El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció este viernes que ha sancionado a varios partidos políticos con multas que suman un total de 105 millones de pesos debido a irregularidades detectadas durante las precampañas.

Morena encabeza la lista de sanciones, con una multa que asciende a 60 millones 589 mil pesos, de los cuales 37 millones corresponden a nivel nacional y 22.6 millones a nivel local. El Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, aliados de Morena, también fueron multados con 3 millones 742 mil pesos y 4 millones 687 mil pesos, respectivamente, sumando juntos el 4% del total de sanciones.

Movimiento Ciudadano fue otro de los partidos más penalizados, con un total de 14 millones 719 mil pesos en multas. En el bloque opositor, el Partido Acción Nacional (PAN) recibió sanciones por 7 millones 958 mil pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 4 millones 521 mil pesos, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por 3.7 millones de pesos.

Además, el INE impuso multas a partidos locales por un total de 4 millones 662 mil pesos y a los aspirantes a cargos de elección popular por 774 mil 677 pesos, como resultado de diversas irregularidades en las precampañas.

El Coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, hizo un llamado urgente para incrementar el presupuesto destinado al sector salud en México. En una declaración pública, Romero expresó la necesidad apremiante de mejorar la situación actual en el sistema de salud, destacando la escasez crónica de medicamentos que ha afectado a miles de pacientes desde el inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Después de más de cinco años de promesas incumplidas por parte del Gobierno Federal en cuanto a resolver el desabasto de medicamentos, los ciudadanos continúan sufriendo las consecuencias”, señaló Romero. “La falta de medicamentos adecuados tanto en la Megafarmacia como en el IMSS o el ISSSTE evidencia una clara vulneración del derecho a la protección social en salud”.

El político panista destacó que la escasez de recursos y su mala administración están obstaculizando el desarrollo del sistema de salud en el país, lo que repercute directamente en la calidad y accesibilidad de los servicios para la población. Romero cuestionó la prioridad del gobierno actual al destinar recursos a “megaobras” en lugar de resolver los problemas graves que enfrenta el sistema de salud.

En comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto en salud en México es considerablemente bajo y mal distribuido. Mientras que países como Dinamarca destinan una cifra significativamente mayor por persona, México apenas alcanza una décima parte de ese monto.

“El presidente López Obrador prometió un sistema de salud equiparable al de Dinamarca, pero la realidad es que estamos muy lejos de eso”, afirmó Romero. “Es fundamental que se incrementen los recursos destinados a la salud y que se administren de manera eficiente para garantizar el bienestar de todos los mexicanos”.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictaminado la prohibición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de inmiscuirse en la campaña electoral, ordenándole la eliminación del informe sobre violencia política que emitió a principios de mes. Este informe había sido criticado por dirigirse a la candidata opositora Xóchitl Gálvez y a medios críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según la resolución, dada a conocer por Proceso el pasado martes 26, el TEPJF afirmó que la CNDH carece de competencias en asuntos electorales, advirtiendo que su intervención en el proceso electoral podría generar “juicios paralelos”, causando incertidumbre sobre los procedimientos y autoridades competentes para evaluar conductas irregulares en materia electoral.

La CNDH y su directora, Rosario Piedra Ibarra, han enfrentado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos debido a sus decisiones consideradas complacientes con el gobierno de López Obrador y su utilización política. En este caso, el organismo autónomo invocó el “derecho a la democracia” para justificar la publicación del informe, el cual cuestionaba a la oposición y elogiaba a Claudia Sheinbaum Pardo.

La CNDH tenía la intención de implementar un “escalómetro de violencia política” para monitorear campañas, discursos de candidatos, plataformas, spots, propaganda, eventos, así como noticias y opiniones en medios de comunicación y redes sociales.

Tanto la CNDH como Piedra Ibarra han defendido su participación en las campañas electorales, retratándose como víctimas de un “asedio” por parte del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante el TEPJF.

En una conferencia de prensa celebrada este lunes, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que apostará por capitalizar el descontento generalizado hacia el partido gobernante, Morena, para revertir las encuestas desfavorables frente a su rival, Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones del 2 de junio.

Gálvez destacó que las fuerzas que la respaldan, entre ellas el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), han acordado fortalecer su campaña con una inyección adicional de aproximadamente 180 millones de pesos. Esta medida, según la candidata, es crucial para nivelar la contienda ante su contrincante oficialista.

