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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró fijar una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para el viernes 23 de mayo a las 12:00 horas, tras intensas negociaciones y bloqueos en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob). El encuentro se concretó luego de más de seis horas de diálogo en una mesa que no ofreció soluciones inmediatas por parte de los funcionarios presentes.

La comisión negociadora de la CNTE anunció el acuerdo tras salir del recinto, señalando que la propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue el conducto para confirmar la entrevista con la mandataria. La decisión de avanzar hacia una mesa directa con la presidencia respondió a la falta de respuestas concretas en la negociación inicial.

Filiberto Frausto, dirigente de la sección 34 de Zacatecas, declaró que el magisterio exige una reunión efectiva, con resultados tangibles, no solo discursos vacíos. Mientras tanto, afuera del lugar, el ambiente se tensó: el anuncio de la reunión no fue bien recibido por las y los docentes que aguardaban noticias, quienes reaccionaron con enojo, acusaciones de traición y demandas inmediatas de acción directa.

El descontento generó un llamado urgente a una asamblea nacional el martes 20 de mayo, a las 21:00 horas, donde se definirán las próximas acciones. Entre las exigencias planteadas por la base magisterial resalta la movilización para cerrar el aeropuerto como medida de presión. La dirigencia se retiró bajo abucheos, reclamos y objetos lanzados por parte del contingente inconforme.

Durante la jornada, la CNTE bloqueó todos los accesos al Palacio de Cobián, luego de que la mesa de negociación se suspendiera durante tres horas mientras el gobierno intentaba habilitar un espacio en la agenda presidencial. La presión fue constante por parte del magisterio, que se mantuvo firme en sus demandas.

El gobierno federal reiteró su disposición al diálogo permanente. En una tarjeta informativa difundida al finalizar la reunión, la Segob confirmó que se expusieron distintas alternativas para atender el pliego petitorio del magisterio. La presencia en la mesa de representantes clave como el secretario de Educación, Mario Delgado; el titular del ISSSTE, Martí Batres; y un representante de Hacienda, marcó la intención oficial de continuar buscando soluciones.

Dentro de las propuestas se reafirmó la intención de congelar la edad de jubilación en el Sistema de Pensiones a 58 años para hombres y 56 para mujeres, evitando el aumento progresivo estipulado anteriormente en la ley. También se reiteró el planteamiento de una consulta nacional, escuela por escuela, para construir nuevas reglas laborales junto al magisterio.

El anuncio del incremento salarial del 9% desde enero y un 1% adicional a partir de septiembre completó el paquete de propuestas, mientras las movilizaciones de la CNTE continuarán hasta concretarse la reunión con la presidenta. El pulso entre gobierno y docentes sigue, con la presión callejera en aumento y la expectativa puesta en el diálogo del viernes.

Una colisión inesperada en uno de los puntos más icónicos de Nueva York ha sacudido tanto al gobierno mexicano como a la opinión pública. El Buque Escuela Cuauhtémoc, símbolo naval de México, chocó contra el puente de Brooklyn el sábado por la tarde, dejando un saldo de dos fallecidos y 19 lesionados, además de una serie de imágenes virales que recorrieron redes sociales en cuestión de minutos.

El accidente ocurrió pasadas las 8:00 p.m., cuando aún había luz, y los tres mástiles del barco se vinieron abajo tras el impacto. La escena fue registrada por múltiples testigos que se encontraban en la zona y rápidamente compartida a través de plataformas digitales. La causa exacta del accidente permanece sin aclarar, aunque ya está siendo investigada por la Secretaría de Marina en coordinación con autoridades estadounidenses.

Desde La Paz, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante una entrevista breve con medios locales. “Lamentamos que esto se use políticamente porque esto es un accidente, dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es solidaridad”, expresó la mandataria mientras se trasladaba en camioneta. También señaló que las personas lesionadas están siendo atendidas y presentan signos de mejoría, aunque evitó entrar en detalles a la espera de un comunicado oficial por parte de la Marina.

El siniestro no solo ha despertado preocupación, sino también controversia. Días antes del accidente, el Buque Escuela Cuauhtémoc fue utilizado como escenario para promover la elección judicial del próximo 1 de junio. A través de la cuenta de redes sociales “Morena New York Comité 1”, se publicaron videos en los que al menos cuatro personas invitan a los mexicanos a participar en los comicios y respaldar a los candidatos Lenia Batres, César Mario Gutiérrez Priego e Isaac de Paz.

