Roberto Borge sale del penal y enfrentará desde su domicilio el proceso por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, para continuar bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras abandonar el penal, fue trasladado a un inmueble ubicado en el Estado de México, donde permanecerá bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico, como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial. El cambio de medida cautelar fue autorizado por un juez federal, quien también estableció la obligación de fijar un domicilio y cubrir una garantía económica.

La salida del centro penitenciario no modifica su situación jurídica. El procedimiento por presunto lavado de dinero continúa abierto y seguirá su curso mientras permanece en prisión domiciliaria.

La investigación de la Fiscalía General de la República se relaciona con operaciones derivadas de la venta de 25 inmuebles cuyo valor comercial fue estimado en alrededor de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, esas transacciones habrían servido para ocultar el origen y destino de recursos económicos.

La posibilidad de enfrentar el proceso fuera de prisión se consolidó después de que, en mayo de este año, un tribunal lo absolviera del delito de delincuencia organizada. Además, desde 2023 ya existía una resolución de un juez federal que permitía sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos.

Las investigaciones contra Borge comenzaron al concluir su administración como gobernador de Quintana Roo, cargo que ocupó entre 2011 y 2016. La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de presuntas irregularidades en la venta de terrenos pertenecientes a la reserva territorial del estado, operaciones que, según las indagatorias, provocaron un daño patrimonial superior a 900 millones de pesos.

Las autoridades sostuvieron que varios predios fueron comercializados por debajo de su valor para beneficiar a particulares mediante presuntos prestanombres y empresas fachada. No obstante, con el paso de los años distintas acusaciones del fuero común, entre ellas peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder, fueron desestimadas por los tribunales.

Roberto Borge fue detenido en junio de 2017 en el aeropuerto internacional de Panamá y extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales. Aunque ya no permanece en un centro penitenciario, el proceso por presunto lavado de dinero seguirá hasta que exista una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales.

Muchas incongruencias: Maru Campos acusa irregularidades y confirma citatorio en la FGR

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que se presentará el próximo 27 de mayo en Ciudad Juárez tras recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República, aunque aseguró que el documento presenta inconsistencias.

Luego de participar en una reunión del gabinete de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, la mandataria estatal cuestionó la forma en que fue elaborada la notificación enviada por la FGR y señaló que existen diferencias en el trato hacia otros actores políticos relacionados con investigaciones federales.

Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a este citatorio, pero también pues decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar, que seguimos trabajando”, declaró.

La comparecencia está relacionada con la presencia de dos agentes de la CIA durante un operativo contra la delincuencia organizada realizado en la sierra de Chihuahua. Campos Galván sostuvo que mientras a ella se le solicita comparecer por ese tema, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza se les convocó únicamente a entrevistas vinculadas con la solicitud de detención y extradición hacia Estados Unidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Durante sus declaraciones, la gobernadora también criticó a Morena y acusó al partido de proteger a personas señaladas por delitos. Como ejemplo mencionó al senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien, afirmó, mantiene una orden de aprehensión vigente en el estado por presunto peculado agravado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de poder.

Además, Campos indicó que analiza la posibilidad de presentar una contrademanda al considerar que no se respetó su investidura como titular del Ejecutivo estatal.

Hay sanciones por supuesto en el código nacional de procedimientos penales cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos, pero bueno no puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mí hablarlo y porque pues estamos en las investigaciones”, expresó.

En paralelo, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional anunció acciones de respaldo a la gobernadora, incluida una movilización ciudadana programada en Chihuahua para el próximo 30 de junio.

FGR impulsa reestructura nacional para acelerar investigaciones y reducir la impunidad

La Fiscalía General de la República presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, una propuesta que busca transformar el funcionamiento de la institución para reducir la impunidad, agilizar investigaciones y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.

 

Durante la presentación, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que el proyecto responde a fallas estructurales en la administración de justicia, entre ellas la lentitud en la integración de carpetas de investigación, la falta de transparencia y el elevado número de delitos que no se resuelven. El documento reconoce que estas deficiencias han impactado en la percepción ciudadana sobre el acceso a la justicia.

 

Entre las principales acciones planteadas se encuentra la reubicación de sedes de las delegaciones de la fiscalía en 61 municipios, así como una reingeniería institucional para hacer más eficientes los procesos y fortalecer la presencia territorial. La estrategia también contempla mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de seguridad, procuración y judicialización de los casos.

 

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, subrayó la importancia del intercambio permanente de información entre fiscalías y dependencias de seguridad para garantizar la trazabilidad de los casos.

