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Bernabé fue elegido como presidente del Comité de Ética de la Cámara de Diputados. La designación, que ocurrió en apenas tres minutos, fue resultado de un acuerdo directo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y marcó el inicio formal de un órgano que llevaba un año de retraso en su instalación.

El nuevo presidente del Comité, que tiene la misión de promover la transparencia, la integridad y la conducta ética entre las y los legisladores, llega al cargo con un historial cargado de señalamientos. Entre ellos, destacan acusaciones por intentar reelegirse como candidato indígena sin pertenecer a esa comunidad, por el presunto secuestro durante una disputa política en Veracruz y por el manejo de un equipo de asesores con sueldos que superaban los 180 mil pesos mensuales.

Pérez Bernabé fue cuestionado desde 2024, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) revocó su candidatura tras descubrir que se había registrado bajo la acción afirmativa indígena con documentos que no coincidían con su lugar de nacimiento.

 Aunque presentó una constancia emitida por una comunidad de Papantla, el organismo electoral comprobó que el diputado nació en Gutiérrez Zamora, a casi 30 kilómetros de distancia. Su suplente, Victoria Méndez, sí fue reconocida como candidata indígena válida.

Aun así, semanas después el morenista logró solventar las inconsistencias y consiguió postularse nuevamente, resultando electo por mayoría relativa. Desde entonces, su trayectoria política ha estado acompañada de polémicas, pero también de alianzas que le permitieron consolidar su posición dentro del partido guinda y, ahora, alcanzar la presidencia de un comité encargado de vigilar la ética legislativa.

El nombramiento también incluye al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González, como vicepresidente, además de los legisladores Luis Agustín Rodríguez, del PAN, y Alejandro Pérez Cuéllar, del PVEM, como secretarios.

La integración del Comité se completa con los llamados decanos, entre ellos el morenista Manuel Espino Barrientos, quien actualmente se encuentra en recuperación tras un derrame cerebral sufrido en septiembre.

La creación del Comité de Ética, que debió haberse instalado desde hace más de un año, busca reforzar los principios de transparencia y conducta pública dentro del recinto legislativo de San Lázaro. Sin embargo, la elección exprés de un presidente con antecedentes polémicos ha generado críticas en los pasillos del Congreso y reabre el debate sobre los filtros éticos en los nombramientos dentro del Poder Legislativo.

Pese a las controversias, la nueva dirigencia del Comité de Ética deberá asumir su tarea de velar por el comportamiento institucional de los diputados y prevenir actos que comprometan la integridad de la Cámara. El reto será mayor: hacerlo bajo la mirada de una ciudadanía cada vez más exigente con sus representantes públicos.

La sesión para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convirtió en una jornada de alta tensión política, marcada por insultos, pancartas y reclamos cruzados entre Morena y la oposición. En medio del caos, la mayoría oficialista logró aprobar en lo general el dictamen con 358 votos a favor y 133 en contra, sin abstenciones.

Todo comenzó la noche del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, subió a tribuna con una camiseta negra que llevaba la frase “Justicia para Manzo” y la foto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado. Con una gran pancarta al frente que marcaba la hora del crimen, el legislador priista responsabilizó al actual gobierno del clima de violencia que vive el país.

Mientras Mancilla hablaba, un grupo de diputados de Morena encabezado por Arturo Ávila irrumpió frente a la tribuna con una enorme lona que decía “Carroñeros MC-PRIAN”, acompañada por las imágenes de los líderes nacionales de la oposición. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir que se retiraran las pancartas, alegando que bloqueaban la visibilidad del orador.

El enfrentamiento verbal escaló. Mancilla respondió con insultos y acusaciones directas, mientras coreaba junto a su bancada “¡Narcodiputados!”. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para calmar los ánimos y pidió retirar los carteles, reconociendo que existía un acuerdo previo para garantizar el orden del debate.

Sin embargo, la tensión no bajó. Desde su curul, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reprochó el lenguaje usado por el priista y exigió respeto hacia las mujeres. Sus palabras provocaron reacciones divididas: aplausos desde la bancada oficialista y más gritos desde la oposición.

La diputada morenista Flor de María Esponda aprovechó su turno para reproducir un video en el que vinculó el inicio de la violencia en México con la estrategia de seguridad implementada en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón. Aseguró que los señalamientos del PRI eran hipócritas y que la tragedia nacional tenía raíces más profundas.

