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Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), hizo una advertencia contundente este miércoles, señalando que el actual proceso electoral en México está marcado por un nivel de violencia sin precedentes.

Durante una gira en Guanajuato, estado que enfrenta una escalada de violencia política, Álvarez Máynez expresó su preocupación ante los medios de comunicación. “Estamos presenciando la etapa más violenta en la historia de México. Los políticos no estamos exentos de esta situación; al contrario, estoy convencido de que esta será la elección más violenta en la historia del país”, afirmó.

El lunes, en Guanajuato, se registró el asesinato de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía del municipio de Celaya, mientras encabezaba un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan. Este incidente se suma a una serie de ataques que han cobrado la vida de 15 políticos durante el actual proceso electoral, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Álvarez Máynez, tras participar en un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en León, destacó que los ataques contra la clase política son reflejo de la violencia generalizada que prevalece en el país. Criticó la estrategia de seguridad basada en el punitivismo, el prohibicionismo y la militarización, abogando por un enfoque más integral.

El candidato de MC subrayó la importancia de no ceder territorio a la delincuencia organizada y rechazó la idea de evitar visitar ciertas regiones, considerando que sería un mensaje equivocado para la ciudadanía. Aunque el Gobierno federal brinda protección a varios candidatos, incluido él mismo, Álvarez Máynez aseguró que no ha recibido amenazas que justifiquen una protección extraordinaria.

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia de México, donde se renovarán 20,375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, así como las 500 curules de la Cámara de Diputados y las 128 del Senado.

En un contundente acto de resistencia, más de mil indígenas tzeltales, miembros de la Organización Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio y el Gobierno Comunitario, se congregaron el sábado en el municipio de Chilón, Chiapas, en el sureste de México, para levantar su voz contra la violencia perpetrada por partidos políticos y grupos del crimen organizado. Además, anunciaron su decisión de no participar en los próximos comicios del 2 de junio.

Pascuala Vázquez Aguilar, portavoz del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, explicó que desde 2017 han optado por mantenerse al margen de los partidos políticos en la elección de sus autoridades, argumentando que éstos no representan los intereses del pueblo originario y persiguen únicamente el poder. Esta determinación marcó el inicio de un movimiento de resistencia frente a la corrupción institucional y la intimidación de la delincuencia organizada.

Ante la falta de representatividad de los partidos políticos, surgió el Gobierno Comunitario inclusivo como una alternativa para los pueblos originarios de Chilón y Sitalá. En este año, más de seis mil indígenas tzeltales han optado por abstenerse de votar en las elecciones tanto nacionales como locales, prefiriendo continuar activos en la lucha por el reconocimiento jurídico de su autonomía.

La marcha estuvo conformada por mujeres, hombres, y niños, así como por organizaciones civiles, investigadores sociales, médicos, maestros observadores y defensores de los derechos humanos. Recorrieron las calles de la localidad portando banderas y entonando música tradicional hasta llegar al atrio de la iglesia de Santo Domingo, donde expresaron sus denuncias y posturas respecto a las próximas elecciones.

Durante un mitin al término de la marcha, los participantes exigieron el respeto a los derechos territoriales y a la madre tierra, así como el derecho a la consulta previa e informada para los pueblos originarios. Asimismo, reafirmaron su compromiso con una vida digna para las niñas, los niños y jóvenes, y expresaron su rechazo a la influencia del crimen organizado y la militarización de los territorios y comunidades indígenas.

En un giro impactante del proceso electoral 2024 en Sinaloa, la candidata a diputada federal por el distrito 02 de Movimiento Ciudadano (MC), Bárbara Fox, se ha convertido en la primera víctima de amenazas de muerte, generando una urgente llamada a la acción para garantizar su seguridad. La activista y empresaria transgénero ha solicitado de manera apremiante la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a mensajes discriminatorios y de odio que ponen en peligro su vida.

Los perturbadores mensajes, recibidos a través de la plataforma de Facebook, han sembrado el miedo en la candidata, quien busca desempeñar un papel crucial en la representación de su distrito. Ante esta situación, el presidente estatal de MC, Sergio Torres Félix, informó que se encuentran a la espera de una respuesta por parte de las autoridades competentes, mientras se han comunicado con el INE para garantizar la seguridad de Bárbara Fox.

El líder de MC expresó su preocupación por la ligereza con la que el gobernador Rubén Rocha Moya ha abordado la seguridad de los candidatos, calificando sus declaraciones como insuficientes. Ante la creciente ola de violencia política en otros estados, Torres Félix cuestionó la falta de medidas concretas para proteger a los aspirantes a cargos de elección popular, destacando que la seguridad debe ser una prioridad para todos los partidos políticos.

La respuesta del INE, aunque en proceso, ha dejado en evidencia la necesidad inmediata de protección para los candidatos. En palabras de Torres Félix, la seguridad no puede ser una responsabilidad individual, como insinuó el gobernador; es una obligación compartida que debe abordarse con seriedad para salvaguardar la integridad de quienes participan en la contienda electoral.