 

“Es un plan que tiene objetivos, que tiene metas, tiene ruta y, sobre todo, lo más importante es acabar con la impunidad, disminuir el índice delictivo, acabar con la impunidad y generar un México en paz. Esos son los objetivos del plan que hoy se presentó”, señaló.

 

Autoridades estatales también destacaron la necesidad de fortalecer la presencia federal. La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz, pidió reforzar la operatividad en las entidades, especialmente en delitos relacionados con delincuencia organizada y robo de combustible.

 

“Hay muchos temas importantes a tratar con la fiscalía, por supuesto mayor presencia y operatividad en los estados a través de las delegaciones de la fiscalía, el trabajar en nuestro caso en el robo de combustible en la delincuencia organizada, son pocas las carpetas en la federación por ese tema, creemos que es importante fortalecer”, expresó.

 

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la coordinación institucional. “Nosotros trabajamos de manera coordinada con el gobierno federal y, obviamente, con los entes autónomos”, afirmó.

 

La presentación se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo, con la asistencia de autoridades federales, legisladores, gobernadores y fiscales estatales, entre ellos el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y funcionarios del gabinete de seguridad.

PAN exige reforma contra narcopolítica y denuncia infiltración criminal tras caída de “El Mencho”

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, hizo un llamado a implementar una estrategia integral que enfrente directamente la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, al señalar que la respuesta del Estado debe incluir a quienes operan como cómplices o facilitadores desde cargos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el legislador afirmó que el combate a la delincuencia no debe limitarse a quienes participan de forma directa en actividades armadas, sino también a quienes colaboran desde el interior de las instituciones. “Me refiero a los delincuentes que forman parte de estructuras gubernamentales que han facilitado información, el tránsito o que son cómplices de aquellos cárteles; a esos que permanecen en las estructuras de gobierno infiltrados, también tienen que tener todo el peso del Estado”, expresó.

El posicionamiento del PAN ocurre tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En este contexto, Lixa reconoció la actuación de las fuerzas armadas, destacando su desempeño durante el operativo. “Han demostrado valentía, disciplina, ser una fuerza útil para el país y que han combatido de frente a uno de los líderes más peligrosos que haya conocido el planeta”, declaró.

El legislador también expresó solidaridad con las familias de los elementos militares que fallecieron durante la operación, y reiteró el respaldo de su bancada a las fuerzas de seguridad. No obstante, señaló que, además de las acciones operativas, es necesaria una estrategia preventiva más amplia en distintas regiones, incluyendo Jalisco.

El coordinador parlamentario subrayó que el PAN ha insistido en la necesidad de una política de seguridad que actúe desde el origen del problema y no únicamente mediante operativos. Indicó que contar con información oportuna es un factor clave para lograr la pacificación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, señaló que la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones públicas representa un factor determinante en la expansión de estas organizaciones. “Es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales”, afirmó.

El legislador agregó que el tamaño y capacidad operativa de los cárteles, así como delitos como la extorsión en distintas entidades, reflejan la posible existencia de funcionarios que actúan como facilitadores o colaboradores. Según explicó, estos vínculos permiten el flujo de información o facilitan operaciones ilícitas.

Lixa también enfatizó que la neutralización de un líder criminal no implica la desaparición de la organización. “Capturar, abatir o neutralizar a una cabeza de un cártel no lo soluciona todo”, señaló, al reiterar la necesidad de una estrategia estructural que incluya acciones contra la infiltración criminal en el aparato gubernamental y fortalezca las instituciones frente a la delincuencia organizada.

México activa solicitud de extradición contra García Cabeza de Vaca tras revés judicial

El Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que un juez federal rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto en México.

El trámite fue gestionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la embajada estadounidense y notificado al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, ese órgano jurisdiccional determinó no conceder protección judicial al exmandatario ni a cuatro integrantes de su familia, lo que mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en su contra.

García Cabeza de Vaca enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. De acuerdo con fuentes federales citadas por el diario Reforma, la Fiscalía General de la República impulsó la activación del mecanismo diplomático con base en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos. A esa se suma una segunda orden dictada en febrero de 2024.

El exgobernador, quien dirigió Tamaulipas entre 2016 y 2022 y posteriormente buscó una candidatura federal en 2024, se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Reportes de medios locales señalan que reside en Estados Unidos, donde hasta el momento no se ha informado sobre su detención ni sobre el inicio formal de un procedimiento de entrega a México.

La resolución judicial más reciente sostiene que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal y que las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía están justificadas en esta etapa procesal. Sin embargo, la primera orden de arresto permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de un recurso promovido por su defensa.

