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En una acción sin precedentes dentro del nuevo proceso electoral judicial en México, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas. Esta solicitud, presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, apunta directamente a la integridad de los aspirantes involucrados.

Las objeciones se basan en dos frentes contundentes. El primero, de carácter legal y ético: 18 de las personas impugnadas se encuentran presuntamente vinculadas a investigaciones penales federales, algunas con órdenes de aprehensión activas. Las acusaciones incluyen delitos de alto impacto como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y presunta relación con la delincuencia organizada. A juicio de los legisladores, esta situación representa una clara violación del requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, indispensable para aspirar a un cargo judicial.

El segundo punto crítico recae en el desempeño académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8.0 en estudios de licenciatura. Las calificaciones de estas personas oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, según Gutiérrez Luna, pone en entredicho no solo la preparación profesional, sino la calidad ética que debe caracterizar a los futuros jueces, juezas y magistrados. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, puntualizó el diputado.

El informe presentado a las autoridades electorales incluye documentación sobre carpetas de investigación abiertas, así como detalles de las relaciones de algunos aspirantes con personajes vinculados al crimen organizado. También se hace referencia a casos en los que los candidatos han ejercido como abogados defensores de individuos procesados por delitos de alto perfil, generando así posibles conflictos de interés.

En palabras de Gutiérrez Luna, “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Su declaración resalta la importancia de proteger la legitimidad del Poder Judicial frente al contexto electoral que, por primera vez en la historia de México, permitirá a la ciudadanía elegir directamente a jueces, magistrados y otros cargos de este poder del Estado.

El 1 de junio de 2025, más de 99 millones de votantes están convocados a las urnas para elegir 881 cargos entre más de 3,400 postulaciones. En medio del proceso, las campañas —que finalizarán el 28 de mayo— se desarrollan bajo la mirada atenta de la sociedad civil, organismos internacionales y la oposición, que han encendido alertas sobre una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.

La impugnación de estas candidaturas podría marcar un precedente clave en la consolidación de una justicia verdaderamente independiente, transparente y profesional en el país.

Este domingo, el Consejo Nacional de Morena dio un paso firme y simbólico en su evolución política: a partir de los comicios de 2027, el nepotismo estará completamente prohibido dentro del movimiento. Una decisión que busca blindar al partido contra viejas prácticas que, aseguran sus líderes, ya no tienen cabida en la transformación que encabezan.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, fue la encargada de dar a conocer esta resolución que, según sus palabras, responde a una exigencia tanto ética como histórica. Desde la sede del partido, aseguró que el Consejo Nacional aprobó por unanimidad la medida y remarcó el entusiasmo, unidad y compromiso que acompañaron este importante anuncio.

“Esto ha sido decidido, ya forma parte de las decisiones internas de nuestro movimiento”, declaró. “Mucha alegría, mucho ánimo, pero sobre todo mucha unidad. Cerramos filas, establecimos que es un compromiso y que entendemos como un compromiso histórico el cuidar a Morena, el cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La reforma se enmarca dentro de cinco ejes fundamentales que definieron el encuentro dominical del Consejo Nacional: austeridad republicana, independencia de los poderes fácticos, respeto entre la militancia, resolución interna de conflictos y, por supuesto, la nueva política anticacicazgos.

Durante la sesión, también se leyó una carta enviada por Claudia Sheinbaum, en la que reafirma los principios fundamentales del movimiento. Esta participación fue valorada por los asistentes como una señal clara de continuidad ideológica en el proceso de transformación que Morena impulsa.

El cónclave contó con figuras clave del partido y del ámbito legislativo: Andy López Beltrán, secretario de Organización; Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado; y Sergio Gutiérrez Luna, líder de la bancada de Diputados, además de varios gobernadores morenistas que respaldaron con firmeza la decisión.

La prohibición al nepotismo no tendrá excepciones. Alcalde dejó claro que también aplicará a las candidaturas en coalición, reafirmando así el compromiso del partido de mantenerse congruente con sus principios, sin importar alianzas políticas.

“A la gente no le gusta que se hereden los cargos. A la gente no le gusta que haya cacicazgos”, expresó una voz del partido al concluir la jornada. Una frase que encapsula el espíritu del momento y marca el rumbo de Morena hacia el 2027: un partido que busca reinventarse, sin perder el legado que lo llevó al poder.

Con esta decisión, Morena se posiciona como un partido en renovación interna, alineado con los ideales de transparencia y justicia social que lo fundaron.

La Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave en torno al desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno determinó desechar la solicitud promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), garantizando así que Blanco conserve su fuero constitucional. 

La Sección Instructora ya había declarado improcedente la petición presentada por la fiscalía estatal, alegando inconsistencias en la carpeta de investigación. La acusación contra Blanco, por tentativa de violación en agravio de su media hermana Nidia Fabiola, quedó sin efecto al no cumplir con los requisitos legales para proceder.

El debate en el Pleno no estuvo exento de tensiones. Legisladoras de distintos partidos arremetieron contra la decisión, denunciando que la negativa al desafuero representa un obstáculo en la lucha contra la violencia de género. “Ese techo de cristal que dicen que se rompió no se rompió”, gritaron diputadas en San Lázaro, en un reclamo directo al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por su respaldo a Blanco.

En respuesta a la controversia, Cuauhtémoc Blanco subió a la tribuna para defenderse. “No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. La denuncia fue presentada seis meses después y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila”, declaró el exfutbolista y político.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados también expresó su inconformidad, reiterando la necesidad de eliminar el fuero para servidores públicos involucrados en casos de violencia de género. Anais Miriam Burgos, presidenta de la comisión, enfatizó que la protección de las víctimas debe prevalecer sobre los privilegios legislativos y adelantó la presentación de una iniciativa para reformar el sistema de desafuero.

Mientras tanto, la FGE de Morelos anunció que revisará el caso tras la decisión de la Sección Instructora. Edgar Maldonado Ceballos, fiscal estatal, defendió el trabajo de su dependencia y ordenó una investigación interna para determinar posibles irregularidades en la integración del expediente.

Aunque el desafuero ha sido rechazado, el caso sigue en el centro del debate público y político. Organizaciones y legisladores insisten en la necesidad de garantizar justicia y transparencia, mientras Cuauhtémoc Blanco mantiene su protección legal dentro del Congreso.