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Las nuevas reglas para competir sin partido en Michoacán quedaron bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, promoviera una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Electoral del estado.

El recurso busca que el máximo tribunal analice las disposiciones aprobadas por el Congreso de Michoacán, las cuales establecen nuevas restricciones para quienes pretendan contender por un cargo de elección popular sin el respaldo de un partido político, incluida la gubernatura.

Entre los puntos impugnados destaca el requisito de reunir 73 mil 196 firmas ciudadanas para validar el registro de una candidatura independiente. La reforma también prohíbe que los aspirantes compartan emblemas, colores o identidad gráfica, además de impedirles realizar propaganda conjunta o coordinar campañas.

Grecia Quiroz acudió a la sede de la SCJN acompañada por el activista Julián LeBarón, quien también aspira a contender de manera independiente por el gobierno de Chihuahua, así como por el diputado local michoacano Carlos Bautista Tafolla.

A su llegada, decenas de simpatizantes la recibieron con consignas de apoyo como: “Viva Grecia” y “Grecia el pueblo de México está contigo”, antes de ingresar al recinto.

La alcaldesa y sus acompañantes fueron recibidos por una comisión especial, ante la que solicitaron que las ministras y ministros reviertan los límites impuestos a las candidaturas independientes por la reforma electoral aprobada en Michoacán.

Quiroz llegó a la Suprema Corte con la expectativa de que el máximo tribunal garantice el derecho de los mexicanos a elegir a quienes consideren dignos de su representación. La alcaldesa de Uruapan es viuda de Carlos Manzo, fundador del llamado “Movimiento del Sombrero”, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Una conferencia realizada en un edificio alterno de la Suprema Corte se convirtió en escenario de críticas políticas, acusaciones y burlas contra figuras mexicanas y españolas. El protagonista fue Juan Carlos Monedero, quien durante una charla convocada por la ministra Lenia Batres señaló directamente al expresidente Felipe Calderón de formar parte de una red que, según dijo, impulsa las imputaciones contra el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero.

“Felipe Calderón en Madrid forma parte de esa internacional del odio que funciona, créanme que funciona. Es la que está ahora mismo detrás de la imputación del expresidente Zapatero en España”, afirmó Monedero durante la ponencia titulada “La democracia en tiempos de policrisis: los monstruos del fascismo”.

El fundador de Podemos sostuvo además que líderes y referentes de izquierda enfrentan ataques coordinados desde medios de comunicación y sectores judiciales. En ese contexto, mencionó a Latinus y aseguró que, tras su participación en el encuentro, comenzaron críticas en su contra.

“Estas estrategias de la derecha que intenta paralizarnos, que intentan silenciarnos, intentan confundirnos. He visto que a raíz de esta charla, la gente de Latinus empezaba a dispararme. Al final no va a quedar un líder o un referente de la izquierda que no esté golpeado o lleno de cicatrices por los ataques que sufren”, declaró.

La intervención también incluyó elogios a la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y que derivó en la elección judicial realizada en junio del año pasado. Monedero afirmó que jueces en distintos países están siendo utilizados para frenar procesos democráticos y aseguró que la reforma mexicana se encuentra bajo ataque de sectores conservadores internacionales.

El político español también habló sobre el crecimiento de la extrema derecha en el mundo y criticó las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. En contraste, describió a México como un país que atraviesa un momento de “optimismo” y con influencia política en América Latina.

Otro de los momentos que marcaron la conferencia ocurrió cuando se refirió a la accidentada visita a México de Isabel Díaz Ayuso. Monedero ironizó sobre la presencia en España de exmandatarios mexicanos y lanzó una frase que provocó reacciones entre los asistentes.

“Era una pequeña venganza por mandarnos a Madrid a Felipe Calderón, a Salinas de Gortari, a Peña Nieto, era una manera de compensar, pero no nos han cumplido ni diez días. Es verdad que algo de salvajes tienen ustedes”, expresó.