“Paisanos, no olviden este 1 de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados, es muy necesario el voto para que tengamos la mayoría”, se escucha en uno de los clips. Otras publicaciones del mismo grupo, acompañadas de imágenes desde el jueves, remarcan la necesidad de que los ciudadanos en México voten “por quienes estamos en el exterior”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, divididas entre el dolor por la tragedia y la indignación ante el uso del buque como plataforma política. En medio de esta situación, la presidenta reiteró que el enfoque debe estar en la solidaridad con las víctimas y el avance de las investigaciones.

El Buque Cuauhtémoc, emblema de la formación naval mexicana, enfrenta ahora uno de los capítulos más difíciles de su historia, mientras el país observa con atención el desarrollo de los hechos y las decisiones que vendrán.

En medio del debate legislativo sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) levantó la voz. Durante el tercer conversatorio en el Senado, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, subdirector de Estrategia Comercial de la paraestatal, argumentó a favor de una participación directa del Estado en los servicios de telefonía e internet, defendiendo la asignación directa de concesiones comerciales.

Con una postura firme, Romero Gutiérrez subrayó que el acceso a las telecomunicaciones no puede estar condicionado únicamente por la capacidad de pago. “Es el Estado el responsable de garantizar y proteger los derechos humanos de la población, y estos no pueden quedar supeditados únicamente a la capacidad de pago, o a que el modelo de negocios determine si es lo suficientemente rentable”, puntualizó.

En su intervención, el funcionario hizo referencia al artículo 56 de la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, que permitiría a la CFE obtener una concesión de red mayoritaria para ofrecer servicios públicos. Aseguró que, de aprobarse, la Comisión operaría conforme a las regulaciones del organismo correspondiente, sin invadir competencias ni vulnerar marcos legales.

Las críticas desde el Senado no se hicieron esperar. Legisladores del PAN y del PRI han advertido que los artículos 56, 57 y 58 podrían contravenir el capítulo 18.18 del T-MEC, al ofrecer, en apariencia, un trato preferencial a un proveedor estatal en el sector de telecomunicaciones. Romero Gutiérrez respondió que garantizar derechos no constituye una violación comercial, sino una necesidad social.

Desde una perspectiva técnica, el funcionario detalló que la CFE ha desplegado una infraestructura robusta: 4 mil 825 torres de telecomunicaciones en operación, y otras mil 213 en construcción. También destacó que el programa “CFE Internet para Todos” ya cuenta con más de 101 mil puntos de acceso gratuito que benefician a 22 millones de usuarios en todo el país.

El argumento se fortaleció al comparar el modelo mexicano con el caso de Estados Unidos. En 2021, el gobierno estadounidense destinó 45 mil millones de dólares para subsidiar el acceso a internet para personas de bajos recursos y para financiar el despliegue de infraestructura privada. Romero Gutiérrez reconoció que dicho programa se cerró sin cumplir sus metas. No se logró extender la fibra óptica ni se establecieron acuerdos con las empresas para mantener tarifas accesibles.

El subdirector recordó que, en 2018, sólo el 65% de la población tenía acceso a internet, y que esa cobertura estaba concentrada en grandes ciudades y sectores con mayor poder adquisitivo. Desde entonces, gracias al despliegue de la CFE, la cobertura ha crecido hasta alcanzar al 94.45% de la población, con 24 millones de personas más conectadas en 140 mil localidades.

La postura de la CFE busca abrir paso a un modelo en el que el Estado tenga un rol activo, especialmente en zonas donde el mercado no encuentra incentivos económicos. Sin confrontar directamente al sector privado, la estrategia busca equilibrar el derecho a la conectividad con la eficiencia del despliegue técnico.

La estabilidad en los precios de productos esenciales seguirá siendo una realidad en México por otros seis meses. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con líderes de importantes empresas comercializadoras y productoras de alimentos, firmó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), un acuerdo que asegura mantener el costo máximo de la canasta básica en 910 pesos.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se concretó este compromiso con la presencia de representantes del sector privado y funcionarios del gabinete federal. La firma simboliza un esfuerzo conjunto por proteger la economía de millones de familias mexicanas que dependen de estos productos día a día.

“Firmamos la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con tiendas de autoservicio y productores agropecuarios; este acuerdo significa que no aumentará el precio de los 24 productos de la canasta básica. Cuidamos la economía popular”, compartió la mandataria en redes sociales.

Los empresarios confirmaron que los términos establecidos en noviembre se mantienen intactos: mismos productos, mismo precio, mismo objetivo. Ricardo Martín Bringas, director general de Soriana, indicó que el acuerdo se extiende por seis meses más. José Fimbres, de Grupo Calimax, reafirmó que los parámetros permanecen sin cambios.

