de violencia sin precedentes.

Durante una gira en Guanajuato, estado que enfrenta una escalada de violencia política, Álvarez Máynez expresó su preocupación ante los medios de comunicación. “Estamos presenciando la etapa más violenta en la historia de México. Los políticos no estamos exentos de esta situación; al contrario, estoy convencido de que esta será la elección más violenta en la historia del país”, afirmó.

El lunes, en Guanajuato, se registró el asesinato de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía del municipio de Celaya, mientras encabezaba un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan. Este incidente se suma a una serie de ataques que han cobrado la vida de 15 políticos durante el actual proceso electoral, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Álvarez Máynez, tras participar en un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en León, destacó que los ataques contra la clase política son reflejo de la violencia generalizada que prevalece en el país. Criticó la estrategia de seguridad basada en el punitivismo, el prohibicionismo y la militarización, abogando por un enfoque más integral.

El candidato de MC subrayó la importancia de no ceder territorio a la delincuencia organizada y rechazó la idea de evitar visitar ciertas regiones, considerando que sería un mensaje equivocado para la ciudadanía. Aunque el Gobierno federal brinda protección a varios candidatos, incluido él mismo, Álvarez Máynez aseguró que no ha recibido amenazas que justifiquen una protección extraordinaria.

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia de México, donde se renovarán 20,375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, así como las 500 curules de la Cámara de Diputados y las 128 del Senado.

La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, despejó las dudas generadas por informaciones sobre la supuesta liberación de José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’. La FGR confirmó que el presunto responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, permanece en prisión y está siendo investigado por nuevos cargos relacionados con delitos contra la salud.

El domingo 11 de febrero, la Fiscalía emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, desmintiendo categóricamente los rumores sobre la liberación de “El Mochomo”. Afirmaron que José Ángel “C” se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, específicamente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La institución también aclaró que, a pesar de versiones que indicaban lo contrario, no se ha dictado ningún auto de libertad en favor de “El Mochomo”. Además, confirmó que sigue enfrentando cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa.

La FGR resaltó que en octubre de 2023, un juez federal exoneró a José Ángel del delito de delincuencia organizada en otra causa penal. Sin embargo, esta sentencia aún no es firme, ya que el Ministerio Público Federal impugnó la resolución. El proceso se encuentra actualmente bajo estudio del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Estado de México.

La dependencia también informó que, en el área de Delincuencia Organizada, se recibió información oficial de las autoridades estadounidenses sobre presuntos delitos contra la salud cometidos por “El Mochomo”. Esto llevó a la apertura de otro procedimiento penal en septiembre de 2020, donde un juez federal vinculó a proceso a José Ángel. Sorprendentemente, en octubre de 2023, otro juez federal emitió una sentencia absolutoria, decisión que fue apelada de inmediato por la FGR y se encuentra en trámite.

La Fiscalía insistió en que la información sobre la supuesta liberación se refiere a un acuerdo que se determinó hace más de cuatro meses y que no favorece al procesado para obtener su libertad por los delitos cometidos en el caso Ayotzinapa.

José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’, es hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del cártel Guerreros Unidos. Este cártel ha sido señalado como responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el gobierno federal, al reabrir la investigación, ha buscado identificar y responsabilizar a los principales involucrados.

Es crucial destacar que “El Mochomo” ya había presentado un amparo anteriormente, el cual fue desestimado por el Poder Judicial. Sin embargo, con el tiempo, un juez de distrito determinó que José Ángel debería ser absuelto, generando incertidumbre en el desarrollo del caso.

La nueva información proporcionada por la FGR revela que se ha abierto otro procedimiento penal contra “El Mochomo” por delitos contra la salud, basado en datos proporcionados por autoridades estadounidenses. Esto podría prolongar su permanencia en prisión mientras se lleva a cabo la investigación.

En un giro impactante del caso Ayotzinapa, José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como “El Mochomo” y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, salió en libertad en octubre del año pasado. A pesar de la acusación de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, un juez lo absolvió, generando sorpresa y controversia.

