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La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

La negociación del denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum continúa sin un acuerdo definitivo entre Morena y sus aliados legislativos, luego de que el coordinador de los diputados del partido guinda, Ricardo Monreal, asegurara que las conversaciones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) siguen abiertas.

En un comunicado, Monreal explicó que existe disposición de ambas fuerzas políticas para avanzar en la iniciativa, pero aclaró que el consenso todavía no se ha concretado. “Hay una actitud positiva del PVEM y el PT, sin embargo todavía no hay arreglo sobre la iniciativa presidencial”, señaló el legislador.

Las negociaciones se desarrollan en la Secretaría de Gobernación, donde representantes de los partidos de la coalición oficialista mantienen reuniones para revisar el contenido del proyecto. De acuerdo con el coordinador parlamentario, las conversaciones no sólo se centran en la reforma electoral, sino también en la continuidad de la alianza política entre Morena, PVEM y PT para futuros procesos legislativos.

Monreal subrayó que, ante el contexto político actual, es necesario mantener la unidad dentro del movimiento. En ese sentido, mencionó que existe un escenario de hostilidad y amenazas provenientes del gobierno de Estados Unidos hacia México, lo que —dijo— hace indispensable fortalecer la coordinación entre los partidos aliados.

Sus declaraciones contrastan con lo expresado horas antes por el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que el acuerdo sobre el Plan B se encontraba prácticamente concluido tras una reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación.

El encuentro fue encabezado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, y contó con la participación de la consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián, así como dirigentes y legisladores del PVEM y el PT. La reunión inició la tarde del viernes y concluyó durante la madrugada del sábado.

Mientras continúan las conversaciones, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, señaló que el dictamen podría discutirse y votarse en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo, una vez que se definan los últimos ajustes al proyecto.

El denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en su proceso político y legislativo, luego de que Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzaran acuerdos para encaminar su discusión en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo.

El proyecto se encuentra actualmente en revisión del Ejecutivo federal a través de la consejera jurídica Esthela Damián. Se prevé que durante su gira de fin de semana la presidenta adelante algunos de los acuerdos alcanzados con los partidos de la coalición oficialista antes de que la iniciativa sea enviada formalmente a alguna de las cámaras legislativas en los primeros días de la próxima semana.

Las negociaciones que permitieron destrabar el proyecto se llevaron a cabo en una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde participaron dirigentes del PVEM y del PT. En ese encuentro se resolvieron los principales puntos de desacuerdo que mantenían los partidos aliados respecto a la propuesta de reforma.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de revocación de mandato. El documento contempla dos posibles momentos para realizar este ejercicio: el tercer o el cuarto año del gobierno. De acuerdo con el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, esta definición aún deberá resolverse en el proceso legislativo. El dirigente señaló que el ejercicio no es obligatorio, ya que requiere una convocatoria previa, y consideró que podría realizarse en 2028 si se decide llevarlo a cabo.

Otro punto discutido fue la posibilidad de realizar consultas populares en materia electoral. El articulado plantea permitir consultas en temas específicos vinculados con la participación ciudadana o la modernización del sistema electoral, como la reducción de la edad para votar o la implementación del voto electrónico. Sin embargo, el documento establece límites para evitar que ciertos aspectos del sistema electoral sean sometidos a consulta.

Entre los temas que no podrán ser consultados se encuentran el financiamiento público a los partidos políticos, las prerrogativas en radio y televisión, la estructura del Instituto Nacional Electoral y la integración de las cámaras legislativas, conforme a lo establecido en la Constitución.

En paralelo, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, informó a su bancada que “está por concretarse un acuerdo con el gobierno federal” para avanzar en la aprobación del Plan B. El legislador señaló que las negociaciones recientes permitieron construir una alternativa que facilitaría el respaldo conjunto de los partidos de la coalición oficialista.

La discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en el Congreso de la Unión en medio de una clara división incluso entre los partidos aliados del oficialismo. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció públicamente que no espera un cambio en la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), quienes ya adelantaron su voto en contra del proyecto.

El legislador explicó que ambas fuerzas políticas hicieron pública su posición desde hace aproximadamente dos semanas, por lo que su postura ya no genera sorpresa dentro de la discusión parlamentaria. Monreal señaló que, independientemente de cuándo se lleve la iniciativa al pleno —ya sea en los próximos días o semanas—, considera difícil que el PVEM y el PT modifiquen su decisión respecto al documento legislativo enviado por el Ejecutivo federal.