Un amplio bloque integrado por más de 150 organizaciones, especialistas, actores políticos y representantes de la academia pidió detener la elección judicial prevista para 2027 con el fin de corregir deficiencias detectadas en el proceso de 2025 y rediseñar su estructura.

El pronunciamiento fue enviado a autoridades legislativas y electorales, donde se advierte que el esquema vigente presenta fallas de origen que ponen en duda su capacidad para asegurar perfiles adecuados y un sistema de justicia de calidad. Además, alertaron sobre riesgos estructurales que podrían afectar la confianza pública en el proceso.

Uno de los puntos centrales es la coincidencia de la elección judicial con los comicios federales y locales de 2027. De acuerdo con los firmantes, este cruce podría abrir la puerta a prácticas partidistas y clientelares que comprometan la independencia del Poder Judicial.

“La elección de personas juzgadoras, en su diseño actual, plantea riesgos relevantes y no es suficiente por sí sola para garantizar la legitimidad del sistema de justicia”, señalaron.

Entre las fallas detectadas tras la jornada de junio de 2025 destacan la ausencia de filtros técnicos robustos para evaluar candidaturas, lo que permitiría la participación de aspirantes sin experiencia suficiente. También se identificaron problemas operativos como boletas complejas, escasa información para los votantes y criterios inconsistentes en la valoración de perfiles.

El modelo actual contempla tres comités de evaluación —uno por cada Poder del Estado—, mecanismo que, según los críticos, ha generado disparidades en los estándares, así como percepciones de parcialidad política.

Ante este panorama, los firmantes plantearon una serie de ajustes: elevar los requisitos técnicos de quienes aspiren a cargos judiciales, unificar los criterios de evaluación y simplificar el diseño electoral para hacerlo más claro y funcional.

La elección judicial forma parte de una reforma impulsada por el gobierno mexicano que introdujo el voto popular para designar jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Este proceso se planteó en dos fases: la primera se realizó en 2025, mientras que la segunda está programada para 2027, cuando se renovarán cargos federales restantes y la totalidad de los puestos locales.

Advertencias internacionales también han apuntado en la misma dirección. La Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que la coincidencia de elecciones podría incrementar la influencia partidista en el proceso judicial.

Los impulsores de la propuesta sostienen que aplazar la jornada permitiría ajustar el modelo sin abandonarlo, con el objetivo de mejorar su implementación y fortalecer su credibilidad.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que en 2026 habrá ajustes a la baja en el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Poder Judicial de la Federación, debido a que no se celebrarán elecciones federales ni judiciales durante ese año.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que en 2026 “no hay elecciones y vamos a ajustarlo más a la baja”. Detalló que, en el caso del INE, el año pasado ejerció un presupuesto de 27 mil millones de pesos, mientras que para 2026 el propio instituto propuso una reducción de 4.162%, equivalente a 22 mil millones de pesos. No obstante, Monreal anticipó que este monto será objeto de una revisión. “El INE que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja”, subrayó.

Sobre el Poder Judicial, señaló que solicitó un aumento de 15 mil millones de pesos, cifra planteada antes de la renovación de la Suprema Corte. Aclaró que, por tratarse de organismos autónomos, la propuesta no provino del Ejecutivo federal.

Sin embargo, consideró que ese incremento no se aprobará. “Yo no creo que quede en estos montos, también se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15 mil millones de pesos”, afirmó. De acuerdo con los escenarios planteados, el presupuesto del Poder Judicial se mantendría en aproximadamente 70 mil 983 millones de pesos.

El TEPJF también fue señalado como uno de los organismos que podrían registrar recortes. Monreal explicó que, sin un calendario electoral federal cargado, no existe justificación para un aumento en su solicitud de recursos. 

Recordó que en 2025 contó con un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos, y consideró que no debe incrementarse. “No puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación, yo creo que el tribunal también va a ir a la baja, incluso menos de los 3 mil 749 millones de pesos que tuvo asignados en 2025”, expuso.