El Pacic no es una medida aislada, sino una alianza voluntaria entre el gobierno federal y el sector empresarial para contener el impacto inflacionario. La canasta abarca 24 artículos de consumo esencial como arroz, frijol, leche, huevo, aceite, pollo, tortilla, azúcar, verduras, frutas, productos cárnicos y artículos de higiene personal.

Al encuentro acudieron altos funcionarios como los secretarios de Hacienda, Edgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González; de Infraestructura, Jesús Esteva; de Seguridad, Omar García Harfuch; y de Agricultura, Julio Berdegué. También participaron representantes de la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y del Consejo Asesor Empresarial.

Empresas clave como Walmart, Chedraui, San Juan, Bachoco, Bimbo y La Comer también estuvieron presentes, respaldando este acuerdo que permite mantener a raya los incrementos en los productos más demandados por los hogares.

Con esta renovación, el Pacic reafirma su papel como instrumento de contención frente a la inflación. El precio de la canasta básica seguirá fijo hasta nuevo aviso, en una estrategia que busca dar certidumbre al consumo cotidiano. Esta alianza público-privada ofrece una pausa necesaria en tiempos de presión económica, asegurando el acceso a productos indispensables sin golpear el bolsillo.

La cuenta regresiva está en marcha para uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos del Valle de México. La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo oficial al inicio de la preoperación del Trolebús Elevado Chalco-Santa Martha, una megaobra que promete transformar la manera de trasladarse entre el Estado de México y la Ciudad de México.

En un recorrido completo de los 18.5 kilómetros que cubrirá la nueva línea, la mandataria recorrió las 15 estaciones del trayecto acompañada por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez y la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada. Un trayecto que ahora podrá realizarse en solo 33 minutos, y que reducirá hasta una hora de traslado para miles de personas que se mueven entre Chalco y Santa Martha Acatitla.

Durante el evento, Sheinbaum anunció que la inauguración oficial del sistema se realizará el próximo 18 de mayo, tras una semana más de pruebas técnicas. El tramo elevado, exclusivo para transporte público, se presenta como un concepto único a nivel mundial, al tratarse de un segundo piso que no estará destinado a automóviles privados.

La presidenta destacó que esta obra simboliza mucho más que eficiencia en movilidad. “No había un transporte como este y ahora pues va a tenerlo. El mejor transporte para el que menos tiene, es la traducción de por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó Sheinbaum, resaltando el impacto social del proyecto. Según sus palabras, el Trolebús representa una apuesta directa por la justicia social y el cuidado del medio ambiente.

El impacto del nuevo sistema será amplio: Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), estimó que casi 3 millones de personas del oriente de la zona conurbada se verán beneficiadas. Se trata de un corredor estratégico para miles de trabajadores, estudiantes y familias que buscan una alternativa más rápida y segura para entrar a la capital.

Clara Brugada subrayó que este proyecto responde a una visión metropolitana que permitirá cerrar brechas de movilidad entre regiones, mientras que Delfina Gómez reconoció que el Estado de México tiene el desafío de acercarse a los niveles de calidad en transporte público que ya se ven en la capital.

Entre bromas y sonrisas, las tres mandatarias sellaron el acto con una frase que marcó el tono del día: “tres mujeres, un camino, el de la transformación”. Una transformación que, en apenas unos días, se volverá realidad sobre los rieles elevados del nuevo Trolebús.

Ciudad de México se vistió de dignidad y resistencia este 10 de mayo. En pleno Día de las Madres, colectivos de madres buscadoras marcharon sobre Paseo de la Reforma, alzando la voz en una jornada cargada de simbolismo, exigencia y memoria. Desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia, la marcha se convirtió en un grito por justicia en un país con más de 128 mil personas desaparecidas.

“Mientras no rompa con los pactos de impunidad, no podremos empezar a confiar en usted”, declararon las madres en un mensaje firme a la presidenta Claudia Sheinbaum. Las escalinatas del Ángel fueron el escenario de una protesta que no sólo recordó a los ausentes, sino que exigió acciones concretas. Entre las demandas: voluntad política, restructuración urgente de la Fiscalía General de la República e inicio de procesos judiciales contra los responsables de profundizar la crisis de desapariciones.

El ambiente fue intenso y profundamente emotivo. Se escucharon consignas como “El Estado nos ha fallado a todas” y “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”. Las calles se llenaron de pancartas con fichas de búsqueda, flores, fotografías, y frases dirigidas a las autoridades. Las madres portaban camisetas con los rostros de sus hijos desaparecidos y etiquetas como #UnidosPorElMismoDolor, llevando su causa del corazón a las avenidas más transitadas de la capital.