Tras horas de enfrentamientos verbales, la presidenta Kenia López decretó un receso hasta este miércoles para continuar con la discusión de mil 708 reservas, que deberán resolverse antes de la madrugada del jueves. De acuerdo con la ley, el PEF 2026 debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

La sesión cerró con un Congreso dividido, un ambiente crispado y el recordatorio de que, pese a los desacuerdos, el reloj legislativo sigue corriendo para definir cómo y en qué se gastará el dinero público el próximo año.

El Senado volvió a convertirse en campo de batalla política. Durante la sesión de este martes, un intercambio entre la senadora panista Lilly Téllez y el morenista Gerardo Fernández Noroña encendió los ánimos en el pleno, justo en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Lo que comenzó como un debate sobre la violencia en el país terminó escalando a una confrontación directa que continuó incluso en redes sociales.

La discusión surgió luego de que el Senado guardara un minuto de silencio por el homicidio del alcalde michoacano. Durante su intervención, Téllez criticó la postura del gobierno federal respecto al combate al crimen organizado y cuestionó la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no responder con una “guerra” a los cárteles. Su discurso apuntó contra los legisladores de Morena, a quienes acusó de tolerar la violencia que afecta a los ciudadanos.

Desde su escaño, Fernández Noroña interrumpió la exposición, lo que provocó que Téllez respondiera con insultos, haciendo referencia al reciente viaje del morenista a Palestina, donde participó en una gira diplomática y visitó zonas afectadas por el conflicto armado. El intercambio de palabras tensó el ambiente en la Cámara Alta y marcó uno de los momentos más acalorados del debate.

Ya fuera del recinto, Noroña llevó el enfrentamiento a las redes sociales. Desde su cuenta en X, atribuyó los ataques de la senadora a una supuesta estrategia impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, medio en el que Téllez trabajó antes de iniciar su carrera política. Según el morenista, los señalamientos buscan distraer la atención del adeudo fiscal que, asegura, mantiene el empresario con el gobierno federal.

Noroña también dirigió sus críticas hacia el panista Ricardo Anaya, quien compartió el video del enfrentamiento en sus redes. Lo acusó de utilizar los ataques para beneficiar intereses particulares y de mantener una postura hipócrita ante las tensiones políticas en el Senado.

El episodio entre ambos legisladores se suma a la larga lista de enfrentamientos verbales que han caracterizado las sesiones del Congreso en los últimos meses, en medio de la polarización política y el clima de violencia que atraviesa el país.

Mientras tanto, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate nacional sobre seguridad y justicia. En contraste con las disputas políticas, el Congreso mantiene en la agenda la discusión sobre cómo responder a la escalada de violencia sin agravar la crisis de seguridad que afecta a México.

Tras casi cuatro horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, que contempla una recaudación total de 10.1 billones de pesos, en una sesión marcada por las advertencias de la oposición sobre el incremento de la deuda pública. El dictamen fue avalado por 79 votos a favor de Morena, PT y PVEM, contra 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

Durante la discusión en el pleno, legisladores de oposición expresaron su preocupación por el crecimiento del endeudamiento nacional, que estiman alcanzará 20 billones de pesos en 2026. El senador panista Ricardo Anaya señaló que entre 1824 y 2018 la deuda acumulada del país fue de 10.55 billones, pero que en solo siete años de gobiernos de Morena se sumaron otros 10 billones, lo que calificó como “una duplicación histórica”.

Anaya comparó la política fiscal actual con una persona que “saca una nueva tarjeta de crédito para pagar los intereses de la anterior”, y advirtió que continuar por ese camino podría “quebrar al país”. Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del PRI, enfatizó que un aumento en la deuda sin crecimiento económico implica mayores pagos de intereses. Recordó que en el sexenio anterior el crecimiento apenas llegó al 1% anual, y que el nuevo gobierno no está alcanzando las metas proyectadas.

“Si no se acompaña el endeudamiento con crecimiento, se pagará más por costo financiero de la deuda”, alertó la legisladora, subrayando la necesidad de incrementar la recaudación o reducir el gasto público.