La Fiscalía General de la República (FGR) se encontró con la noticia de su liberación mientras impugnaba el fallo del juez de Distrito en el Estado de México. La apelación fue admitida, pero “El Mochomo” ya no estaba en prisión, lo que levantó interrogantes sobre los procedimientos judiciales.

La conexión de “El Mochomo” con el caso Ayotzinapa ha sido motivo de preocupación. Una llamada interceptada por la DEA reveló sus conversaciones con sus hermanos sobre el ataque a los estudiantes en 2014. Aunque la FGR buscaba mantenerlo tras las rejas, el juez decidió absolverlo.

El proceso legal enfrentó varios obstáculos, incluida la negación de amparo en julio de 2020 y la revelación en 2023 de una llamada entre los abogados de “El Mochomo” y su madre, coordinando un presunto soborno de dos millones de dólares para asegurar su liberación.

Este escándalo arroja dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano y plantea interrogantes sobre la influencia indebida en el proceso legal. La liberación de “El Mochomo” a pesar de las evidencias en su contra resalta la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos que garantizan la justicia en casos cruciales como el de Ayotzinapa.

El papel del presunto líder de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas no ha sido pasado por alto. La FGR insiste en su implicación, mientras que la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que casos tan sensibles no se vean afectados por irregularidades judiciales.

El momento de la liberación de “El Mochomo” coincide con los esfuerzos continuos de la FGR por resolver el caso Ayotzinapa. A pesar de las complejidades legales y las acusaciones de soborno, la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas persiste.

El hecho de que “El Mochomo” haya eludido las consecuencias legales nuevamente pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la impunidad. La comunidad internacional, así como los ciudadanos mexicanos, están observando de cerca este caso emblemático, exigiendo transparencia y responsabilidad en el sistema judicial.

En una emboscada perpetrada durante la madrugada en el municipio de China, Nuevo León, presuntos miembros del crimen organizado atacaron a elementos del Ejército Mexicano, dejando como saldo un militar fallecido y dos heridos. La situación se tornó tensa cuando los agresores, aún sin identificar, realizaron una embestida directa contra las Fuerzas Armadas.

Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, confirmó el incidente luego de una reunión de seguridad de las autoridades de diversos niveles de Gobierno. “Es una agresión directa contra elementos de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano”, declaró Arce, detallando que uno de los militares perdió la vida y dos resultaron heridos.

Elementos de Fuerza Civil (Policía estatal) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se movilizaron de inmediato hacia el lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras indagatorias. Durante la operación, se logró asegurar uno de los vehículos utilizados por los agresores, apodado ‘monstruo’, así como un arma larga.

Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, ha experimentado un recrudecimiento de la violencia relacionada con el crimen organizado desde el año pasado. En los primeros 11 meses de 2023, el estado registró mil 218 homicidios, ocupando el décimo lugar a nivel nacional en este lamentable índice.

Arce Jardón también reveló que, hasta el 30 de noviembre, se han contabilizado mil 282 homicidios dolosos en lo que va del año. Atribuyó este aumento a la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada y al crecimiento del narcomenudeo en la región.

“El 93% de los homicidios en el estado están relacionados con el narcomenudeo”, señaló Arce Jardón, destacando que las carpetas de investigación por este delito han aumentado considerablemente en el último año. Además, enfatizó que el 95% de las carpetas de narcomenudeo se inician a partir de detenciones, parte de una estrategia coordinada entre las instancias de seguridad pública de los tres niveles gubernamentales.

Con estos eventos, Nuevo León enfrenta una preocupante realidad de violencia ligada al crimen organizado, desencadenando una serie de desafíos para las autoridades locales en su lucha contra la delincuencia.

Las células delictivas buscan controlar el tráfico y venta de droga: “Son disputas entre los diferentes grupos de la delincuencia organizada que disputan el tema principal de los puntos de venta de narcomenudeo”.