La manifestación no solo fue una denuncia, sino también un acto de memoria. La velada del 9 de mayo en el Monumento a la Madre fue un espacio de luz y recuerdo. Velas y retratos se colocaron para rendir homenaje a quienes no han vuelto a casa. En Zacatecas, en la Plaza del Congreso, se llevó a cabo un memorial para las 27 madres buscadoras asesinadas en esa entidad, visibilizando otro rostro de la tragedia: la violencia contra quienes buscan.

El movimiento se extendió más allá de la capital. En Sinaloa, el colectivo Sabuesos Guerreras A.C. colocó las fotografías de sus desaparecidos en las escaleras de la Catedral de Culiacán, sumándose al clamor nacional. La protesta, lejos de ser un evento aislado, es reflejo de un país que enfrenta una crisis humanitaria, reconocida incluso por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que ha señalado la gravedad del caso mexicano conforme al Artículo 34 de la Convención Internacional.

Las madres buscadoras no se detienen. En cada marcha, cada pancarta y cada palabra, colocan el peso de una verdad incómoda: no hay tregua mientras la impunidad persista. La exigencia es clara y sin rodeos: verdad, justicia y acción inmediata.

El nombre del Golfo de México, ese vasto cuerpo de agua que baña las costas de México, Estados Unidos y Cuba, ha desatado una controversia de alcance internacional. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha interpuesto una demanda contra Google por modificar en algunos de sus mapas digitales el nombre tradicional de esta zona marítima y etiquetarla como “Golfo de América”.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que esta denominación, promovida en su momento por el presidente estadounidense Donald Trump, solo puede aplicarse al sector del golfo correspondiente a la plataforma continental de Estados Unidos. Enfatizó que ni Trump ni cualquier otra autoridad estadounidense posee el derecho de imponer ese nombre en las porciones del golfo que pertenecen a México y a Cuba.

La mandataria subrayó que la nomenclatura de cuerpos de agua que comparten varios países no puede decidirse unilateralmente. Es un asunto que compete a instancias internacionales. Por ello, afirmó que la acción legal contra Google busca corregir lo que calificó como una representación cartográfica inadecuada.

“Lo único que queremos es que se cumpla el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre el golfo. Nombra Golfo de América sólo la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el golfo”, puntualizó Sheinbaum.

La demanda ya ha generado una primera resolución judicial, y las autoridades mexicanas esperan con atención los próximos pasos. De acuerdo con la posición oficial, la solicitud es clara: que la plataforma de mapas de Google respete la delimitación geográfica conforme a lo acordado oficialmente y que rotule como “Golfo de América” únicamente la parte correspondiente al territorio estadounidense. En las áreas mexicanas y cubanas, el nombre reconocido internacionalmente sigue siendo “Golfo de México”.

Este conflicto ha puesto en el centro de la conversación temas como la soberanía digital, la representación territorial en plataformas tecnológicas globales y el respeto a acuerdos internacionales. El caso también ha reavivado el debate sobre el poder de las grandes empresas tecnológicas en la difusión de contenidos geográficos y cómo sus decisiones pueden generar tensiones diplomáticas.

Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene firme su postura y espera una corrección precisa por parte de Google. La batalla legal continúa, en defensa de un nombre que, para México y Cuba, representa mucho más que un punto en un mapa.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, desde Palacio Nacional se dio a conocer un anuncio que marca un punto de inflexión para la fuerza laboral en México. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, presentó la estrategia oficial para implementar la jornada laboral de 40 horas, un cambio que se llevará a cabo de manera “paulatina y gradual” hasta concretarse en enero de 2030.

El funcionario detalló que esta transformación responde a una demanda histórica de la clase trabajadora. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su gestión, asumió este compromiso como parte del eje número 60 dentro de su plan de gobierno, enmarcado en lo que ha denominado el “segundo piso de la transformación”.

Para garantizar que esta reducción de horas sea equitativa y funcional, se organizarán foros en distintas ciudades del país entre el 2 de junio y el 7 de julio. En estas mesas de trabajo participarán representantes de los sectores laboral, empresarial y académico. La intención es construir un modelo sostenible y justo que responda a las necesidades reales del país y de sus trabajadores.

