La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

El estado de Oaxaca celebra este domingo 25 de enero un ejercicio inédito de participación ciudadana al llevar a cabo el primer proceso de revocación de mandato de la gubernatura a nivel estatal. La jornada electoral definirá si Salomón Jara continúa o no al frente del gobierno del estado, en un mecanismo que coloca directamente en manos de la ciudadanía la permanencia del titular del Ejecutivo local.

La votación se desarrolla de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, con la instalación de más de 2 mil 800 casillas distribuidas en todo el territorio oaxaqueño, de acuerdo con información del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). El organismo electoral es el encargado de coordinar y supervisar este proceso, considerado un precedente en la vida política estatal.

Hasta ahora, el único antecedente similar en el país se registró en 2022, cuando se realizó a nivel nacional la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Oaxaca, se trata del primer ejercicio de este tipo aplicado a una gubernatura, lo que marca un hecho relevante dentro de los mecanismos de democracia directa en México.

Durante la jornada, el gobernador Salomón Jara acudió a emitir su voto en una casilla ubicada en el municipio donde reside. Tras participar en el proceso, ofreció declaraciones a medios de comunicación en las que se refirió al significado del ejercicio y a su postura ante el resultado que emane de las urnas.

“Acabamos de emitir nuestro voto, acabamos de participar, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas para que lo hagan. (…) Queremos que el pueblo decida si continuamos o ya les pedimos la confianza”, expresó el mandatario estatal luego de depositar su boleta.

Jara también señaló que está dispuesto a respetar la decisión ciudadana, cualquiera que sea el resultado de la votación. En ese contexto, afirmó que se encuentra preparado tanto para continuar en el cargo como para dejarlo si así lo determina la ciudadanía.

“(Estoy) preparado para todo. Preparado para que el pueblo nos diga que continuemos, preparado para seguir trabajando o también preparado para el otro. Hoy esperamos esta jornada los resultados y si el pueblo nos dice que ya no nos da la confianza, pues ya les comenté, yo me voy a mi casa”, aseguró.

Con este proceso, Oaxaca se coloca en el centro de la atención nacional al poner en marcha un mecanismo que evalúa directamente el respaldo ciudadano a su gobierno estatal mediante el voto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado 3 de agosto la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una instancia que será encabezada por el economista y exlegislador Pablo Gómez Álvarez. El objetivo central de esta nueva comisión es realizar un diagnóstico profundo del sistema electoral mexicano y diseñar una propuesta de reforma legislativa acorde a los desafíos actuales del país.

La decisión fue comunicada a través de una tarjeta informativa emitida por Presidencia, en la que se detalla que la comisión analizará de manera integral el modelo actual de representación política, así como los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de impulsar una reforma que atienda los problemas estructurales del sistema de partidos y fortalezca la democracia representativa.

Con esta designación, Pablo Gómez concluyó su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo en el que había sido ratificado el 3 de octubre de 2023. Su experiencia legislativa y técnica ha sido clave en procesos de transformación política previos, incluida la promoción de reformas electorales durante su paso por el Congreso.

De acuerdo con la Presidencia, en los próximos días se dará a conocer la integración completa de la Comisión, que trabajará de manera conjunta con legisladores, académicos, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos para diseñar una propuesta legislativa que será discutida en el Congreso de la Unión.

Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el debate formal de esta reforma iniciará a partir del 1 de septiembre, fecha de arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Pablo Gómez, egresado de la UNAM, ha sido diputado federal en cuatro ocasiones y senador de la República, además de activista desde su juventud, cuando participó en el movimiento estudiantil de 1968. A lo largo de su trayectoria ha sido autor y coautor de diversos libros, además de colaborador en medios nacionales.

En 2022, mientras encabezaba la UIF, Gómez Álvarez ya había anticipado que una eventual reforma electoral debería enfocarse en cerrar el paso a la injerencia del crimen organizado en las elecciones, proponiendo modelos de proporcionalidad pura y mecanismos de listas abiertas que permitan una mayor transparencia en la selección de candidatos.

El anuncio marca el inicio formal de un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema electoral mexicano, con la intención de modernizar las reglas del juego democrático e incorporar garantías para una representación ciudadana más efectiva y menos vulnerable a intereses externos.

