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El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo participación en la salida de Adán Augusto López como coordinador del grupo parlamentario de Morena, y precisó que dicha determinación fue tomada de manera interna por la propia bancada. Las declaraciones se realizaron en entrevista con medios de comunicación, en el contexto del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual concluirá el próximo 30 de abril.

Velasco subrayó que la decisión sobre la coordinación parlamentaria de Morena respondió a un acuerdo entre los integrantes del grupo legislativo y no a una instrucción del Poder Ejecutivo. Al abordar el ambiente legislativo para los próximos meses, el senador destacó que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas se ha mantenido como una práctica constante dentro de la Cámara Alta.

“Siempre hemos estado abiertos a generar acuerdos con la oposición y los demás grupos parlamentarios”, expresó el legislador, al tiempo que aseguró que el Senado de la República continuará funcionando bajo un esquema de comunicación plural. “Siempre en el Senado ha habido un diálogo abierto y plural y eso va a continuar”, añadió.

En relación con la iniciativa presidencial de reforma electoral, Manuel Velasco informó que el proceso de análisis se encuentra en una etapa de conversaciones formales. Detalló que se han realizado al menos tres reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como encuentros con el presidente de la comisión correspondiente y con Pablo Gómez, como parte del intercambio de puntos de vista en torno a la propuesta.

El coordinador del PVEM enfatizó que su grupo parlamentario no ha cerrado la puerta a respaldar la iniciativa, al señalar que el diálogo permanece activo. “Nosotros nunca hemos dicho que no vamos a dar los votos desde el momento que estamos dialogando”, puntualizó, al referirse a la disposición del Partido Verde para continuar en la mesa de negociación.

Asimismo, Velasco reiteró que la apertura al diálogo incluye a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, entre ellas Movimiento Ciudadano. Indicó que el objetivo de estas mesas es construir un proceso incluyente, en el que se puedan presentar planteamientos y propuestas por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Finalmente, el senador hizo un llamado a que las bancadas interesadas participen de manera activa en el proceso de discusión, con el propósito de enriquecer el debate legislativo en torno a la reforma electoral y otros temas relevantes que serán abordados durante el periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar.

En una acción sin precedentes dentro del nuevo proceso electoral judicial en México, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas. Esta solicitud, presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, apunta directamente a la integridad de los aspirantes involucrados.

Las objeciones se basan en dos frentes contundentes. El primero, de carácter legal y ético: 18 de las personas impugnadas se encuentran presuntamente vinculadas a investigaciones penales federales, algunas con órdenes de aprehensión activas. Las acusaciones incluyen delitos de alto impacto como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y presunta relación con la delincuencia organizada. A juicio de los legisladores, esta situación representa una clara violación del requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, indispensable para aspirar a un cargo judicial.

El segundo punto crítico recae en el desempeño académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8.0 en estudios de licenciatura. Las calificaciones de estas personas oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, según Gutiérrez Luna, pone en entredicho no solo la preparación profesional, sino la calidad ética que debe caracterizar a los futuros jueces, juezas y magistrados. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, puntualizó el diputado.

El informe presentado a las autoridades electorales incluye documentación sobre carpetas de investigación abiertas, así como detalles de las relaciones de algunos aspirantes con personajes vinculados al crimen organizado. También se hace referencia a casos en los que los candidatos han ejercido como abogados defensores de individuos procesados por delitos de alto perfil, generando así posibles conflictos de interés.

En palabras de Gutiérrez Luna, “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Su declaración resalta la importancia de proteger la legitimidad del Poder Judicial frente al contexto electoral que, por primera vez en la historia de México, permitirá a la ciudadanía elegir directamente a jueces, magistrados y otros cargos de este poder del Estado.