“El objetivo primordial es construir en colectivo un modelo justo y eficaz para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México”, afirmó Bolaños durante su intervención. Además, defendió la medida subrayando que reducir la jornada laboral no afecta la productividad, sino que otorga dignidad al trabajador al devolverle tiempo de vida personal y familiar.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum subrayó que esta transformación se dará por consenso. Señaló que la implementación no será inmediata, ya que se busca alcanzar acuerdos que permitan asegurar verdaderas mejoras en las condiciones laborales. “Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores”, indicó.

La mandataria también enfatizó que no hay momento perfecto para defender los derechos laborales, reafirmando su convicción de que este proceso representa un avance necesario y justo. “Alguien dirá, ‘pues es que a lo mejor no es el mejor momento’. No. Siempre es un buen momento para defender a los trabajadores”, expresó con firmeza.

Con el arranque de estas mesas de diálogo y una ruta clara hacia el 2030, México comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia laboral. El compromiso está trazado y el reloj ya corre hacia una jornada más humana, más justa y más moderna.

El Senado de la República cerró su periodo ordinario con un golpe firme al crimen. Con 105 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, aprobó reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enfocadas en fortalecer el control de armas, explosivos y sustancias relacionadas en todo el país. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación oficial en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva reforma marca un antes y un después en la legislación mexicana. Se fija una pena de prisión de 20 años a toda persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera o use artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. Si el delito se comete con fines de delincuencia organizada, la condena podría escalar hasta los 50 años de prisión.

El endurecimiento de las penas no se detiene ahí. Cualquier alteración o modificación de un arma también será castigada con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, buscando frenar la tendencia de adaptar armas para incrementar su letalidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional apoyó esta iniciativa, resaltando su importancia para fortalecer las tareas de seguridad pública que llevan a cabo sus elementos en las calles del país.

La reforma también toca a quienes ejercen actividades legales relacionadas con armas. Ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán poseer varias armas en sus domicilios, específicamente escopetas de cualquier calibre, con excepción de aquellas con cañones de longitud inferior a .635 milímetros o de calibre superior a 18.5 milímetros. Además, los practicantes de tiro o cacería debidamente acreditados ante la Sedena podrán tener hasta 10 armas de fuego en sus hogares.

El dictamen establece seis objetivos fundamentales: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley; extender su observancia a todo el territorio nacional; reforzar el control estatal sobre actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; actualizar la tipología de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; y obligar a los tres niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.

Con esta reforma, México busca blindarse frente a los nuevos desafíos de seguridad, cerrando la puerta a las amenazas que representan los explosivos improvisados y las armas ilegales, mientras impulsa una cultura de responsabilidad y paz.

En un giro trascendental para el Instituto Nacional de Migración (INM), este martes se concretó la transición de mando. Francisco Garduño, quien estuvo al frente de la institución, entregó oficialmente la dirección a Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla, en un acto privado que el INM calificó como “un ambiente de respeto y cordialidad”.

El cambio de estafeta, anunciado hace dos semanas por la presidenta Claudia Sheinbaum como un movimiento estratégico debido al peso del tema migratorio en la relación México-Estados Unidos, se materializó de manera discreta pero significativa. Desde este miércoles, Céspedes liderará una de las dependencias clave en la política interna del país.

Durante la ceremonia, Sergio Salomón Céspedes agradeció y reconoció el trabajo realizado por Francisco Garduño al frente del instituto. En respuesta, Garduño dio la bienvenida a su sucesor y le deseó éxito en esta nueva responsabilidad que, sin duda, pondrá a prueba su capacidad de gestión y su trayectoria política.

Originario de Tepeaca de Negrete, Puebla, Céspedes trae consigo una sólida experiencia en la administración pública. Su formación académica en Derecho por la Universidad del Valle de Puebla, así como su paso como empresario y presidente del Club Rotario de su municipio natal, construyeron la base de una carrera política que lo llevó a ser diputado local, presidente municipal y, finalmente, gobernador de Puebla en 2021.

El INM, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, mantiene su misión intacta: asegurar un flujo migratorio ordenado, sin distinción del estatus legal de las personas que atiende. Fundado en 1993 por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el instituto continúa evolucionando para enfrentar los retos migratorios de una época cada vez más dinámica y compleja.

Este relevo representa una apuesta por fortalecer la labor institucional ante un escenario internacional que exige nuevas estrategias y un liderazgo firme. Céspedes asume un papel que no sólo demanda conocimientos en materia legal y administrativa, sino también sensibilidad social y visión política para gestionar uno de los temas más delicados de la agenda nacional.

La llegada de Sergio Salomón Céspedes marca una nueva etapa en el INM, donde la continuidad y la innovación deberán caminar de la mano para garantizar que México mantenga su compromiso con una migración segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos.