Etiqueta: sanciones

La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.

El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.

Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.

La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.

La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.

El gobierno federal alista una reforma legal que modificaría la manera en que se investigan las muertes violentas de mujeres en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una iniciativa para establecer que todos estos casos sean indagados desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, además de endurecer sanciones y reforzar los mecanismos de atención a víctimas.

La propuesta, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, busca homologar el tipo penal en todo el país y redefinir la forma en que actúan las autoridades ante estos delitos. De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es garantizar que cada caso se investigue con protocolos reforzados y evitar que las autoridades descarten de manera inicial posibles feminicidios.

El planteamiento establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá analizarse bajo esta línea desde el primer momento. Con ello, los Ministerios Públicos no podrán descartar como hipótesis inicial un aparente suicidio o accidente, y además el delito será perseguido de oficio a nivel nacional.

La iniciativa también incluye modificaciones para fortalecer las sanciones. Según detalló Godoy, se propone “una pena de 40 a 70 años de prisión”, además de castigar la tentativa “con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes” del castigo establecido. A esto se suman medidas relacionadas con la reparación del daño, como la pérdida de derechos sobre bienes y propiedades del agresor, así como la patria potestad de sus hijos.

El proyecto contempla además la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, integradas por personal capacitado específicamente en la investigación de feminicidios. Estas áreas tendrían como función mejorar la atención a víctimas y reforzar las indagatorias.

Durante la presentación, Ingrid Gómez Sarasibar explicó que la iniciativa también plantea la creación de un registro nacional de menores que queden en situación de orfandad a causa de feminicidios, con el fin de garantizar atención y seguimiento a las víctimas indirectas.

“La presente ley articula además todos los derechos de las víctimas, y no sólo para quien lamentablemente fueron arrebatadas de la vida, sino también para sus familiares y como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”, señaló.

Sheinbaum indicó que la propuesta será enviada al Senado entre este martes y el miércoles, con la expectativa de que los legisladores respalden los cambios planteados.

En la conferencia donde se dio a conocer la iniciativa también estuvo presente la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien no intervino durante la presentación luego de incorporarse tarde a la conferencia matutina.

El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este lunes la decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. Durante su intervención ante medios, la mandataria calificó la medida como injusta y confirmó que, ante este escenario, los envíos de crudo mexicano a la isla se encuentran actualmente detenidos.

Sheinbaum señaló que las sanciones afectan directamente a la población cubana y rechazó que se apliquen medidas que impacten en las condiciones de vida del pueblo. “Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo”, declaró. Añadió que su gobierno mantiene gestiones diplomáticas para retomar el suministro energético a la isla caribeña.

La presidenta explicó que, pese a la suspensión del envío de petróleo, México continuará con el apoyo humanitario a Cuba. Este domingo zarparon desde Veracruz dos embarcaciones con más de 814 toneladas de alimentos, y se prevé el traslado de más productos en los próximos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que aún están pendientes de envío alrededor de 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

Sheinbaum reiteró que este tipo de ayuda responde al impacto que las sanciones estadounidenses han tenido en la población cubana. “No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera… un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoya al pueblo siempre”, afirmó durante la conferencia.

México se convirtió recientemente en el principal proveedor de combustible de Cuba tras la interrupción de los envíos venezolanos, ocurrida luego del bloqueo estadounidense a petroleros de Venezuela en diciembre y la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero. Sin embargo, a mediados de ese mes, el gobierno mexicano suspendió el envío de crudo y productos refinados ante la presión de Washington y las advertencias de posibles represalias comerciales.

Funcionarios mexicanos habían señalado la semana pasada que se analizaban alternativas para abastecer de combustible a Cuba sin provocar sanciones, con el objetivo de contribuir a cubrir necesidades básicas como la generación de electricidad y el transporte.

Estados Unidos sostiene que Cuba representa una “amenaza extraordinaria” para su seguridad nacional, argumento rechazado por el gobierno cubano. En este contexto, La Habana anunció recientemente un plan de contingencia ante la “aguda escasez de combustible”. La isla importa cerca de dos tercios de la energía que consume y, en los últimos días, ha enfrentado apagones y extensas filas en estaciones de servicio.

La muerte de “Vito”, mascota del político Gabriel Quadri, tras un ataque ocurrido en calles de la Ciudad de México, colocó nuevamente en la agenda pública la legislación que regula el paseo de perros en la vía pública y las sanciones por incumplirla. El hecho se registró cuando el animal fue atacado por otro perro mientras caminaban por la colonia Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán, y derivó en la difusión de información sobre las obligaciones legales de los tutores de mascotas.