Desde el bloque oficialista, el senador Waldo Fernández (PVEM) defendió el plan de endeudamiento como una medida “responsable y estratégica” para atender las necesidades del gobierno federal sin poner en riesgo la estabilidad social. En la misma línea, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que la ley “no sólo recauda, sino que redistribuye con sentido social, eficiencia y visión de futuro”.

La LIF 2026 proyecta ingresos por 5.83 billones de pesos en recaudación, además de 641 mil millones por cuotas y aportaciones de seguridad social, 157 mil millones por derechos y 16 mil millones por productos. También autoriza al Ejecutivo federal a contratar deuda interna por hasta 1.7 billones de pesos, fijando un tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar y un precio estimado del petróleo en 54.9 dólares por barril.

La ley permite a la Ciudad de México contratar deuda por 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras públicas. Además, contempla incentivos fiscales para el Mundial de Futbol 2026, liberando de cargas tributarias y administrativas a personas y empresas vinculadas con su organización y desarrollo a partir del último cuatrimestre de 2025.

El documento incluye también nuevas disposiciones fiscales: por primera vez dejarán de ser deducibles tres cuartas partes de las cuotas que la banca múltiple paga al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y las instituciones Fintech deberán retener y enterar el ISR y el IVA en las operaciones donde funjan como intermediarias.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas criticó las exenciones otorgadas a patrocinadores y organizadores del Mundial, argumentando que “se renuncian ingresos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura, mientras se presiona a las empresas que sostienen la economía cotidiana”.

Autoridades de México decomisaron más de una tonelada de droga escondida entre cajas de chile en un camión que se dirigía hacia Mexicali, Baja California, procedente del estado de Sinaloa. El operativo fue realizado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional durante una revisión en un punto fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora, informaron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el comunicado oficial, el aseguramiento incluyó 1,777 kilos de posible metanfetamina, 4 kilos de fentanilo y 5 kilos de goma de opio, todos ocultos en un cargamento de productos agrícolas. El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena detalló que el tractocamión tenía como destino la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, y había partido desde el municipio de Espinal, en el estado de Sinaloa, una región identificada por las autoridades como zona de tránsito y producción de drogas sintéticas. Las sustancias ilícitas estaban distribuidas en paquetes ocultos entre las cajas que simulaban un cargamento legal de chiles, con el fin de evadir los controles de inspección.

“El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes”,precisó el comunicado de Defensa.

El hallazgo forma parte de los operativos implementados dentro de la Operación Frontera Norte, una estrategia puesta en marcha en febrero pasado y coordinada entre México y Estados Unidos para reforzar la vigilancia en los cruces fronterizos y combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

La iniciativa surgió tras las presiones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió al Gobierno mexicano fortalecer su estrategia de seguridad y tomar medidas concretas para detener el flujo de fentanilo hacia su país. El acuerdo bilateral también buscó evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos, medida que Washington había amenazado con aplicar si no se intensificaban las acciones contra el narcotráfico.

Desde el inicio de la Operación Frontera Norte, México ha decomisado más de 98.3 toneladas de droga, incluyendo 452.3 kilogramos de fentanilo, y ha detenido a 7,482 personas relacionadas con actividades del crimen organizado, según los reportes oficiales difundidos hasta el 22 de septiembre pasado.

Con este nuevo decomiso, las fuerzas de seguridad mexicanas refuerzan su presencia en la franja fronteriza del norte del país, una zona clave para las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde la demanda de metanfetaminas y fentanilo continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad binacional.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que en los próximos días comenzará a aplicarse el descuento salarial a los legisladores que se ausenten del trabajo legislativo, tanto en comisiones como en el salón de sesiones. La medida busca reforzar la asistencia y la participación activa en los procesos parlamentarios.

“Sí, va a haber modificaciones en cuanto a la asistencia y también en cuanto a la participación en comisiones”, señaló Monreal, para evitar casos de participaciones remotas en las que los diputados se dediquen a otras actividades, como ocurrió con el legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco.

Monreal Ávila confirmó que será el próximo lunes cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revisará el tema de los diputados faltistas, en una semana en la que incluso algunos presidentes de comisiones no asistieron a sus reuniones.

“El que se ausenta de su trabajo, no puede percibir un salario, en este caso una dieta; creo que sería normal que se les rebajara proporcionalmente de su dieta y eso es elemental”, indicó.