El legislador puntualizó que los escenarios que presentó son “primicias” y que corresponderá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto dictaminar el proyecto final para el ejercicio fiscal de 2026.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo pidió no declarar la validez de la reciente elección judicial, tras advertir que el uso de “acordeones” influyó de forma significativa en los resultados. La propuesta se sustentó en lo que definió como “dudas razonables” sobre la legalidad del proceso, sin que ello impidiera entregar constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores.

El consejero señaló que se identificaron 818 casillas con irregularidades, incluyendo boletas sin extraer de las urnas, resultados con 100 por ciento de apoyo para ciertas candidaturas y una “inducción evidente” al voto mediante los llamados acordeones. Aunque este conjunto representa apenas el 0.97 por ciento de las casillas instaladas a nivel nacional, el funcionario lo calificó como “sumamente grave”.

En un momento clave del proceso electoral, Castillo fue el primero en exponer estas anomalías en la sesión dedicada a validar el cómputo nacional y entregar constancias de mayoría a los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, electos por voto popular por primera vez.

Durante su intervención, afirmó: “Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones. 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos”.

Castillo detalló que al menos 37 modelos distintos de acordeones fueron distribuidos en 15 estados del país y a nivel nacional. Estos documentos coincidieron hasta en un 80 por ciento con las candidaturas ganadoras a nivel de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para las Salas Regionales, el porcentaje de coincidencia alcanzó el 85 por ciento.

El consejero sostuvo que se trató de una “estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas”, lo cual, a su juicio, generó un entorno de inequidad. Agregó que el INE no puede pasar por alto los indicios, aunque aclaró que estos no constituyen prueba plena.

Su propuesta consistió en no declarar la validez —que no implica declarar la invalidez— de las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales, salvo la de Toluca. También planteó entregar las constancias correspondientes y dar vista a las autoridades competentes.

El Consejo General continúa deliberando sobre cómo validar los resultados, mientras se mantiene en análisis un cambio respecto al proyecto inicial, que solo consideraba excluir 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El nuevo enfoque contempla omitir las más de 800 casillas señaladas, sin que eso altere el resultado general.

A pesar del debate, esta misma tarde el INE entregará las constancias de mayoría a cinco ministras y cuatro ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este domingo para participar en un momento decisivo para la vida democrática del país. Desde Palenque, Chiapas, el ex presidente acudió a votar en la elección de integrantes del Poder Judicial, un modelo que él mismo impulsó durante su sexenio y que hoy se materializa por primera vez en la historia de México.

Luciendo una guayabera blanca y con una imagen visiblemente más delgada, López Obrador se presentó en una casilla especial frente al Palacio Municipal. En medio del entusiasmo de vecinos que lo recibieron con abrazos y muestras de afecto, el ex mandatario permaneció cerca de diez minutos frente a la mampara, marcando los recuadros de las boletas. Esta jornada marca su tercera salida de la finca donde ha permanecido en retiro desde que concluyó su mandato en octubre del año pasado.

“Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático”, dijo tras emitir su voto. También compartió que trabaja en un nuevo libro centrado en la historia prehispánica de México, el cual estará listo a finales de este año. “Estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural”, adelantó con una sonrisa.

En un ambiente relajado y cercano, respondió preguntas sobre su estado de salud con el mismo tono sereno que lo caracterizó durante su gobierno: “Estoy muy bien y me da muchísimo gusto verlos”.

Durante su sexenio, López Obrador promovió una profunda transformación del sistema judicial. Desde las conferencias matutinas cuestionó de forma constante a ciertos jueces y los privilegios que, a su juicio, gozaban los ministros de la Suprema Corte. Estas críticas se tradujeron en una reforma constitucional, aprobada en el Congreso y por la mayoría de los congresos estatales, que permitió por primera vez que la ciudadanía elija directamente a jueces, magistrados y ministros.

El 15 de septiembre de 2024, acompañado por Claudia Sheinbaum, firmó el decreto de la reforma al Poder Judicial. “Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial (…) Es un honor estar con Claudia hoy”, escribió entonces. Ese acto selló una de las transformaciones más simbólicas de su mandato.

“Tenemos a la mejor Presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, repito, la mejor Presidenta del mundo”,expresó este domingo en referencia a su sucesora, dejando claro su respaldo total a quien ahora lidera el país.

En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum también participó en la jornada. Acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, acudió a votar en la casilla del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Viva la democracia”, dijo al llegar y al salir, sin ofrecer más detalles sobre los candidatos que respaldó.

El proceso de renovación del Poder Judicial ha sido uno de los momentos más relevantes del año, no sólo por su carácter inédito, sino también por el nivel de participación ciudadana y el respaldo político de los principales actores del país. La transformación promovida por López Obrador ahora toma forma bajo la administración de Claudia Sheinbaum, en un contexto donde la democracia directa se vuelve protagonista.

Lenia Batres Guadarrama, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emprendido una intensa agenda de viajes por México en los meses previos a la elección judicial del 1 de junio. Lo llamativo no ha sido solo su presencia en diversos foros y eventos, sino el uso de recursos públicos asignados por el Poder Judicial para costear estas actividades, en las que su imagen ha tomado protagonismo.

De octubre de 2024 a febrero de 2025, Batres realizó un total de 15 viajes a diferentes estados del país. Los registros disponibles revelan que estos traslados fueron justificados ante la Corte como “invitaciones académicas”. Sin embargo, en dichos encuentros se dedicó a promover la reforma judicial y la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, temas que coinciden directamente con su agenda de campaña para continuar en el máximo tribunal.

Los datos revisados por Latinus detallan que el costo total de estas giras fue de 210 mil pesos. De ese monto, 112 mil pesos fueron utilizados para los viáticos de la ministra, mientras que los restantes 98 mil se destinaron a vuelos de su asesor, Eduardo Murillo Torres, quien la acompañó en parte de los recorridos.

Esta situación ha generado contrastes con otras ministras en funciones. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también han participado en eventos relacionados con la reforma judicial, no reportaron comisiones oficiales ni gastos financiados por la Corte durante el mismo periodo. A pesar de tener presencia en actos públicos similares, ambas ministras evitaron el uso de recursos institucionales, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el criterio empleado por Batres para justificar sus salidas.

La estrategia de la ministra no ha pasado desapercibida, ya que su mensaje ha coincidido con una narrativa que apoya la transformación del sistema judicial a través del voto ciudadano, una propuesta impulsada desde el Ejecutivo. En cada una de sus intervenciones, la figura de Batres ha estado presente como promotora de la reforma, en un momento clave previo a la elección que definirá la renovación de múltiples cargos en el Poder Judicial.

Mientras se mantiene en curso su intento por permanecer en la SCJN, la utilización de recursos públicos para actividades que refuerzan su presencia política sigue generando atención. La línea entre el ejercicio institucional y la promoción personal ha vuelto a ponerse bajo la lupa en un contexto donde la imparcialidad judicial es uno de los valores más exigidos por la ciudadanía.

La noche de este viernes marcó el fallecimiento de Mariano Azuela Güitrón, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 89 años de edad. La noticia resonó en todos los rincones del ámbito jurídico nacional, generando expresiones de condolencias desde distintas esferas, incluida la propia Suprema Corte, que externó su solidaridad con familiares y amigos del jurista.

Nacido en la Ciudad de México en 1936, Mariano Azuela Güitrón fue parte de una familia con profundas raíces en la vida pública del país. Su formación académica se consolidó entre 1954 y 1958 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde joven, combinó su trayectoria profesional con una intensa vocación docente, impartiendo cátedra en instituciones como el Centro Universitario México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana.

Su vínculo con el Poder Judicial inició formalmente en 1960, al desempeñarse como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más tarde, entre 1971 y 1983, se desempeñó como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, y en 1981 fue designado presidente de dicho tribunal.