El 1 de junio de 2025, más de 99 millones de votantes están convocados a las urnas para elegir 881 cargos entre más de 3,400 postulaciones. En medio del proceso, las campañas —que finalizarán el 28 de mayo— se desarrollan bajo la mirada atenta de la sociedad civil, organismos internacionales y la oposición, que han encendido alertas sobre una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.

La impugnación de estas candidaturas podría marcar un precedente clave en la consolidación de una justicia verdaderamente independiente, transparente y profesional en el país.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.

Este domingo marcó el inicio de una etapa sin precedentes en la historia democrática de México. Comenzaron las campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un proceso que consolida un modelo inédito de participación ciudadana.

Durante la inauguración de la ampliación de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, en Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con este proceso, México se convertirá en “el país más democrático del mundo” al permitir que el pueblo elija a los tres poderes.

“Ahora somos el único país del mundo en el que también el pueblo va a elegir a sus jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló la mandataria.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), más de 100 millones de ciudadanos están convocados a participar en la elección del 1 de junio, en la que se elegirán 881 cargos federales entre tres mil 422 aspirantes registrados.

Sheinbaum subrayó que la democracia mexicana ha evolucionado al punto de permitir a los ciudadanos definir no solo el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial. Explicó que, hasta ahora, los jueces y magistrados eran designados por el Senado o internamente dentro del Poder Judicial, pero este nuevo modelo traslada esa responsabilidad directamente al pueblo.

Las campañas se desarrollarán durante 60 días, hasta el 28 de mayo. Sin embargo, el proceso ha generado preocupación en distintos sectores. Organismos internacionales, asociaciones civiles y actores políticos han alertado sobre posibles riesgos, como la intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.

Además, el INE estableció que los candidatos no recibirán recursos públicos y solo podrán utilizar fondos propios con montos limitados. Para los aspirantes a juzgados, el tope será de aproximadamente 220 mil pesos, mientras que los candidatos a la SCJN podrán gastar hasta 1.4 millones de pesos.

La Iglesia católica también hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre la importancia de esta elección y la necesidad de informarse sobre los candidatos. En paralelo, el INE prohibió a funcionarios públicos, gobiernos y ministros de culto promover la participación ciudadana en la elección judicial.

El proceso avanza en medio de un debate intenso sobre sus implicaciones, mientras México se prepara para definir un nuevo capítulo en su democracia.

El Senado de la República aprobó la “Ley de Transparencia para el Pueblo”, con el respaldo mayoritario de Morena, PT y PVEM. La iniciativa establece nuevas reglas de acceso a la información pública y protección de datos personales, eliminando al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con 71 votos a favor y 20 en contra, los legisladores de Morena lograron la aprobación del dictamen en lo general. Sin embargo, los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, mientras que la mayoría del PRI no asistió a la sesión por estar en los festejos del 96 aniversario de su partido. En lo particular, la votación cerró con 67 votos a favor.

El dictamen contempla la creación del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que sustituirá al actual Sistema Nacional de Transparencia. Además, se establece el nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo”, que dependerá de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y se encargará del acceso a la información del Poder Ejecutivo. Otros organismos autónomos continuarán gestionando su propia información.

Para impugnar respuestas a solicitudes de información, se establece que los ciudadanos podrán recurrir al juicio de amparo, el cual será atendido por jueces y tribunales especializados designados por el Poder Judicial de la Federación.

Un punto de controversia es la exclusión de diversas entidades de seguridad de los comités de transparencia. La atribución de acceso a la información de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Guardia Nacional quedará bajo la autoridad directa de sus titulares.

En el debate, el senador Daniel Barreda, presidente de la Comisión Anticorrupción, criticó que el dictamen no fuera remitido a su comisión para su estudio. Por su parte, el senador priista Rolando Zapata expresó su preocupación sobre la desaparición del INAI y la concentración de sus facultades en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, argumentando que esto genera un conflicto de interés, al ser el fiscalizador y el fiscalizado el mismo ente.

El dictamen ha sido turnado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo para su eventual aprobación o modificación.