El líder parlamentario destacó que, aunque Morena es mayoría, las decisiones sobre la asistencia y participación se tomarán considerando el parecer de todos los grupos parlamentarios. “He estado ya conversando con ellos, para tomar decisiones que puedan mejorar la calidad de la elaboración de leyes y sobre todo la asistencia de todos en momentos fundamentales de leyes importantes”, apuntó.

Monreal reiteró que su bancada será más rigurosa en el control de las ausencias. “Vamos a restringir ausencias para que todos participemos en el pleno y en las comisiones, la próxima semana vamos a revisarlo”, afirmó, y subrayó que la bancada de Morena ha cumplido con su responsabilidad, con un gran número de diputados presentes incluso cuando no es estrictamente obligatorio.

El presidente de la Jucopo explicó que se revisará la agenda de actividades de los diputados, especialmente en los meses con múltiples solicitudes para eventos de distinta naturaleza. “Vamos a restringirlos y solo serán eventos de carácter legislativo, no vamos a abrir a otra naturaleza, a otros eventos distintos al legislativo”,garantizó.

Monreal Ávila subrayó que la agenda se revisará con mayor escrúpulo para evitar malas interpretaciones o que los legisladores participen fuera de sesiones o días sin trabajo legislativo. “Seguramente todo eso se va a eliminar y vamos a exigir mayor seriedad y rigurosidad en cuanto a la presencia de diputados y mayor conocimiento en cuanto a la materia que se debate. Vamos a hacer todo lo posible por cumplir con responsabilidad”, concluyó.

Con esta medida, el coordinador de Morena busca garantizar que los diputados cumplan con mayor disciplina y compromiso en la elaboración de leyes y en la atención de sus responsabilidades legislativas, reforzando la presencia y participación activa en las comisiones y el pleno.

Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, la procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó que el combate al llamado “huachicol” fiscal es un trabajo de alto riesgo para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En su intervención, destacó que en los últimos dos años la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos vinculados al contrabando de combustibles, con un monto estimado en más de 16 mil millones de pesos.

El tema surgió cuando el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó a la funcionaria por haber dedicado solo “30 segundos” de su exposición al robo de combustible, calificándolo como “el robo del siglo” y “quizá el más grande de la historia del país”. Galeano García respondió que “hablar sobre ‘huachicol’ fiscal no es un tema sencillo”, ya que en realidad se trata de contrabando de combustibles y que integrar una carpeta de investigación por estos ilícitos “no se logra en días, semanas o meses, es bastante complejo”.

La procuradora explicó que las redes de delincuencia organizada que participan en este tipo de delitos “no son pequeñas, son de gran calado y son bastante complejas”. Subrayó que su equipo enfrenta riesgos al investigar y presentar denuncias, pues se trata de grupos con amplios recursos y esquemas de defensa legal sofisticados. “Una a una cuentan, porque es el trabajo de todos los días, una más o menos no es para mí solamente una estadística”, remarcó.

Galeano García precisó que el combate al “huachicol” no se limita a la Procuraduría Fiscal. “Trabaja aduanas por su cuenta, si bien no tiene la facultad específica para poder evidenciar o presentarse ante la Fiscalía General, somos un grupo muy extenso de servidores públicos que desde el sector energético trabajan arduamente”, señaló. También recordó que las redes de contrabando de combustible son históricas en México: “Siempre ha habido redes de contrabando de combustible, esto es histórico, somos un país que produce y, por tanto, de movimiento de combustible”.

La funcionaria insistió en que no basta con presentar denuncias, sino que es indispensable sustentar adecuadamente cada caso para que la FGR pueda llevar las líneas de investigación y evitar que las carpetas “se caigan con facilidad”.

Sin embargo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó los argumentos de la funcionaria y afirmó: “No podemos aceptar lo que asegura la Secretaría de Hacienda, porque este delito de contrabando se instituyó durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador”. Agregó que, aunque la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada en 2013, “los permisos de importación se generaron a partir del 2017”, por lo que consideró que el cúmulo de casos corresponde al sexenio anterior.

