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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prepara un inicio de actividades inédito. A partir de un acuerdo entre los nueve ministros electos que integrarán el nuevo tribunal, se llevarán a cabo tres ceremonias que marcarán el arranque de esta nueva etapa judicial, una de ellas con la entrega simbólica del bastón de mando por parte de autoridades indígenas y afromexicanas.

El ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, informó a través de su cuenta oficial en X que este ciclo ceremonial responde al carácter histórico del nacimiento de la nueva Corte, conformada tras un proceso de elección por voto popular. La finalidad es destacar el compromiso con la justicia, el respeto institucional y el reconocimiento de las raíces culturales del país.

Las ceremonias serán: la toma de protesta oficial ante el Senado de la República, la sesión solemne de instalación de la nueva Corte y la ceremonia de entrega del bastón de mando y servicio. Este último acto será encabezado por representantes de pueblos originarios y comunidades afromexicanas, en un gesto simbólico de legitimidad y vinculación con las voces históricamente marginadas.

En el marco de estos preparativos, Aguilar Ortiz reiteró la invitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para asistir a la sesión solemne que se llevará a cabo en la sede del Congreso de la Unión. También se espera la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un acto calificado como republicano, “de pleno respeto entre poderes que debe marcar el inicio de una etapa de diálogo y trabajo que contribuya a la justicia, la paz y el bienestar del pueblo”.

Durante la segunda reunión de trabajo con las ministras y ministros electos, se abordó el rediseño institucional de la Corte, con el propósito de enfrentar de manera eficiente la carga de expedientes que comenzará a recibirse a partir del 1 de septiembre. El objetivo es modernizar los procesos y fortalecer la capacidad de resolución del máximo órgano judicial.

Estas acciones inauguran una etapa inédita en la historia del Poder Judicial, bajo un nuevo modelo de representación democrática. La planeación y contenido de las ceremonias reflejan la intención de construir una justicia más cercana a la ciudadanía, culturalmente incluyente y coordinada con los otros poderes del Estado.

Con estos preparativos, la SCJN abre paso a una transformación institucional profunda, marcada por el diálogo, la legitimidad social y el compromiso con un sistema judicial renovado.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, oficializó el cierre de los cómputos distritales de las seis elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio, marcando así el fin de un proceso inédito en la historia electoral del país. En esta jornada, la ciudadanía participó activamente para decidir sobre 881 cargos judiciales, en un proceso que implicó más de 3 mil 395 candidaturas en todo el territorio nacional.

La cifra total reportada asciende a 458.7 millones de votos emitidos, una cantidad que incluye tanto los votos válidos como los anulados y aquellos no utilizados por los electores. Esta magnitud representa más del doble de los sufragios registrados en la última elección federal, un dato que dimensiona la envergadura del proceso y la complejidad logística enfrentada por el organismo electoral.

“Cada votante tomó hasta 39 decisiones en una misma jornada. La magnitud del esfuerzo es difícil de dimensionar”, compartió la consejera presidenta al presentar el balance de la elección. Este ejercicio democrático es calificado como extraordinario por su carácter pionero y por la intensidad de su operación en todo el país.

La participación de la ciudadanía también alcanzó cifras sin precedentes. Un total de 170 mil personas fungieron como observadores electorales, tanto en las casillas como en los cómputos, un número que multiplica por seis el registrado durante la elección presidencial anterior. Esta presencia masiva fortaleció el monitoreo y seguimiento del proceso, aportando una capa adicional de legitimidad y transparencia.

Taddei Zavala destacó que el INE actuó con estricto apego al marco constitucional y con total transparencia, cumpliendo con la organización de una elección inédita de jueces, magistrados y ministros. “Hemos sido leales al mandato constitucional, demostrando una vez más que cuando las instituciones trabajan con profesionalismo y transparencia, los resultados están a la altura de las expectativas ciudadanas”, señaló.

El reconocimiento también se extendió al personal operativo que trabajó en los 300 distritos electorales y en los 32 consejos locales, así como a las y los funcionarios de casilla que hicieron posible el ejercicio ciudadano. Según Taddei, la jornada representa un paso fundamental para acercar el sistema judicial a la población.

Si bien se presentó el total de votos computados, que incluyen 47 millones 976 mil 253 sufragios anulados o no utilizados, no se desglosaron cifras específicas de votos nulos por tipo de elección o motivo. Esta omisión marca una diferencia frente a otros procesos, en los que se solía detallar el porcentaje de votos inválidos.

Con la conclusión oficial del conteo, el INE cierra un capítulo inédito en la historia democrática del país, abriendo paso a una etapa de transformación en la justicia mexicana. La jornada electoral del 1 de junio no solo estableció nuevos estándares en términos de participación y magnitud operativa, sino que también sentó las bases para una mayor cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Este ejercicio marca un precedente relevante y muestra un sistema electoral con capacidad para enfrentar desafíos complejos con estructura, vigilancia ciudadana y compromiso institucional.

Tras la jornada del 1 de junio relacionada con la reforma al Poder Judicial, el PAN prepara una contrarreforma que pretende evitar la repetición del proceso en 2027. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del partido, anunció esta iniciativa como una medida directa para impedir que, según sus palabras, “esta locura se repita en el año 2027”.

Durante su pronunciamiento, Anaya calificó el reciente procedimiento como una simulación que careció de legitimidad desde su arranque. Argumentó que no existió una elección real de jueces y magistrados, y que en lugar de una consulta democrática, se impuso un comité compuesto por cinco personas, a las que describió como incompetentes. De ese grupo surgieron los nombres que finalmente aparecieron en las boletas de votación.

La crítica se extendió a la dinámica del ejercicio, donde, según Anaya, se presionó a la ciudadanía a votar por ciertos perfiles. “Era gente tan desconocida que en realidad fue una feria de acordeones”, expresó, en referencia a la forma en que se habría instruido a los votantes. Además, resaltó el bajo nivel de participación ciudadana, señalando que nueve de cada diez personas decidieron no acudir a las urnas.

El planteamiento de la contrarreforma ha generado diversas reacciones en el entorno político. Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, consideró que la propuesta del PAN tiene posibilidades de concretarse. No obstante, señaló que sería inviable respaldarla en alianza con el PRI, debido a la postura pasiva de su dirigencia. En sus palabras, “no se ve ni siquiera una oposición, ni siquiera cercana a poder dar puntos de vista que permitan ver voces diferentes a las de gobierno”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue aludido por Osorio Chong al considerar que sus recientes declaraciones responden más a un intento de llamar la atención que a una estrategia política articulada.

Por otro lado, Osorio Chong subrayó que la reforma judicial ya está consumada, por lo que ahora la prioridad debe ser vigilar el desempeño de quienes integran el nuevo Poder Judicial. Afirmó que garantizar certeza jurídica es fundamental para proteger la estabilidad económica del país y evitar una posible fuga de inversiones que afecte a sectores clave.

La contrarreforma que plantea el PAN se perfila como el siguiente capítulo en el debate legislativo sobre el rumbo del sistema judicial en México. La discusión promete marcar una nueva etapa de confrontación entre los partidos, con miras a redefinir el modelo de justicia del país en los próximos años.