En mayo de 1983, fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ejerció con una participación prolongada, alternando entre la Segunda Sala y el Pleno. Entre el 2 de enero de 2003 y el 15 de enero de 2007, asumió la presidencia tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal.

Durante su paso por la presidencia del máximo tribunal, el contexto político del país vivía una de sus tensiones más notorias. En 2004, la Procuraduría General de la República acusó al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de desacato por desobedecer una orden judicial vinculada al predio “El Encino”.

El proceso de desafuero que se desencadenó posteriormente fue respaldado por una votación mayoritaria en la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Manlio Fabio Beltrones. El episodio estuvo marcado por fuertes señalamientos de presión política, en los que también fue mencionado Mariano Azuela Güitrón. En 2022, López Obrador revivió ese episodio al acusar al expresidente Vicente Fox y a un grupo de legisladores de operar el desafuero con la supuesta intervención del entonces presidente de la Corte.

Pese a las controversias, el legado de Azuela Güitrón en el sistema judicial mexicano es amplio, con décadas de participación en la interpretación y aplicación del derecho. Su figura representa una parte significativa de la historia reciente del Poder Judicial en México, con aportaciones relevantes tanto en el ámbito académico como institucional.

El escenario político nacional suma una nueva batalla legal. Gobernadores, legisladores, candidatas a la Suprema Corte y el propio partido Morena han iniciado una ola de impugnaciones en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe el uso de recursos públicos para promover la elección judicial. A la fecha, más de 40 juicios se encuentran ya en manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será el encargado de presentar el proyecto que resolverá este conflicto jurídico.

Las primeras demandas llegaron desde los estados gobernados por Morena. Delfina Gómez, mandataria del Estado de México, presentó dos impugnaciones; Layda Sansores, desde Campeche, y Salomón Jara, en Oaxaca, también formalizaron su inconformidad. En cada caso, los argumentos coinciden: el acuerdo del INE limitaría el derecho ciudadano a estar informado sobre un proceso considerado histórico, como lo es la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

A esta ofensiva legal se sumaron las impugnaciones del Senado, la Cámara de Diputados, la dirigencia nacional de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el acuerdo prohíbe expresamente que partidos políticos participen en la promoción del proceso, el partido oficialista optó por involucrarse directamente, alegando que no busca apoyar a candidaturas específicas, sino únicamente fomentar la participación democrática.

El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promovida por el propio bloque oficialista, establece que está prohibido el uso de recursos públicos para la propaganda electoral relacionada con la elección judicial, según lo dictado en el artículo 134 de la Constitución. No obstante, las impugnaciones giran en torno a la interpretación de dicha norma: los inconformes sostienen que esta restricción sólo aplica cuando se busca influir en favor o en contra de alguna candidatura.

Desde esta perspectiva, diversos actores políticos insisten en que su intención no es interferir en la contienda, sino cumplir con el deber institucional de motivar la participación ciudadana en una jornada que consideran trascendental para el fortalecimiento democrático del país.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aspirantes a conservar sus lugares en la Suprema Corte de Justicia, también presentaron impugnaciones. En sus argumentos, califican el acuerdo del INE como “irrazonable” y “contradictorio”, al limitar la difusión del proceso justo cuando ellas, como candidatas, requieren visibilidad para que la ciudadanía conozca sus perfiles.

Por su parte, el INE reafirmó que la promoción del voto es competencia exclusiva de la autoridad electoral, garantizando imparcialidad y equidad en la contienda. Enfatizó que ninguna institución pública o figura de poder puede intervenir en estas actividades, salvo mediante convenios que estén bajo control directo del Instituto.

Ahora, todo queda en manos del Tribunal Electoral. La Sala Superior deberá decidir si valida o revoca el acuerdo del INE, en una resolución que podría marcar un nuevo precedente en la relación entre los poderes del Estado y el árbitro electoral.