A pesar de esta diferencia, el líder de la bancada morenista subrayó que su grupo parlamentario respetará la determinación de sus aliados. En ese sentido, sostuvo que Morena se mantendrá firme en la defensa de la iniciativa impulsada por la presidenta y reiteró el respaldo político del partido a la mandataria en el contexto actual del debate legislativo.

Mientras tanto, la ruta legislativa de la reforma continúa. Este martes por la tarde se reunirán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para discutir y votar el dictamen de la iniciativa presidencial. De avanzar en esta etapa, el documento podría ser llevado al pleno de la Cámara de Diputados para su votación al día siguiente.

De forma paralela, Monreal adelantó que se analiza la posibilidad de organizar un debate previamente acordado entre los grupos parlamentarios. La propuesta contempla definir un número específico de oradores para ordenar la discusión en tribuna, un planteamiento que será revisado dentro de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador morenista también hizo un llamado a que el intercambio de posturas en el Congreso se mantenga dentro de un marco de respeto entre todas las fuerzas políticas. Afirmó que el debate parlamentario debe servir para fijar posiciones y contrastar argumentos, sin recurrir a descalificaciones o confrontaciones, tanto entre aliados como con partidos de oposición.

Además del análisis de la reforma electoral, el Congreso enfrenta otra agenda relevante en las próximas semanas: la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tres integrantes del órgano electoral concluirán su periodo el próximo 4 de abril: Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.

Monreal indicó que, antes de iniciar ese proceso, la Cámara de Diputados debe resolver los temas legislativos inmediatos, entre ellos la propia reforma electoral y otros asuntos en revisión. Una vez concluidas esas discusiones, se prevé que la próxima semana pueda emitirse la convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros del INE que sustituirán a quienes terminan su encargo en abril.

La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anticipó que la reforma electoral impulsada por el actual gobierno será aprobada con la participación de todos los partidos que integran el bloque mayoritario en el Congreso, incluidos el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). La funcionaria subrayó que el proceso se desarrollará con apertura, diálogo y coordinación, descartando cualquier imposición en la construcción de la iniciativa.

Durante su intervención en la Reunión Plenaria del grupo parlamentario de Morena, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Rodríguez afirmó que existe claridad en los tiempos legislativos y que el Congreso contará con el espacio necesario para analizar, debatir y votar la reforma. En ese contexto, destacó que el proyecto no será elaborado únicamente desde el ámbito técnico, sino que incorporará la participación de distintos sectores, con el objetivo de que la propuesta que llegue a la Cámara cuente con un respaldo social amplio.

La titular de la Secretaría de Gobernación también hizo un llamado directo a la militancia de Morena para mantener una lealtad total al proyecto de gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que quienes forman parte del movimiento tienen un compromiso con las iniciativas presidenciales y que no “tienen derecho a fallar” en su respaldo a las transformaciones planteadas.

Rodríguez explicó que los encuentros previos y el trabajo conjunto permitirán garantizar que la reforma electoral refleje un consenso político y social. “Los encuentros garantizan que la iniciativa que llegue a la Cámara no será solo de escritorio, sino que tendrá el respaldo del pueblo”, afirmó ante los legisladores.

Al concluir su participación y antes de retirarse de San Lázaro, la secretaria fue cuestionada por representantes de los medios sobre el alcance del apoyo a la reforma y la relación con los partidos aliados de Morena. En ese marco, descartó que el llamado a la lealtad represente una advertencia o presión hacia los integrantes de la coalición, y reiteró que el objetivo es mantener la cohesión del bloque mayoritario en torno a un proyecto común.

En el mismo evento, Rosa Icela Rodríguez dedicó un mensaje de reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien atribuyó la conducción del rumbo del país y la viabilidad de los cambios propuestos. Destacó su profesionalismo, entrega y compromiso con el país, así como el respaldo ciudadano que, dijo, supera el 77%. De acuerdo con la funcionaria, ese apoyo es resultado de gobernar con apego a la ley, conciencia social y cercanía con la población.

Con este posicionamiento, el gobierno federal y la mayoría legislativa perfilan el avance de la reforma electoral como una de las prioridades del periodo, bajo un esquema de coordinación política y respaldo parlamentario.

Las dirigencias nacionales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) formalizaron un acuerdo público de unidad con miras a los procesos electorales de 2027 y 2030, luego de varios meses marcados por diferencias políticas derivadas de la propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal.

El pacto fue presentado en un acto protocolario encabezado por Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien dio lectura al documento que establece las bases del entendimiento entre las tres fuerzas políticas. El evento tuvo una duración aproximada de 20 minutos y se realizó frente a medios de comunicación, aunque no se abrió espacio para preguntas.

Durante su intervención, Alcalde afirmó que el acuerdo refrenda la cohesión de la alianza con el objetivo de dar continuidad al proyecto de transformación del país. Señaló que las fuerzas firmantes priorizan una agenda orientada a un México más justo, democrático, igualitario, incluyente e independiente, sustentado en la voluntad libre y soberana de la ciudadanía. También destacó que el compromiso incluye respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las políticas asociadas a su administración.

En el mismo acto, los dirigentes del PT y del PVEM expresaron su adhesión al acuerdo. Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, subrayó que el respaldo de su instituto político es de carácter institucional y responsable, enfocado en el interés nacional. Añadió que su partido mantiene disposición permanente al diálogo para encontrar coincidencias y construir soluciones que prioricen el bienestar social y la estabilidad política del país.

Por su parte, Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, precisó que el compromiso firmado abarca los procesos electorales de 2027 y se extiende hasta 2030, consolidando una ruta compartida entre los tres partidos.

Las fricciones entre Morena, PT y PVEM se hicieron visibles desde el 5 de febrero, cuando se presentó la iniciativa de reforma electoral propuesta originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum. La iniciativa contemplaba, entre otros puntos, la eliminación de 200 diputaciones plurinominales y 32 senadurías de representación proporcional, así como una reducción del 50 por ciento en las prerrogativas a los partidos políticos.

Estas propuestas fueron consideradas inaceptables por el PT y el PVEM en su planteamiento original, al argumentar que la reforma no era necesaria en un contexto donde Morena ya tenía control de los tres poderes de la Unión. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, había cuestionado previamente la urgencia de modificar las reglas electorales. No obstante, tras la firma del acuerdo, señaló que el pacto de unidad no estuvo vinculado con la reforma electoral.

En el contexto de la preparación de la reforma electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, sostuvo una reunión de trabajo con Pablo Gómez Álvarez, presidente de la comisión encargada de ese proceso, en la que subrayó la necesidad de un esfuerzo institucional y una visión de Estado desde la Presidencia de la República. El llamado estuvo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien instó a encabezar un ejercicio que fortalezca las bases democráticas del país.

El encuentro se llevó a cabo este jueves y se prolongó por aproximadamente tres horas. A su salida, Bátiz García explicó que la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y de carácter institucional. “Sí, estuvimos los dos reunidos, tomamos mucho café y platicamos sobre la historia de nuestras instituciones”, señaló. De acuerdo con el magistrado, el diálogo no se centró en puntos específicos de la reforma electoral, sino en una reflexión más amplia sobre la solidez de las instituciones democráticas.

Durante la reunión, el presidente del TEPJF precisó que, a diferencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral no presentará propuestas técnicas para el contenido de la reforma. En ese sentido, aclaró que el papel del órgano jurisdiccional será de acompañamiento institucional. “Tuvimos una plática muy cordial, institucional con el presidente, y lo que nosotros podemos brindar es el acompañamiento técnico necesario para que sea la menor de las reformas”, afirmó.

Bátiz García destacó que existe coincidencia entre las autoridades electorales y los responsables de impulsar la reforma en torno a la importancia de preservar instituciones democráticas sólidas. “No abordamos temas específicos de la reforma electoral, pero sí la necesidad de tener instituciones democráticas sólidas; ese es el empeño, tanto de nosotros como de ellos, y hacia allá vamos a continuar”, puntualizó.

El magistrado presidente consideró prudente que desde la Presidencia de la República se impulse un esfuerzo institucional que permita delimitar un programa de país, con el compromiso de las distintas instancias del Estado. Señaló que esa visión no debe recaer en una sola dependencia, sino involucrar a los diferentes componentes institucionales, incluida la Sala Superior del TEPJF, que mantiene, dijo, un compromiso con una visión de Estado y una perspectiva institucional orientada a lograr “la mejor de las reformas para todo el país”.

Este diálogo se enmarca en la decisión tomada a inicios de mes por la presidenta Sheinbaum, quien acordó con los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, pausar la presentación de la reforma electoral. Como parte de ese ajuste, Pablo Gómez fue designado para sostener encuentros con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como con autoridades electorales, con el objetivo de construir consensos sobre los temas que integrarán la iniciativa.

Hasta el momento, Gómez Álvarez se ha reunido con dirigentes del PT, del PVEM y con el presidente del TEPJF. No se ha informado de convocatorias para escuchar a los líderes de los partidos de oposición.