En 2025, García Cabeza de Vaca declaró que la Interpol retiró la ficha roja en su contra. La fiscalía respondió que dicha notificación fue suspendida de manera temporal por determinaciones judiciales, no cancelada de forma definitiva.

A través de un comunicado difundido por su equipo legal, el exmandatario aseguró contar con protección judicial frente a cualquier intento de detención y adelantó que impugnará la decisión más reciente ante un tribunal superior. Mientras tanto, la solicitud de extradición queda en manos de las autoridades estadounidenses, que aún no han informado si darán curso al requerimiento presentado por el gobierno mexicano.

Caso Tequila: Juez envía a prisión al alcalde y a dos funcionarios por secuestro agravado

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que un juez de control así lo determinara tras una audiencia celebrada en las salas de juicios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano. La misma medida fue impuesta a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio, y a Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial, quienes enfrentan acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público federal expuso diversos datos de prueba relacionados con delitos de alto impacto. En el caso del alcalde Diego “N” y del titular de Catastro y Predial, la FGR los señala por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, así como por secuestro agravado. Para el director de Seguridad Pública, la imputación corresponde únicamente al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

Las acusaciones se sustentan en las investigaciones derivadas del secuestro de Guillermo Cordero García, entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez. Los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2021, en el contexto del proceso electoral local en Jalisco.

De acuerdo con el expediente integrado por el Ministerio Público, Diego “N” y Juan Gabriel “N” habrían participado directamente en la privación ilegal de la libertad de ambos candidatos. El documento ministerial señala que las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado, trasladadas a una casa de seguridad y mantenidas bajo coacción. Durante ese tiempo, se les habría obligado a firmar su renuncia como candidato y suplente a la presidencia municipal de Tequila por el partido Morena.

“Fueron secuestrados por Diego ‘N’ y Juan Gabriel ‘N’ y como un comando armado participó en su privación utilizando armas de fuego y como fueron trasladados a una casa de seguridad hasta que firmaron coaccionados la renuncia”, se establece en el documento presentado ante el juez.

Durante la audiencia, la FGR argumentó que el presidente municipal cuenta con recursos económicos suficientes que podrían facilitar una eventual evasión de la justicia, motivo por el cual solicitó la imposición de la prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por el juez de control.

Será el próximo martes cuando la autoridad judicial determine si los tres imputados son vinculados a proceso o si, en su caso, se ordena su libertad por insuficiencia de pruebas, una vez analizados los elementos presentados por la Fiscalía.

Autoridades desarticulan laboratorio criminal del hermano mayor de Emma Coronel en Guerrero

Un campamento utilizado para la producción de drogas sintéticas fue desmantelado en el municipio de Petatlán, Guerrero, como parte de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. La acción se llevó a cabo este jueves y derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de precursores y sustancias químicas, así como en la inhabilitación total del sitio, el cual estaría presuntamente vinculado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la información oficial, en este campamento operado por la delincuencia organizada se producía de manera simultánea metanfetaminas, la droga conocida como “Tusi” y opioides sintéticos. Las autoridades señalaron que el lugar funcionaba como un punto estratégico para la elaboración de distintos tipos de estupefacientes, lo que evidencia un alto nivel de capacidad operativa y logística.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo no solo se logró desmantelar el campamento, sino que también fue asegurada una bodega donde se almacenaban aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. Este aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes en la región en materia de precursores químicos.

En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observan tambos de color azul y costales que contendrían “sosa en escamas”, insumo comúnmente empleado en la elaboración de drogas sintéticas. El material gráfico permitió dimensionar la magnitud de las operaciones que se realizaban en el sitio, así como el volumen de sustancias almacenadas.

Las autoridades federales vinculan este campamento con Inés Omar Coronel Aispuro, conocido como “Coronel”, quien es identificado como integrante del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción denominada “Los Chapitos”. De acuerdo con los antecedentes oficiales, Coronel Aispuro está señalado por haber participado en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del narcotráfico en México.

Además, se informó que Inés Omar Coronel Aispuro cuenta con antecedentes penales registrados entre 2013 y 2015, relacionados con delitos como la producción de marihuana y la portación de arma de fuego. Estos datos forman parte de los registros oficiales de las autoridades de seguridad.

Con este operativo, el Gobierno federal busca debilitar las capacidades de producción de drogas sintéticas de los grupos delictivos que operan en Guerrero, así como reducir el flujo de estupefacientes mediante la destrucción de infraestructura y el aseguramiento de insumos clave utilizados en su fabricación.

