Claudia Arlett Espino, nueva Secretaria Ejecutiva del INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves, con mayoría de votos, la designación de Claudia Arlett Espino como Secretaria Ejecutiva del organismo. La propuesta fue presentada por Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del consejo, tras un análisis minucioso de la trayectoria profesional y académica de Espino, así como de su cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

El dictamen resalta que Espino cumple con las disposiciones del artículo 38 de la LGIPE, que exige requisitos como la nacionalidad mexicana por nacimiento, tener más de 30 años, contar con un título en Derecho con más de cinco años de antigüedad y no haber sido condenada por delitos graves.

Claudia Arlett Espino posee un amplio perfil académico, entre el que destacan:

  • Maestría en Derecho Financiero y un Doctorado por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
  • Especialización en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid.
  • Investigación doctoral en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, en la misma universidad.

En el ámbito profesional, Espino ha desempeñado roles clave en el sector público y académico, como representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También fue consejera y presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Su experiencia como litigante, asesora y consultora complementa su capacidad para liderar la Secretaría Ejecutiva del INE, un puesto fundamental para la planeación y organización de los procesos electorales.

Guadalupe Taddei Zavala subrayó que la elección de Espino fortalece al INE como un órgano autónomo dedicado a la democracia. “La experiencia y el conocimiento de Claudia Arlett Espino serán clave para potenciar las capacidades operativas y estratégicas del instituto”, señaló.

Espino asumirá el cargo el 1 de diciembre de 2024, en un periodo crucial previo a las elecciones intermedias de 2025. Entre sus principales retos estarán fomentar la participación ciudadana, garantizar la transparencia en los procesos y enfrentar los desafíos tecnológicos en materia electoral.

Al rendir protesta, Espino reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ámbito electoral, enfatizando su dedicación a fortalecer los principios democráticos del país.

 

Propuesta del PT para sancionar a candidatos que no entreguen informe de ingresos

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Pedro Vázquez González, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) con el objetivo de establecer sanciones más proporcionales para las precandidaturas que no entreguen a tiempo sus informes de ingresos y gastos de precampaña.

La propuesta incluye amonestaciones públicas y multas de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a unos 542 mil 850 pesos.

El diputado sugiere añadir un primer párrafo al numeral 3 del artículo 229 de la LGIPE para señalar que si una precandidatura no entrega sus informes en el tiempo establecido y resulta ganadora en las elecciones internas o asambleas del partido, podrá ser sancionada de acuerdo con el artículo 456, inciso c), fracciones I o II de la ley. Estas sanciones van desde una amonestación pública hasta multas sustanciales.

El documento, enviado a la Comisión de Reforma Política-Electoral, señala que la normativa actual establece que si un precandidato incumple con la presentación de informes, no podrá ser registrado oficialmente como candidato. El diputado Vázquez González considera que esta sanción puede ser excesiva, ya que podría restringir el derecho de ser votado sin proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a la gravedad de la falta.

El legislador resalta la necesidad de equilibrar la aplicación de sanciones para proteger la transparencia electoral y, al mismo tiempo, evitar barreras que limiten injustamente los derechos políticos. Sugiere que la pérdida de registro como sanción debería ser el último recurso y no la primera opción, buscando alternativas más adecuadas para corregir las conductas irregulares y fomentar la rendición de cuentas sin comprometer los derechos fundamentales.