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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones y cargos penales contra nueve miembros de la célula delictiva conocida como los ‘Hermanos Bonques’, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezada por Roberto Castellanos Meza, alias ‘Beto Bonques’. El grupo, que opera principalmente en Xalisco, Nayarit, está involucrado en el tráfico de heroína y cocaína hacia Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destacó que los ‘Hermanos Bonques’ son fundamentales en el tráfico de heroína desde Xalisco, abasteciendo a muchas de las redes de distribución en EE. UU. Además de la heroína, el grupo está vinculado al tráfico de cocaína, con Castellanos Meza participando en la intermediación de ventas y el transporte de esta droga desde Colombia.

Entre los sancionados se encuentran también facilitadores del fentanilo, como José Adrián Castillo López, Luis Alonso Navarro Quezada, Erandiny Jazmin Arias Ponce, Araceli Castillo Peinada y José Sinue Castro Álvarez. Estos individuos están acusados de distribuir grandes cantidades de fentanilo en varias regiones de Estados Unidos, incluyendo Colorado, Nevada y California.

Con las sanciones impuestas, todos los bienes de los involucrados en territorio estadounidense están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC, en un esfuerzo por desmantelar las redes de narcotráfico internacionales.

The Wall Street Journal reveló el domingo que Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para persuadir al presidente venezolano Nicolás Maduro de renunciar, ofreciendo amnistía como incentivo. La propuesta surge en un momento en que se han presentado pruebas sólidas que sugieren que Maduro perdió las elecciones presidenciales de julio, de acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones citadas por los periodistas Juan Forero, Patricia Garip y Kejal Vyas.

El informe señala que la administración de Joe Biden está considerando la posibilidad de conceder indultos tanto a Maduro como a sus principales colaboradores, quienes enfrentan graves acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. Estas acusaciones incluyen cargos de tráfico de drogas, por los cuales el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara al arresto de Maduro.

No obstante, Estados Unidos estaría dispuesto a suspender estas acciones legales si Maduro accede a abandonar el poder antes de que finalice su mandato en enero. Las negociaciones, mantenidas en secreto, se han realizado mayormente en línea e involucran a Jorge Rodríguez, presidente del Congreso venezolano y aliado cercano de Maduro, y a Daniel P. Erikson, encargado de la política hacia Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

A pesar de la oferta, Maduro ha mostrado resistencia a aceptar cualquier acuerdo que implique su salida del poder. No obstante, se ha indicado que la presión internacional y la oferta de amnistía podrían eventualmente hacer que Maduro reconsidere su posición.

El esfuerzo de Estados Unidos se alinea con la estrategia de la oposición venezolana, que ha documentado detalladamente los resultados de las elecciones de julio. Según estos documentos, el candidato opositor Edmundo González habría ganado con 7.3 millones de votos frente a los 3.3 millones de Maduro. A pesar de estos resultados, Maduro ha mantenido su control mediante represión y encarcelamiento de disidentes.

Además, la situación en Venezuela ha atraído la atención de países vecinos como Brasil, México y Colombia, que intentan mediar en el conflicto. Sin embargo, estos países han optado por no tomar una postura firme contra Maduro, enfocándose en la necesidad de un proceso electoral transparente.

En contraste con la administración Trump, que había impuesto sanciones adicionales, la administración Biden ha decidido ofrecer incentivos para evitar una escalada del conflicto, esperando que esta estrategia resulte más efectiva para resolver la crisis en Venezuela.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció este viernes que ha sancionado a varios partidos políticos con multas que suman un total de 105 millones de pesos debido a irregularidades detectadas durante las precampañas.

Morena encabeza la lista de sanciones, con una multa que asciende a 60 millones 589 mil pesos, de los cuales 37 millones corresponden a nivel nacional y 22.6 millones a nivel local. El Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, aliados de Morena, también fueron multados con 3 millones 742 mil pesos y 4 millones 687 mil pesos, respectivamente, sumando juntos el 4% del total de sanciones.

Movimiento Ciudadano fue otro de los partidos más penalizados, con un total de 14 millones 719 mil pesos en multas. En el bloque opositor, el Partido Acción Nacional (PAN) recibió sanciones por 7 millones 958 mil pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 4 millones 521 mil pesos, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por 3.7 millones de pesos.

Además, el INE impuso multas a partidos locales por un total de 4 millones 662 mil pesos y a los aspirantes a cargos de elección popular por 774 mil 677 pesos, como resultado de diversas irregularidades en las precampañas.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Pedro Vázquez González, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) con el objetivo de establecer sanciones más proporcionales para las precandidaturas que no entreguen a tiempo sus informes de ingresos y gastos de precampaña.

La propuesta incluye amonestaciones públicas y multas de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a unos 542 mil 850 pesos.

El diputado sugiere añadir un primer párrafo al numeral 3 del artículo 229 de la LGIPE para señalar que si una precandidatura no entrega sus informes en el tiempo establecido y resulta ganadora en las elecciones internas o asambleas del partido, podrá ser sancionada de acuerdo con el artículo 456, inciso c), fracciones I o II de la ley. Estas sanciones van desde una amonestación pública hasta multas sustanciales.

El documento, enviado a la Comisión de Reforma Política-Electoral, señala que la normativa actual establece que si un precandidato incumple con la presentación de informes, no podrá ser registrado oficialmente como candidato. El diputado Vázquez González considera que esta sanción puede ser excesiva, ya que podría restringir el derecho de ser votado sin proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a la gravedad de la falta.

El legislador resalta la necesidad de equilibrar la aplicación de sanciones para proteger la transparencia electoral y, al mismo tiempo, evitar barreras que limiten injustamente los derechos políticos. Sugiere que la pérdida de registro como sanción debería ser el último recurso y no la primera opción, buscando alternativas más adecuadas para corregir las conductas irregulares y fomentar la rendición de cuentas sin comprometer los derechos fundamentales.