En medio del intercambio, Galeano García reiteró que “defender la hacienda pública es defender también la soberanía energética y la seguridad nacional” y sostuvo que “en México ya no habrá espacio a la simulación fiscal, ni para la impunidad”, destacando el esfuerzo conjunto de las dependencias involucradas.

Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que se suspenderán los viajes internacionales de los 128 legisladores como parte de una política de austeridad. El también coordinador de Morena adelantó que llevará esta propuesta a la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política para que quede establecida de manera formal.

“Vamos a proponer en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política que se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya, independientemente del grupo político, fracción o grupo parlamentario al que pertenezca, han quedado suspendidos todos los viajes”, expresó el senador.

López Hernández detalló que la medida busca ajustar los recursos a un gasto presupuestal similar al ejercido este año, que se mantendrá en 2026. Señaló que no habrá incremento en el presupuesto del Senado, y que se eliminarán gastos considerados superfluos.

El legislador agregó: “Suspendidos todos los viajes internacionales. Esa es una propuesta de nosotros, del grupo parlamentario de Morena; no hay necesidad de andar con grupos internacionales. Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior. Entonces, se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año para el 2026”.

Aunque no precisó si la decisión responde a la polémica por los traslados en primera clase del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, expresidente del Senado, a Francia e Italia, la propuesta llega en medio de señalamientos sobre los costos de este tipo de comisiones.

El morenista adelantó que para 2027 tampoco habrá un incremento presupuestal y que el enfoque será mantener la estabilidad en los ingresos y prestaciones de los trabajadores del Senado. Subrayó que no se autorizarán aumentos salariales para los legisladores.

“Nuestra prioridad, desde luego, es garantizar el ingreso, las prestaciones de los trabajadores, de los compañeros trabajadores. No va a haber aumento salarial, digamos, el próximo año para los senadores, ni en dieta, ni en subvenciones, ni en ningún rubro”, afirmó.

La propuesta de López Hernández busca consolidar un marco de austeridad legislativa que elimine los viajes al extranjero y ajuste los recursos disponibles a un esquema de gasto contenido, con el compromiso de sostener los derechos laborales de los empleados del Senado.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Javier May, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por el descarrilamiento ocurrido en el Tramo 3 del Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán.

Los denunciantes señalaron que May estuvo directamente involucrado en la etapa de adjudicación y construcción de dicho tramo, por lo que lo responsabilizan de irregularidades que, aseguran, derivaron en el incidente. Entre ellos se encuentran el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local por Quintana Roo, Reyna Tamayo, y la senadora Mayuli Martínez.

De acuerdo con los legisladores, el descarrilamiento representó un grave riesgo para la seguridad de los pasajeros. “La denuncia que estamos presentando tiene que ver sanciones penales en contra de quienes han saqueado el erario público, comprado material de mala calidad y no han supervisado con pulcritud la obra del Tren Maya”, expusieron en conferencia.

Los panistas exigieron también que las autoridades del Tren Maya transparenten la información relativa al gasto en materiales y la calidad de estos, argumentando que la falta de controles y supervisión podría explicar el percance.

El diputado Ernesto Sánchez afirmó que existen reportes sobre presuntos actos de corrupción en este tramo, vinculados a la asignación de contratos a allegados de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Se le entregaron contratos a los amigos de los hijos del expresidente”, sostuvo.

La denuncia presentada busca que se realicen investigaciones formales sobre el proceso de adjudicación y supervisión de las obras, así como sobre la calidad de los materiales utilizados en la construcción. Los legisladores insistieron en que se deslinden responsabilidades penales y administrativas contra los funcionarios y exfuncionarios que hayan tenido participación en las irregularidades señaladas.

Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum negó que se tratara de un descarrilamiento. El 19 de agosto, día del incidente, se refirió a lo ocurrido como un “percance de vía”, restando peso a la versión de que el convoy hubiera descarrilado. 

Esta postura generó diferencias de interpretación entre autoridades y oposición, que insiste en calificar el hecho como un descarrilamiento con riesgo directo para usuarios.

La denuncia contra Javier May se suma a las críticas recurrentes de legisladores opositores sobre el Tren Maya, una de las obras emblemáticas iniciadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuadas en la actual administración. La exigencia de los panistas se centra ahora en esclarecer el manejo de recursos públicos, la adjudicación de contratos y la seguridad de la infraestructura ferroviaria.