México debe cuidar celosamente su soberanía: Sheinbaum destaca en el día de las Fuerzas Armadas

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó este martes la importancia de proteger de manera firme la soberanía nacional y reconoció el papel histórico de las Fuerzas Armadas en la defensa de la independencia del país. El mensaje fue pronunciado durante la ceremonia conmemorativa por el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en la base aérea de Santa Lucía, en las inmediaciones de la capital del país.

Durante su discurso, la mandataria afirmó que la defensa de la soberanía ha sido una constante a lo largo de la historia nacional y advirtió que las amenazas no siempre han tenido origen externo. “México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”, expresó ante integrantes de las Fuerzas Armadas.

Sheinbaum resaltó que la Fuerza Aérea Mexicana mantiene una relación estrecha con la sociedad y destacó su carácter institucional. Señaló que no se trata de una entidad ajena a la población, sino de una organización con raíces profundas en el sentir popular, vinculada históricamente a la defensa del país y al cumplimiento de tareas estratégicas.

El posicionamiento presidencial se dio en un contexto marcado por las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que ha planteado la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico. En este escenario, el llamado a preservar la soberanía adquirió un énfasis particular durante el acto conmemorativo.

La Fuerza Aérea Mexicana fue fundada en 1915, en el marco de la Revolución Mexicana, y desde 1944 cuenta con reconocimiento constitucional como una de las fuerzas armadas del país. Entre los episodios más relevantes de su trayectoria se encuentra la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, durante operaciones en el Pacífico, hecho que contribuyó a su consolidación institucional y prestigio histórico.

En el mismo evento, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reafirmó el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de los pilares fundamentales del Estado mexicano. Destacó que la integridad territorial, la independencia y la soberanía constituyen bases esenciales para la viabilidad nacional y deben ser protegidas por las instituciones militares.

El general también abordó la cooperación internacional en materia de defensa, particularmente con Estados Unidos. Indicó que la relación con el Departamento de Guerra de ese país, a través del Comando Norte, es “sólida y fuerte” y se apoya en valores compartidos como el honor, la lealtad, el respeto y el patriotismo.

Añadió que dicha colaboración se rige por principios de la política exterior mexicana, entre ellos la reciprocidad, la responsabilidad compartida y diferenciada, la confianza mutua y el respeto a las decisiones soberanas, con el objetivo de alcanzar beneficios comunes para ambas naciones.

Autoridades federales descartan intimidaciones en Sinaloa y ubican operación de “Los Chapitos”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existen registros de amenazas ni actos de intimidación dirigidos a la empresa minera canadiense Vizsla Silver ni a sus trabajadores antes del secuestro de 10 empleados en el municipio de Concordia, Sinaloa. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los primeros elementos oficiales del caso.

De acuerdo con el funcionario federal, los reportes recabados por las autoridades no muestran antecedentes de amedrentamiento previo contra el personal de la compañía. “En los primeros reportes que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa”, afirmó García Harfuch al referirse a las condiciones en las que operaba la minera antes del hecho.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad precisó que la zona donde ocurrió la privación de la libertad es un territorio bajo operación de una célula criminal identificada como parte de “Los Chapitos”. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes que mantienen actividades en ese sector, dato que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El secuestro se registró el 24 de enero. Una vez que se presentó el reporte correspondiente, el Gabinete de Seguridad activó acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional. La empresa Vizsla Silver notificó la desaparición de 10 de sus empleados, quienes se encontraban alojados en una vivienda rentada por la propia compañía dentro del fraccionamiento La Clementina, en Concordia.

Tras cinco días sin que se lograra la localización de los trabajadores, la minera canadiense anunció la suspensión de sus operaciones en el municipio. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, los empleados fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo armado arribó al inmueble donde se hospedaban y los privó de la libertad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha hecho públicas las fichas de búsqueda de los 10 empleados desaparecidos. Entre las personas reportadas como no localizadas se encuentran Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien es el único que cuenta con una ficha oficial difundida por las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales mantienen las acciones de localización en la región, mientras se da seguimiento al contexto de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.