La normativa vigente en la capital establece de manera expresa la obligación de llevar a los perros con correa al transitar por espacios públicos. Esta disposición se encuentra en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como en los artículos 4 y 30 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. Ambas leyes señalan que los tutores o responsables deben asumir las consecuencias de los daños que sus animales puedan causar a terceros.

El texto legal indica: “Toda persona tutora responsable o encargada de un perro está obligada a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública”. El incumplimiento de esta medida puede derivar en distintas sanciones, que van desde multas económicas hasta arrestos administrativos o trabajo comunitario.

Gabriel Quadri informó a través de redes sociales que el ataque ocurrió en la esquina de las calles Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha. De acuerdo con su relato, “Vito” fue agredido por un perro de raza Pastor Belga Malinois. Posteriormente, el político compartió un video en el que se observa al perro agresor correr directamente hacia su mascota sin que se aprecie el uso de correa, para luego atacarla. Quadri también señaló que el dueño del animal no asumió responsabilidad por lo ocurrido.

Según la Ley de Cultura Cívica, las personas que no adopten medidas de seguridad para prevenir agresiones pueden ser sancionadas con multas que van de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA para 2026, esto representa montos que oscilan entre mil 290 y 4 mil 692 pesos.

Además de la sanción económica, la legislación contempla la posibilidad de un arresto de entre 13 y 24 horas, o la imposición de trabajo comunitario por un periodo de seis a 12 horas. Estas medidas buscan reforzar la responsabilidad de los dueños de mascotas y prevenir incidentes similares en espacios públicos de la capital.

Después de un reciente incidente de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal presentó un plan integral para combatir el abuso sexual en México. La estrategia, dada a conocer desde Palacio Nacional, busca transformar la manera en que las autoridades y la sociedad enfrentan este delito, poniendo en el centro a las víctimas y apostando por un cambio cultural profundo.

El plan tiene tres ejes principales: agilizar las denuncias, garantizar atención digna a las víctimas y sensibilizar a los hombres sobre las conductas que perpetúan la violencia. La iniciativa responde a la falta de uniformidad legal en el país, donde los códigos penales de las 32 entidades no definen de la misma manera el abuso sexual. Mientras algunos estados tienen criterios amplios o agravantes, otros aún mantienen vacíos legales que dejan a muchas víctimas sin justicia.

El objetivo del gobierno es claro: que el abuso sexual sea reconocido como delito grave en todo el territorio nacional y que las sanciones sean contundentes. Actualmente, el Código Penal Federal contempla penas de seis a diez años de prisión, además de multas, que pueden aumentar cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Entre las primeras medidas destaca la creación de mecanismos que reduzcan el tiempo para presentar denuncias, una tarea urgente frente a los procesos largos y revictimizantes que hoy enfrentan miles de mujeres. También se reforzará la línea 079 para ofrecer atención inmediata y acompañamiento especializado, mientras que ministerios públicos, fiscalías y jueces recibirán capacitación en perspectiva de género para mejorar la respuesta institucional.

El plan contempla además acciones en espacios públicos y de transporte, donde las agresiones son frecuentes. Conductores y personal del sistema de movilidad serán capacitados para detectar y prevenir el abuso sexual, promoviendo ambientes más seguros.

La iniciativa no solo busca endurecer las sanciones, sino también transformar la forma en que la sociedad entiende la violencia. Para ello, el gobierno pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización dirigida especialmente a los hombres, con el fin de identificar actitudes y comportamientos normalizados que resultan violentos o invasivos.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno presentará los primeros avances del plan y lanzará oficialmente la campaña nacional. Con esta estrategia, la administración federal busca enviar un mensaje contundente: la violencia sexual no será tolerada y cada víctima tendrá el respaldo del Estado para denunciar y acceder a justicia.

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

A partir de este martes entra en vigor en la Ciudad de México una reforma que prohíbe negar la compra o renta de un inmueble a personas por tener hijos o mascotas, luego de su publicación en la Gaceta Oficial capitalina este lunes. La modificación al artículo 4 de la Ley de Vivienda busca garantizar un acceso más equitativo a la vivienda y frenar prácticas de discriminación comunes en el mercado inmobiliario.

Hasta antes de esta reforma, la ley ya contemplaba sanciones contra actos discriminatorios relacionados con condición económica, origen étnico, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidad, condición social, salud, embarazo, religión, opiniones, orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales, estado civil y creencias políticas.

Con la nueva actualización, se incorpora el concepto de “cohabitación con infancias y seres sintientes”, término que reconoce tanto a los menores de edad como a los animales de compañía como parte del entorno familiar. Esta inclusión amplía el alcance de protección para quienes buscan comprar o rentar un espacio en la capital.

La reforma fue aprobada en agosto pasado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, tras una iniciativa impulsada por la Comisión de Vivienda, con el propósito de fortalecer los derechos habitacionales de las familias y eliminar los filtros discriminatorios que aún persisten en contratos de arrendamiento.

Durante la discusión en el Congreso, la diputada del Partido del Trabajo, Diana Barragán Sánchez, argumentó que una parte considerable del abandono de animales se relaciona directamente con este tipo de restricciones inmobiliarias. “El 40% del abandono de animales se debe a las restricciones para rentar o comprar vivienda, y el 25% de las quejas presentadas ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México están vinculadas con infancias y animales”, señaló.

Con esta medida, los arrendadores, agentes inmobiliarios y propietarios deberán abstenerse de negar contratos o imponer condiciones especiales a quienes vivan con niños o mascotas, ya que hacerlo podría considerarse una práctica discriminatoria sancionable bajo la legislación local.

El cambio legal coloca a la Ciudad de México como una de las primeras entidades en el país en reconocer legalmente el derecho a la vivienda sin discriminación por cohabitación familiar o animal, un paso relevante dentro del marco de políticas públicas orientadas a la inclusión social y la protección de los llamados seres sintientes.

Una revisión fiscal iniciada en febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la aprobación de sanciones por 31.9 millones de pesos para partidos políticos nacionales, por inconsistencias en el pago de impuestos y en sus reportes fiscales. El ajuste se realizó tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que redujo casi a la mitad las multas inicialmente previstas.

La cifra inicial, dictada por la Comisión de Fiscalización, ascendía a 65.2 millones de pesos. Sin embargo, documentos de última hora enviados por el SAT provocaron una reconsideración en el Consejo General del INE, que redujo las sanciones en más de 33 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los principales beneficiados con estas reducciones.

El PT logró una baja significativa, pasando de 40.8 millones a 13.3 millones de pesos. Mientras tanto, el PVEM disminuyó su multa de casi ocho millones a apenas 283 mil pesos. Movimiento Ciudadano también vio una rebaja considerable, quedando con una sanción de solo 11 mil pesos.

Morena, por su parte, recibió la multa más baja de todo el proceso, con apenas dos mil 74 pesos, a pesar de que en febrero se había señalado que tenía pendientes fiscales por más de 60 millones. La intervención del SAT cambió por completo el escenario inicial en favor del partido oficialista.

Las reducciones se sustentaron en documentación y aclaraciones fiscales presentadas a contrarreloj, situación que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo General. La consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, destacó que muchos partidos adoptaron la práctica de entregar documentación de última hora. Esta acción obligó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a revisar apresuradamente información adicional, afectando la exhaustividad de los procedimientos.

“El análisis de la información presentada de manera extemporánea afecta negativamente el desarrollo ordinario de la fiscalización”, sostuvo Humphrey durante la sesión.

La información oficial arrojó diferencias notables. Aunque el recorte de multas se informó como un ajuste de 33.2 millones, los datos desglosados a los consejeros indican una disminución de más de 35 millones de pesos. Estas inconsistencias numéricas dejaron abiertos cuestionamientos sobre la claridad de los ajustes.

Los partidos de oposición no corrieron con la misma suerte. El PRI mantuvo su multa de 12 millones, el PAN de poco más de cuatro millones, y el PRD de seis mil pesos, sin modificaciones. El PRI intentó entregar oficios de último momento que no fueron tomados en cuenta por el INE. El representante priista Emilio Suárez Licona afirmó que el SAT respondió apenas unas horas antes de la sesión, mientras que la diputada Marcela Guerra acusó al Instituto de ignorar diversos documentos enviados durante los últimos dos años.

Los beneficiados agradecieron el acompañamiento institucional para regularizar sus situaciones fiscales. Algunos partidos aún contemplan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir buscando una reducción en las multas impuestas. Mientras tanto, el proceso de fiscalización continúa marcando diferencias entre partidos, evidenciando la influencia que pueden tener los tiempos y la estrategia documental en las decisiones del árbitro electoral.