Plan Michoacán suma 932 detenidos y más de 12 mil agentes desplegados en operativos de seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la seguridad en Michoacán se mantiene como una prioridad nacional y que, como parte del Plan Michoacán, se han detenido a 932 personas por delitos de alto impacto. La estrategia, implementada tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, contempla el despliegue de más de 12 mil elementos en distintos puntos del estado.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 se han asegurado 23 toneladas de drogas y 924 armas de fuego. Además, se han desmantelado 17 narcolaboratorios dedicados a la fabricación de metanfetamina, lo que representa uno de los golpes más relevantes contra la infraestructura criminal en la región.

Entre los resultados presentados, destacó la detención de Pedro “N”, identificado como distribuidor de drogas, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. En el operativo, se le aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico. También se ejecutó una orden de aprehensión contra Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México.

Uno de los casos más señalados fue la detención de Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a organizaciones criminales. Según la información oficial, también habría reclutado a dos individuos que formaban parte de la célula responsable de la agresión contra el alcalde Carlos Manzo. “Hoy tenemos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, reiteró García Harfuch durante la presentación de avances.

En Uruapan, elementos del Ejército, junto con la policía estatal y municipal, detuvieron a una persona vinculada a un grupo delictivo que transportaba en un tractocamión más de cinco toneladas de sustancias químicas y 19 mil 600 litros de precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán —desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales del 10 al 26 de noviembre— se detuvo a 134 personas y se aseguraron armas, vehículos, materiales explosivos y 425 kilogramos de metanfetaminas. “Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el estado”, afirmó García Harfuch.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que se apoyará a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con capacitación, reclutamiento y exámenes de control y confianza para su personal. También se acordó entregar 4 mil cartuchos a la policía municipal de Uruapan y otorgar en comodato mil 69 fusiles G3 para la policía estatal y 70 para la municipal.

Trevilla Trejo anunció además la construcción de un cuartel militar en Uruapan, solicitado por la presidenta municipal Grecia Quiroz, viuda de Manzo. El inmueble será desarrollado por ingenieros militares y tendrá características similares a los cuarteles de la Guardia Nacional instalados en diversas regiones del país.

El general explicó que, tras el atentado contra el alcalde Manzo, el Ejército implementó el Plan Paricutín en Apatzingán, Morelia, Zamora y Uruapan, donde operan 10 mil 500 elementos que han establecido 376 servicios desde el 11 de noviembre. Como parte del seguimiento, se han realizado 17 reuniones con los presidentes municipales de estos territorios, incluidas cinco con la alcaldesa de Uruapan para tratar el tema de la extorsión, además de encuentros con empresarios de los sectores limonero y aguacatero en distintos municipios.

Sheinbaum refuerza inteligencia y justicia en Michoacán tras asesinato de alcalde de Uruapan

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.

Juez suspende orden de captura por delincuencia organizada contra Hernán Bermúdez

Un juez federal congeló la orden de aprehensión emitida contra Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “El Munrra”, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, aunque el exfuncionario permanecerá en prisión debido a otro proceso penal que enfrenta en Tabasco por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

De acuerdo con documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez de Distrito en Materia Penal concedió la suspensión definitiva contra el mandamiento judicial solicitado por el Ministerio Público Federal, lo que impide que se ejecute la nueva orden de captura mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el diverso cuarto”, señala la notificación emitida por el órgano judicial.

La orden de aprehensión había sido autorizada el 17 de septiembre por un Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano). Sin embargo, con la suspensión otorgada, el juez analizará ahora el fondo del asunto, tomando en cuenta las pruebas presentadas por la defensa y la Fiscalía.

La resolución no implica el cierre del caso, pues la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar la decisión ante un Tribunal Colegiado para intentar revertir la medida y reactivar la orden de captura.

Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante los primeros dos años del gobierno de Adán Augusto López Hernández, es señalado como probable responsable de delitos relacionados con delincuencia organizada, conforme al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por su presunta participación en actividades vinculadas con tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

La acusación también incluye el delito de secuestro en agravio de R.M.A., sancionado por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73 constitucional.

Pese a esta suspensión, Hernán Bermúdez continúa recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, derivado de un proceso penal en curso con número de causa 213/2025, iniciado en Tabasco el 18 de febrero de 2025, por los delitos de asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

El caso mantiene la atención de las autoridades judiciales y federales, mientras el exfuncionario enfrenta múltiples acusaciones de alto impacto que lo mantienen tras las rejas, en espera de que se resuelvan los recursos legales interpuestos por su defensa y las impugnaciones del Ministerio Público.