Bárbara Fox, alzando su voz en medio de la adversidad, rechazó enérgicamente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el informe del Alto Comisionado de la ONU. Calificó dichas declaraciones como tendenciosas y contrarias a los principios de su gobierno de Morena. Fox no dudó en señalar la creciente preocupación por la alarmante cifra de homicidios, que asciende a 180 mil muertos y más de 50 mil desaparecidos en el país, destacando la urgencia de abordar esta crisis de seguridad a nivel nacional.

Finalmente, la candidata de MC reiteró su llamado a la solidaridad entre los candidatos de todos los partidos políticos, exigiendo seguridad y protección para todos en este proceso electoral. La amenaza contra su vida no solo es un ataque personal sino también un llamado de atención a la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para todos los aspirantes a cargos públicos en México.

En un preocupante episodio de violencia política, Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de San Fernando, Chiapas, fue blanco de un ataque armado la noche del martes. Aunque salió ileso, su camioneta resultó con impactos de bala, evidenciando la creciente amenaza que enfrentan los aspirantes en el proceso electoral.

El aspirante, a través de sus redes sociales, denunció el atentado y expresó su consternación por la situación. “Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Quiero hacer una denuncia, quien salga responsable de la situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma”, declaró.

A pesar de la urgencia de la situación, Orantes Villatoro señaló que experimentó demoras al acudir a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez.

El cristal trasero de su vehículo mostraba un agujero provocado por un proyectil de arma de fuego, dejándolo varado frente a la institución pública federal hasta recibir la atención correspondiente. La condena de los hechos por parte del morenista resuena fuertemente, haciendo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad.

En un incidente paralelo que subraya la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el crimen organizado está detrás del asesinato de los precandidatos Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN) en Maravatío.

El fiscal general, Adrián López Solís, reveló que la intromisión de grupos criminales busca “quitar de en medio” a los posibles candidatos, quienes se encontraban en la fase de precandidatura en sus respectivos partidos.

“Todo parece indicar que en efecto, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse en medio a los posibles candidatos, que en este momento tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus partido”, manifestó López Solís.

Destacó que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por amenazas, pero hay indicios de que grupos criminales buscan influir en el proceso electoral de la región oriental de Michoacán.

El fiscal identificó a sujetos pertenecientes a bandas delincuenciales con intereses en la región, cuyo objetivo es el control territorial y la realización de actividades delincuenciales. Ante esta situación, la FGE se comprometió a atender denuncias de precandidatos o candidatos en riesgo, y a proporcionar medidas de protección para garantizar su seguridad.

Este lamentable episodio subraya la urgencia de abordar la violencia política que amenaza la integridad de los aspirantes y el proceso democrático en México. Las autoridades deben actuar con determinación para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral y preservar la estabilidad del sistema democrático del país.

En un nuevo episodio de violencia que sacude la política mexicana, el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuitláhuac, Veracruz, José Alejandro Naredo García, fue brutalmente asesinado a balazos este sábado. El hecho ocurrió cerca de la calle 6 en la colonia Oaxaca, desencadenando una fuerte movilización de agentes de seguridad y de emergencia.

Este acto de violencia política, que ha conmocionado a la comunidad, resalta la fragilidad de la seguridad en ciertas regiones del país. La Fiscalía de Veracruz ha confirmado los hechos y anunciado el inicio de las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que privó de la vida al presidente del PRD en Cuitláhuac.

La escalada de violencia política en México ha sido objeto de preocupación y debate. Según el reporte ‘MX: La Guerra en Números’ de T-ResearchMX, desde el inicio de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, hasta el 27 de enero de 2024, se han registrado 177,797 homicidios dolosos en el país. Estas cifras reflejan un contexto de inseguridad y violencia que afecta a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los actores políticos.

José Alejandro Naredo, además de su rol como dirigente del PRD, se desempeñaba como taxista y músico en Cuitláhuac. Su asesinato dejó consternada a la comunidad local, que lo describía como una figura activa y comprometida en distintos ámbitos. Las autoridades, tras confirmar su fallecimiento, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Es relevante señalar que este trágico suceso se suma a otros actos de violencia política recientes, como el asesinato del exalcalde perredista Marcelino Ruíz Esteban y su esposa en Guerrero. Ambos eventos generan inquietud sobre la seguridad de los actores políticos y la necesidad de medidas más efectivas para garantizar su protección.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas en relación con el asesinato de José Alejandro Naredo. La ausencia de respuestas inmediatas resalta los desafíos que enfrenta México en la lucha contra la impunidad y la violencia política.

El hecho de que Naredo García fuera ultimado previo a la elección del 2 de junio intensifica la preocupación sobre la seguridad de los políticos en un año electoral. La sociedad espera respuestas y acciones contundentes por parte de las autoridades locales y estatales para frenar esta ola de violencia que amenaza la estabilidad y la integridad de los actores políticos en diversas regiones del país.

El legado de José Alejandro Naredo se convierte en un recordatorio de los riesgos y desafíos que enfrentan aquellos que participan activamente en la vida política de México. Su asesinato resalta la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad y justicia para preservar la integridad de quienes dedican sus esfuerzos a servir a la comunidad y contribuir al bienestar del país.