En su estrategia de contraste con el oficialismo, Gálvez enfatizó que las señales de descontento hacia el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador son cada vez más evidentes, como lo reflejaron las recientes protestas en Campeche, donde se exige la renuncia de la gobernadora Layda Sansores, miembro de Morena. Durante las manifestaciones, se coreó el llamado al “voto de castigo”, señalando directamente la necesidad de destituir a Sansores.

Aunque su mirada se centra en Campeche, Gálvez también identifica otros territorios donde espera un aumento del apoyo opositor, como Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Sonora, y la Ciudad de México, donde la oposición ha obtenido resultados sorpresivos en elecciones anteriores.

La candidata resaltó el presunto “mal trabajo” de Sheinbaum en la capital durante su mandato y subrayó la creciente insatisfacción ciudadana, especialmente en materia de seguridad. Además, mencionó estados como Veracruz y Morelos, donde la inseguridad se perfila como un factor determinante en las elecciones.

Gálvez celebró el incremento en los recursos financieros de su campaña, gracias al aumento de aportaciones por parte del PAN, el PRI y el PRD, aunque aún están lejos del tope de gastos permitidos.

Por último, la candidata anunció la presentación de una denuncia penal contra dos hijos de López Obrador y otras personas vinculadas a ellos, por presuntas irregularidades en la venta de materiales para el proyecto del Tren Maya. Esta acción se suma a una serie de denuncias previas presentadas por Gálvez desde que asumió la candidatura presidencial, como parte de su estrategia para destacar supuestas prácticas de corrupción en el gobierno actual.

En respuesta a la alarmante ola de secuestros en Sinaloa el viernes pasado, donde grupos armados secuestraron a 66 personas, incluyendo niños, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, propuso un llamado a la colaboración internacional para hacer frente a los cárteles de la droga y a la delincuencia organizada.

El líder del partido instó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a redoblar esfuerzos para localizar a las personas que aún permanecen en manos de sus captores. Además, aprovechó la situación para criticar la gestión federal, calificándola de “gobierno fallido”.

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, Cortés acusó a López Obrador de fortalecer a los grupos criminales mediante una política de “abrazos, no balazos”, y por mantener “relaciones cercanas” con ellos, lo que ha permitido una expansión territorial de los cárteles y el establecimiento de un “régimen de terror” en diversas partes del país.

El político subrayó que en caso de que Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN, PRI y PRD, llegue a la Presidencia, su gobierno actuará con toda la fuerza del Estado contra los grupos criminales. Entre las propuestas destacadas se encuentra la creación de una “Policía Federal civil” como alternativa a la Guardia Nacional, actualmente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Según Cortés, el programa de Gálvez contempla la duplicación de policías en estados y municipios de alto riesgo, así como un aumento en los salarios de los uniformados.

En una sesión marcada por tensiones políticas, la Comisión de Gobernación del Senado ha asumido el análisis de las controvertidas propuestas de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. Este movimiento surge tras una evaluación exhaustiva de la situación en ambas entidades, donde la ingobernabilidad ha sido señalada como un problema crítico por diversos sectores legislativos.

Las iniciativas, presentadas por distintas fracciones políticas, reflejan la preocupación por la incapacidad percibida de los gobiernos locales para mantener el orden y abordar la creciente violencia e inseguridad. Tanto el Partido Acción Nacional (PAN), en el caso de Guerrero, como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Guanajuato, han instado a la acción, desencadenando un enfrentamiento en el Senado que ahora deberá ser resuelto por las comisiones de gobernación y el Pleno.

El legislador Félix Salgado Macedonio ha expresado su preocupación por las posibles ramificaciones de estas medidas, advirtiendo sobre el riesgo de desencadenar un conflicto prolongado en otras entidades. La desaparición de poderes, un proceso que implica la suspensión temporal de las funciones de los poderes Ejecutivo, Judicial o Legislativo en una región específica, es una medida contemplada en la legislación para abordar situaciones donde se quebrantan los principios del régimen federal, se abandona el ejercicio de funciones sin justificación adecuada, o se promueven formas de gobierno que no cumplen con la base constitucional.

Es importante destacar que la desaparición de poderes no implica una eliminación definitiva del gobierno, sino más bien un acto de reconstrucción institucional. El Senado, como órgano encargado de evaluar estas propuestas, tiene la responsabilidad de determinar si proceden en los casos planteados, así como de participar en la designación de un gobierno provisional si fuera necesario.

En resumen, mientras la Comisión de Gobernación del Senado aborda estas propuestas, queda en juego el futuro político de Guerrero y Guanajuato, así como el precedente que esto podría establecer para otras entidades en el país.