Seguridad trinacional: El plan QBRNE para el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá

México, Estados Unidos y Canadá desarrollan desde hace varios años un esquema de seguridad conjunto para enfrentar posibles incidentes de alto impacto durante la Copa Mundial de Futbol 2026. Se trata del Plan de Operaciones QBRNE, enfocado en la atención de amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas, diseñado para proteger a la población civil y garantizar el desarrollo del torneo en las sedes de los tres países.

De acuerdo con documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), difundidos a través de la plataforma Guacamaya, la cooperación trinacional en esta materia se formalizó desde 2018, cuando distintas dependencias comenzaron a intercambiar información estratégica. En este proceso participaron instancias mexicanas y norteamericanas como la Dirección General de Protección Civil, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Comando Norte (NORTHCOM) y el Comité Especializado de Alto Nivel sobre Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional (CANDESTI).

Uno de los correos fechados el 18 de junio de 2018 da cuenta de la propuesta para crear un Centro Integrado para el Desarrollo de Capacidades Nacionales QBRNE, así como de la solicitud de equipamiento al gobierno estadounidense para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias de este tipo.

Los trabajos de planeación continuaron en años posteriores. El 23 de agosto de 2022, representantes de las instituciones involucradas se reunieron en instalaciones del CANDESTI para definir esquemas de actuación frente a incidentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares o explosivos. En ese encuentro se establecieron grupos de trabajo y mecanismos de coordinación para responder de manera conjunta ante cualquier eventualidad durante el Mundial.

El plan contempla tres fases principales. La primera es la de coordinación y planeación, que integra a autoridades de los tres países, organismos participantes y al comité organizador del torneo. La segunda corresponde a la preparación, donde se desarrollan instructivos, documentos base, formatos y lineamientos operativos. Finalmente, la fase de ejecución considera la instalación de un Centro Coordinador de Operaciones Trinacional, la conformación de una Fuerza de Tarea Multinacional y su interacción con el Sistema de Comando de Incidentes.

En el caso de México, los documentos señalan la implementación de acciones preventivas, de respuesta y mitigación antes, durante y después del Mundial, en coordinación con Estados Unidos y Canadá, en las entidades federativas donde se disputarán los partidos. La planeación incluye escenarios de riesgo asociados a organizaciones terroristas no especificadas en los informes.

Asimismo, se establecen lineamientos para que las autoridades locales identifiquen puntos críticos y vulnerabilidades en estadios y sus alrededores, realicen análisis de riesgos en la periferia de las sedes, municipios y ciudades, y preparen inventarios de instalaciones estratégicas y servicios. Todo ello con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de alto impacto y asegurar un entorno de seguridad colectiva durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

Sheinbaum plantea ampliar atribuciones de la Armada para operar en altamar y ciberespacio

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México que redefine las funciones de esta institución naval, incorporando nuevas tareas vinculadas con la persecución en altamar, la ciberseguridad y el uso de inteligencia artificial frente a amenazas a la seguridad nacional.

La propuesta establece que la Armada tendrá la facultad de garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en las zonas marinas mexicanas, actuando por sí o en coordinación con otras autoridades en el combate al terrorismo, contrabando, piratería, robo de embarcaciones, pesca ilegal, tráfico de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos.

Entre los puntos centrales del documento destaca la eliminación del párrafo contenido en el inciso II del artículo 2 de la actual ley, en el que se indica que la Armada deberá “cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, con estricto respeto y protección de los derechos humanos”. El proyecto sustituye esa referencia por un enfoque operativo centrado en la defensa nacional y en la ejecución de políticas de seguridad marítima.

De acuerdo con la iniciativa, la Armada participará en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, con el propósito de conducir operaciones militares dentro del ciberespacio, en colaboración con otras instituciones del Estado. También se contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial para reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes que puedan comprometer la integridad y estabilidad del país.

El texto enviado por el Ejecutivo precisa que la institución conducirá el control naval del tráfico marítimo, protegerá las zonas marítimas mexicanas y podrá actuar en otras áreas cuando así lo ordene el mando supremo. Además, se le otorgará la atribución de regular y vigilar las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes.

La reforma también establece que la Armada ejercerá funciones de guardia costera, con capacidad para realizar acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por México en materia de combate a actos ilícitos en el mar. En caso de detectar delitos, el personal naval deberá poner a disposición de las autoridades competentes a las personas, objetos o productos relacionados, siguiendo el Protocolo de Actuación del Personal Nacional en Funciones de Guardia Costera.

Asimismo, se le encomienda proteger instalaciones estratégicas y prioritarias del país, tanto por sí misma como en coordinación con otras dependencias, cuando así lo disponga el mando supremo. La propuesta también faculta a la institución para elaborar e implementar políticas de defensa derivadas de las instrucciones presidenciales y disponer del poder naval ante escenarios que amenacen la seguridad nacional.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca actualizar el marco jurídico de la Armada de México para adecuarlo a los nuevos contextos de seguridad marítima, tecnológica y territorial que enfrenta el país.

Facultad de Química de la UNAM migra a clases en línea tras amenazas; prepara denuncia

La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció este domingo que, a partir del lunes, sus clases y prácticas de laboratorio se impartirán en línea. La decisión surge tras recibir amenazas dirigidas a integrantes de su comunidad a través de redes sociales y correo electrónico.

Las autoridades académicas precisaron que interpondrán una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de iniciar las investigaciones correspondientes. El comunicado difundido por la Facultad señala que se trata de “amenazas digitales contra integrantes de la comunidad, en redes sociales (Facebook) y vía correo electrónico, a fin de que se investigue y localice a los responsables”.

Como parte de las acciones preventivas, la Facultad de Química emitió recomendaciones generales a su comunidad estudiantil para reforzar su seguridad en el entorno digital. Entre las sugerencias destacan evitar aceptar solicitudes de personas desconocidas, reflexionar antes de realizar publicaciones, y no responder ni interactuar con mensajes amenazantes.

Asimismo, exhortó a tomar capturas de pantalla con fecha, hora y perfil del remitente para contar con evidencia que pueda ser utilizada en las denuncias correspondientes. También pidió reportar directamente las publicaciones que contengan discursos de odio, amenazas o incitaciones a la violencia.

Recuerda que estos agresores buscan visibilidad mediática y digital, y su objetivo es generar miedo social mediante tácticas en medios virtuales”, indicaron las autoridades de la Facultad.

De igual forma, la institución solicitó a estudiantes, docentes y personal que, en caso de presenciar amenazas integrales o dirigidas específicamente a la Facultad, se levanten denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esta medida busca reforzar la respuesta legal y la protección a la comunidad universitaria frente a este tipo de agresiones.

Con estas acciones, la Facultad de Química de la UNAM busca salvaguardar la integridad de su comunidad académica y dar seguimiento formal a las amenazas recibidas mediante los canales institucionales y legales correspondientes.

Nahle brinda seguridad a Yeri Mua tras amenazas ligadas a seguidores de influencer

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respondió de manera inmediata a la denuncia pública realizada por la influencer y cantante Yeri Mua, quien afirmó haber recibido amenazas de muerte por parte de seguidores de un creador de contenido originario de Sinaloa.

Durante un encuentro con medios, la mandataria estatal fue cuestionada sobre la petición de la joven artista para contar con protección oficial. Sin dudarlo, Nahle expresó: “Se la damos, sí, sí, por supuesto. Es una gran artista”. Con ello confirmó que el gobierno veracruzano activará medidas de resguardo para garantizar su seguridad.

El señalamiento surgió luego de que Mua hiciera públicas en sus redes sociales una serie de amenazas dirigidas a ella. De acuerdo con su testimonio, las intimidaciones provendrían de un grupo de fanáticos autodenominado “F.E.S”, seguidores del streamer conocido como Lonche. La veracruzana indicó que dicho colectivo estaría presuntamente vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico.

El motivo de las amenazas estaría ligado a una controversia personal que escaló al terreno público. La intérprete de “Chupón” relató que, tras exponer una supuesta infidelidad del influencer hacia su pareja, con una persona cercana a ella, comenzó a recibir mensajes de advertencia que ponían en riesgo su vida.

Uno de los puntos centrales de la intimidación es la presentación que Yeri Mua tiene programada en Tijuana el próximo 14 de septiembre. En ese evento se presentará junto al cantante urbano “El Malilla”. Los mensajes hostiles buscarían impedir que la veracruzana se suba al escenario en la ciudad fronteriza.

La joven utilizó la red social X para dar a conocer su postura frente a lo ocurrido. “Vengo a evidenciar cómo la ‘narcocultura’ vino a invadir a los influencers, la comunidad de ‘Lonch de huevito’ amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no ando en cosas malas, pero aparentemente ¿se creen asesinos o lo son?, igual procederé legalmente”, escribió en su perfil.

Con esta declaración, Mua dejó claro que no solo denunciará en el ámbito mediático, sino también en instancias legales, a quienes resulten responsables de las intimidaciones.

El caso ha generado amplia atención en la opinión pública, tanto por el alcance de Yeri Mua en plataformas digitales como por el reconocimiento inmediato de las autoridades estatales para brindarle seguridad. La acción de la gobernadora Nahle se suma a la expectativa que rodea la próxima presentación de la veracruzana en Tijuana, en medio de la polémica que involucra a comunidades digitales y figuras del entretenimiento en México.

Aprueban sanciones de hasta 36 horas de arresto contra franeleros en CDMX

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron, en sesión virtual, la iniciativa de la jefa de Gobierno Clara Brugada para imponer sanciones a quienes aparten lugares en la vía pública o cobren por permitir estacionarse, comúnmente conocidos como “franeleros”. La propuesta obtuvo 17 votos a favor y dos abstenciones, y ahora será discutida en el pleno del Congreso capitalino.

La iniciativa establece que las personas que aparten lugares con objetos, impidan el libre tránsito o exijan dinero por permitir el estacionamiento en la vía pública podrían recibir sanciones de 24 a 36 horas de arresto. El objetivo central de esta reforma es desincentivar conductas asociadas a delitos como extorsión, robo de vehículos y autopartes, amenazas, daño a la propiedad y lesiones, al tiempo que se promueve el uso libre y seguro del espacio público.

El dictamen fue presentado por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La propuesta contempla adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México: se suma la Fracción XXXIX al artículo 3, se añade el artículo 28 Bis con infracciones especiales en materia de seguridad ciudadana vinculadas a la ocupación de espacios públicos, se incorpora un nuevo párrafo al artículo 31 y se modifica el artículo 32.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena subrayaron que la reforma no está dirigida contra trabajadores no asalariados ni personas en situación de calle, sino contra quienes realizan acciones que afectan a terceros al obstruir el uso del espacio público, coaccionar a los automovilistas o lucrar con bienes que no les pertenecen. Aseguraron que la iniciativa tiene como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El argumento central detrás de la medida, según lo expresado en la comisión, es garantizar que la ciudadanía disfrute del espacio público y de la movilidad de manera libre, sin temor a ser extorsionada ni obligada a pagar por ocupar un espacio en la calle. Además, se busca frenar la apropiación informal y no regulada de espacios vehiculares, muchas veces vinculada a redes de ilegalidad y microextorsión.

Con esta aprobación en comisiones, la iniciativa de Brugada avanza hacia una etapa clave en el Congreso local, donde las y los legisladores deberán debatirla y, en su caso, convertirla en ley.

Defienden el hogar: Instalan primera mesa contra el Despojo de Viviendas en el Zócalo

En un paso firme por proteger el patrimonio de miles de familias en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino, liderado por Clara Brugada Molina, activó esta semana la primera Mesa de Atención contra el Despojo de Inmuebles. El anuncio se realizó en el corazón de la ciudad, el Zócalo, durante la jornada número 34 del programa Zócalo de Gobierno Ciudadano.

Este nuevo espacio especializado atenderá directamente a quienes han sido víctimas o están en riesgo de perder su vivienda por fraudes, amenazas o procedimientos legales irregulares. Además, ofrecerá acompañamiento legal y canalización directa de casos a las autoridades competentes.

El evento no solo sirvió para presentar esta acción, sino también para escuchar y atender más de 760 solicitudes ciudadanas de diversos temas. La instalación de la mesa representa un avance claro en el compromiso de brindar justicia a quienes han sido despojados de su patrimonio. Según información oficial del gobierno local, se busca con esta estrategia proteger los derechos patrimoniales de la población y reforzar el acceso a la justicia.

El gabinete responsable está conformado por un equipo interinstitucional que incluye a la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Vivienda y la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Este grupo ha tenido resultados palpables, al lograr recuperar varios inmuebles tanto públicos como privados en diferentes puntos de la ciudad. La operación de este equipo es constante y se mantiene activa para responder ante nuevos casos.

Actualmente, el despojo de vivienda ya es considerado un delito tipificado en el Código Penal local, con penas que van de cinco a diez años de prisión. Este tipo de delitos han venido en aumento, lo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas más directas, como esta mesa de atención.

Durante el anuncio, Clara Brugada envió un mensaje contundente a quienes han sufrido este delito: “No están solos. Aquí tienen un gobierno que los respalda”. Su postura reafirma el objetivo de esta acción: dar voz y respaldo legal a las víctimas que antes no sabían a dónde acudir.

Esta mesa no es un hecho aislado. Marca el inicio visible de una estrategia integral para detener el avance del despojo habitacional, asegurar los derechos legales de las familias y evitar que más personas pierdan su hogar por actos ilegales o abusos. La ciudad se mueve, se organiza y protege a quienes más lo necesitan.

Elección Judicial en la mira tras impugnación de candidaturas por vínculos penales

En una acción sin precedentes dentro del nuevo proceso electoral judicial en México, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas. Esta solicitud, presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, apunta directamente a la integridad de los aspirantes involucrados.

Las objeciones se basan en dos frentes contundentes. El primero, de carácter legal y ético: 18 de las personas impugnadas se encuentran presuntamente vinculadas a investigaciones penales federales, algunas con órdenes de aprehensión activas. Las acusaciones incluyen delitos de alto impacto como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y presunta relación con la delincuencia organizada. A juicio de los legisladores, esta situación representa una clara violación del requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, indispensable para aspirar a un cargo judicial.

El segundo punto crítico recae en el desempeño académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8.0 en estudios de licenciatura. Las calificaciones de estas personas oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, según Gutiérrez Luna, pone en entredicho no solo la preparación profesional, sino la calidad ética que debe caracterizar a los futuros jueces, juezas y magistrados. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, puntualizó el diputado.

El informe presentado a las autoridades electorales incluye documentación sobre carpetas de investigación abiertas, así como detalles de las relaciones de algunos aspirantes con personajes vinculados al crimen organizado. También se hace referencia a casos en los que los candidatos han ejercido como abogados defensores de individuos procesados por delitos de alto perfil, generando así posibles conflictos de interés.

En palabras de Gutiérrez Luna, “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Su declaración resalta la importancia de proteger la legitimidad del Poder Judicial frente al contexto electoral que, por primera vez en la historia de México, permitirá a la ciudadanía elegir directamente a jueces, magistrados y otros cargos de este poder del Estado.

El 1 de junio de 2025, más de 99 millones de votantes están convocados a las urnas para elegir 881 cargos entre más de 3,400 postulaciones. En medio del proceso, las campañas —que finalizarán el 28 de mayo— se desarrollan bajo la mirada atenta de la sociedad civil, organismos internacionales y la oposición, que han encendido alertas sobre una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.

La impugnación de estas candidaturas podría marcar un precedente clave en la consolidación de una justicia verdaderamente independiente, transparente y profesional en el país.

México extradita a dos prófugos buscados por homicidio en EE.UU.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México extraditó este viernes a dos ciudadanos mexicanos solicitados por la justicia estadounidense por delitos de homicidio. La entrega se realizó en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

El primer caso involucra a Louie “H”, requerido por la Corte Superior del Estado de Washington, Condado de King, por el asesinato de su expareja. Se le acusa de haberle disparado con un arma de fuego, causándole la muerte. Antes de su extradición, se encontraba detenido en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California, donde enfrentaba un proceso penal por delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y salud.

 

El segundo caso es el de Juan “R”, quien fue extraditado a California, donde enfrenta cargos por homicidio, acecho y amenazas. Se le acusa de haber apuñalado a su expareja sentimental, provocando su muerte. Su extradición fue solicitada por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Santa Clara. Fue detenido en julio de 2024 en Felipe Carrillo Puerto, Michoacán.

 

Las entregas se llevaron a cabo en distintos puntos fronterizos. Louie “H” fue trasladado a Estados Unidos a través del puente fronterizo entre Tijuana, Baja California, y San Ysidro, California. Por su parte, Juan “R” fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses se hicieron cargo de su traslado final.

 

Con estas extradiciones, las autoridades mexicanas refuerzan la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el cumplimiento de la justicia entre ambos países.