La jornada electoral de este domingo en México, marcada por la inédita elección judicial, transcurrió con tensión, obstáculos y un bajo nivel de participación ciudadana, especialmente en regiones como Veracruz y Chiapas, donde la violencia y la falta de información empañaron el proceso.

En Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó la instalación de casi el 100% de las casillas, sin embargo, ocho de ellas suspendieron temporalmente la votación ante riesgos de violencia. En el reporte de incidencias entregado por el OPLE dos horas antes del cierre de urnas, se documentaron agresiones entre simpatizantes, colocación de propaganda partidista en zonas prohibidas, intimidación a electores y un ataque con arma de fuego a la casa de campaña de una candidata del partido Movimiento Ciudadano, en el municipio de Xico. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

También se registraron irregularidades en el padrón. Al menos 56 personas lograron emitir su voto sin aparecer en la lista nominal, según reconoció el propio organismo estatal.

A nivel nacional, el contexto no fue menos complejo. Cientos de ciudadanos tuvieron que recorrer largas distancias desde comunidades marginadas del sur del país para poder ejercer su derecho al voto.  “Instalaron casillas normales, pero no especiales. El problema es la desinformación”, comentó un votante.

En San Juan Chamula, Chiapas, la participación fue baja durante las primeras horas del día. La comunidad tzotzil acudió lentamente a las urnas, y algunos electores tardaron hasta media hora en tomar su decisión. Uno de los votantes, lamentó la escasa asistencia: “Como que esta vez se vio un poquito débil”.

La violencia también hizo acto de presencia en Chiapas. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el robo de 25 paquetes electorales que contenían más de 138 mil boletas. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en el estado, detalló que los hurtos ocurrieron entre el 29 y el 31 de mayo en Jiquipilas y Copainalá. En varios casos, los delincuentes engañaron o intimidaron a los responsables de las mesas directivas para sustraer la documentación oficial. Las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la fiscalía especializada en delitos electorales.

En este contexto de incertidumbre, cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados para votar por más de 800 cargos judiciales federales entre más de 3,400 aspirantes. Esta elección ha sido fuertemente cuestionada por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales, quienes señalan la complejidad del proceso, la escasa información disponible y la preocupación por una posible injerencia del crimen organizado.

Con un tono directo y sin rodeos, el senador Gerardo Fernández Noroña dejó clara su postura frente a la participación ciudadana en la inédita elección judicial que se llevará a cabo este domingo. Afirmó que votar utilizando un acordeón ajeno equivale a copiar en un examen y que cada persona debe asumir la responsabilidad de su voto de manera informada y consciente.

Fernández Noroña, integrante del grupo parlamentario de Morena y actual presidente del Senado, anunció que ejercerá su voto después del mediodía en una casilla ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Explicó que, ante la complejidad de esta jornada electoral —en la que se elegirán jueces, magistrados y ministros— es comprensible llevar una guía personal, ya que memorizar todos los nombres es prácticamente imposible.

El senador comparó la práctica de votar con listas ajenas con las viejas artimañas de compra de votos por parte de partidos como el PRI y el PAN, una práctica que, según él, persiste en estados como Durango. “Es un delito, no sólo no es correcto”, sentenció.

Frente a los señalamientos sobre la distribución masiva de listas prediseñadas por simpatizantes de Morena, Fernández Noroña desestimó que esto empañe el proceso. Subrayó que lo verdaderamente importante es acudir a las urnas, pues los cargos se asignarán con base en los votos emitidos, independientemente del nivel de participación ciudadana.

“Votes o no votes, las personas juzgadoras que de ahí salgan, esas van a ser”, expresó. En este sentido, reiteró que la abstención no detiene la democracia, pero la participación activa puede influir de forma significativa en los resultados. Señaló que no involucrarse en los procesos políticos no evita que se tomen decisiones, y recordó que los espacios vacíos en política siempre terminan siendo ocupados.

La elección del domingo representa un momento inédito en la historia democrática del país. Nunca antes la ciudadanía había tenido la oportunidad de participar directamente en la elección de perfiles del Poder Judicial. Para Fernández Noroña, esto requiere de preparación previa y compromiso individual, más allá de las tendencias políticas o las recomendaciones externas.

Su mensaje final fue claro: cada voto cuenta y debe ejercerse con convicción y responsabilidad. El proceso no se detendrá, pero quienes participen pueden dejar huella en un momento clave para la vida pública del país.